El caso del asesinato de Gian Mastrocola, el niño de un año y medio que fue baleado en la barbería de su padre en la zona sur de Rosario,  sumó un nuevo capítulo este martes por la mañana. Alejandro Vallejos, el tercero de los detenidos por el crimen, fue imputado en el Centro de Justicia Penal local. Otras tres personas aún no fueron identificadas ni aprehendidas. 

El hombre fue detenido el viernes pasado en un allanamiento luego de permanecer prófugo desde el 5 de marzo, día en que ocurrió el crimen del bebé en el local de Melincué al 6100. Por el hecho ya habían sido imputados su primo Alan Vallejos y Kevin Portillo, señalado por la fiscalía como el homicida.

El fiscal Alejandro Ferlazzo le atribuyó a Vallejos los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas (víctima Gian Mastrocola); Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas, en grado de tentativa, lesiones leves dolosas, y daño, todo en concurso real entre sí , en calidad de coautor, contra el padre del menor. 

El encuentro fue encabezado por la jueza de Primera Instancia María de los Ángeles Granato, quien dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

De acuerdo a la versión del fiscal, Alejandro y Alan Vallejos organizaron, planificaron y ejecutaron el ataque con armas de fuego en la barbería junto a Portillo y “por lo menos otras tres personas”. Según el relato, los familiares llegaron a las 18:10 en un Chevrolet Corsa conducido por Alan, con su primo de acompañante y dos cómplices más en el asiento trasero del auto. 

A su vez, Portillo arribó en una moto con otro hombre no identificado, bajó del vehículo y efectuó por lo menos tres disparos con un revólver calibre 38 largo. Hirió al padre del nene en el hombro izquierdo y asesinó a Gian, quien sufrió una hemorragia torácica por un impacto de bala.

Por su parte, Alejandro Vallejos fue acusado de golpear junto a su primo a una persona con un objeto contundente el 5 de marzo en la misma ubicación de la barbería. También dañó el parabrisas delantero y el espejo retrovisor del lado del acompañante de un Citroën Belingo, que pertenecen a los dueños del comercio.

Emiliano Endrizzi, el defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy imputado por el delito de intimidación pública tras gritar la palabra “bomba” en un avión, rompió el silencio este martes con un video. Tras ser liberado, pidió disculpas y aclaró que está “a disposición” de la Justicia.

El hecho ocurrió este sábado en la previa de un vuelo de la empresa Flybondi desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán hacia Buenos Aires, donde el club de Primera Nacional enfrentaba a Agropecuario. Con el plantel y el resto de pasajeros en sus butacas, el jugador de 32 años hizo una presunta broma y se activó el protocolo por la mención del explosivo, provocando la evacuación de la aeronave y de la terminal aérea.

El deportista fue detenido y, días más tarde, fue imputado por el fiscal federal Sebastián Jure del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy.

Esta mañana, Endrizzi difundió un mensaje grabado en el que expresa: “Quería pedir disculpas a los pasajeros, la aerolínea, la Policía Aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido, mi intención nunca fue provocar disturbios, miedo, ni asustar a nadie”.

A su vez, afirmó que quiere “ser respetuoso con la Justicia" y que está “a disposición”. Por último, subrayó: "Le agradezco al club que estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia”.

🚨 EMILIANO ENDRIZZI ROMPIÓ EL SILENCIO LUEGO DE SER LIBERADO TRAS GRITAR "BOMBA" EN UN AVIÓN💬 "Estoy arrepentido, nunca mi intención fue generar disturbios", dijo el futbolista y pidió disculpas públicas por lo ocurrido el pasado sábado pic.twitter.com/qcCEeka14n

Por su parte, el equipo jujeño pudo cumplir con su compromiso deportivo y venció por 2 a 1 a su rival de visitante este domingo. 

El segundo detenido por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal fue imputado este jueves por la mañana y a la brevedad se determinará si continúa privado de su libertad, luego de ser señalado como un “estrecho colaborador” del alumno de 15 años que asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros compañeros.

