Once policías del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada fueron imputados este jueves por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos durante la manifestación que tuvo lugar esta semana frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.

La instancia legal tuvo lugar sin juez esta mañana en el Centro de Justicia Penal local, en oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina le adjudicaron a los uniformados el abandono de sus funciones, en una audiencia que había sido notificada antes de la finalización de los reclamos salariales con patrulleros parados y sirenas encendidas en Ovidio Lagos y Juan María Gutiérrez. No obstante, los efectivos permanecen en libertad mientras la investigación avanza.

Las imputaciones llegan tras la conferencia del gobernador Maximiliano Pullaro de este jueves en la que anunció la firma de un decreto para llevar el salario mínimo de la fuerza a 1.350.000 pesos, con subas en tarjeta alimentaria y mejoras en las condiciones de traslado. 

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había confirmado la marcha atrás de los pases a disponibilidad de policías investigados por no cumplir con su trabajo durante las movilizaciones.

Nueve personas fueron imputadas este domingo en Rosario luego del megaoperativo en barrio Las Flores de la semana pasada realizado en el marco de una investigación por microtráfico de drogas y otros hechos violentos ligados a la banda de Los Monos. Dos de los involucrados quedaron en libertad con restricciones y el resto quedó en prisión preventiva por tres meses.

La audiencia se llevó a cabo este fin de semana en el Centro de Justicia Penal local y estuvo a cargo del juez Alejandro Negroni, días después de una serie de 29 allanamientos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona sur de la ciudad. Fueron secuestrados más de tres kilos de drogas, armas de fuego y un estimado de 65 millones de pesos.

En este marco, el fiscal César Cabrera le atribuyó a Emanuel F. y Moria F. el delito de comercio de estupefacientes en calidad de coautores. A su vez,  a Gastón R., Débora F., Leonela E., Gustavo C. y Damaris A. los acusaron de tenencia con fines de comercialización tras diversos hallazgos de sustancias en el operativo. Todos quedaron en prisión preventiva por tres meses.

Por otro lado, Carlos B. y Matías C. fueron imputados por tenencia para la venta, aunque el juez les otorgó la libertad bajo restricciones.

El adolescente de 16 años detenido por la balacera en la zona noroeste de Rosario en la que una nena de 7 años resultó herida fue imputado.

Se trata de Dylan Maximiliano P., acusado de abrir fuego desde una moto contra una vivienda de Empalme Graneros, este lunes por la noche en Génova y Cabal. La víctima sufrió una herida de arma de fuego en el tórax y fue internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños Zona Norte.

El menor fue llevado a audiencia imputativa este miércoles en el Centro de Justicia Penal local y la fiscal Virginia Gabenara lo señaló como el autor material del hecho tras una revisión del material de las cámaras de videovigilancia de la zona. En este marco, el juez Leandro Lucente dictó prisión preventiva por 90 días para el adolescente.

P. fue aprehendido a pocas cuadras del lugar de los disparos mientras se desplazaba en una Dominar Bajaj de 250 cc. Posteriormente, fueron demorados en una casa de San Cayetano y Cabal con dos escopetas Ludmila B. (20), Aníbal Jorge B. (51) y Emanuel Mauricio A. (22).

Damián Nicolás “Wampa” Escobar, hijo del cabecilla de la barra brava de Newell's Carlos Damián “Toro” Escobar, fue imputado como integrante de una organización dedicada a la venta de drogas y quedó en prisión preventiva.

La audiencia se llevó a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Escobar, de 19 años, cayó el jueves pasado tras una serie de allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona sur de la ciudad, en el barrio Las Heras. 

Ante el juez Fernando Sosa, los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiassi le adjudicaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada. Luego, el magistrado dictó prisión preventiva por el plazo de ley y Escobar se convirtió en el imputado número 35 de la causa.

Según reveló Fiscalía, la banda es sospechada por la venta de cocaína en la ciudad vecina de Villa Gobernador Gálvez.

Durante los procedimientos en los que fue detenido el joven, en un Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 y en Médici al 4700, los uniformados incautaron dinero, un celular y una balanza de precisión.

Los ocho policías acusados de robarle a una familia en un falso allanamiento en la zona norte de Rosario fueron imputados y liberados por fianza, aunque deberán cumplir una serie de reglas de conducta.

Los detenidos, integrantes del Comando Radioeléctrico, fueron a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario este jueves ante el juez Rodrigo Santana. Fueron identificados como Joaquín Mario Fyk, Leonardo Fabián Garzón, Daiana Irena Mena, Sofía Macarena Ríos, Iván Gabriel Tkachuk, Iván Eduardo Merlo, Damián Ezequiel Blanco y Fernando Alberto Blanco.

