Intendentes de distintas localidades del país elevaron un reclamo al Gobierno nacional por lo que consideran una distribución desigual de los recursos destinados al transporte público. Bajo el título “Un país desigual es un país injusto”, cuestionaron que las compensaciones tarifarias se concentren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y exigieron que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos lleguen también a las provincias.

Según detallaron en el documento, durante este año la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA para sostener el sistema de transporte, mientras que el interior no recibió aportes por ese concepto, si se dejan de lado los recursos correspondientes a la tarjeta SUBE. Entre los firmantes del reclamo se encuentra el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien participó de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados y sostuvo que un ciudadano del área metropolitana porteña no puede valer cuatro veces más que uno del interior.

Los jefes municipales aclararon que no se oponen a que los usuarios del AMBA reciban asistencia, sino a que el beneficio se limite a una sola jurisdicción cuando el impuesto que lo financia es abonado en todo el país. Por eso, reclamaron que se respete el destino legal de esos recursos, tanto para subsidiar el transporte público como para reparar y mantener las rutas nacionales. Como alternativa, propusieron eliminar el tributo para el interior, lo que permitiría reducir costos del boleto y de la logística.

El comunicado también apuntó contra los cambios en el programa nacional Remediar. Los intendentes denunciaron que la cantidad de medicamentos contemplados pasó de casi 128 a solamente seis y advirtieron sobre el impacto de esa reducción en las familias que dependen del sistema público de salud. Además, señalaron que provincias y municipios deben absorber parte de esa demanda pese a las restricciones presupuestarias. Finalmente, anticiparon que llevarán sus planteos al Congreso y reclamaron que los legisladores nacionales defiendan los recursos que corresponden a sus distritos: “Los municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos”, concluyeron.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló este martes acerca de una posible alianza con La Libertad Avanza de cara al 2027, año electoral nacional y provincial, y le dejó las “puertas abiertas” al oficialismo para ir en contra del kirchnerismo. No obstante, aclaró: “Se verá el año que viene”.

El mandatario viajó a Buenos Aires para formar parte de la de la 32° Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), y brindó declaraciones en el Golden Center. En el mismo evento estuvieron representantes del Gobierno nacional como el ministro de Economía, Luis Caputo; y gobernadores de distintas jurisdicciones.

Al ser consultado acerca de un posible acuerdo o entendimiento con el bloque libertario rumbo a las urnas, analizó: “Nosotros tenemos un frente muy amplio en la provincia que tiene que ver con el trabajo que se ha llevado adelante en políticas de seguridad, producción, desarrollo de obra pública. Nuestro frente no es ideológico, es uno que resuelve los problemas que tiene la gente".

En la misma línea, Pullaro recalcó que “todos los que estén de acuerdo en acompañar el modelo que Santa Fe le propone a los santafesinos, desde luego que tienen las puertas abiertas”, aunque fue cauto y puntualizó que ”se verá el año que viene”. 

Luego, remarcó su postura en contra de las propuestas que pueda a llegar a presentar la oposición nacional y provincial y exclamó: “Creemos que lo que no se puede a que el kirchnerismo vuelva a ganar en Argentina o en Santa Fe”.

Por último, el gobernador sentenció: “Hace tres años gobernaba el kirchnerismo en la provincia y tuvimos récords de violencia y homicidios, a eso es a lo que no queremos volver”.

Según se estableció en el cronograma electoral santafesino, la fecha límite para inscribir alianzas será el 7 de febrero y, para el cierre de listas, el 12 del mismo mes. Luego, comenzará la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 18 de abril, en la antesala de las generales del 13 de junio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino llegaron a un acuerdo técnico para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. El entendimiento representa un paso clave para acceder a unos US$900 millones, pero la transferencia de los fondos dependerá de la aprobación final del Directorio Ejecutivo del organismo.

En su comunicado, el Fondo valoró el desempeño del programa económico y sostuvo que las políticas fiscales y monetarias contribuyeron a sostener la desinflación y mejorar la posición externa del país. También señaló que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026 y destacó que la acumulación de reservas supera los compromisos establecidos en el acuerdo.

