El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que iniciará un sumario contra la empresa FATE por el incumplimiento en el pago de salarios a sus trabajadores durante la conciliación obligatoria. La decisión se conoció en medio del conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, luego de que la firma comunicara el cierre de su planta y el despido de más de 900 empleados.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también resolvió extender por cinco días la conciliación obligatoria, que ahora vencerá el 11 de marzo de 2026, con el objetivo de mantener abierta la negociación entre la empresa y el gremio para intentar destrabar el conflicto laboral.

Según indicaron fuentes oficiales, el Gobierno inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero”, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada previamente por las autoridades laborales.

En paralelo, desde el SUTNA impulsan un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la compañía y garantizar la continuidad de la actividad mediante una intervención temporal del Estado provincial.

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios” durante su participación en el Argentina Week que se desarrolla en Nueva York.

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.

En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el próximo viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales. 

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión. 

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta opción no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. __IP__

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

El gobierno nacional comunicó este jueves el inicio de la Oficina de Respuesta Oficial, entidad destinada a refutar versiones de prensa y acciones calificadas como “operaciones de los medios”, en una nueva muestra de las tensiones con el periodismo.

La medida se inserta en el vínculo complejo entre la gestión de Javier Milei y la prensa. El parte difundido por la Oficina del Presidente no brindó precisiones sobre quién liderará el sector ni sus métodos de trabajo.

“La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, detalló el texto oficial.

Desde el Poder Ejecutivo negaron que la propuesta constituya un acto de censura, definiéndola como una voz institucional adicional. Al respecto, enfatizaron: “Vamos a combatir la desinformación brindando más información. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”.

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…

Esta resolución provocó una reacción crítica dentro del PRO, más precisamente por parte de Laura Alonso, legisladora porteña y ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien salió al cruce de la iniciativa con un fuerte mensaje en defensa de la libertad de expresión.

Alonso cuestionó la iniciativa al señalar que “si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’” y remarcó que “no hay excusas”. 

A su vez, argumentó que la libertad de expresión resulta vital para el sistema democrático y que los funcionarios deben convivir con el debate público, por lo que la representante porteña expresó: “Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”.

Finalmente, advirtió sobre la utilización de fondos públicos en la confrontación política y sentenció que “jamás hay que usar el aparato estatal para imponer la ‘verdad oficial’”, al mismo tiempo que desestimó la trascendencia de la nueva dependencia con una frase lapidaria: “Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”.

La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en “fabricar la verdad”. No hay excusas. Los que elegimos ser protagonistas de la vida… https://t.co/xbmXzJO41t

La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), lo cuál derivó en la suspensión del paro anunciado por el gremio para este martes.

La resolución se enmarca en lo que establece la Ley 14.786, que fija un período de conciliación de 15 días hábiles (con posibilidad de una prórroga de cinco más) durante el cual ambas partes deben retomar las negociaciones.

En ese tiempo, el sindicato debe garantizar la prestación normal del servicio y la empresa se encuentra impedida de aplicar sanciones o represalias.

De esta forma, quedó sin efecto la medida de fuerza prevista para el martes 23 de diciembre entre las 19 y las 23 horas, al igual que los paros que ATEPSA había anunciado para el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre.

Desde EANA confirmaron que las operaciones aéreas se desarrollarán con total normalidad en todos los aeropuertos del país, en una semana de alta demanda por las fiestas de fin de año y el inicio del receso vacacional. En un comunicado, la empresa destacó que la intervención del Gobierno nacional permitió “restablecer la previsibilidad y llevar tranquilidad a miles de pasajeros, tanto argentinos como del exterior”.

Por su parte, ATEPSA había denunciado una falta de instancias de negociación, supuestos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los salarios.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”, tanto por el crecimiento estimado como por la sostenibilidad de las cuentas públicas, y atribuyó esa perspectiva al apoyo que obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado.

Daza difundió el pronóstico a través de sus redes sociales, donde subrayó que el año próximo destacará no solo por el crecimiento impulsado por la inversión, sino también por un equilibrio macroeconómico que lo haría sostenible si se cumplen las proyecciones oficiales.

