El caso de la entradera en la que dos delincuentes hirieron de gravedad a un hombre y le cortaron parte de un dedo avanzó este lunes, con la imputación de los dos detenidos. Fueron llevados a audiencia ante el juez Federico Rébola y recibieron prisión por el plazo de ley por homicidio criminis causa en grado de tentativa, como autor y coautor, respectivamente.

Los jóvenes de 21 y 24 años, identificados como Jeremías Gabriel Medina y Rodrigo Alejandro Mansilla, estuvieron involucrado en el intento de robo ocurrido el 28 de abril a la madrugada en una vivienda de Los Naranjos al 3000, en la ciudad vecina.

La fiscal Anabel Cerutti le adjudicó a Medina haber ingresado al domicilio de Claudio R., la víctima que se encontraba junto a su madre de 84 años, y agredió al hombre con una pala en la cabeza y con un machete en la mano. 

Además, aseguró que el imputado agredió a la jubilada en las piernas para evitar que ayude a su hijo, quien sufrió la amputación de parte de una falange. Mientras tanto, Mansilla fue señalado como cómplice en el rol de “campana”.

Los tres detenidos por el crimen de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años asesinado de un golpe en la cabeza que apareció muerto en una heladera en Funes, fueron imputados este martes y quedaron en prisión preventiva. 

Se trata de Kevin Toloza (25), Luis Vega (29) y Matías Zabala (40), a quienes se les achacó el delito de homicidio simple en calidad de coautores durante una audiencia llevada adelante en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el hecho ocurrido entre el 3 y 4 de abril en la ciudad vecina. El cadáver fue encontrado adentro de una heladera tirado en un zanjón el pasado lunes 6, en calle Tomás de la Torre y Paysandú.

Durante el encuentro, la fiscal Noelia Navone de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), afirmó que el ataque se realizó en el interior de una vivienda de Brandsen al 5.300, con fecha y hora no esclarecidas y pidió las citadas acusaciones, que fueron aceptadas por el juez Aldo Bilbao Benítez. 

De acuerdo a la versión de Fiscalía, los responsables golpearon múltiples veces a Nast en todo el cuerpo y le provocaron la muerte por un traumatismo craneoencefálico grave, según determinó la autopsia realizada la semana pasada en el Instituto Médico Legal. Luego, escondieron los restos dentro de un electrodoméstico y los dejaron abandonados.

El magistrado dio luz verde a la imputación y dictó prisión preventiva para los dos jóvenes y el hombre implicados, a quienes trasladaron a distintas unidades penitenciarias.

Lautaro Noriega y Rodrigo Gabriel Cappelletti, presuntos integrantes de la banda de Los Menores acusados de custodiar el arsenal que fue encontrado en un operativo en un predio de Roldán, fueron imputados este jueves y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.

Noriega, de 35 años y  Capeletti, de 27, protagonizaron una aduiencia ante la jueza María Melania Carrara y el fiscal Ignacio Hueso, que los señaló como miembros de la organización narcocriminal y les adjudicó haber custodiado la decena de armas de fuego que la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) hallaron el 4 de marzo en un allanamiento en una propiedad de María Teresa al 700, en la ciudad vecina. También hubo procedimientos en Rosario e Ibarlucea.

El armamento estaba bajo tierra en barriles y fue recuperado a través de una retroexcavadora. Según confirmó la policía, secuestraron dos fusiles, dos carabinas, un revólver y cinco pistolas. De acuerdo a las primeras hipótesis, podrían pertenecer al recluso Lisandro “Licha” Contreras, cabecilla del grupo capturado en 2024. 

Además, el fiscal les achacó a los sospechosos estar vinculados a negocios inmobiliarios ilícitos a través de la venta de terrenos y casas en la región.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, brindó declaraciones sobre el hallazgo este miércoles en conversaciones con el equipo de El Puente (Radio Mitre Rosario) y mencionó que el lugar era investigado desde 2023 a raíz de denuncias de vecinos.