La audiencia inició a las 10:00 en la cabecera del departamento santafesino homónimo y estuvo encabezada por el juez Boaglio. En este contexto, Fiscalía le atribuyó al adolescente de 15 años el rol de “participación secundaria” en el violento episodio. Ante un importante hermetismo, el magistrado dio lugar a un cuarto intermedio.

El imputado, punible por su edad, fue aprehendido este lunes en un operativo desplegado sobre la ruta N°11, a la altura de la localidad de Nelson, donde intentó escapar. Según confirmó el jefe del departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), Guillermo Díaz, fue localizado como “estrecho colaborador” luego de las primeras pericias al celular del tirador. Además, hubo un allanamiento en su domicilio.

Además, en la conferencia de prensa de este miércoles de la que formaron parte la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; se dio a conocer que ambos menores formaban parte de una “subcultura digital”, con participación a través de plataformas como Discord, en la que se veneran y analizan crímenes. 

Quedó en prisión preventiva, tras ser imputado, el acusado por abuso sexual y robo calificado, en un violento episodio ocurrido el 19 de diciembre en un comercio de barrio Parque.

La medida fue confirmada por el juez Aldo Bilbao Benítez, a pedido de la fiscal Manuela Dalcol, quien lleva adelante la investigación.

El hombre fue identificado como Ariel Alejandro Romero, quien permanecerá detenido por el plazo máximo previsto por la ley mientras avanza el proceso judicial.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la mañana del 19 de diciembre, cuando la víctima se encontraba sola trabajando en el local. Romero ingresó al comercio y, en un primer momento, simuló un asalto. Para intimidar a la mujer exhibió una cuchilla y luego tomó otra que se encontraba en el lugar.

El delincuente amenazó a la víctima y le sustrajo dinero en efectivo y su teléfono celular. Sin embargo, el ataque continuó. Según la acusación, el imputado obligó a la mujer a ingresar a un baño, donde le ató las manos y comenzó a abusar sexualmente de ella. Antes de retirarse, Romero trabó la puerta del baño con una estantería, dejando a la víctima encerrada e imposibilitada de salir.

A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia, se reconstruyó el recorrido del atacante antes y después del suceso. Con ese material, los investigadores lograron identificarlo y detenerlo.

Un nuevo sospechoso por el crimen del policía Andrés Farías durante una salidera en Fisherton fue imputado este viernes en Rosario.

Se trata de Kevin Leonardo A., identificado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como uno de los autores de la emboscada a la víctima fatal y un empleado de una distribuidora que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024 en Ambrosetti y Benegas. En la secuencia, los agresores hirieron de gravedad al efectivo que hacía adicionales tras disparar más de 10 veces y huyeron con 35 millones de pesos.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad. 

En esta ocasión, el reciente acusado quedó bajo prisión preventiva como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la función de la víctima en la Policía de Santa Fe, agravado por el uso de un arma de fuego. Por el mismo caso ya fueron imputados Sergio P., Axel F. y Dylan O.

Un hombre vinculado a la barra de Rosario Central fue imputado como organizador de la banda narco Los Menores y quedó con prisión preventiva en una causa penal que sigue su curso en los tribunales de la ciudad. 

Se trata de Luis Daniel Palavecino, conocido como “Gordo”, de 40 años, quien fue detenido hace diez días cerca de Ybarlucea y posteriormente fue formalmente imputado por los fiscales que investigan la estructura criminal de Los Menores, señalaron fuentes judiciales. 

Tras su detención, el juez que interviene en la causa dictó prisión preventiva por el plazo de la ley para Palavecino, quien quedó alojado en una unidad carcelaria mientras avanza la investigación formal en su contra. 

La imputación se da en el marco de una causa que busca desentrañar la presunta asociación ilícita de narcotráfico que se atribuye a Los Menores, una organización que fue señalada por fiscales y fuerzas de seguridad como responsable de delitos en distintos puntos de Rosario, incluidos actos violentos y distribución de estupefacientes. 