El funcionario calificó el resultado electoral como un “umbral clave de confianza” que, según su mirada, refleja el respaldo de la población a las políticas económicas impulsadas por el gobierno. Al respecto, indicó que este apoyo habilita la continuidad de un esquema de reformas que contribuiría a mejorar los indicadores en 2026.

“A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, remarcó.

Gran artículo de @dreidel1, muy relevante para el boom de inversión que se viene en 2026.La elección legislativa de 2025 era un umbral clave de información.Esperar su resultado tenía un alto valor informativo.La población ratificó de manera contundente que quiere continuar… https://t.co/H1w2pR6hSS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para responderle al gobierno luego de las acusaciones relativas a la creación y la validez de la UNAFA, la universidad lanzada por la casa madre del fútbol nacional.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaría de Políticas Públicas, había intimado a la AFA a suspender la promoción de la universidad, argumentando que supuestamente no estaba legalmente habilitada para dictar carreras de grado ni posgrado.

La entidad dirigida por Chiqui Tapia había anunciado el lanzamiento de UNAFA a fines de octubre, durante la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2025 en el predio de Ezeiza. Esta institución fue presentada como la primera universidad de fútbol en América Latina.

Sus programas están dirigidos no solo a futbolistas en actividad o formación, sino también a exjugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, empleados de clubes y profesionales de áreas vinculadas al deporte, como la medicina o la psicología.

En su respuesta oficial, la AFA aclaró que "cumple con todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual" y que están siguiendo los pasos necesarios para su desarrollo "según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas".

La entidad también explicó: "El propósito de UNAFA a corto, mediano y largo plazo es aspirar a convertirse en una universidad de gestión privada reconocida oficialmente, para, en el futuro, ofrecer carreras y planes de estudio avalados por las autoridades competentes en la materia”.

La polémica surgió después de que el ente rector del fútbol supuestamente promoviera la UNAFA en redes sociales, medios tradicionales y una página web, ofreciendo programas, maestrías y carreras universitarias con inscripción planeada para el año 2026.

No hubo acuerdo entre gremios y empresarios en el Consejo del Salario, y el Mínimo, Vital y Móvil quedará en manos del Gobierno, que deberá fijar una nuevo monto por decreto. Desde agosto, la cifra se mantiene en $322.00.

Las distancias no pudieron achicarse e incluso dentro del bloque sindical hubo diferencias: las dos CTA no coincidieron en su pedido. Mientras que la CTA de los Trabajadores reclamó un piso de $533.000, en sintonía con la CGT, la CTA Autónoma planteó llevarlo a $736.000.

Por su parte, el sector empresario mantuvo con firmeza una oferta muy inferior: $326.000 para diciembre y $349.000 para abril de 2026.

Desde la CTA Autónoma informaron: "Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial".

Mientras se realizaba la reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la calle las dos CTA y organizaciones sociales llevaban adelante una movilización para reclamar que el salario mínimo “iguale el costo de la Canasta Básica Total”. También pidieron un bono de fin de año, actualizaciones en los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

El Gobierno nacional confirmó un aumento del 60% en la asignación básica para los trabajadores del Hospital Garrahan. El incremento beneficiará al personal de planta, empleados con contrato público, becarios y residentes con Beca Institución.

A través de un comunicado que se publicó en las redes oficiales del hospital pediátrico, señalaron que el Garrahan "inició desde diciembre de 2023 un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, en el marco de la nueva gestión nacional.

El texto también remarcó que se aceleró el bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el asistencial, logro que (según señalaron) se concretó “con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”.

“Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento cercano al 60% en la asignación básica”, destacaron.

Asimismo, desde la institución remarcaron que la medida representa un “reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos”, especialmente “en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política”.

En este sentido, indicaron que el incremento se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, y el hospital adelantará los pagos mientras se transfieren los fondos del Gobierno nacional.

“Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, concluye el comunicado oficial.

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El mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó en la quinta presidencial de Olivos para intentar conseguir una reunión con el presidente Javier Milei. "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes", expresó el humorista.

Cavaleiro, histórico militante del PRO que apoyó a Milei en las elecciones 2023, se quejó de ver como ingresaban "influencers y twitteros" mientras a él le exigen un protocolo formal.