“Se hallaron M16, armas de alto poder de fuego. Algo que llamó mucho la atención tanto a las policías de investigación como a los fiscales. Muchos de ellos dicen que era la primera vez que habían visto ese tipo de equipamiento”, relató.

A su vez, el funcionario reveló que el operativo derivó en denuncias por 32 puntos de venta de droga en la localidad del departamento San Lorenzo. “Muchísimos vecinos nos trasladan la información. Luego, nosotros hacemos un estudio previo, marcamos la ubicación de los establecimientos y se lo informamos a la Fiscalía Provincial”, concluyó.

Dos audiencias claves en torno al crimen de Jeremías Monzón tienen lugar este jueves en los tribunales santafesinos, donde imputan a la madre de la menor de 16 años acusada como coautora del hecho y el hermano de otro de los involucrados.

En primer lugar, Máximo U., familiar de un adolescente de señalado como coautor del asesinato, fue imputado esta mañana por la fiscal Rosana Peresín a raíz de una serie de amenazas enviadas por la red social Instagram a un usuario que subió una publicación pidiendo justicia por la víctima. 

De acuerdo con el relato de Fiscalía, el joven de 18 años intimidó al autor del posteo el 22 y 23 de enero a través de mensajes donde afirmaba que lo iba a golpear y le iba a disparar. U. se negó a prestar declaración y el juez Leandro Lazzarini dispuso que permanezca detenido hasta este viernes, cuando se llevará a cabo una nueva audiencia.

Más tarde, fue el turno de Nadia J., madre de M., la única acusada que supera el límite de imputabilidad, con 16 años. El fiscal de Menores Francisco Cecchini le adjudica a la detenida de 41 años la calificación de partícipe necesaria del asesinato de Monzón.

Cuatro empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) fueron condenados este martes en una causa por robo de insumos médicos.

Se trata de Darío Febre, Oscar Lazarte, Antonio Alegre y Eduardo Torrilla, quienes aceptaron un juicio abreviado frente a la jueza Hebe Marcogliese. Según el fiscal José Luis Caterina, los hechos que se les adjudican ocurrieron el año pasado en el establecimiento de salud de Pellegrini y Vera Mujica.

De acuerdo al relato de Fiscalía, Torrilla se llevó insumos en una mochila mientras trabajaba en el área de Control Interno y fue descubierto por la policía en su casa con 21 agujas médicas, cinco paquetes de barbijos y 18 cajas selladas de 10 comprimidos cada una de lioten/Enalapril Maleato. 

En el mismo departamento, Caterina le achacó a Alegre no haber denunciado los robos y descuidar el material. Además, en su casa secuestraron 25 cajas cerradas de Niten Max 50/5, Losartan 50 MG y Amlodipina 5 MG.

En cuanto a Febre, le encontraron cuatro paquetes de nylon de bolsas de gasas, cuatro aguas oxigenadas de 1.000 ML, dos soluciones fisiológicas, 83 barbijos y vendas. Además, se lo acusa de almacenar decenas de medicamentos con fines de comercialización.

De esta manera, Febre, Lazarte y Torrilla recibieron una pena de 5 meses y 15 días de prisión, mientras que Alegre fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional.

 A su vez, los cuatro imputados deberán abonar una multa de 200.000 pesos y fueron inhabilitados para desempeñarse en establecimientos médicos por un año.

Dos hombres de 35 años fueron imputados por un ataque incendiario en la zona norte de Rosario que terminó con un joven de 29 años grave con quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.

Se trata de Manuel Palacios y Heber Molina, detenidos desde el lunes 8 de diciembre por rociar con combustible y prender fuego a Alexis Gabriel Ardiles, quien dormía bajo un puente de Circunvalación en Joaquín Suárez y Baigorria. Se encontraba junto a  su hermano, Mariano, a quien le echaron líquido inflamable en los ojos.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la fiscal Laura Ricardo les adjudicó a los coautores del hecho el delito de tentativa de homicidio calificado por alevosía. En este marco, la jueza Natalia Benvenuto dispuso prisión preventiva por el plazo de ley para ambos.