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de Palavecino y de otros imputados en los hechos que se investigan, en tanto el proceso avanza con la recolección de pruebas y testimonios que serán evaluados en la instrucción de la causa.

Este jueves la Justicia Federal imputó a Brian Bilbao, uno de los narcotraficantes más buscados de la provincia de Santa Fe, quien cayó el martes pasado cuando transportaba casi una tonelada de cocaína en su camioneta. Tras una audiencia en la que se formalizaron los cargos por contrabando de estupefacientes agravado, el juez Carlos Vera Barros dispuso su detención por al menos 180 días.

Bilbao fue apresado el martes pasado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, luego de una persecución que terminó con el secuestro de 956 kilos de cocaína que transportaba en una camioneta. Su arresto se produjo tras una serie de operativos coordinados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en el marco de una investigación que apunta a una organización que ingresaba droga al país mediante vuelos clandestinos desde Bolivia.

Según el Ministerio Público Fiscal, el grupo encabezado por Bilbao se dedicaba al ingreso, traslado, almacenamiento y distribución de grandes volúmenes de cocaína, y utilizaba aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en campos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la persecución, Bilbao intentó evadir un control sobre la ruta nacional 8, pero fue detenido tras chocar contra otro vehículo en un camino paralelo, en la zona de Pavón. En la caja de su camioneta se hallaron bolsones repletos de panes de cocaína, valuados en miles de millones de pesos.

Casi al mismo tiempo, en la localidad santafesina de Arequito, se halló una avioneta accidentada con otros 60 kilos de cocaína.

Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023 y ya había sido señalado como jefe de una estructura narco dedicada al contrabando y lavado de activos. En esa causa, su hermano Waldo Alexis Bilbao fue arrestado en septiembre en Rosario, tras permanecer prófugo por casi dos años.

Un joven de 19 años fue imputado este fin de semana como uno de los autores de una balacera en la zona sur de Rosario en la que una mujer fue asesinada y  otras dos personas resultaron heridas, entre ellas, un menor de edad. 

Se trata de Thiago Gabriel Sosi, a quien Fiscalía señaló como el presunto tirador que hirió a una mujer de 37 años y un adolescente de 16 el 29 de octubre por la noche en un pasillo de San Martín al 7000. En el mismo hecho, la policía encontró el cuerpo de Daniela Salva, víctima fatal de 34 años que fue encontrada con una herida de bala en la cabeza, dentro de una vivienda precaria.

En una audiencia realizada este domingo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el sospechoso detenido recibió la pena de prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, por decisión de la jueza María Trinidad Chiabrera.

De acuerdo a la versión del fiscal Luis Schiappa Pietra, un cómplice del joven de 19 años fue quien abrió fuego contra Salva y la asesinó. El sospechoso continúa prófugo.

El enfermero del Policlínico Pami II de Rosario detenido por presunta venta ilegal de fentanilo y medicamentos fue imputado este viernes y permanecerá en prisión preventiva por 150 días.

Se trata de Luis Emanuel Benavídez., empleado del establecimiento de salud desde 2014 que fue aprehendido por Gendarmería Nacional este martes mientras salía de su lugar de trabajo, en el marco de un operativo con cuatro allanamientos. Durante los procedimientos, fueron incautadas ampollas de fentanilo y de bromuro de vecuronio, entre otros fármacos.

La audiencia imputativa fue llevada a cabo esta mañana en los Tribunales Federales de la ciudad, donde los fiscales Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García le adjudicaron al hombre delitos que datan de 2023. En este marco, el juez Román Lanzón ordenó prisión preventiva por un plazo de 150 días.

La investigación está a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); la UFI-PAMI y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Fiscalía.