El Mago también manifestó que la crisis impactó en su propio trabajo: "Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea, ya es un 40% menos y se nota".

A pesar de su complicada situación, el Mago sin Dientes aseguró que quiere "seguir apostando" por el Gobierno y que su objetivo es transmitirle al presidente el sentir popular. "Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente", afirmó, y agregó que "esto con otro gobierno no pasaba".

También insistió en su pedido de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. "Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados", dijo, recordando que en la última elección entró al cuarto oscuro y "no estaba la boleta" del PRO, el partido al que pertenece desde sus inicios.

El artista contó que sigue el trámite burocrático que le indicaron cuando se acerco a Casa Rosada días atrás: "Me dijeron que redacte una carta y la lleve a presidencia", aseguró.

El gobierno nacional lleva adelante negociaciones con su par estadounidense para ingresar en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), el cual permitiría que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a Estados Unidos por turismo o trabajo sin necesidad de tramitar una visa.

La negociación entre las partes, con los presidentes Javier Milei y Donald Trump como impulsores, tiene previsto que el proceso comience este lunes, aunque el ingreso al programa no es inmediato.

El país ya tuvo este beneficio en la década del 90, pero deberá atravesar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar que cumple con los requisitos y estándares exigidos por ese país, lo que podría demorar unos meses antes de que deje de ser obligatorio presentar una visa para ingresar a dicho país.

En caso de concretarse el ingreso al Programa Visa Waiver, los ciudadanos argentinos podrán ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin que tengan que contar en el pasaporte con este documento.

Desde el gobierno estadounidense, señalan que “un país debe cumplir con los requisitos de antiterrorismo, aplicación de la ley, control migratorio, seguridad documental y gestión fronteriza de forma continua” para participar del VWP.

“Estos requisitos incluyen tener una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%, emitir documentos de viaje seguros y colaborar estrechamente con las autoridades policiales y antiterroristas estadounidenses”, advierten.

Cabe destacar que en 1996, durante el segundo gobierno del entonces presidente Carlos Menem, Argentina formó parte del VWP, hasta que en 2002 fue eliminada de dicho programa por parte del gobierno de George Bush, poco después de la crisis económica del 2001.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno apelará la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional, medida dispuesta por decreto días atrás por el Ejecutivo.

La respuesta oficial se conoció a través de la cuenta de X del funcionario, poco después de que se conociera el fallo que hizo lugar a una cautelar presentada por el sindicato Sevina.

El decreto, anunciado por Adorni la semana pasada desde Casa Rosada, determinaba la eliminación definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Para el Gobierno, estos organismos representaban “el eje de la corrupción en la obra pública”.

Según la nueva estructura, las funciones operativas y de planificación vial quedarían en manos de la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. Además, se creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá tareas que hasta el momento se encontraban bajo la órbita de la CNRT, también reestructurada.

La Justicia, ante esta situación, decidió congelar cualquier avance sobre ese esquema hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. El gremio Sevina argumentó que la disolución implicaba una “afectación directa a la continuidad laboral y a la prestación de un servicio esencial para el país”.

Fundada en 1932, Vialidad Nacional tuvo históricamente a su cargo el diseño, construcción, conservación y fiscalización de rutas en todo el territorio argentino, clave para la conectividad logística, turística y productiva. El Gobierno de Javier Milei sostiene que su estructura fue “capturada por intereses políticos y sindicales”, mientras que sectores opositores denuncian un vaciamiento institucional sin precedentes.

Juan Grabois fue liberado este domingo por la madrugada después de haber permanecido dos horas detenido. El dirigente social del Frente Patria Grande protagonizó una toma en la sede del Instituto Juan Domingo Perón en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la protesta por la restitución del espacio y una disputa con el gobierno nacional por el manejo del inmueble.

Durante la tarde del sábado, alrededor de las 14, se llevó a cabo la ocupación, liderada por un grupo de militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y con la participación de Grabois.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a los manifestantes y detuvo a unas 20 personas, entre las que se encontraba el dirigente social. Finalmente, Grabois fue trasladado a una comisaría y liberado después de la medianoche.