En materia fiscal, el organismo remarcó que el Gobierno mantiene como objetivo un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Para el año próximo, se proyecta un esfuerzo similar, en línea con el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. Según el FMI, la disciplina del gasto y las reformas tributarias y fiscales serán centrales para sostener el orden de las cuentas públicas, con protección del gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.

El acuerdo técnico todavía debe ser tratado por el Directorio Ejecutivo, cuya revisión está prevista para principios de diciembre. Una vez aprobado, se habilitaría el desembolso de aproximadamente US$900 millones, equivalentes a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó el avance del programa de estabilización y afirmó que busca sentar bases para un crecimiento sostenido sin desequilibrios.

El Gobierno nacional definió este jueves nuevos lineamientos para auditar las cuentas y la gestión de las universidades nacionales durante 2027. Lo hizo en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, que contará con una convocatoria en Rosario.

La medida fue confirmada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a través de la Resolución 311/2026 publicada esta mañana en el Boletín Oficial. La norma aprueba pautas complementarias para elaborar, ejecutar y supervisar los planes anuales de trabajo de las auditorías internas en las instituciones de la educación pública.

En primer lugar, el Ejecutivo nacional estableció que las unidades de auditoría interna deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac). Los mismos deberán contar con un detalle de los objetivos, el alcance, los recursos, los cronogramas y los resultados previstos para cada proyecto

Entre las prioridades mencionadas en el texto oficial aparecen el presupuesto y las finanzas, las compras y contrataciones, las transferencias y los convenios, el patrimonio, la infraestructura, el personal y la liquidación de haberes, y las tecnologías de la información y la ciberseguridad.

Los encargados de llevar adelante las auditorías internas deberán dar cuenta de los fondos de la universidad, los programas, transferencias y convenios sujetos a rendición. A su vez, tendrán que exponer los importes recibidos, aplicados, rendidos, aprobados, observados y pendientes, al igual que un relevamiento de vencimientos, saldos sin aplicar, inconsistencias y documentación. En este contexto, deberán hacer informes con datos verificados y aquellos pendientes de conciliación, y formular recomendaciones para atender los problemas detectados.

La gestión encabezada por el presidente Javier Milei aclaró que la responsabilidad por la implementación y mantenimiento de los controles internos de cada facultad seguirá a cargo de las autoridades y gestores cada establecimiento

La Justicia federal resolvió este miércoles imponerle una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden vinculada con la ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En su resolución, el magistrado consideró que se había verificado el incumplimiento de la orden judicial y decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre. La sanción económica se aplicará por cada día de demora y, según advirtió, el monto podría modificarse, al igual que los funcionarios alcanzados por la medida.

El conflicto está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La disputa judicial se desarrolla en torno al cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Por otro lado, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional aplicar la ley. La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

En la denuncia, Solano pidió que la investigación también alcance a otros funcionarios que pudieran haber intervenido en el incumplimiento de la resolución. Como posibles delitos, mencionó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. El dirigente sostuvo que la situación reviste gravedad institucional y señaló que la orden judicial fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado en el expediente

Estudiantes de las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y también de Humanidades y Artes de la UNR acordaron la toma de los establecimientos educativos este martes en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se extenderá por 24 horas.

Se trata de medidas de manifestación previas a la quinta Marcha Federal por la Educación, la Soberanía y la Democracia que se desarrollará este jueves en distintos puntos del país para exigirle al Gobierno nacional respuestas sobre la normativa sin implementar. En Rosario, habrá una concentración en plaza San Martín a las 15:30 con movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera para un acto central a las 17:00.

Tras una jornada de asambleas, en Ciencia Política y Relaciones Internacionales acordaron la toma sin cese de actividades, por lo que las clases no se suspenderán durante este jueves y los exámenes programados se desarrollarán con normalidad. A su vez, confirmaron que realizarán charlas, grupos de estudio y clases públicas. En cuanto a Humanidades y Artes, la toma será sin clases y habrá un corte de calle en Entre Ríos y Santa Fe. 

Por otro lado, este martes por la noche en Riobamba y Berutti, en La Siberia, alumnos de diversas instituciones públicas nucleados en la Federación Universitaria de Rosario (FUR)realizaron una intervención en la calzada dirigida al mandatario Javier Milei. “Presidente, cumpla la ley. Universidad pública siempre”, subrayaron tras una convocatoria con velas.

