Frente a la inminente finalización de la vigencia del Decreto 320, el próximo 31 de marzo, el Gobierno anunció que creará, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un «protocolo de riesgo temprano de desalojo». Estará destinado a asistir familias que puedan quedarse en la calle desde el primer día de abril.

La Secretaria de Desarrollo Territorial de la Nación estará a cargo de la reglamentación, tarea para la que se realizarán interconsultas con distintas áreas del Gobierno y que debería estar concluida antes del 31 de marzo, día en que pierde vigencia el decreto, que ya fue prorrogado en reiteradas oportunidades durante la pandemia.

Cabe destacar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres la mediación es una «instancia obligatoria previa a un desalojo» y rige para todos los contratos, no sólo para los que fueron celebrados una vez promulgada la norma, en julio pasado.

Por otra parte, quienes hayan tenido dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar los meses adeudados y aumentos postergados en un mínimo de tres y un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. A su vez, el decreto estipula que podrán aplicarse intereses compensatorios, aunque no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Distintas organizaciones de inquilinos de todo el país convocaron a una manifestación para este jueves, que tendrá como objetivo reiterar un reclamo que sostienen desde hace tiempo: que se extienda el Decreto 320/20 que congela el precio de alquileres, impide los desalojos y prorroga el tiempo de duración de los contratos. En Rosario la concentración será a partir de las 20 en la plaza Pringles, en pleno centro.

«No se dio tiempo para una búsqueda tranquila, y se nos deja expuestos a subas de precios indiscriminadas. Eso, sin contar que nadie puede pagar los precios actuales, y menos podrá hacerlo con aumentazos y el pago de deudas», aseguró Emmanuel Canelli, el referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, quien agregó: «Le pedimos al Ministro Jorge Ferraresi (NdR: ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) que recapacite».

Por otra parte, destacó: «Estamos ante la segunda oleada de COVID, y hay mensajes contradictorios: por un lado, se está pidiendo a las familias que se muden, y por otro, que nos cuidemos. El 40% de los inquilinos tiene deudas de alquiler, es decir que unas 3.8 millones de personas del país podrían necesitar mudarse y circular. Es un peligro para la salud pública».

A su vez, consideró que el ministro Ferraresi «debe saber que las familias que están endeudadas y no pueden pagar el alquiler hoy en día, menos van a poder dejar esa vivienda y buscar otra más cara, y afrontar los gastos que implica una mudanza», por lo que piden «una política de desendeudamiento previa a la salida del decreto».

«Pero también, el poco tiempo con que se anunció la medida, expuso a los trabajadores y trabajadoras a precios exorbitantes para poder quedarse en una casa, sin contemplar el golpe en los ingresos que se está sufriendo en materia de combustibles, alimentos, ropa, y el resto de los ítems de la vida cotidiana», finalizó Canelli.

A contrarreloj continúa el reclamo para que el gobierno nacional extienda el decreto 766 que vence el 31 de enero, que congela alquileres y prohíbe desalojos. «Estamos recibiendo cartas y llamados a las garantías, en tonos amenazantes, queriéndolo pasar por advertencia, pero nos hacen vivir una situación muy difícil», denunció Emmanuel Canelli, titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario.

Si bien crecen las versiones en torno a que el presidente Alberto Fernández anunciará en los próximos días la prórroga del DNU, aún no se hizo oficial y crece la desesperación entre los inquilinos en medio de la crisis por la pandemia. «El 31 de enero no es una fecha acorde y creemos que si se extiende hasta el 31 de marzo, este tiempo breve nos va a dar la posibilidad de empezar a acomodar a algunas cuestiones”, aseguró quien representa a los rosarinos que están en esta situación.

Con respecto a los incrementos de los alquileres que se fueron evidenciando, señaló: “En cuanto a los aumentos, lo que se ha visto es llegar a un acuerdo con los propietarios o las inmobiliarias, siempre que el inquilino lo acepte. En un comienzo por desconocimiento lo aceptaba. Se han visto algunos aumentos o lo que podría ser una renovación retroactiva y demás. Siempre recordando que el inquilino tiene la potestad de aceptarlo”.