Según la acusación del fiscal Rodrigo Urruticoechea, el episodio sucedió este lunes por la mañana en Pasaje 1353 y Somoza, cuando los uniformados demoraron en una comisaría a un joven de 25 años, a quien presuntamente golpearon, y luego ingresaron sin autorización a su vivienda, donde se encontraba su pareja con su hija de 2 años.

Siempre de acuerdo al relato de Fiscalía, los acusados se llevaron 40.000 pesos y decenas de prendas que pertenecen a un emprendimiento de la mujer, entre los que aparece ropa interior, gorras, medias y tops deportivos.

En este sentido, Urruticoechea les adjudicó los delitos de robo doblemente agravado por haber sido en poblado y en banda y por haber sido ejecutado por ser integrantes de la fuerza policial, y abuso de autoridad.  

Por su parte, el juez Santana dictó la libertad de los policías a través de fianzas que van desde los 100.000 pesos al millón y medio. También, no podrán salir del territorio provincial ni nacional, deberán firmar ante la Oficina de Gestión Judicial y se les prohibió el acercamiento a las víctimas.

El adolescente de 16 años acusado de cometer la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) fue imputado por tentativa de homicidio este fin de semana.

Se trata de L. G. I., menor que se entregó días atrás como presunto gatillero que junto a un cómplice balearon el establecimiento de salud de Pellegrini y Crespo el 16 de octubre, instancia en la que no dejaron heridos y arrojaron una nota intimidante. En una audiencia realizada este sábado, el fiscal Ernesto Ducasse le adjudicó al detenido la autoría del ataque y el juez Estanislao Surraco dictó prisión preventiva por ocho meses.

A su vez, el juez Rodrigo Santana determinó que los otros tres aprehendidos por el episodio, identificados como Emanuel Oscar Perichón (30), Fabián Gabriel Espinosa y Roque Ismael Fernández (32), deberán cumplir con prisión preventiva por cuatro meses, por el delito de encubrimiento. Los hombres habían sido detenidos el día después de la balacera en Seguí y las vías férreas, mientras quemaban la moto que utilizaron los gatilleros.

Por otro lado, este viernes en la zona oeste de Rosario se llevaron a cabo allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en los que se incautaron múltiples celulares y prendas de vestir de interés para la causa. Los procedimientos solicitados por el fiscal Tassini fueron realizados en  Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en la zona de las vías férreas, barrio Triángulo.

Viviana Canosa tendrá que dar respuestas a la Justicia luego de tomar dióxido de cloro en vivo en su programa, Nada personal. Su abogado, Juan Manuel Dragani, confirmó que la conductora fue imputada por ejercicio legal de la medicina. «Ella está mal y angustiada», reveló el letrado.

La causa la impulsó el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, «por atentar contra la salud pública», en una denuncia que según el abogado de Canosa, es «poco entendible».»Las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando cometió el acto, aclaró ‘no lo recomiendo’, entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo», analizó.

En este punto, Dragani consideró que «hay una animosidad» contra Canosa al argumentar que «es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos». «Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia, su independencia, su verborragia y su condición de mujer», afirmó, en diálogo radial con La Once Diez.

El letrado apuntó a una intencionalidad del diputado que radicó la denuncia: «Por ahí quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizó. Pero todas las conductas son cuestionables o no porque están cargadas de subjetivismo pero hay una distancia a que eso sea un delito. No tengo dudas de que hay una animosidad contra Viviana», cerró.

Este lunes la Justicia imputó al utilero del Club Atalaya por el delito de Grooming. El acusado ofrecía vestimenta a cambio de fotografías íntimas a adolescentes de 15 años. El pasado 1 de julio, luego de cinco denuncias de padres de adolescentes por ciberacoso, la Justicia ordenó el allanamiento de F.D.

Este lunes se llevó adelante la audiencia imputativa contra el utilero del club Atalaya acusado de ciberacoso hacia menores. El fiscal Ramiro González Raggio de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual le imputó los hechos ocurridos entre los meses de marzo, abril y mayo de 2020 hasta mediados de Junio de 2020, cuando en su calidad de utilero del mencionado club, ubicado en Juan Manuel de Rosas al 2.500, contactó en numerosas ocasiones por medios electrónicos vía sistema de mensajería Whatsapp a 4 menores de 15 años con la intención de menoscabar su integridad sexual.

Según informaron desde fiscalía, a 3 de las víctimas les ofreció vestimenta a cambio de fotografías íntimas. Los demás datos en relación con la mecánica de los hechos y la identidad de las víctimas se reservan para preservar a las mismas.

En tanto, el Juez de Primera Instancia Nicolás Vico Gimena dictó las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, prohibición de salida del país, firma quincenal en la Oficina de Gestión Judicial, una caución de 10 mil pesos a depositar en los próximos cinco días hábiles, prohibición de acercamiento al club y a los domicilios de las víctimas y todo tipo de contacto con ellas por cualquier dispositivo electrónico o tercera persona.

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