La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el juez federal Martín Cormick aceptara la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la resolución que ordenó cumplir con la normativa. Sin embargo, el magistrado aclaró que la medida cautelar continúa vigente, por lo que el Ejecutivo deberá mantener las acciones exigidas hasta que se resuelva la revisión del caso.

Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, elevó la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos oficiales y decidir si ratifica o revoca el fallo de primera instancia. En paralelo, el juez dispuso que siga adelante el trámite para ejecutar el cumplimiento de la cautelar.

La resolución judicial exige al Gobierno nacional otorgar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y trabajadores no docentes y actualizar las becas estudiantiles. La ley fue promulgada en octubre de 2025, pero su aplicación continúa en el centro del conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad universitaria.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, además de comprometer el equilibrio fiscal. Entre sus argumentos, el Gobierno planteó que la implementación de la norma tendría un impacto presupuestario considerable y señaló que no se identificó una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos.

En ese sentido, el Ejecutivo advirtió que cubrir las obligaciones mediante reasignaciones presupuestarias podría comprometer una parte sustancial de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. También reclamó que las normas sobre financiamiento universitario se interpreten en conjunto con la legislación que regula la administración y ejecución del gasto público. La definición de la Cámara será clave para determinar cómo continúa el litigio, aunque, por ahora, la cautelar sigue obligando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto por la Justicia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a la calle este jueves con una movilización en el centro de Buenos Aires para reclamar medidas en defensa de la industria nacional. Frente a la Secretaría de Industria de la Nación, los principales referentes sindicales cuestionaron el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtieron que el plan de lucha continuará si no hay modificaciones en las políticas oficiales.

Durante el acto, el cosecretario general Cristian Jerónimo lanzó una advertencia directa al Ejecutivo: “O cambian su estrategia de modelo de país económico, que lo único que hace es expulsar a los argentinos a la pobreza y agudiza su situación, o la lucha se va a seguir profundizando”. También reclamó que los dirigentes políticos de la oposición asuman un papel más activo frente a los problemas sociales y laborales.

Por su parte, Jorge Sola sostuvo que el modelo económico favorece a los sectores de mayores ingresos en detrimento de los trabajadores. El dirigente cuestionó las decisiones del Gobierno sobre la actividad industrial y afirmó que existe una brecha cada vez mayor entre los sectores más ricos y una población que enfrenta dificultades para sostener su nivel de vida. Octavio Argüello, el tercer integrante de la conducción cegetista, también endureció el tono y advirtió que “ya no alcanza con las palabras”.

La central obrera difundió además un documento en el que alertó sobre el impacto de las políticas económicas en las pequeñas y medianas empresas, el empleo y el consumo interno. Entre los principales cuestionamientos mencionó el aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos, la falta de financiamiento para la producción, la presión impositiva y los elevados costos de los servicios públicos. La consigna de la jornada fue “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

La movilización forma parte de un plan de acción sindical que tendrá nuevas instancias en las próximas semanas. La CGT confirmó que acompañará la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, aunque por el momento no anunció un nuevo paro general. En paralelo, las dos CTA avanzan con un cronograma propio de protestas que prevé una huelga hacia fines de mes.

Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles por la tarde al Palacio Sarmiento, conocido como Palacio Pizzurno, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los manifestantes se instalaron en el hall del edificio, ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación.

La protesta comenzó con una sentada frente al edificio y luego los estudiantes ingresaron al establecimiento en busca de respuestas. Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sostuvo que la ley fue aprobada hace más de un año y reclamó que el Gobierno avance con su cumplimiento.

“No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, afirmó la estudiante, quien además convocó a la comunidad a acompañar el reclamo. También señaló que la protesta busca defender el derecho a estudiar y a acceder a una carrera universitaria.

La movilización se produjo a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre con una movilización hacia el Congreso. La convocatoria reunirá a estudiantes, docentes y no docentes y sumará otros reclamos, entre ellos la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, su presidenta, Valentina Bär Larralde, cuestionó la falta de respuestas oficiales y sostuvo: “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde”. La dirigente aseguró que la comunidad universitaria ya realizó marchas, clases públicas, cortes y presentó petitorios, y consideró que “se nos acabó la paciencia”.