Durante la instancia judicial, la Fiscalía aseguró que Mariano vio a Alexis corriendo en llamas y alertó a la policía, quien detuvo a los responsables antes de que regresaran a su vehículo, un Peugeot 206 negro que dejaron estacionado junto a una fábrica cercana.

El joven que sufrió las quemaduras fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en helicóptero sanitario y permanece internado en terapia intensiva, con lesiones en el 65 por ciento del cuerpo.

Tres policías de Seguridad Vial de Santa Fe fueron imputados por pedir coimas a conductores en controles este fin de semana.

Se trata de los agentes identificados como P.J.G., M. A. M. y E. E. M., quienes fueron llevados a audiencia este miércoles ante el juez Sergio Carraro de la Investigación Penal Preparatoria por un episodio ocurrido este sábado en la ruta provincial 1, a la altura de la localidad ubicada a 170 kilómetros de Rosario, Los Zapallos.

De acuerdo a la acusación del fiscal Ezequiel Hernández, los uniformados recibieron en un primer caso 200.000 pesos en efectivo y 150.000 por transferencia bancaria a una cuenta que le adjudicaron a “la jueza”. Además, se tomó registro de declaraciones falsas en el libro de guardia.

Luego, los policías recibieron otros 220.000 pesos por parte de los ocupantes de un Fiat Siena con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) caducada. En este sentido, el monto exigido fue camuflado como una multa económica por el valor de 300 litros de combustible premium.

De esta manera, a los involucrados se les adjudicaron los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica en instrumento público.

La audiencia por el caso de fraude en la Policía de Rosario por desvío millonario de fondos para combustible de patrulleros inició este jueves por la mañana y hay 14 detenidos que serán imputados a lo largo de dos jornadas.

La instancia judicial es llevada adelante por el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu en el Centro de Justicia Penal de la ciudad. En este marco, el fiscal de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional 2, José Luis Caterina, le adjudicó una serie de delitos a cada uno de los ex jefes, subjefes y numerarios implicados en la investigación.

En primer lugar, Daniel Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, fue imputado por asociación Ilícita en carácter de jefe, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A su vez, Diego Santamaría, ex Jefe de Comando Radioeléctrico de Rosario, quedó imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario y cohecho pasivo.

A Héctor Saucedo, ex Jefe de Policía Motorizada,  se le adjudican los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; y cohecho pasivo.

En cuanto al ex jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de Unidad de la URII, Rodrigo Domínguez, se le adjudican los delitos de asociación ilícita en calidad de Organizador, peculado de caudales públicos, y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos) y defraudación agravada por 15 afectar a una administración pública, en este caso, en carácter de partícipe primario.

Adrián Bahl, ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros de la URII, fue imputado por asociación ilícita en calidad de miembro; peculado de caudales públicos; y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, a Fabián Becerra, ex Jefe del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) se lo vincula a delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario- y cohecho pasivo y falsedad ideológica.

El ex Jefe de la Sección Logística de la URII, Roberto Blanco, recibió la imputación por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos); y defraudación agravada por afectar a una 16 administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A Nicolás Cuesta, ex Jefe de Policía Adicional de la URII, se le adjudicaron los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Otro de los imputados fue Diego L., ex Jefe del Cuerpo Guardia de Infantería. Fue por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Edgardo R., ex Inspector de la VI Zona, fue imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Juan V., ex numerario de la Brigada Motorizada de Rosario, recibió la imputación por el delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

También, al ex sub Jefe de la Brigada Motorizada de Rosario, Juan H., se lo vincula al delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, Darío F., ex jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, fue imputado por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro. Los demás delitos ya le habían sido atribuidos en audiencia anterior el delito de peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; falsedad ideológica.