El gobierno había anunciado el cierre del edificio del Instituto Juan Domingo Perón, que funcionaba como centro de investigaciones históricas y divulgación, y provocó la protesta del grupo de activistas y diputados.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes”, aseguró Grabois tras su liberación.

Hace minutos liberaron a Juan y a Valentín. pic.twitter.com/Hm2qnGgpis

De la misma manera, el dirigente sostuvo que no tiene “una imputación específica”, sino que “hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes” que, según afirmó, estaban “reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei”. Además, cargó contra la ministra Patricia Bullrich, a quien calificó como “una mujer muy perversa”.

Previamente, instantes después de la detención, Grabois compartió una foto suya, presuntamente dentro de un vehículo policial, con la bandera argentina colgada sobre sus hombros, con un mensaje dirigido al gobierno. “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, escribió.

Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás. pic.twitter.com/O02sNBd8Vv

Organizaciones sindicales de Tierra del Fuego declararon este miércoles un paro general por un conflicto iniciado días atrás vinculado con la UOM de Río Grande. En este marco, los gremios se mostraron en contra de la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados, una medida dispuesta por el Gobierno nacional que, según advierten, pone en peligro más de 7.000 puestos de trabajo.

En ese contexto, difundieron un documento titulado “En defensa de la Soberanía, los Puestos de Trabajo y la Industria Nacional”, donde dirigieron fuertes críticas al Ejecutivo.

“Las organizaciones obreras y sociales de Tierra del Fuego nos ponemos en pie de lucha ante este nuevo embate de un gobierno entreguista, que solo pretende el beneficio para un minúsculo sector de la población en contra del hambre, la miseria y la indignidad de las mayorías populares”, expresa el texto firmado por gremios como la UOM, Judiciales, Luz y Fuerza, Municipales, Petroleros Privados y Químicos y Petroquímicos.

La medida oficial incluye la eliminación de aranceles a productos electrónicos y una reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Para los gremios, esta decisión representa “un nuevo y devastador ataque contra Tierra del Fuego” y llega “en el marco de un plan económico que asfixia la producción, amenaza la industria y hace peligrar miles de puestos de trabajo”.

En el texto, los gremios sostienen que este recorte arancelario forma parte de “una nueva concesión del Gobierno de Javier Milei a las imposiciones del FMI, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible”.

El documento también advierte que el modelo impulsado por la Casa Rosada “solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros”, y continúa: "Los trabajadores reafirmamos nuestro profundo compromiso y la continuidad de nuestra historia de lucha que ha escrito el movimiento obrero”.

“Ni en los peores momentos nos han hecho retroceder. Y hoy menos que nunca, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que el futuro de miles de familias de Tierra del Fuego”, concluye el documento.

El conflicto lleva ocho días de huelga en la ciudad de Río Grande, encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y se profundizó con la convocatoria unificada a un paro provincial de 24 horas.

Cinco miembros del equipo político de María Corina Machado, principal figura opositora al régimen de Nicolás Maduro, habrían abandonado Venezuela este martes tras permanecer casi siete semanas asilados en la Embajada Argentina en Caracas. La información fue difundida por el periodista David Placer mediante sus redes sociales y replicada por medios regionales.

Los dirigentes, identificados como Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Magalí Meda, se encontraban bajo resguardo diplomático desde el 20 de marzo de 2024, tras denunciar amenazas y persecución por parte del gobierno chavista. Su salida se habría concretado mediante un operativo reservado que, según trascendió, incluyó la colaboración del gobierno estadounidense y del ejecutivo italiano.

"Los cinco se encuentran fuera de Venezuela y en completa seguridad, aunque no todos están en los mismos países", aseguró Placer, quien describió el hecho como una "operación fuga".

Por el momento, no se pronunciaron ni la Cancillería argentina ni el entorno de Machado al respecto, aunque el caso genera una fuerte repercusión política en la zona. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, había reiterado en varias ocasiones la vigencia del asilo diplomático y exigido garantías internacionales.

Luis Caputo se sumó este viernes a las críticas del oficialismo al periodismo, tras afirmar que se trata de "una profesión que tiende a desaparecer". El ministro de Economía compartió en redes sociales un video del periodista Jony Viale, quien, al analizar los cuestionamientos del presidente Javier Milei a la prensa, sostuvo que el periodismo argentino "está desprestigiado".