Varias de las principales rutas nacionales que atraviesan Santa Fe comenzarán a ser gestionadas por empresas privadas desde este miércoles 7 de octubre, luego de que el Gobierno nacional avanzara con la toma de posesión de ocho corredores incluidos en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales S.A. y comprende más de 3.900 kilómetros de caminos en ocho sectores.

Entre los corredores que involucran a la provincia se encuentra el Tramo Centro, que contempla 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. También se concesionarán otros 536 kilómetros de la ruta 34 en el denominado Tramo Centro Norte, que conecta Santa Fe con Santiago del Estero. A esto se suman los 497 kilómetros de la ruta nacional 11 correspondientes al corredor Chaco-Santa Fe.

En total, la nueva etapa alcanza rutas de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de corredores considerados estratégicos para el transporte de cargas y la producción, además de conectar ciudades, puertos y pasos fronterizos.

Las empresas concesionarias tendrán a su cargo la operación y administración de los corredores, además de tareas de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas. El esquema también contempla la ejecución de obras, la prestación de servicios a los usuarios y el cobro de peajes, mientras que los ocho contratos tendrán una duración de 20 años.

Con esta adjudicación, el Gobierno nacional afirmó que ya quedaron concesionados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 16 tramos. La Etapa III incluye además corredores en el noroeste, el litoral, la Mesopotamia y Cuyo, y forma parte del proceso iniciado en 2025 para avanzar con la privatización de Corredores Viales.

El Reino Unido rechazó este miércoles el procedimiento de arbitraje iniciado por la Argentina ante la disputa por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y ratificó su respaldo al proyecto petrolero Sea Lion, que tiene prevista su primera producción para el primer trimestre de 2028.

La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, luego de que el Gobierno argentino notificara a Londres el inicio del procedimiento contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La funcionaria calificó la medida como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.

Kumaran sostuvo además que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y defendió su derecho a administrar y desarrollar los recursos naturales del archipiélago. Según la posición británica, las actividades hidrocarburíferas se realizan bajo la legislación de las islas y en cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar.

La tensión se da mientras las empresas involucradas mantienen sus planes para avanzar con Sea Lion. Rockhopper, que posee el 35% del proyecto junto con la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% restante, ratificó que apunta a comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y sostuvo que las medidas argentinas no modificarían de manera significativa el cronograma previsto.

El Gobierno nacional instruyó este lunes a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El reclamo apunta principalmente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y a nuevas concesiones de exploración en áreas que la Argentina considera parte de su plataforma continental.

La decisión contempla un emplazamiento al Reino Unido para que suspenda las actividades vinculadas con el proyecto dentro de un plazo de dos semanas. Javier Milei sostuvo que, si no se cumple con ese pedido, la Argentina solicitará medidas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Ejecutivo fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a las partes a negociar. En particular, la Resolución 31/49 insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones mientras permanece pendiente el proceso de negociación.

Además del reclamo por la actividad hidrocarburífera, el Gobierno informó que inició acciones administrativas y denuncias penales por presuntas operaciones aéreas no autorizadas vinculadas a la empresa Thales UK Limited. La presentación se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre para cuestionar actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos vinculados a las islas.

El Gobierno resolvió reincorporar a los 12 empleados de la Quinta de Olivos que habían sido despedidos el último jueves, luego de un reclamo realizado por delegados de ATE ante funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia. Según informó el gremio, los trabajadores serán reubicados en Casa Rosada y en las oficinas de Presidencia de 25 de Mayo al 600.

La decisión se produjo en el marco de la reestructuración de la Residencia Presidencial, que contempla el traspaso de la operatividad del complejo a Casa Militar. El organismo tendrá a su cargo las funciones de seguridad, administración y control, mientras se prevé reducir la estructura y la cantidad de personal que permanece en Olivos.

Sin embargo, la transición todavía no se completó y alrededor de 40 empleados civiles, principalmente camareros y trabajadores de jardinería, continúan concurriendo a la Quinta de Olivos. Desde el Gobierno señalaron que el traspaso integral de responsabilidades y bienes a Casa Militar se realizará en un plazo máximo de 60 días y que, mientras tanto, personal militar comenzó a cumplir horas extras para cubrir las tareas.

