La audiencia por el caso de fraude en la Policía de Rosario por desvío millonario de fondos para combustible de patrulleros inició este jueves por la mañana y hay 14 detenidos que serán imputados a lo largo de dos jornadas.

La instancia judicial es llevada adelante por el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu en el Centro de Justicia Penal de la ciudad. En este marco, el fiscal de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional 2, José Luis Caterina, le adjudicó una serie de delitos a cada uno de los ex jefes, subjefes y numerarios implicados en la investigación.

En primer lugar, Daniel Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, fue imputado por asociación Ilícita en carácter de jefe, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A su vez, Diego Santamaría, ex Jefe de Comando Radioeléctrico de Rosario, quedó imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario y cohecho pasivo.

A Héctor Saucedo, ex Jefe de Policía Motorizada,  se le adjudican los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; y cohecho pasivo.

En cuanto al ex jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de Unidad de la URII, Rodrigo Domínguez, se le adjudican los delitos de asociación ilícita en calidad de Organizador, peculado de caudales públicos, y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos) y defraudación agravada por 15 afectar a una administración pública, en este caso, en carácter de partícipe primario.

Adrián Bahl, ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros de la URII, fue imputado por asociación ilícita en calidad de miembro; peculado de caudales públicos; y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, a Fabián Becerra, ex Jefe del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) se lo vincula a delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario- y cohecho pasivo y falsedad ideológica.

El ex Jefe de la Sección Logística de la URII, Roberto Blanco, recibió la imputación por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos); y defraudación agravada por afectar a una 16 administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A Nicolás Cuesta, ex Jefe de Policía Adicional de la URII, se le adjudicaron los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Otro de los imputados fue Diego L., ex Jefe del Cuerpo Guardia de Infantería. Fue por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Edgardo R., ex Inspector de la VI Zona, fue imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Juan V., ex numerario de la Brigada Motorizada de Rosario, recibió la imputación por el delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

También, al ex sub Jefe de la Brigada Motorizada de Rosario, Juan H., se lo vincula al delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, Darío F., ex jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, fue imputado por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro. Los demás delitos ya le habían sido atribuidos en audiencia anterior el delito de peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; falsedad ideológica.

Además, el ex interventor de Medicina Legal, Roberto S., quedó ligado a los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

La Oficina de Defensa del Consumidor de Santa Fe le brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar caer en fraudes y estafas durante compras de servicios o productos en línea.

Valeria Schvartz, directora del espacio que se encuentra bajo las órdenes del Ministerio de Desarrollo Productivo, habló al respecto y explicó: "Si bien la mayoría de las operaciones se desarrolla con normalidad, existen casos en los que supuestos compradores aprovechan la falta de regulación para cometer estafas, dificultando la identificación del responsable y la recuperación del dinero".

En la misma línea, la funcionaria relató que la oficina recibió denuncias de “personas que publicaron artículos a la venta en redes sociales” y, mediante WhatsApp, le envían un comprobante falso al comprador con un monto mayor al acordado, alegando un error bancario y solicitando la devolución del excedente. Además, un cómplice del estafador se hace pasar por un operador del banco para intentar que la persona pida préstamos.

“Las víctimas fueron guiadas a solicitar múltiples créditos, depositando grandes sumas en cuentas indicadas por los delincuentes. Al final de la operatoria, el dinero desapareció, dejando a los afectados con deudas sin respaldo”, afirmó Schvartz.

A su vez, desde Defensa del Consumidor recomendaron verificar la identidad del vendedor antes de realizar una compra, solicitando información como el CUIT, inscripción y clave fiscal. Por otro lado, sugieren comprobar la existencia del domicilio declarado a través de Google Maps.

En cuanto al procedimiento de pago, desde Desarrollo Productivo señalan que es recomendable “optar por métodos seguros” como tarjetas de crédito, con la posibilidad de anular transacciones en caso de irregularidades.

Los usuarios que quieran denunciar un hecho de estafa desde Rosario deberán contactarse a través del mail consumidor.rosario@santafe.gov.ar, la cuenta de Instagram @defensaconsumidorsf o presencialmente en las oficinas de Mitre al 930, 3° piso.

El fiscal José Luis Caterina expuso este martes en la audiencia imputativa contra los trece policías y los cuatro civiles involucrados en las maniobras de malversación de fondos para la compra de combustibles dentro de las fuerzas de la ciudad y explicó cómo se llevaron a cabo. 