“Sí se han visto constantemente aumentos para los nuevos contratos de alquiler que están rondando en un promedio de un 50 por ciento. Estamos viendo de empezar a debatir lo que serían los primeros 12 meses del alquiler, cuánto es lo que tienen que cobrar, que hoy por hoy la ley de alquileres no lo regula”, continuó Canelli y precisó: «Un departamento de un dormitorio está alrededor de 14 o 15 mil pesos, mientras que los de dos dormitorios están alrededor de 18 mil pesos. Eso difiere por la zona, es un promedio que hace el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Siempre viene dando un aumento de un 50 por ciento interanual y alrededor de un 5 por ciento de mes a mes».

La Federación de Inquilinos le envió al presidente Alberto Fernández una carta en la que le solicita de manera formal que extienda el decreto que congela precios de los alquileres y prohíbe los desalojos. El DNU 320 vence el 31 de enero y exigen una prórroga, como así también la posibilidad de acordar un plan de desendeudamiento.

Cabe recordar que este decreto fue publicado en marzo cuando comenzó la pandemia y extendido en septiembre. Sin embargo, la crisis persistió, las deudas continuaron acumulándose y precisan que se mantenga este «paraguas protector». El titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, afirmó: “Creemos que es necesaria una extensión del decreto 320, basándonos en toda la situación actual, sanitaria y económica, también porque el Gobierno viene extendiendo todos los decretos que tengan que ver con atender la pandemia del covid y también llamar a la creación de una mesa de diálogo para poder resolver algunas otras cuestiones».

«Que no quede solo en el pedido de extensión, sino también en la posibilidad de trabajar en conjunto para, cuando finalice este nuevo paragua de contención, poder marcar un rumbo en torno a toda la situación de deuda que existe porque el decreto 320 no nos desliga de las responsabilidades para el pago del canon locativo”, continuó uno de los referentes del sector y añadió: “Este decreto no es solo para viviendas, sino también para comercios, entonces plantear algún plan de desendeudamiento. También entender que para poder analizar lo que conlleva el alquiler, incorporarlo al índice de la canasta básica, entre otras cuestiones que entendemos muy importantes para darle una salida a esta situación”.

A su vez, Canelli profundizó en cuanto a los pedidos realizados al gobierno nacional: “También llamar al Estado y continuar en la implementación de la ley de alquileres, solamente con la sanción y algunos mecanismos desplegados no alcanza, deberíamos tener algún tipo de oficinas o lugar a donde dirigirnos para exigir el cumplimiento y el completo funcionamiento de esta ley”.

Asociaciones de Inquilinos e Inquilinas de todo el país piden la extensión del decreto de alquileres

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— INQUILINXS ROSARIO (@inquilinosros) January 6, 2021

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos y referente de Inquilinos Agrupados, habló en CNN Radio y dijo: “Es uno de los momentos más difíciles en décadas”.

Según describió Muñoz en Al Fin y Al Cabo, esto se debe a “la pandemia, la situación económica y por la ley de alquileres que se sancionó el año pasado”.

En este sentido, agregó que “todo este combo genera endeudamiento muy grande de inquilinos. Hay 700.000 hogares que acumulan deudas de dos o más meses de alquiler”.

“Está vigente el decreto que suspende los desalojos y congela los alquileres. Ante eso, el mercado inmobiliario tuvo una respuesta muy violenta”, añadió el presidente de la Federación de Inquilinos.

“En febrero cuando este decreto no este más vigente, estos hogares que representan 2 millones de personas van a estar en condiciones de ser desalojados”, cerró Muñoz.

La crisis por la pandemia golpea con firmeza a distintos sectores y lejos de ser la excepción, el de los inquilinos es de los más afectados. De hecho, afirman que cerca del 40 por ciento no podrá pagar el alquiler en noviembre, por lo cual piden al gobierno provincial la implementación de un plan de desendeudamiento.

Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, contó: “El decreto 320 se extendió mediante el decreto 776, que plantea la prórroga de los contratos, el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos hasta el 31 de enero. Estos niveles de endeudamiento son sostenidos, cada vez es más, la situación es muy grave. La gente nos dice que muchas veces tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler. El alquiler es un fusible que está muy golpeado con esta situación del covid, el virus es muy complejo enfrentarlo si uno no tiene una vivienda y si a su vez mes a mes tiene que pagar un alquiler, todo se hace muy cuesta arriba”.

Por otra parte, el referente del sector en la ciudad remarcó: “El decreto plantea que garantiza un techo, pero está esa situación que prorrorga esas deudas y saldarlas a febrero. Lo que venimos planteando es generar un plan de desendeudamiento en estos sectores que no pueden afrontar el pago del alquiler”.

“El alquiler no es solamente a través de un contrato y establecido por una inmobiliaria, sino que hay mucho alquiler informal, hasta inclusive piezas de inquilinato. Hay muchas personas que pagaron algún porcentaje del alquiler, no la totalidad, y se arrastra todo ese nivel de endeudamiento”, detalló Canelli.

Dentro de una semana, el próximo miércoles 30 de septiembre finaliza el plazo de vigencia del Decreto de  Necesidad y Urgencia 320/20 que permite suspender desalojos, prorrogar contratos y congelar los precios de alquileres, por lo que desde la Asociación de Inquilinos Rosario persisten su reclamo para que se extienda al menos hasta marzo del 2021, frente a las complicaciones que generaría que esto no suceda en medio de la crisis por la pandemia.

«Hace tres semanas el presidente Alberto Fernández confirmó que iba a extender el decreto 320/20 y todavía no tenemos anuncio oficial. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este silencio angustiante?», fue el texto que acompañó el comunicado que difundieron a través de las distintas redes sociales para visibilizar nuevamente la problemática que acarrean.

¿HASTA CUÁNDO?

Necesitamos la #ExtensionDNU320Ya

Hace 3 semanas el presidente @alferdezok, confirmó que se iba a extender el decreto 320/20 y todavía no tenemos el anuncio oficial

¿Hasta cuando vamos a seguir con este silencio angustiante?#Alquileres #Alquilar #Rosario pic.twitter.com/EtzxJV1ZD0

— INQUILINXS ROSARIO (@inquilinosros) September 22, 2020

Cabe recordar que semanas atrás, a comienzos de este mes, llevaron adelante otra iniciativa para reafirmar su reclamo, con una campaña de junta de firmas a través de de la plataforma change.org. Mientras tanto, siguen aguardando por la confirmación acerca de la extensión del decreto que les otorga a los inquilinos ciertos beneficios para paliar la crisis. También proponen un programa de desendeudamiento de quienes alquilan, como así también crear un órgano de cumplimiento del DNU 320 en caso que se prolongue y de la ley de alquileres

El Decreto de Necesidad y Urgencia 320, que permite suspender desalojos, prorrogar contratos y congelar los precios de alquileres, perderá vigencia el próximo 30 de septiembre, por lo que desde la Asociación de Inquilinos Rosario están en alerta ante esta situación y aún más en este período donde la ciudad pasó a una fase 1.5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con movilidad permitida únicamente para trabajadores esenciales. Por lo tanto, realizan una junta de firmas virtual para extender el DNU.

También proponen un programa de desendeudamiento de quienes alquilan, como así también crear un órgano de cumplimiento del DNU 320 en caso que se prolongue y de la ley de alquileres. “Decidimos sacar una campaña de juntada de firmas de manera online, a través de la plataforma change.org. Le estamos pidiendo a todas las personas que alquilan que acompañen el reclamo de la extensión del DNU 320″, aseguró Emmanuel Canelli, referente de la asociación que agrupa a los inquilinos rosarinos.

«El presidente anunció que estaba estudiando la posibilidad pero estamos necesitando una respuesta y más que acá en Santa Fe y en Rosario estamos en medio de un retroceso, conlleva una dificultad a la hora de buscar una nueva vivienda, hay muchísimos contratos que finalizan el 30 de septiembre”, continuó Canelli y agregó: “De cara a mediano y largo plazo, planteamos un programa de desendeudamiento de las personas que alquilan y también un órgano de cumplimiento del DNU en caso que se extienda y de la ley de alquileres”.