La reorganización también quedó atravesada por la salida de Belén Agudiez y por una denuncia judicial presentada por la diputada Marcela Pagano contra funcionarios y exresponsables de la residencia. La legisladora pidió investigar presuntas irregularidades en la compra de mercadería para la Quinta de Olivos y sostuvo que habría existido un esquema de negocios privados vinculado a un emprendimiento gastronómico de familiares de un exintendente del complejo.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la modificación del régimen de Zona Fría y dejó sin efecto el beneficio general que alcanzaba a Rosario y otras localidades del país incorporadas al esquema en 2021. La iniciativa fue sancionada por 38 votos a favor y ocho en contra y establece un nuevo esquema de acceso al descuento en las facturas de gas.

Con la reforma, el beneficio vuelve a concentrarse en las regiones históricamente incluidas en el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En Santa Fe, la medida impacta sobre Rosario y los departamentos General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano, con más de 550 mil hogares alcanzados por la quita según los datos consignados en el proyecto.

En el caso de Rosario, el impacto alcanza a 388.919 hogares. Si se consideran los siete departamentos del sur provincial incluidos en el esquema, el universo supera los 550 mil usuarios, equivalente a aproximadamente 1,76 millones de personas, mientras que desde sectores de la oposición cuestionaron el impacto que tendrá la modificación sobre las facturas de gas.

El nuevo esquema mantiene el beneficio para determinados hogares vulnerables, entre ellos aquellos cuyos ingresos se encuentren por debajo del límite establecido por la normativa, usuarios vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia. Para el resto de los usuarios que pierdan el descuento automático, el acceso a una tarifa diferencial quedará sujeto a los nuevos criterios de focalización.

El Gobierno nacional dispuso que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. Durante esa jornada, el Pontífice encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue comunicada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras una reunión de coordinación celebrada este martes en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional. El encuentro contó con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La visita de León XIV, programada entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ante la magnitud del evento, el Gobierno nacional y las jurisdicciones involucradas comenzaron a coordinar operativos de seguridad y logística a través de comandos unificados.

Además del feriado nacional del lunes 9, las autoridades analizan la implementación de jornadas de asueto a nivel local y provincial para los días siguientes. En este sentido, el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, confirmó que el martes 10 de noviembre será feriado provincial en dicho territorio.

En el marco de la organización, Karina Milei anunció que los 24 gobernadores, así como diputados y senadores nacionales, serán invitados a un evento institucional que se llevará a cabo el domingo por la tarde en el Palacio Libertad. Asimismo, se informó que los voluntarios registrados para asistir a los peregrinos contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante la estadía del Pontífice.

La agenda oficial del Papa contempla un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Tras la misa en Buenos Aires, el martes 10 el Pontífice viajará a Córdoba y el miércoles 11 concluirá su paso por el país con una celebración en la Basílica Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú.

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad, una salida que se produjo mientras el Gobierno define las partidas destinadas al área para el próximo año. La dimisión fue comunicada mediante una carta en la que el funcionario alegó razones personales. La cartera de Salud ya evalúa posibles reemplazantes.

La renuncia ocurrió luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso expusiera nuevas previsiones de ajuste para el sector. De acuerdo con la fuente, esas medidas generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y también malestar dentro del oficialismo, donde hubo dirigentes que señalaron que no habían sido informados previamente sobre las decisiones presupuestarias.

En ese contexto, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones para discapacidad durante el próximo ejercicio. Al mismo tiempo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una nueva legislación destinada a reemplazar la emergencia en discapacidad que rige actualmente.

Vilches había asumido al frente del organismo después de la salida de Diego Spagnuolo y cuenta con una trayectoria vinculada a la gestión sanitaria, auditoría y control de prestaciones. Es médico egresado de la Universidad del Salvador y ocupaba además la Secretaría de Gestión Sanitaria. Durante los últimos meses había adquirido exposición pública por su participación en la organización de la nueva evaluación para más de 200 aspirantes a residencias médicas.