De acuerdo a la acusación, se le adjudica al enfermero la sustracción de sustancias de uso hospitalario de la farmacia interna del Pami Rosario para comercializarla por su cuenta, de forma clandestina. Además, una de las hipótesis lo relaciona con la muerte de un joven en agosto de 2023, a  quien presuntamente le vendió fentanilo.

Un hombre fue imputado el sábado como unos de los sospechosos de haber participado del homicidio de un joven ocurrido el 9 de junio a las afueras de un club de la zona oeste. 

Se trata de Diego Sebastián Reyes, quien fue acusado por el fiscal Adrián Spelta de haber conducido el auto en el que transportaron al gatillero encargado de asesinar a Pablo Elías Alderete en las calles Cochabamba y Lima. 

En consecuencia de ese violento ataque, la víctima murió de forma instantánea, mientras que tanto el sospechoso restante como el imputado se fugaron por Servando Bayo. 

En ese marco, la jueza María Trinidad Chiabrera le dispuso a Reyes la prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley. 

El juez federal Marcelo Bailaque deberá presentarse el próximo 17 de junio ante el Consejo de la Magistratura para que lo evalúen por su desempeño en el cargo luego de que fuera imputado en tres causas por hechos de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato. En caso de no asistir a la cita, tendrá que preparar un escrito con su defensa. 

La medida en contra el magistrado fue avalada por los consejeros Álvaro Maques y Álvaro González, quienes argumentaron: "incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial".

En ese sentido, si Bailaque no logra presentar evidencia que respalde su defensa, la Comisión de Acuerdos del Consejo podría proponer su suspensión o avanzar con un juicio político en su contra. Dichas resoluciones deben contar con el aval de dos tercios de los miembros designados para examinar al juez.

Anteriormente, en mayo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le dispuso 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que el Consejo de la Magistratura apruebe su desafuero.

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

La policía acusada de filtrarle información sensible a su novio en el marco de una balacera fue imputada este viernes y recibió 90 días de prisión preventiva.

Se trata de Luna María R., quien trabajaba para la Sección Monitoreo de la Central de Emergencias 911 de Rosario. La audiencia imputativa fue llevada a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, ante el juez Bilbao Benítez.

El fiscal Ramiro González Raggio le adjudicó a la joven haberle facilitado datos sobre la ubicación de las cámaras de vigilancia a su pareja, identificada como Kevin R., quien actualmente está preso en la Cárcel de Piñero, además de no denunciar su participación en el delito.

Según la acusación, la detenida le reveló información al joven vía WhatsApp en la previa a un ataque a tiros contra un colectivo de la línea 146 roja con pasajeros, ocurrido el 5 de septiembre del año pasado en Grandoli y Spiro. 

No hubo heridos a raíz del hecho y tanto un adolescente de 16 años, señalado como el autor de la balacera, como el propio Kevin R. fueron detenidos en Sánchez de Thompson al 100 bis. Además, Fiscalía mencionó que el recluso Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández es el presunto instigador del episodio.

Este miércoles la Justicia imputó a un hombre por el violento tiroteo ocurrido en el cantobar "El Club del Taquito" de Fisherton Norte.

Se trata de Brandon Rivas, quien se encuentra detenido por otros dos homicidios y fue imputado como uno de los autores del ataque que terminó con la vida de dos personas y dejó a otras tres heridas. El hecho ocurrió la madrugada del 12 de febrero de 2023, cuando al menos 37 disparos fueron efectuados contra el local de Juan B. Justo y Olmos.

Según la acusación presentada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Rivas habría llegado al lugar a bordo de un Ford Focus de vidrios polarizados junto a otros dos atacantes. Desde el vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba tanto en el interior como en el exterior del local.

La escena terminó con un intercambio de disparos: dos parroquianos que eran presuntamente el blanco del atentado tomaron el arma del policía herido y respondieron a balazos.