En ese marco y ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, sostuvo que el caso comenzó a investigarse diez meses atrás, el 10 de julio del 2024, cuando recibieron una comunicación por correo postal sobre los movimientos de corrupción en torno a los fondos que debían usarse para recargara de combustible a las unidades que se gestaban en las sombras de la Unidad Regional II.

De esa manera, la unidad de Asuntos Internos comenzó a investigar los informes sobre verificaciones en la sección de Garage Oficial, que era encabezada por uno de los principales imputados, Gerardo Ramírez.

Desde ese momento detectaron que los móviles del Comando Radioeléctrico realizaban cargas de combustible inconsistentes, por lo que se rastreó a los patrulleros por GPS y se constató que los mismos iban a cargar a una estación de servicio en horarios distintos a los indicados en las facturas.

No sólo se comprobaron los desfasajes en los horarios en las cargas, prosiguió el fiscal, sino que también se detectó que los vehículos consumían más de lo habitual por la cantidad de kilómetros recorridos y que otros que ya no se usaban más aparecían en las facturaciones. En una ocasión, se siguió un Fiat Cronos que hacía de patrullero y los datos arrojaron que consumió 170 litros más de los necesarios para el recorrido que hizo,

Así las cosas, se detectaron cobros diarios de entre 20 mil y 30 mil pesos por cargas de combustibles a más de ochenta patrulleros que no se habían puesto en circulación. 

13 de los 17 acusados son agentes pertenecientes a distintas fuerzas del entramado del entramado policial del departamento Rosario. Entre ellos están, el subcomisario de Garage, Gerardo Ramírez (anteriormente mencionado en el sector que se comenzaron a detectar las cargas irregualres); el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el jefe de la sección Caballería y Perros, Fabián Darío Fantín; el subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi. También están implicados Sergio Darío López del Comando Radioeléctrico; Javier Arce del Cuerpo Guardia de Infantería; Juan Alberto Villordo a cargo del combustible del Comando Radioeléctrico y Nancy Plomer, jefa de la sección Ficheros al interior División Personal. Asimismo, están complicados el subinspector Franco Cuesta, a cargo de las cargas de la Policía de Investigaciones; ; Jorge Delgado, responsable de combustible de la División Logística; Gustavo Bazán de Garage Oficial y Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito.

En el caso de los policías, se presentaron escuchas pertenecientes a Ramírez, López y su pareja, Plomer, en las que se revelaron que López elaboraba planillas de combustible que presentaba en la estación y trascendieron frases como “termine de firmar los papelitos" y “¿cuánto le juntaste?”.

En tanto los civiles imputados junto a los uniformados trabajaban para una empresa de gas que era gestionada por la marca a cargo de la estación de servicio implicada. Se tratan de Mónica Bianconi, presidenta del directorio de la firma, Oscar Coullery, director suplente, un encargado llamado Daniel Reynoso y una empleada del área de administración identificada como María Fernanda De Franco.

Por el lado de los civiles, las autoridades vigilaron las oficinas de la estación ligada a las maniobras de corrupción y se fotografiaron múltiples entradas y salidas de Fantín, Brest, Pigozzi, Villordo, Arce, Ramírez, Ceballos, Delgado y Cuesta, con sobres de papel madera o incluso cajas. 

En ese contexto, pidió que a 16 de los imputados se les disponga la prisión preventiva efectiva por cometer los delitos de cohecho, peculado, falsedad ideológica y defraudación. La audiencia continuará este miércoles a las 14 con la exposición de la defensa.

Luego de la audiencia imputativa llevada a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal, la jueza Paula Álvarez dispuso la prisión preventiva por seis meses para el financista Luis Herrera y sus dos hijos, Ignacio y Diego. 

Esta determinación se debe a que la Jueza de Primera Instancia consideró graves las acusaciones presentadas por las Fiscalía, encabezada por el fiscal Miguel Moreno. 

En este sentido, el equipo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a Herrera también por quiebra fraudulenta, basándose en evidencias de transferencias de 5 millones de dólares a operadores en el extranjero antes del default. 

De acuerdo a lo que señala la Fiscalía, esta maniobra buscaban ocultar activos. En este punto, la defensa argumentó que estos envíos tenían que ver con pagos solicitados por clientes para evitar el control fiscal argentino.

La jueza consideró que existían inconsistencias en los argumentos de la defensa, como documentos ocultos en vehículos antiguos y chats que los incriminaban, entre ellos, uno que revelaba la intención de uno de los acusados de "vender todo e irse a Polonia", país sin tratado de extradición con Argentina. “Es un comportamiento que debe analizarse”, señaló la magistrada.