Desde la Asociación de Inquilinos Rosario alertan sobre la necesidad de tomar medidas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector en la ciudad. Exigen la extensión del Decreto 320, que les brinda un marco de cierta protección durante la pandemia, ya que les permite suspender desalojos, prorrogar contratos y congelar los precios de alquileres. El mismo vence el 30 de septiembre y desesperadamente piden que se prolongue hasta el 31 de marzo de 2021.

“Es necesario implementar de manera urgente la extensión del Decreto 320 hasta el 31 de Marzo”, expresó Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos y añadió:  “Asimismo, con esta medida aisladamente no alcanza, por eso les solicitamos dos ejes más: por un lado, un mecanismo que ayude a enfrentar el endeudamiento que contrajeron los inquilinos y se hace impagable; por otro lado necesitamos que se implemente la autoridad de aplicación que controle la nueva ley de alquileres, estamos atravesando una readecuación del alquiler, está situación hace necesario que el Estado esté presente para controlar y regular los nuevos contratos y exigencias”.

Por otra parte, desde el sector afirman que vienen sosteniendo charlas y reuniones con el gobierno provincial, pero remarcan que aún no recibieron una propuesta firme. “Se hace preciso que la definición sea lo más pronto posible, hay muchísima gente expectante y necesita una confirmación, van pasando los días y se acerca el 30 de septiembre, fecha que concluye el paraguas de protección del DNU 320. Hay muchas personas que ya les están exigiendo dinero para señar una nueva vivienda o renovar en la que está”, cerró Canelli.

Se hace imposible alquilar en esta pandemia. Los y las inquilinas del país EXIGIMOS la extensión del DNU 320 hasta marzo del 2021 con un órgano de control y un programa de regularización de la deuda#ExtensionDNU320YA#InquilinosEndeudados #BastaDeDesalojos #AlquilarEnPandemia pic.twitter.com/JVbsH4ZKRF

— INQUILINXS ROSARIO (@inquilinosros) August 19, 2020

El Gobierno promulgó la Ley de Alquileres mediante el Decreto 580/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma, que fue sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado, modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación.

La Ley 27.551, que fue oficializada en el mencionado decreto que contó con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, traerá importantes beneficios para los inquilinos.

-Los aumentos dejan de ser semestrales y pasan a ser anuales.

-El porcentaje de aumento pasará a basarse en un indicador que publicará el Banco Central. Estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses

-La duración de los contratos pasa de 2 a 3 años.

-Garantías: el locatario deberá proponer al menos dos alternativas, que pueden ser un título de propiedad, aval bancario o seguro de caución, y el propietario elegirá una.

-Depósito de garantía: pasará a equivaler a un mes de alquiler. Cuando termina el contrato, la devolución deberá ser en el momento de la restitución del inmueble, y actualizada al valor del último mes de alquiler.

-Será obligatorio acordar las condiciones de renovación con tres meses de anticipación, para que el inquilino tenga tiempo para buscar otra vivienda.

El pasado sábado, representantes de la Federación de Inquilinos Nacional se reunió de forma virtual con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para plantearle la problemática por los alquileres adeudados y el pedido principal fue que el Gobierno los pague, ya que en este marco de pandemia no ven otra salida posible.

Son alrededor de nueve millones los inquilinos de todo el país, quienes le trasladaron a Bielsa otros dos temas aparte del foco del cónclave que tiene que ver con que el Estado se haga cargo de las deudas por esta situación excepcional. A su vez, pretenden que una vez que el Senado pueda sesionar, se apruebe la Ley Nacional de Alquileres, que ya tiene media sanción de Diputados, la cual tendría algunas modificaciones acorde a este período por el coronavirus.

Por otra parte, hicieron hincapié en el Decreto 320/20, que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre. Propusieron que ese lapso se extienda más allá de esa fecha, por lo menos a dos años, y que se garantice la existencia de un organismo que haga cumplir los derechos mencionados. La ministra quedó en analizar las medidas planteadas y mostró buena predisposción en poder brindarles algún tipo de solución en el trasncurso de esta semana.

«Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo», aseguraron desde el sector y continuaron: «No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo. El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo».

-Desendeudamiento: así como se subsidio a la mediana y pequeña empresa, hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

-Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

-Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

-Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.

Por Ignacio Pellizzón.

“Estoy desesperado porque no sé como voy a pagar el alquiler el mes que viene”. Son las crudas palabras de un comerciante histórico del microcentro de Rosario. Pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el gobierno nacional para congelar los alquileres por 180 días y evitar los desalojos, los desafíos que económicos que se avecinan para los comerciantes son alarmantes.

Si bien desde la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) señalan que todavía no hubo cese de pago de alquileres, sí advierten un panorama sombrío de cara al mes que viene, en caso de que la cuarentena se extiende por más tiempo.

La confesión a Rosario Nuestro por parte del presidente de Cadeiros, Sebastián Dib Kai, es contundente: “Estamos preocupadísimos porque en este contexto de recesión, del cual ya venimos aguantando, sumado al cierre por cuarentena, va a ser muy complicado que muchos puedan afrontar los gastos fijos como los alquileres”.

El referente de la entidad admite que el contexto de pandemia es complejo para todos los sectores y no solamente para los inquilinos de los negocios, pero sí advierte que el estado de situación de los que deben afrontar el pago del alquiler mensual es “alarmante y preocupante”, porque vienen cargando sobre sus hombros “la crisis y la cuarentena”.

El mismo intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó a este medio que las arcas de la Municipalidad “están cayendo abruptamente” en cuanto a las recaudaciones y enfatizó: «Hay actividades que registran 100 por ciento de caída, algunas de 50 por ciento, lo vivimos día a día”.

Desde la Asociación de Hoteleros Gastronómicos de la ciudad (Aehgar), advierten que el panorama se va a ir complejizando a medida que pase el tiempo, porque “la actividad gastronómica, por ejemplo, que aglutina mucha gente, seguramente será una de las últimas en ser liberadas”.

Por su parte, el titular de Aehgar, Carlos Mellano, estima que cuando la pandemia vaya cesando y la cuarentena disminuya, “los negocios ligados a la gastronomía se irán acoplando lentamente y con mucha rigurosidad mediante”, porque entiende que el virus seguirá circulando por varios meses más “y habrá que cumplir un protocolo”.

Apunta que el DNU del gobierno nacional es lo máximo que puede hacer el Estado para intervenir en este conflicto, porque después “se trata de una negociación entre partes privadas y tienen que llegar a un acuerdo entre propietario y locatario”. De todos modos recalcó que “no puede haber intervención estatal en esa discusión”.

En otros países se dieron situaciones similares: Confindustria Moda de Italia pidió la revisión de los montos hasta que la actividad comercial, turística y residencial se recupere por completo. Lo mismo hizo Primark en Inglaterra mientras que Fraser y Arcadia, el grupo dueño de Topshop y Topman solicitó una reducción del 50 por ciento.

La misma postura tomó el grupo Inditex, propietario de Zara -la firma que gasta una media de alrededor de 320 mil euros al año por local. La decisión de la casa matriz fue que este mes no cumplirá los contratos de alquiler en ningún país del mundo.

A su vez, los grupos Adidas y H&M en Alemania, anunciaron lo mismo, siendo una decisión que generó «indignación» en el gobierno de ese país y una polémica que llevó a la marca deportiva a cambiar de idea y cumplir los contratos. La firma de indumentaria sueca con más de 5000 puntos de venta y la que más gasta del mundo en alquileres -alrededor de doscientos millones de euros al mes- se mantuvo en su postura.

En línea con lo que pasa en el mundo, IRSA, el grupo propietario de los principales shoppings del país, generó alivio a sus locatarios cuando les informó por medio de una carta no cobrará los fee mensuales que vencían a principio de este mes. En otros casos, como en Buenos Aires, fueron las marcas las que tomaron la posta y algunas cadenas comerciales instaladas en inmuebles ubicados en las principales avenidas porteñas comunicaron a los propietarios de los locales que no sabían qué porcentaje del alquiler pueden afrontar.