Además, el ex interventor de Medicina Legal, Roberto S., quedó ligado a los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Cuatro agentes de Gendarmería Nacional fueron detenidos este martes por la noche luego de ser denunciados por el robo de aproximadamente un millón de pesos durante un control vehicular realizado en Bouchard y Servellera, en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario.

El hecho fue reportado por una pareja que, tras ser requisada, se dirigió al puesto fijo de la fuerza en Sorrento y Cullen para alertar sobre el hurto.

La denuncia desencadenó un operativo interno que incluyó la revisión del patrullero en el que se trasladaban los efectivos, aunque en ese vehículo no se encontró el dinero. Sin embargo, el rastreo continuó en los autos particulares de los acusados: en uno de ellos se hallaron 760 mil pesos ocultos en una bolsa dentro del baúl, y en otro, 60 mil pesos más.

Durante el procedimiento, uno de los gendarmes ingresó al baño del destacamento. Al inspeccionar ese espacio, se descubrieron otros 130 mil pesos escondidos, completando así la suma aproximada del monto denunciado.

El fiscal provincial Iván Enríquez, a cargo de la investigación, ordenó la detención de los cuatro sospechosos, quienes serán llevados a audiencia imputativa este viernes en el Centro de Justicia Penal. Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que la causa avanza por los delitos de hurto y encubrimiento agravado.

Un hombre de 39 años fue imputado el sábado durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal por haber apuñalado a un hombre tras una discusión el miércoles pasado en la zona sur de Rosario.

Se trata de Sebastián Rubén Carrizo, quien fue acusado por el fiscal Lisandro Artacho por tentativa de homicidio. El juez Gonzalo Fernández Bussy dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley en base a las acusaciones

Según la exposición del fiscal, el hecho tuvo lugar en Juan Manuel de Rosas y Casablanca cuando la víctima, identificada como Rubén Sebastián D., que estaba acompañada de un menor, fue apuñalada en el cuello por Carrizo. 

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado.

Poco después, agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron al agresor en el lugar donde ocurrió el violento episodio. Actualmente, la víctima está a internada en terapia intensiva. 

Un hombre llamado Elías Jeremías V., fue imputado este jueves por tratar de matar al Policía Gabriel Sanabria y por participar del crimen de Ángel Ocampo. Ambos hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de mayo de 2022. 

El ataque contra el agente tuvo lugar en calle Arijón al 400 cuando la víctima junto a un compañero intentaron identificar a los pasajeros de un auto que era buscado tras haber sido robado el 25 de abril de ese año, pero al acercarse le dispararon desde adentro lo que le causó graves heridas. Estuvo internado por mas de 70 días. 

De acuerdo a la Fiscalía, Jeremías V., circulaba en ese vehículo junto a un menor de edad, Sebastián C. -otro sospechoso detenido por el ataque contra el policía y Ocampo- y dos sujetos sin identificar. El grupo iba por Moreno hasta que en Battle y Ordoñez dieron con un control de la Brigada Motorizada, no obstante buscaron evadir el puesto por Oroño al norte hasta Calle Madre Cabrini. Tal accionar desencadenó una persecución. Finalmente, en Arijón al 400 gatillaron a Sanabria.

Horas después de que el uniformado fuera herido de muerte, el otro acusado, Sebastián C., entabló en horas de la tarde del 27 de mayo una conversación con una joven llamada Nadin M., y planearon matar a Ocampo.

En ese marco, según lo expuesto por la acusación, la joven se comunicó con Ocampo para juntarse y luego ir a pasar la noche a un hotel. Pasada las cuatro de la madrugada, la víctima le dice a Nadin F., que la esperaba en Tucumán y Dorrego, lugar a la que la mujer se dirigía junto a Sebastián C., y a Elías V, quien estaba al volante de un Nissan que había sido robado. 