Luis Herrera, de 66 años, fue imputado por los delitos de Asociación ilícita en calidad de jefe y organizador; Desobediencia a una orden judicial; Quiebra fraudulenta y Lavado de activos de origen ilícito en concurso real; Administración fraudulenta y Estafa en concurso real en calidad de autor.

En tanto, a sus hijos Ignacio H., de 42 años, y Diego H., de 36 años, se les imputan los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembros; Administración fraudulenta y Estafa en concurso real participes primarios.

Su esposa, Marcela Fernández, de 67 años, fue imputada por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro, aunque mantendrá su libertad.  

En cuanto a los giros al exterior por parte de Herrera, el abogado defensor, Gustavo Francescheti, señaló que se trató de pagos a clientes y sostuvo que "calzan justo con las fechas y montos de pago". 

Además, la defensa remarcó que Herrera enfrentó un incumplimiento contractual debido a la crisis de 2019, pero que no existió delito, ni fuga. “El negocio de futuros y opciones es muy riesgoso y así como se puede ganar mucho, se puede perder todo”, destacó el letrado.

Por su parte, Luis Herrera tomó la palabra y defendió su trayectoria profesional. En este sentido, brindó detalles sobre su experiencia y éxito en inversiones de futuros y opciones, lo que, según su declaración, generó confianza entre sus clientes. 

"Estuve 25 años en el directorio del Rofex y el Centro de Corredores de Rosario me nombró cerealista del año. Por estos antecedentes, la gente me otorgó créditos para que administre con total libertad por la alta rentabilidad que genero con futuros y opciones", aseveró.

En este aspecto, la defensa señaló que el repaso de antecedentes y reconocimiento de Herrera sirve "para mostrar que no era un yerno vago que se aprovechó de su suegro, o un financista arribista que armó un Ponzi, sino que el prestigio se lo ganó a fuerza de gran éxito con sus inversiones".

La jueza Álvarez ordenó la prisión preventiva efectiva para Luis, Ignacio y Diego Herrera, por considerar de gravedad los hechos y que existe riesgo de fuga. Por su parte, Marcela Fernádez, acusada de complicidad en la asociación ilícita, seguirá el proceso en libertad.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la victoria de Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia con un 51,20 de los votos, nueve países de la región convocaron a una reunión de urgencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se revisen los resultados de las elecciones en Venezuela. 

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Uruguay, emitieron un comunicado contra el régimen de Caracas. 

Los países antes mencionados manifestaron “su preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela” y exigieron “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente”. 

Luego, prosiguieron: “Nuestros Gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región”.

Al contrario del posicionamiento que tomaron varios de los países mencionados, los gobiernos de Rusia, Irán, y China reconocieron a la brevedad los resultados que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

En ese marco, el jefe de Estado, Vladimir Putin, aseguró: “Me gustaría reiterar la voluntad de proseguir nuestro trabajo constructivo sobre la actual agenda bilateral e internacional. Recuerde que usted siempre bienvenido en tierras rusas”. 

En tanto, el portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian destacó las relaciones entre ambos estados y recordó que son “buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente”. 

Por último, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nases Kananí, publicó mediante sus redes palabras de apoyo para con Maduro: “Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano”. 

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, se declaró ganador de las elecciones aunque aún no se conocen los resultados finales, denunció «un fraude vergonzoso» y anunció que irá a la Corte Suprema.

«No queremos que siga la votación», aseguró el mandatario en referencia a los votos por correo que, por la pandemia, aún reciben algunos estados clave para definir el resultado final.

«Es un momento muy triste, una vergüenza para el país», concluyó en un mensaje difundido desde la Casa Blanca, rodeado por su familia y su vicepresidente y compañero de fórmula, Mike Pence.

En un breve pero cargado discurso, Trump aseguró que su campaña se estaba «preparando para festejar la victoria, pero de repente todo se detuvo». Pese a que aún no concluyeron los escrutinios en siete estados clave, el mandatario se mostró convencido de que ganó en al menos cinco de ellos.

Sin explicar la relación, vinculó este retraso -que en muchos estados ya había sido anunciado por las autoridades por la cantidad de votos por correo- y acusó a la oposición demócrata de estar cometiendo «un fraude enorme». «Sabían que no podían ganar y yo lo avisé. Esto es un fraude, ganamos esta elección. Iremos a la Corte Suprema», aseguró Trump.

Poco antes, había lanzado una denuncia similar por Twitter: «Estamos arriba por mucho, pero están tratando de robarnos la elección. Nunca dejaremos que lo hagan. ¡No se pueden emitir votos una vez que las mesas se cerraron!»