Entre las víctimas fatales se encontraba el suboficial Ricardo Héctor Medini, de 40 años, quién prestaba servicios como seguridad privada vestido de civil. Fue alcanzado por múltiples disparos, uno de los cuáles comprometió su corazón. La otra persona fallecida fue Sergio Adrián Jones, también de 40 años y sobrino del dueño del local, quién murió a causa de un shock abdominal provocado por las balas.

Además, otras tres personas resultaron heridas: Silvana Graciela C., inspectora retirada que también prestaba servicio en el lugar; Federico Matías G., de 28 años; y José Martín U., de 58 años, propietario del cantobar.

La causa tiene otros dos imputados, por participar en otro rol: fueron acusados de sustraer el arma del suboficial Medini durante el ataque para repeler la agresión.

Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación vincula la balacera a una disputa relacionada con el narcotráfico, centrada en el grupo que frecuentaba el local esa noche.

El joven que fue detenido la semana pasada por atar y abusar de su pareja fue imputado tras ser acusado de haberla sometido porque la mujer le prestó dinero para comprar droga. 

El acusado tiene 24 años, fue identificado como Sergio Ezequiel L., y la fiscal Noelia Riccardi le achacó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas que fueron cometidos entre los días 29 de marzo y primero de abril en un domicilio de Cisneros al 4100. 

El hecho comenzó a gestarse el 29 de marzo, según la fiscal, cuando el imputado ingresó a la vivienda de la víctima a la fuerza por una de las aberturas y la amenazó de muerte. 

Tras ese primer episodio, el hombre continuó su ofensiva en contra de la mujer que se negó a prestarle dinero para adquirir sustancias durante los siguientes días, hasta que el primero de abril se metió nuevamente por la fuerza en el domicilio y la sometió con un machete. 

El juez Gustavo Pérez dio lugar a las acusaciones de la Fiscalía y le dispuso al hombre la prisión preventiva hasta el 2 de diciembre. 

Dictaron la prisión preventiva para el conductor de la embarcación que embistió a otra durante en el río Paraná y provocó la muerte de Adrián Javier Taborda, además de herir a otras ocho personas. 

El hombre, identificado como P.A.B, de 34 años, fue imputado por el fiscal Arturo Haidar bajo el cargo de "homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor" y "lesiones leves culposas". 

El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre por la noche en el río Paraná, durante una fiesta que se llevaba a cabo en la zona de la isla La Paciencia, ubicada frente a la ciudad de Santa Fe. 

El imputado, que conducía una embarcación de su propiedad a alta velocidad y sin luces, embistió a otra lancha y provocó la muerte de Adrián Taborda, quién sufrió múltiples fracturas de cráneo, politraumatismos y aplastamiento de tórax.

Durante una audiencia llevada a cabo este lunes en la capital provincial, la jueza de Investigación Penal Preparatoria Celeste Minniti, accedió al pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva para P.A.B. 

"La jueza contempló que el riesgo de entorpecimiento probatorio estaba latente: si recuperaba su libertad, podía obstaculizar la investigación”, indicó Haidar. 

En este sentido, el funcionario agregó que aunque era público que había un herido, el imputado “se retiró a su domicilio, y antes limpió la parte de la proa”, que era la parte con la que colisionó al momento del accidente, y recién se presentó ante las autoridades en la mañana del domingo 8 de diciembre. Por ese motivo, no se logró determinar mediante la prueba científica si en el momento del hecho se encontraba alcoholizado, aunque la mayor parte de las personas que viajaban en su embarcación reconocieron que habían bebido alcohol. 

El delito por el que P.A.B fue imputado prevé una pena mínima de 2 años de prisión y una máxima de 5 años. 

El juez Florentino Malaponte le dictó este jueves la prisión preventiva a tres nuevos imputados por el crimen del policía Andrés Farías, asesinado el pasado 27 de septiembre en Fisherton por delincuentes que robaron 35 millones de pesos durante un traslado de dinero que hacía el Emporio de las Golosinas hacia una sede bancaria.