Al llegar a la esquina, Sebastián C, gatilló desde el rodado a Ocampo, quien fue derivado al Heca, donde falleció a las 6.15 del 28 de mayo. Luego de la balacera, los sospechosos escaparon pero colisionaron con un taxi en Moreno y Catamarca. Desde ahí se bajaron del vehículo y se fugaron a pie, aunque la mujer se olvidó el celular y los investigadores lograron conocer la verdad detrás de la muerte de Ocampo. 

Sebastián C., y Nadin F., fueron imputados y se aguarda que se haga la audiencia preliminar para el juicio oral en su contra. Mientras tanto, Elías V., quedó en prisión preventiva por dos años. Se prevé que se le imponga perpetua. 

Miguel Suárez, un joven de 29 años fue imputado este lunes luego de que lo acusaran por vender armas de fuego de forma ilegal y por haber amenazado a su ex pareja. 

De acuerdo a la acusación, el acusado participaba de un mercado clandestino en el que se vendían armas a través de canales de comunicación tales como WhatsApp. En ese marcos, se apuntó que Suárez le proporcionaba armamento a un sujeto identificado como Facundo Bermay para que las venda en los grupos. 

Así las cosas, dicho mercado ilegal comenzó a salir a la luz cuando el 21 de febrero, Bermay fue apresado en Villa Gobernador Gálvez al momento de que trató de vender una pistola calibre .40 a un comprador que resultó ser un policía de incógnito. 

De esa manera, la Fiscalía de Balaceras investigó lo ocurrido y a través de los datos obtenidos del celular del primer detenido, se reveló que la red ilegal operaba al menos desde julio del 2024. 

En consecuencia, el martes de la semana pasada lograron dar con Suárez por ser sospechosos de estar involucrado en la venta de armas y lo detuvieron en un domicilio de barrio Las Flores en Hortensia al 1900 tras un allanamiento.

Finalmente, al joven se le dispuso la prisión preventiva por 90 días por proveer y entregar de forma ilícita armas de fuego y ameanzas. 

Dos hombres fueron imputados por haber instigado el crimen de Cristian Barreto, un ex convicto de 31 años, que fue asesinado el lunes 30 de diciembre en Puerto General San Martín.

Se tratan de Federico Pérez y Miguel Ángel Farías, y el juez de San Lorenzo, Ariel Cattaneo les dictó la prisión preventiva. 

En ese marco, el fiscal Aquiles Balbis, quien se encargó de exponer el caso, argumentó que los dos sospechosos propiciaron el homicidio por un conflicto en la venta de drogas en la zona. 

Es que la investigación sobre el homicidio indicó que tanto Farías como Pérez habían sido avalados por Los Monos para vender cocaína en Barrio San Sebastián, territorio en el que se había metido Barreto. 

Así las cosas, prosiguió el fiscal, la suceción de hechos que desencadenarían la muerte del ex preso comenzaron el 29 de diciembre, cuando un familiar recibió una advertencia de Farías. 

Al otro día el aviso se volvió realidad cuando un sujeto sin identificar bajó de un Peugeot 208 rojo, y se metió adentro de un pasillo en barrio San Sebastián, al kilómetro 336 de la ruta 11. 

Una vez dentro, al momento de encontrarse con Barreto, lo acribilló con al menos 15 disparos con una pistola 9 milímetros y se dio a la fuga.

Empero, la forma de llegar del asesino le brindó a las autoridades la suficiente información para dar con múltiples de los sospechosos involucrados en el caso.

 Es que arribó a la escena del crimen con un auto a nombre de Federico Pérez, uno de los acusados de la audiencia de este miércoles. Además de que lo filmaron en su llegada al barrio a pasadas las 14.30.

Con esa información a la mano, las autoridades lograron rastrear al vehículo en cuestión en Rosario durante una serie de operativos y allanamientos realizados el 2 de enero al noroeste de la ciudad.

