Personal de la Fiscalía de la ciudad de San Jorge, en el departamento de San Martín, encontró una granada mientras revisaban un depósito con elementos secuestrados.

Según lo consignado por el medio de Aire de Santa Fe, el hecho tuvo lugar en la Unidad Fiscal N.º 150 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en avenida Alberdi al 1100. Allí, personas que revisaban el inventario de objetos incautados para avanzar con la investigación de una causa, se encontraron con lo que parecía un artefacto explosivo.

Dado el potencial riesgo, agentes de la Brigada de Explosivos se presentaron en el lugar y determinaron que se trataba de una granada FMK 2 negra con franjas de pintura amarilla. Tras revisarla, comprobaron que no poseía detonador, que carecía de otras piezas y que la carga no tenía componentes explosivos activos. 

No obstante, los efectivos secuestraron el objeto por prevención y lo derivaron a la sede del cuerpo para analizar su composición a fondo y luego reservarla para su disposición final. 

La causa no tiene a ningún sospechoso identificado y las pericias tratarán de establecer bajo qué circunstancias fue a parar el dispositivo en la Fiscalía. 

El delincuente que atacó a una joven vendedora de una mueblería céntrica el 30 de diciembre sigue prófugo y piden colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.

El hombre de 32 años fue identificado como Josué Alexis Urquia gracias a las filmaciones de las cámaras de vigilancia de la sucursal de Relax Living ubicada en Mendoza al 3300, en barrio Echesortu. 

De acuerdo al material de las grabaciones y el testimonio de la joven, el atacante se hizo pasar por cliente y, tras ignorar el pedido de la víctima para que se retire, se abalanzó sobre ella, la golpeó en el suelo y le mordió el dedo meñique antes de huir con un celular. Por su parte, la joven recibió atención médica y está fuera de peligro.

Posteriormente, el fiscal Ramiro González Raggio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó a cargo del caso y se encuentra en la búsqueda de información sobre el paradero de Urquia. 

En este contexto, los interesados en colaborar pueden aportar datos a través del 911, el mail rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar, el Centro de Justicia Penal de Rosario o mediante las redes sociales del la Fiscalía Regional 2.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información relevante que permita identificar a los responsables del asesinato de Juan Cruz Osuna, un adolescente de 13 años que fue baleado en la madrugada del sábado en la zona sur de Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 en Camino de los Quinteros al 2800. Además del fallecimiento de Juan Cruz, un niño de 8 años resultó herido por los disparos y permanece internado.

La Fiscalía remarcó que la identidad de quienes colaboren será preservada. Se puede aportar información a través del 911, del correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar, por redes sociales de la Fiscalía Regional 2, o en forma presencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2850).

También se reciben datos en otras sedes fiscales de la provincia: Santa Fe (Av. General López 3302), Venado Tuerto (Alvear 675), Reconquista (Iriondo 553) y Rafaela (Necochea 44).

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirmó este jueves que Marcelo David Molina, el hombre desaparecido hace seis días en Roldán, es buscado muerto.

El giro en el caso fue oficializado esta mañana a través de un comunicado de la Fiscalía, desde donde aclararon que siguen las tareas investigativas para dar con el cuerpo de la víctima de 42 años, visto por última vez el viernes 3 de enero a las 14:30 en la localidad santafesina, cuando llevó a su hermana al trabajo.

En este contexto, el MPA confirmó que los tres sospechosos demorados desde este martes serán llevados a audiencia imputativa por homicidio calificado en los próximos días por decisión del fiscal Adrián Spelta. Se trata de la pareja de Molina, la hija de la misma y el cuñado del hombre desaparecido.

La medida fue oficializada luego de que se realizara un test de luminol que dio positivo en Las Heras al 800, en el domicilio de Molina en Roldán, este miércoles.

Por otra parte, Erika Molina, hermana del desaparecido, habló en el programa Camino a Casa de Radio Mitre Rosario y relató los primeros días de la búsqueda, en los que la familia recibía mensajes desde el teléfono de su familiar alegando que “se fue a vivir” con su pareja y que esta fue internada en el hospital Español por un presunta enfermedad. “no contestaba llamadas”.