Los tres imputados fueron identificados como Axel Fernández, Dylan Ollacarizqueta y Sheila López, que se sumaron a Kevin Agüero, Alexis Sebilan y Nicolás Ramírez. 

La fiscalía acusó tanto a Ollacarizqueta como a Fernández de ser coautores del homicidio. Por su parte, López es sindicada como la que recibió el Focus usado para llevar a cabo el robo, además de ser la dueña del Peugeot 207 empleado para fugarse del lugar. 

En base a lo expuesto en la audiencia, el golpe comando comenzó a tomar forma el 23 de septiembre, cuando Agüero y Ramírez robaron un Focus en zona oeste para luego ser entregado a los tres nuevos imputados en Servando Bayo al 2400 por medio millón de pesos. 

En ese marco, Fernández y Ollacarizqueta, junto a sospechosos que todavía no están apresados, usaron el auto para cortarle el paso a la Kangoo en la que iba el policía junto a un empleado de la empresa. 

En ese momento, bajaron al menos tres ocupantes que robaron el dinero y el arma reglamentaria del agente, al cual balearon. 

Una vez cometido el robo, los delincuentes abandonaron el Focus en González Sabathié y González del Solar, y escaparon en un Peugeot bordó y una camioneta blanca. 

El juez Sergio Carraro le dictó la prisión preventiva este jueves en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe a Alexis Guarda, un hombre acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que realizó más de 60 estafas en la capital provincial través de la compra y venta de autos. 

El imputado se había estregado este martes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de dicha ciudad y todavía resta que lo lleven a audiencia por las estafas que cometió en Rosario a través de consesionarias. 

El caso fue expuesto por las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo, que argumentaron que la asociación comandada por Guarda funcionó entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, y que la misma la constituían 10 miembros. 

En ese marco, la fiscalía explicó que el objetivo de la banda embaucadora era la de incitar a sus víctimas a entregar un auto o dinero en efectivo, para su posterior venta o compra según lo ameritara el caso. 

Dichas maniobras, se realizaban a través de una estructura piramidal en la que intervenían hasta 5 agencias de autos que no tenían autorización municipal para funcionar; redes sociales; vendedores; publicidad; y servicio de gestoría. 

En base a las fiscales, todos esos recursos no eran más que una fachada que generaba confianza en los clientes, para que entregaran vehículos, documentación y dinero que luego era robada o usada para otros fines no avalados por los dueños. 

En ese contexto, de la causa originada en Santa Fe se desprendió que la banda de Guarda fue responsable de hasta más de 60 embaucaciones. 

En consecuencia, una de las fiscales pasó a detallas como se hacían las estafas: “A veces se contactaban a través de las redes sociales con propietarios de vehículos a los que les ofrecían actuar de intermediarios en una venta”. 

De esa forma, las víctimas le entregaban el auto a los estafadores para que ellos lo vendieran, cuando en realidad lo transferían a un tercero sin firmar ningún formulario o documentación de por medio. 

En otros casos, las víctimas no buscaban vender sino comprar, por lo que le transferían dinero a la agencia para adquirir un vehículo usado que luego no era entregado. 

En función de todas esas pruebas, Alexis Guarda fue imputado por el delito de Asociación Ilícita en calidad de jefe, y por coautoría de estafas reiteradas por abuso de confianza. 

Un hombre de 25 años, identificado como Jonatan G., fue imputado por el asesinato de Roberto Antonio “Narigón” Cabrera, antiguo líder de la banda criminal Los Cuatreros, que operaba en el barrio Cabín 9. El arresto del acusado ocurrió la semana pasada cuando intentaba sustraer objetos de una camioneta, cerca del Cementerio La Piedad.

El fiscal Alejandro Ferlazzo formuló cargos contra Jonatan G. por el asesinato de Cabrera y por el intento de homicidio del cuñado de la víctima. 

Según el relato del fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de agosto cuando Cabrera y su cuñado se dirigieron a una casilla en el barrio Cabín 9 para reclamar una moto robada. Allí, se produjo un altercado con Jonatan G. y su hermano, quienes respondieron con violencia.