"¿Quieren la verdad? Es la verdad. ¿Me gusta? No. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza", señala Viale en un fragmento de su editorial en Radio Rivadavia. En el mismo audio, cita una encuesta de Zuban Córdoba que revela que el 81% de los encuestados considera poco creíble al periodismo político.

El video fue originalmente publicado por la cuenta de X @agarra_pala, afín al oficialismo, que tituló el posteo: “Jony Viale se la pudrió toda al periodismo tradicional, sacó una encuesta bomba y escupió verdades ¡Milei tenía razón!”.

Caputo replicó ese mensaje y agregó: “Esa encuesta no es otra cosa que un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie: es una profesión que tiende a desaparecer. Y nada tiene que ver este gobierno. Es puro mérito propio”.

El cruce se produce en un contexto de tensión creciente entre el gobierno y la prensa. Esta semana, Reporteros Sin Fronteras advirtió que Argentina cayó 47 puestos en el índice global de libertad de prensa durante la gestión de Milei, ubicándose entre los países con mayor retroceso en el último año.

Esa encuesta no es otra cosa que un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie: es una profesión que tiende a desaparecer. Y nada tiene que ver este gobierno. Es puro mérito propio. https://t.co/a68HYCiuc5

En el marco de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, realizada en Washington, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, volvió a respaldar públicamente la estrategia económica del presidente Javier Milei, aunque advirtió la necesidad de sostener el rumbo actual en referencia al escenario electoral de Argentina en este 2025.

"El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”, expresó Georgieva en este sentido

.Durante su exposición ante la prensa, la directora del Fondo celebró la mejora en algunos indicadores como la reducción de la inflación a menos del 3% en febrero, el superávit fiscal, y la caída en los niveles de pobreza, aunque subrayó que "continúa siendo muy alta".

De la misma manera, valoró el giro hacia una economía con mayor protagonismo del sector privado: "El Estado está saliendo de donde no corresponde, para permitir más dinamismo en el sector privado”, señaló.

Asimismo, Giorgieva hizo hincapié en las ventajas estructurales de Argentina y manifestó que el país tiene "una oportunidad muy importante en un mundo hambriento de lo que Argentina produce, tanto en agricultura como en minerales, minería, gas, litio”.

La directora también mantuvo un encuentro con parte del equipo económico argentino: estuvieron presentes el ministro de economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning, y otros funcionarios clave en la relación con el Fondo.

El Gobierno del presidente Javier Milei confirmó en las últimas horas que se transfirieron 10 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para atener las primeras urgencias de la ciudad de Bahía Blanca.

Así lo informó la Jefatura de Gabinete que lidera Guillermo Francos. La transferencia se realizó este lunes, luego de la comunicación que mantuvieron el fin de semana con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Por su parte, y en la inauguración del ciclo escolar secundario en la provincia, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó “la importancia” de un Estado presente para “ordenar” la vida de una sociedad, “hacer frente a sus necesidades” y “enfrentar tragedias” como la ocurrida en Bahía Blanca.

“Hubo una inundación, estuvimos inmediatamente ahí. Movilizamos recursos del Estado, después de los municipios vecinos, cada uno de los intendentes de todos los partidos políticos me llamaron”, aseguró luego de haber visitado las zonas afectadas.

Asimismo, remarcó que la solidaridad del pueblo para ayudar a los bahienses evacuados “llena de emoción” porque estuvo el Estado, representado por “todos los ministerios, todos los intendentes, los laburantes, muchos trabajadores de la salud” y “la Argentina entera”.

También manifestó y agradeció los llamados “de prácticamente todos los gobernadores de todas las fuerzas”, y que la provincia de Buenos Aires está recibiendo múltiples donaciones y  ayudas por parte de muchos sectores de la sociedad y también  de “muchos bonaerenses y argentinos que no les sobra y llamaron para ver qué podían aportar porque alguien la estaba pasando mal”, concluyó.