Luego, la mujer contó detalles sobre la relación del hombre con la detenida. "Supuestamente cuando mi hermano conoció a esta señora, ella era una mujer casada. Pero cuando falleció el marido se ve que mi hermano se interesó mas y se juntaron. No sabría bien que tipo de relación tenían, probablemente le sacaba alguna ventaja porque nunca le importó convivir con el resto de la familia. No sabíamos ni el apellido”, afirmó.

Este viernes se realizaron trabajos de limpieza sobre algunas pintadas que se encontraban sobre la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, que contenían mensajes violentos y de odio referidos a la rivalidad entre Rosario Central y Newell's Old Boys. 

La solicitud fue hecha por el fiscal de la causa que investiga el crimen de Ivana Garcilazo, ocurrido el 30 de septiembre de 2023 en esa cuadra de la ciudad de Rosario. La joven de 32 años, hincha de Rosario Central, que circulaba en moto por Ovidio Lagos tras un clásico rosarino disputado en el Gigante de Arroyito, recibió un piedrazo que le costó la vida, por parte de simpatizantes de Newell's.

La pintada que se encontraba en la esquina del hecho contenía mensajes con escritos que incitaban a la violencia entre los hinchas de ambos clubes. En este sentido, se tomó la medida como muestra de respeto hacia la víctima, su familia y sus amigos, y como forma de concientizar sobre el peso que estos mensajes de odio pueden tener en la sociedad. 

La causa tiene dos imputados, Ariel Cabrera y Juan Carlos Massón, mientras que el tercer responsable de la muerte de Ivana, Damián Reifenstuel, continúa prófugo. Se sospecha que luego de escapar hacia Bolivia, podría haberse trasladado a algún país de Europa. 

La Fiscalía de Rosario pide a la ciudadanía que aporten datos o información para dar con los autores de un asesinato que tuvo lugar el mes de julio en la región. 

Se trata del homicidio de Pablo Daniel Mendoza, un hombre de 46 años que fue asesinado a puñaladas el 21 de julio en Ruta A012 y El Ciprés, en la localidad de Alvear. 

En ese marco, las autoridades difundieron un video en el que dos personas sospechosas se subieron a un auto en Colectora Norte de la ruta A012 y El Ciprés. Por ello buscan datos certeros acerca de esos dos sujetos y de quien conduce el rodado. 

De acuerdo a las fuentes oficiales, el cuerpo de la víctima se encontró en el patio de una casa en el que había una verdulearía que instalaron sus tíos. 

Según testimonios de los familiares, antes del crimen recibieron múltiples llamados por la venta de una garrafa y en el lugar desaparecieron 250 mil pesos. 

Toda información tiene que ser comunicada al 911, por las redes sociales de la fiscalía o por el mail mfabbro@mpa.santafe.gov.ar. 

14 personas fueron imputadas en el marco de la causa que investiga la compra de armas de fuego de grueso calibre de forma legal, para su posterior venta en el mercado negro. La mayoría se encontraban registradas como usuarios legítimos. La Justicia dictó la prisión preventiva para 11 de ellos. 

Los sujetos fueron acusados por los delitos de provisión ilegal de armas de fuego, tenencia ilegítima y, también, la participación necesaria en un homicidio, entre otras acusaciones. La imputación la llevaron adelante el fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, y los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani, integrantes del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego.

En este sentido, el juez Hernán Postma accedió al pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., hasta el 10 de diciembre de este año. Asimismo, para para Flavio P., y Lucas P hasta el 3 de febrero de 2025 y por el plazo de ley para Claudio S. En tanto, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se determinaron medidas alternativas por los próximos tres meses. 

La fiscalía indicó que 12 de los acusados son usuarios registrados legítimamente en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estas personas habrían adquirido armas de fuego de manera legal para venderlas en el mercado negro y sin poder justificar con qué recursos las obtuvieron.

El fiscal Gastón Ávila manifestó que la investigación parte de un convenio realizado entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar el asunto del mercado ilegal de armas. En este sentido, las investigaciones apuntaron hacia aquellas personas que obtuvieron 5 o más armas calibre 9 milímetros y no contaban con el dinero para realizar dichas adquisiciones. 

“Determinamos un primer panorama de doce personas sospechosas que juntaban entre ellas más de 200 armas, en su mayoría pistolas de grueso calibre. Allanamos en busca de ese armamento y el resultado fue que de las más de 200 que teníamos que encontrar encontramos sólo dos", sostuvo el fiscal.