El Gobierno nacional puso en funcionamiento un nuevo régimen para mujeres privadas de su libertad consideradas de alto riesgo en cárceles federales. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional y establece criterios diferenciados para las internas que puedan mantener vínculos o funciones dentro de organizaciones criminales desde la prisión.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal será la encargada de implementar el sistema, además de seleccionar y capacitar al personal y asignar los recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios. La resolución establece un plazo de 60 días para elaborar los protocolos y manuales que definirán los procedimientos de seguridad, tratamiento y seguimiento.

El nuevo esquema se basa en un sistema de alto riesgo que funciona desde 2024 para otros detenidos vinculados con organizaciones criminales nacionales o transnacionales. Según la resolución, 78 personas ya fueron incorporadas a ese régimen. Los fundamentos señalan que las mujeres también pueden cumplir funciones como la coordinación, transmisión de mensajes, administración de recursos o continuidad de actividades criminales desde las cárceles.

Entre las modificaciones previstas se encuentran nuevas condiciones de alojamiento, infraestructura y tratamiento, además de medidas relacionadas con la atención de la salud y el mantenimiento de los vínculos familiares.

El personal penitenciario recibirá capacitación específica, que incluirá perspectiva de género, mientras que el funcionamiento del sistema será evaluado cada seis meses mediante informes técnicos del Servicio Penitenciario Federal.

El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia penal contra cinco empresas que realizan actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según informó la Oficina del Presidente, tres de las compañías contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte. El Ejecutivo sostuvo que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659 y extendió la denuncia a los accionistas y a los directores, gerentes, administradores, representantes y demás responsables que pudieran haber intervenido.

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Desde el Gobierno señalaron que la presentación busca "proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes". Además, anticiparon que continuarán con las investigaciones y las acciones que consideren necesarias frente a actividades que, según su postura, vulneren los derechos soberanos argentinos.

Asimismo, Milei instruyó al ministro de Economía para que priorice en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. El proyecto deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre y, según el Ejecutivo, las medidas forman parte de una política para fortalecer la defensa del territorio, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos del país.

El presidente Javier Milei llevó adelante una reunión con su Gabinete este martes por la mañana en Buenos Aires con la economía y la soberanía de las Islas Malvinas como ejes centrales. Además, se confirmó que hablará para todo el país este jueves.

El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli;  y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

A su vez, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Según se dio a conocer, Milei abordó los logros del plan económico de su gestión, partiendo de los últimos indicadores sobre el mercado laboral y la baja de la tasa de inflación. A su vez, se comentó el reciente informe firmado por el ministro Sturzenegger que contrapone los resultados de la gestión frente a información publicada en algunos medios de comunicación nacionales.

En otro segmento de la reunión, el mandatario anticipó los preparativos para una nueva cadena nacional que se emitirá para todo el territorio este jueves 3 de septiembre. En este caso, estará relacionada a avances diplomáticos impulsados por el canciller Pablo Quirno sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene de declarar ante la prensa de su país que la postura de su gestión sobre Malvinas es “una de muchas” que están siendo revisadas, abriendo la puerta a un posible posicionamiento en contra de la soberanía británica.

Por último, Milei aprovechó la reunión con sus ministros para repasar el estado de las medidas a cargo de cada una de las carteras nacionales.

El Consejo del Salario se reunió este viernes para definir el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil, pero los representantes de trabajadores y empleadores no alcanzaron un acuerdo. Actualmente, el mínimo se ubica en $376.600 y funciona además como referencia para la determinación de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.

Durante el encuentro, los gremios pidieron elevar el salario mínimo a $911.000, mientras que el sector empresario ofreció llevarlo a $400.000. La discusión se produjo en medio de la intención del Gobierno nacional de que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que implicaría un ingreso bruto cercano a $1.100.000.

Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional establecerá el nuevo valor mediante un decreto. La reunión se realizó de manera virtual, pese al pedido de la CGT para que volviera a desarrollarse de forma presencial.

Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó el resultado de la reunión y sostuvo que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”. Además, afirmó que el Consejo del Salario "es inservible" y criticó que desde hace más de dos años los representantes no logran alcanzar un acuerdo y el monto termina siendo definido por el Ejecutivo.