Unos 2 mil científicos agrupados en la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunciaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el gobierno nacional tiene retenidos más de 50 millones de dólares destinados a proyectos que forman parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Entre los profesionales que firmaron el documento se encuentran investigadores, personal de apoyo y becarios afectados por la medida. Según señalaron, “forma parte de la parálisis que afronta el organismo desde 2024, marcada por las convocatorias prorrogadas y los sueldos congelados”.

Martín Rumbo, investigador del Conicet y miembro de Raicyt, se dirigió ante la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y expresó: “Elevamos una denuncia general poniendo en conocimiento al BID el enorme atraso en ejecución de fondos y de proyectos de parte de la agencia durante todo 2024”.

“Allí enumeramos algunos aspectos que tienen que ver con el mal funcionamiento de la Agencia, que derivó en esta falta de ejecución de proyectos. Hubo muy escaso flujo de fondos para financiación de proyectos en 2024”, agregó.

A la retenión de fondos denunciada, los cuales ya fueron asignados y transferidos por el BID, se suma a la paralización que tuvo la propia Agencia durante el primer año de gobierno.

Los investigadores explicaron que “en gran parte de 2024 el organismo estuvo sin presidente o no logró formar su directorio. Por lo tanto, las demoras en los procedimientos administrativos asociados al funcionamiento del organismo podrían explicar los motivos del problema”.

“Que los proyectos estén paralizados implica que, si bien hay un cuerpo de científicos presente en el país, no tienen los insumos para poder ejecutar sus tareas de investigación”, explicó Rumbo.

La Agencia I+D+i es uno de los organismos encargados de promover la ciencia y la tecnología en Argentina a través del financiamiento de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Tras la llegada del nuevo gobierno, su tarea consistió en prorrogar convocatorias sin ofrecer soluciones a los reclamos de sus investigadores, por lo que Rumbo resaltó que “no hubo convocatorias nuevas ni herramientas de financiación, solo anuncios generales sin nada en concreto”.

Javier Milei firmó un decreto para impulsar la privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística, la cual opera tres líneas de transporte de cargas por ferrocarril. La noticia fue informada este sábado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X.

“El Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, aclaró Adorni.

El Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías,…

Estas líneas férreas fueron entregadas a capitales privados en 1999, hacia finales del gobierno de Carlos Saúl Menem, quien encabezó la última gran movida de provatizaciones en la Argentina.

Casi una década más tarde, en 2008, Belgrano Cargas volvió a estar en manos del Estado por problemas en la concesión. El actual gobierno había anunciado su decisión de privatizar la empresa en octubre pasado, pero el Ejecutivo no había avanzado con la maniobra.

En tanto, Milei incluyó a 41 empresas estatales como “sujetas a privatización”, una lista que luego se rebajó a seis sociedades como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la Ley Bases.

Dentro de la mencionada lista quedaron las siguientes empresas: Energía Argentina (sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas), Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas), Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse, trenes de pasajeros), Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa, servicios de agua potable y cloacas) y Corredores Viales (carreteras y autopistas por peaje).

A su vez, la ley aprobada en 2024 permite el  ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), pero en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria. 

El Gobierno prohibió los traslados de presos por cambio de género y eliminó la posibilidad de que menores de edad accedan a tratamientos hormonales o cirugías para la reasignación de sexo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión en conferencia de prensa y sostuvo que la medida busca terminar con los abusos del sistema actual.

"Si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no podrá pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. Esto garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género", afirmó.

En ese sentido, Adorni mencionó el caso de un preso en Córdoba que, tras ser trasladado a una cárcel de mujeres por autopercibirse como tal, abusó de otras internas.

"El sistema se convirtió en una herramienta para que condenados por violencia hacia las mujeres vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres", advirtió.

Además, el Ejecutivo modificó la Ley de Identidad de Género para prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años. Según el comunicado oficial, el Gobierno considera que estas intervenciones son "irreversibles y pueden ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas en la salud mental".

"Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar este tipo de decisiones. Por eso, países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han dado marcha atrás y han prohibido estas prácticas en menores", argumentó el comunicado de la Oficina del Presidente.

Por último, el documento oficial indica que ningún hombre que haya solicitado la rectificación de género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres.

"Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección", concluyó el comunicado.