En esa misma línea, Ávila indicó que se encontraron con gente que compra hasta cinco pistolas el mismo día, que no tiene ingresos y que adquieren una pistola de la misma marca, modelo y calibre, lo cual, remarcó, "es bastante inusual”.

Asimismo, de las 200 armas que habían adquirido 12 de los sospechosos, al momento de realizar los allanamientos lograron encontrar tan solo 2 pistolas.

En este punto, Ávila manifestó que las armas “no están” y destacó que "hay un caso muy emblemático de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 28 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600 mil pesos”.

La investigación por la muerte de un piloto de avioneta en la empresa Air Liquide concluyó este viernes y la Justicia confirmó que se trató de un suicidio.

Fiscalía emitió su resolución tras analizar las distintas pericias de lo ocurrido el 9 de agosto en la planta de Presidente Perón al 7800, cuando Juan Manuel M., de 46 años se estrelló a bordo de la aeronave contra el predio de la firma donde trabajó durante 14 años y de la cual había sido desvinculado en abril de este año.

La fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Dra. Mariela Oliva, presentó actas donde se detalla que la avioneta despegó por la pista 1 del Aeroclub Rosario cerca de las 12:00 y, media hora más tarde, impactó “de forma controlada” contra el sector de carga de tubos de oxígeno de la empresa.

Por otro lado, desde el aeroclub local subrayaron que no existió ninguna alerta de vuelo de la aeronave, que la misma tenía combustible y que el piloto podría haber aterrizado en una zona despejada si se hubiese tratado de una situación de emergencia.

A su vez, se dio a conocer que la víctima estuvo afiliado al Aeroclub Rosario desde 2017 hasta 2022 y que volvió a inscribirse en abril de este año, mes donde dejó de trabajar para Air Liquide. También, se constató que el hombre tenía conocimientos en petroquímicos, sustancias inflamables y como operar ese tipo de material. 

La Fiscalía Regional 2 pidió colaboración a la población para identificar a los autores del crimen de un joven de 24 años en zona sudoeste.

Se trata del asesinato de Nicolás Agustín Agüero, quien fue abordado por dos delincuentes en Rodríguez al 4400, mientras esperaba a su pareja embarazada y su hija sentado en la vereda. 

Según testigos, la víctima se resistió al robo de su vehículo Volkswagen Gacel y murió tras recibir impactos de bala en el cráneo y el tórax.

Este viernes por la mañana, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video de los dos agresores caminando por Mr. Ross al 2600 el día del crimen, a las 21:20. 

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Desde Fiscalía aclararon que "toda información tendrá las reservas del caso" y solicitó que los que puedan contribuir con datos lo hagan a través del 911, por el teléfono de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario (3414627417), por redes sociales de Fiscalía o mediante la dirección de mail del fiscal Patricio Saldutti (psaldutti@mpa.santafe.gov.ar). 

La fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, renunció a su cargo debido a las diferencias que mantiene con la actual administración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y alegando “falta de apoyo”.

Iribarren, que había asumido el puesto de manera interina en 2020 y, tras un concurso, extendió su mandato hasta 2029, decidió dimitir a partir del próximo 1º de septiembre para gestionar su jubilación anticipada.

Desde marzo de este año, sus funciones habían sido reducidas debido a una intervención en la Fiscalía de Rosario, derivada de denuncias por irregularidades relacionadas con la gestión del fiscal Matías Edery, por un caso vinculado a Los Monos.

A pesar de dejar la dirección de la Fiscalía de Rosario, Iribarren continuó liderando otras áreas del distrito, como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo. 

La ahora ex fiscal, comenzó a trabajar en el Poder Judicial de Santa Fe desde hace más de 30 años, pasando por distintos puestos, entre ellos, Fiscal de Cámara y coordinadora en la Fiscalía Regional Rosario.

Iribarren asumió de forma interina el cargo de fiscal Regional en agosto de 2020 durante una crisis institucional causada por un escándalo de corrupción vinculado al juego clandestino, donde se vieron involucrados dos ex fiscales: Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

Posteriormente, en abril de 2023, asumió el cargo de manera oficial con el objetivo de reorganizar y restaurar la confianza en el MPA. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por cuestionamientos sobre la transparencia en su desempeño, lo que llevo a la fiscal General María Cecilia Vranicich a realizar en marzo pasado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video con imágenes de los asesinos del colectivero Marcos Daloia y pidió colaboración de la ciudadanía para dar con ambos. La cinta fue publicada en redes sociales este viernes por la mañana, a través de la cuenta oficial de la Fiscalía Regional 2.