En ese marco, detuvieron a dos sospechosos identificados como Adrián Ernesto U., y a Mariano Gonzalo A. En horas de la noche finalmente aprehendieron a Farías mientras iba por la calle a bordo de su vehículo. 

Pérez, por otro lado, se entregó este martes a la noche en la sede de la PDI de San Lorenzo luego de que lo allanaran. 

El juez Carlos Leiva le dispuso la prisión preventiva hasta el 4 de abril, a un hombre de 38 años que fue imputado este miércoles en Centro de Justicia Penal de Rosario por haber asesinado a tiros a su hermano en Villa Gobernador Gálvez. 

Se trata de Leonardo Javier Maldonado, acusado de perpetrar el crimen en contra de su familiar, Ángel Martín Maldonado el pasado sábado en dicha ciudad en la calle Pasaje San Francisco de Asís al 2400. 

El caso fue expuesto por la fiscal Marisol Fabbro, e imputó al sospechoso por el delito de homicidio simple agravado por ser cometido con un arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil. 

Un hombre de 52 años llamado Gustavo Francisco Núñez, fue imputado el jueves por encubrir a la acusada de haber asesinado a Jorge Gueglio, un hombre de 75 años cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre pasado en su departamento de Santa Fe al 1200, en el centro de Rosario. 

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal, donde el juez Gonzalo Fernández Bussy le dictó seis meses de prisión preventiva efectiva tras la imputación por encubrimiento agravado que impulsó la fiscal María de los Ángeles Granato. 

De acuerdo a la acusación, el sospechoso ayudó a la apuntada por el homicidio a escapar de la ley una vez cometido el crimen. 

En ese marco, presentó como prueba una conversación que mantuvieron las dos partes la noche en la que se cometió el homicidio. 

Asimismo, prosiguió la fiscal, Núñez ocultó a la presunta homicida en dos periodos de tiempos distintos. Del 20 de octubre al 24 y del 25 al 8 de noviembre. A su vez, le envió pertenencias junto a dinero que se le robó a la víctima a un domicilio particular. 

La jueza Alejandra Negroni le dictó la prisión preventiva efectiva, este lunes en una audiencia en el Centro de Justicia Penal a dos jóvenes acusados de haber asesinado a un menor de 16 años, identificado como Ramiro Josué D., el primero de agosto en Rueda al 4400. 

Los imputados son dos hombres de 28 años llamados César Isaac “Chote” Godoy  y Emanuel Alejandro Ramírez, que habían sido detenidos este fin de semana por narcomenudeo en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en villa Banana y La Lagunita, donde los uniformados secuestraron un kilo de cocaína, dos armas de fuego, 4 millones de pesos y 5 mil dólares. 

En el operativo también fue detenido un tercer sujeto identificado como Raúl Andrés Juárez, al que también se le dictó la prisión preventiva, aunque sólo por los delitos de tenencia de dorgas y armas de fuego. 

De acuerdo a la fiscal, María de los Ángeles Granato, el homicidio fue perpetrado el primero de agosto a las 23.30 en un pasillo ubicado en Rueda y Amenábar. 

En ese sentido, los sospechosos fueron sindicados como los coautores del homicidio. El adolescente falleció mientras era derivado al hospital Carrasco. 

El jefe de la facción disidente de la barra brava de Newell's, Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, fue imputado este viernes por instigar dos balaceras en Gran Rosario. La audiencia se llevó a cabo a instancias del mediodía en el Centro de Justicia Penal y hubo una segunda imputación.

En detalle, Ficcadenti fue acusado de ordenar un ataque sicario contra Luciano “Lucho” Gallardo, líder de la barra leprosa, el 13 de julio en Alvear al 1600, Villa Gobernador Gálvez. En el violento episodio, dos sicarios le dispararon catorce veces a Emilio S., de 16 años, hijastro de Gallardo. En este sentido, el fiscal Franco Carbone confirmó ante la prensa que  “el objetivo del atentado era Lucho Gallardo, están las capturas de donde vivía él”.

