El Senado aprobó este jueves la ley de Inocencia Fiscal II, en una votación que terminó con 43 votos a favor y 23 rechazos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, sufrió cambios durante el debate y las negociaciones con distintos sectores para alcanzar las adhesiones necesarias y avanzar con el proyecto.

La propuesta surgió a partir de reclamos de contadores y especialistas en materia tributaria al ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo planteado fue introducir modificaciones operativas para generar mayor confianza entre los contribuyentes y favorecer la reactivación económica.

Entre los cambios centrales aparece la posibilidad de que grandes contribuyentes, con ingresos superiores a $1.000 millones o patrimonios mayores a $10.000 millones, puedan incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), aunque sin acceder a los beneficios del denominado tapón fiscal. 

Además, se redefinió el concepto de “discrepancia significativa”: las diferencias del 15% o más entre lo declarado y la información del fisco no serán consideradas como tales cuando el monto involucrado sea inferior a $5 millones.

El proyecto también establece que la discrepancia se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, y contempla un plazo de 15 días para abonar una diferencia luego de una notificación de oficio sin perder las garantías del régimen. A su vez, reduce los requerimientos de información ante la ARCA y fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, con el objetivo de incorporar al sistema parte de los USD 170.000 millones que, según los fundamentos de la iniciativa, permanecen fuera del circuito bancario.