Se trata de José Mauricio Maturano, quien tiene pedido de captura activo por estar involucrado en el crimen del chofer de la línea K ocurrido el pasado 7 de marzo en Mendoza y México. Durante la secuencia, el imputado subió al colectivo, le disparó hombre de 39 años que se encontraba al volante y huyó en moto junto a un cómplice aún no identificado. La víctima murió días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) debido a la gravedad de su cuadro.

Según solicitó el MPA, las personas que quieran aportar datos sobre el gatillero o el conductor de la motocicleta pueden comunicarse al 911 o de manera presencial en la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario, ubicada en Sarmiento al 2800, que también cuenta con un teléfono (3413627417). A su vez, también se podrá enviar información a través de las redes sociales de la Fiscalía.

#PedidoDeColaboración #Prófugo #Identificación | Se necesita la colaboración para dar con José Mauricio Maturano quien se encuentra con orden de captura vigente, sindicado como coautor del hecho de Homicidio en el que resultará víctima Marcos Daloia de 39 años el 7/3/24... pic.twitter.com/g9O8xF9MsX

La hija de Roberto Rosales, un interno de la Cárcel de Coronda, denundió que su papá había fallecido y que fue enterrado sin que la institución penitenciaria les avisase lo que ocurrió. 

En el marco de la denuncia, se pide que se aclare cuál fue la causa del fallecimiento y el por qué los familiares no fueron informados de lo sucedido. 

En base a la información brindada por la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, la denuncia realizada por la hija fue hecha cuando familiares se enteraron de lo que pasó con el recluso por intermedio de otra persona. 

En ese sentido, la causa está siendo tramitada por la Unidad fiscal de Violencia Institucional, que ya solicitó informes y la recolección de testimonios. 

Según el Servicio Penitenciario, la institución trató de comunicarse con la familia mediante tres líneas telefónicas, para hacer la entrega del cuerpo pero al no podes contactarse, intervinó Defensoría y se lo enterró en Coronda. 

El recluso fue arrestado el mes pasado, más especificamente el 13 de junio, en Superí al 1900, adentro de un inmueble por personal de la Comisaría 10° donde también secuestraron una moto robada el 9 de junio en Juan B. Justo y Sánchez de Loria, en barrio 7 de Septiembre. 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que las dos jóvenes que fueron rescatadas en la mañana de este martes tras un operativo en barrio Abasto, no poseían signos de abuso o violencia según los estudios que se llevaron a cabo.

En ese marco, los dos sospechosos detenidos durante el operativo seguirán apresados sólo por la droga que fue secuestrada en el procedimiento, por lo que serán llevados a una audiencia imputativa en los próximos días por el fiscal de Flagrancia Diego Giró. 

Según las pruebas recolectadas por la fiscal de Delitos Sexuales, Noelia Riccardi, se constató mediante la toma de testimonio y exámenes médicos que las mujeres, que ninguna de ellas tenía indicios de abuso, secuestro o de haber sido captadas para la trata de personas. 

El procedimiento que tuvo lugar el martes pasadas las 7.30 horas de la mañana en riobamba al 1000 inició cuando un vecino de la zona denunció que había escuchado un grito de auxilio en una vivienda lindera. 

En ese momento, el jefe policial, Héctor Saucedo había relatado: “Desde el interior se escucharon ruidos de pedido de auxilio, por eso los agentes acudieron al interior y constataron que había dos mujeres retenidas en contra de su voluntad; de las cuales una de ellas había sido obligada a consumir estupefacientes y, posiblemente, pudo haber sido abusada”.

La Fiscalía de Rosario pidió este miércoles la colaboración de los ciudadanos para encontrar al que estaría sindicado como el asesino de Nicolás, el joven de 23 años que fue baleado en la cabeza en la zona oeste de Rosario.

Se trata de Isaías Emanuel Gutiérrez, de 21 años, principal sospechoso de haber perpetrado el ataque a tiros del lunes a la noche en Avenida Presidente Perón entre Campbell y Barra. 

En ese suceso, Nicolás fue tiroteado mientras estaba en su auto tras una discusión en un local gastronómico. 