Además, se le atribuyó una segunda balacera, ocurrida el 24 de julio contra una vivienda de Coulin al 2000, en la cual un hombre resultó herido. Por este hecho, también fue imputado este viernes Brian Walter Ledesma, sindicado como el autor material del ataque. Fiscalía todavía busca identificar a un cómplice de Ledesma que lo acompañó en el encargo.

Por otro lado, Carbone agregó: “Tenemos mucha evidencia que surge de dos celulares que fueron secuestrados a Ficcadenti el 24 de julio, cuando se imputaron las amenazas coactivas a Ángel Di María, y a partir de ahí es muy claro como surgieron audios, videos, fotos, encargos y el pago”. 

En relación a la interna en el paraavalancha rojinegro, el fiscal consideró: “Es una disputa muy violenta, hace muchos años la barra de Newell's está regenteada por personas que están en la cárcel y van a estar mucho tiempo más, iba a ser una transición pacífica pero estamos viendo muchos hechos que, por fortuna, no lamentamos hechos mayores con muertes”.

A su vez, Carbone detalló que están se trata de "10 hechos conexos” y destacó: “Pudimos frustrar a las dos facciones y estamos trabajando fuertemente en imputaciones para las dos”.

Siete policías fueron imputados por haber robado más de 75 mil dólares de una vivienda en la que se realizó un allanamiento con el objetuvo de resguardar a tres menores de edad que afrontaban un posible riesgo por problemas familiares.

Los uniformados, de los cuales seis prestaban servicio en la comisaría 15ª y se les sumaba un miembro de un grupo de irrupción, fueron imputados este domingo por el fiscal José Luis Caterina como coautores del delito de “hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica”.

Entre ellos, se encuentra una oficial, acusada de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, y el subjefe de la seccional 15ª, quien deberá responder por la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil que le incautaron al allanar su casa. 

El juez Rodrigo Santana dictó prisión preventiva en ambos casos -en modo domiciliario para la mujer- hasta el próximo 26 de julio. En tanto, para los otros cinco sospechosos, el magistrado ordenó la libertad bajo reglas de conducta por al menos dos años, pero además deberán pagar una fianza de 500 mil pesos.

A su vez, Santana dispuso la “intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los imputados” por parte de la fiscalía, a quien los imputados deberán solicitarle los permisos para que puedan realizar movimientos bancarios que “resulten necesarios y justificados”.

Los efectivos fueron imputados por haber participado en el robo de dinero durante un allanamiento, cuando a mediados de abril pasado la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino al tomar conocimiento de una riesgosa situación que atravesaban tres niños debido a una problemática situación familiar.

Tras varios días trabajando en la situación, los funcionarios del MPA hallaron la casa de la familia en zona sur, la cual había sido referida por los vecinos con la posible tenencia de armas de fuego en manos de una persona que podría haber estado en medio de una crisis de salud mental.

En ese marco, el fiscal Caterina ordenó el allanamiento de la casa de barrio La Guardia, en el que por cuestiones de  jurisdicción del procedimiento participaron, entre otros efectivos, personal de la comisaría 15ª.

Al ingresar en el hogar, uno de los policías consultó si había dinero y los moradores de la vivienda le entregaron unos 76.900 dólares. A partir de allí, según pudieron determinar las investigaciones, los efectivos policiales comenzaron a alterar o crear datos falsos sobre el allanamiento ante testigos.

De la misma manera, falsificaron las posteriores actar de actuación, por lo que ninguna de las testigos mencionadas en las actas pudo ser ubicada, ya que los domicilios que aportaron no existen y tampoco coincidían los DNI con los nombres.

Si bien una de las imputadas no fue parte del hurto durante la escena, fue señalada por su colaboración con el subjefe de la comisaría y los demás oficiales por omitir la denuncia de la información que había obtenido, a cambio de recibir parte del dinero.