Durante la pelea, Cabrera recibió una puñalada fatal en el tórax, mientras que el cuñado sufrió heridas en el brazo izquierdo. 

Después del ataque, el agresor se dio a la fuga y fue detenido unos días después, el 4 de septiembre, cuando intentaba robar una camioneta en la zona oeste de Rosario. 

Jonatan G. fue arrestado mientras trataba de abrir el capó del vehículo. Cuando fue capturado, intentó identificarse con un nombre y un DNI falso. Posteriormente, el fiscal Ferlazzo lo acusó formalmente de homicidio, intento de homicidio y robo en grado de tentativa. 

Tras la audiencia, el juez Nicolás Foppiani dictó prisión preventiva por 90 días mientras se resuelve su caso. En su defensa, el acusado alegó que actuó en legítima defensa frente a los supuestos golpes que recibió. 

La jueza Silvana Lamas Gonzáles imputó a un joven futbolista de Central Córdoba, llamado Agustín Gabriel E., este viernes en el Centro de Justicia Penal, por haber sido parte de dos balaceras ocurridas entre los meses de mayo y junio. 

Se le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley. Asimismo, se investigarán homicidios en los que el deportista fue mencionado. 

Los dos hechos que se le achacan son el ataque a tiros contra una estación de servicio de zona sur, ocurrido el 9 de mayo; y una balacera perpetrada el 16 de junio contra el domicilio de un muchacho de 17 años, con el que se peleó en un boliche de Arroyo Seco. 

En base a las primeras informaciones, el fiscal Franco Carbone lo acusó de ser uno de los ocupantes de la moto Honda Wave blanca desde la que se efectuaron tres detonaciones contra la la estación ubicada en Uriburu y Flammarión. 

Cabe destacar, que en ese lugar, se encontró una nota intimidatoria dirigida a Dylan Baldón, sindicado como miembro de una supuesta organización liderada por Uriel Luciano Cantero-hijo del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero-, por lo que se especula que el ataque a tiros se originó debido a una interna de la banda. 

En tanto, el futbolista fue también acusado de haber perpetrado una balacera contra el domicilio de un joven con el que se peleó en un boliche de Arroyo Seco. 

Según trascendió, ese episodio en particular ocurrió el 16 de junio, cuando Agustín E., que iba en auto junto a otro individuo, acudió a la casa del afectado, y al ver que no estaba, disparó contra el frente del inmueble. 

El sospechoso había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo este martes. 

En la noche de este martes se llevó a cabo la audiencia vía Zoom desde Rafaela en la los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema imputaron al empresario Leonardo Andrés Peiti como jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. También fueron imputados su hermano Roberto Esteban Peiti y otras cinco personas. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Javier Bottero.

A Leonardo Peiti se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Las tres calificaciones penales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En relación a la misma asociación ilícita, a Julio César de Itatí Perona,  y a Facundo Perona se les atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones penales fueron atribuidas en carácter de coautores y en concurso real entre sí.

Por la otra asociación ilícita investigada, fueron imputados el mismo empresario que fuera detenido el pasado 25 de marzo, los tres hombres investigados que no integraban la primera asociación (Roberto Esteban Peiti, Andrés José María Sánchez y Edgardo Ángel Santucci Santillán) y María Beatríz Spahn. A Peiti se le endilgaron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación contra la administración pública. Las tres calificaciones penales fueron en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

A Roberto Esteban Peiti, por su parte, se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de la administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En cuanto a Andrés José María Sánchez, fue imputado por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

Por su parte, a Edgardo Ángel Santucci Santillán se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones legales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

María Beatríz Spahn fue imputada por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

De acuerdo a lo programado, las audiencias de medidas cautelares serán dos. Una de ellas se llevará a cabo este miércoles desde las 8, y la otra el jueves, también a partir de la misma hora.