La Justicia resolvió ratificar la suspensión del decreto 340/2025 que había sido promovido por el Gobierno de la Nación el 20 de mayo pasado y que modificaba el derecho a huelga en múltiples actividades al calificarlas como servicios esenciales. 

La resolución fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuando, según lo constatado por Infobae, los magistrados de la Sala IV, Héctor Guisado y Silvia pinto Varela, rechazaron la apelación que había hecho el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal dejara sin efecto los artículos 2 y 3 del decreto.

En esa instancia, la jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que argumentaron que el decreto iba en contra de la libertad sindical y violaba el derecho a huelga.

En ese marco, los magistrados de la Cámara del Trabajo dieron lugar nuevamente a la medida impulsada desde la central obrera y argumentaron: "Están en juego derechos derivados de la libertad sindical, garantizados intensamente por la Constitución Nacional“.

La medida impulsada por la administración libertaria ampliaba el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", por lo que al ser calificadas como tal, debían garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

Entre esos servicios, estaban los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

El decreto 340/2025 que modificaba el régimen de huelga que publicó el Gobierno de la Nación que fue anunciado el 21 de mayo pasado fue suspendido por la Justicia. 

La medida fue resuelta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal al dejar sin efecto los artículos 2 y 3 que ampliaban el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

Entre esos servicios, estaban los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

En ese marco, la jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que argumentaron que el decreto iba en contra de la libertad sindical y violaba el derecho a huelga.

La magistrada argumentó que el dictado del decreto fue realizado haciendo uso de las “facultades conferidas por la Constitución Nacional", pero que por el ordenamiento constitucional “el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa por lo que el uso de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se debe hacer ”bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

Dado el caso, resaltó que “el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes” y que para emplear las facultades de excepción necesita que exista un estado de urgencia y necesidad. 

En ese sentido, decidió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad” hasta que se dicte una resolución definitiva.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo en la Justicia para tratar de frenar el decreto impulsado por el Gobierno que limita el derecho a huelga.

Se trata del decreto 340/2025 mediante el cual la administración de Javier Milei amplia el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza.

Los abogados que encabezan la representación de la Central Obrera calificaron el decreto presidencial como inconstitucional y que configura un ataque al derecho a la huelga. 

Asimismo, el secretario general adjunto de ese sindicato, Andrés Rodríguez, había precisado días atrás: "es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”.

“El derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, sostuvo. 

El gobierno de Javier Milei hizo oficial este miércoles el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 que modifica el régimen de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto publicado en el Boletín Oficial.

En esa misma línea, la normativa establece que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio”. Mientras que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Entre los nuevos servicios esenciales se incluyen los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

También figuran los servicios aduaneros, migratorios, vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y la educación en todos los niveles; el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga; y las operaciones costa afuera.

El DNU fue firmado por Milei y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado, y se inscribe dentro del plan de desregulación impulsado por el Ejecutivo, en el ámbito de la marina mercante.

Desde los sindicatos, la primera reacción fue de la CTA Autónoma. Su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, expresó en redes sociales que el gobierno “intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”.

“Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”, advirtió el dirigente.

El secretario gremial de ATE Rosario, Juan Pablo Pozzi, criticó la gestión del gobernador Perotti, a la dirigencia provincial de su gremio y también a UPCN por la postura tomada ante la reprogramación del cronograma de pagos de los estatales santafesinos. En ese sentido dudó sobre la posibilidad que este planteo del Ejecutivo de pagar los sueldos hasta mediado del mes de enero, sea una medida excepcional como aluden los otros gremios.

“Nosotros creemos que es la primer medida de ajuste porque también obliga a los trabajadores a tomarse vacaciones durante enero y sin plata”, señaló el sindicalista

Pozzi reiteró que el gobernador Perotti y su equipo están tomando medidas de ajuste y por otra parte hizo referencia a la fallida votación en la legislatura de las leyes de emergencia. “Lo que quiere es gobernar sin la Cámara y nosotros creemos que esta postura es de gobernar a su antojo y cuando pasa esto vienen los ajustes y eso ya ha pasado a lo largo de la historia”.

Los trabajadores nucleados en Amsafé, Siprus y ATE llevarán a cabo hoy movilizaciones en Rosario y la capital provincial para expresar su rechazo al pago extendido de los salarios. En la ciudad, docentes, profesionales de la salud y empleados estatales se concentrarán, a partir de las 10, en la plaza San Martín, frente a sede local de gobernación.

Docentes se movilizarán contra el cronograma de pagos de salarios