Tras la agresión, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde había ingresado con una “herida de arma de fuego transfixiante en cráneo”, y terminó por fallecer el martes en horas de la noche. 

 “Cualquier dato en relación al hecho descrito llamar al 911, comunicarse a la dirección de correo electrónico gavila@mpa.santafe.gov.ar o redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción. Toda la información brindada tendrás las reservas del caso”, expresaron desde Fiscalía. 

#SeBusca | Se solicita la colaboración para dar con Isaias Emanuel Gutiérrez (21) sindicado como autor de hecho de homicidio ocurrido en Av. Pte. Perón entre Campbell y Barra de Rosario, donde luego fallece Nicolás Andrés Rodríguez (23).... pic.twitter.com/9AlG2mrHet

La Fiscalía Regional de Rosario convoca a la población para colaborar en la identificación de personas que hayan sido víctimas de robos ocurridos en la ciudad durante la madrugada y la mañana del sábado 18 de mayo. Este pedido surge tras la recuperación de diversos objetos en procedimientos llevados a cabo el mismo día, a las 11:55.

Desde Fiscalía subrayaron la importancia de contactar a estas personas para poder avanzar en las investigaciones pertinentes.

Los ciudadanos se pueden contactar con a través del número telefónico 341-705819 o enviando un correo electrónico a la dirección cpierantoni@mpa.santafe.gov.ar.

#SolicitudDeColaboracion #ElementosRecuperados | Se solicita dar con víctimas de hechos de robo cometidos en Rosario el 18/5/24 en Rosario, que reconozcan los elementos exhibidos en la imagen.Cualquier dato comunicarse al 341-7057819 o vía mail al cpierantoni@mpa.santafe.gov.ar pic.twitter.com/Hi68OzBn0u

Ademar Bianchini, fiscal a cargo de la investigación del crimen del colectivero César Roldán que fue ultimado a balazos mientras manejaba una unidad de la línea 116, confirmó que la mecánica del hecho «tendría que ver con algún conflicto de personas vinculadas a la criminalidad». Por su parte, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, hizo un mea culpa y aseguró: «Debemos replantearnos las formas del trabajo».

«El hecho ocurrió a las 15.30, 16. El vehículo venía por avenida Eva Perón, de este a oeste. A 30 metros de la esquina una persona de 22 o 23 años efectuó un disparo al colectivo. Estaba acompañado de otra persona, un motociclista. Roldán, presuntamente herido, se levantó como para guarecerse en la parte de atrás del micro. Eso se sabe por la declaración de los testigos y por el cabeceo del micro, el movimiento. Ahí avanzó el micro y el tirador efectuó otros 7 disparos. Siempre desde afuera», explicó el funcionario de la Justicia.

«Dejaron luego una nota por debajo de la puerta del colectivo. La nota no está dirigida ni al chofer, ni a la empresa ni a la UTA (Unión Tranviarios Automotor). No hay elementos que me permitan suponer que el ataque era para otra persona. Desconozco si el móvil es generar conmoción pública, sí podemos afirmar que la generó», precisó Bianchini

Sobre la investigación en curso, agregó: «Hay muchas cámaras en la zona, están siendo relevadas. Fue fin de semana, muchas pertenecen a negocios que el fin de semana están cerrados. Hubo dificultades para ubicar a los propietarios el domingo. Eso se está tramitando hoy».

A su turno, la fiscal María Eugenia Iribarren admitió: «Las cárceles están sobrepobladas de personas detenidas. Las investigaciones se hacen. La criminalidad de Rosario no es algo que pueda abordarse con fórmulas de otro lado».

«Las características y las circunstancias del hecho nos moviliza para reflexionar sobre metodologías que debemos cambiar desde Fiscalía. Debemos replantearnos las formas del trabajo y vamos a poner todo el material a disposición para esclarecer el crimen», continuó.

«Debemos precisar qué sucede en las cárceles con los presos de alto perfil y prevenir la delincuencia en las calles. Tenemos que seguir exigiendo las maneras de investigar. La violencia en Rosario nos excede a nosotros porque tenemos que encontrar a los responsables y ponerlos cara a cara con los jueces. El Estado tiene que recuperar la administración de la convivencia ciudadana en las calles», concluyó.

Los fiscales que llevan adelante la causa por el crimen de Jimi Altamirano, el joven asesinado en la puerta del estadio de Newell’s el pasado 1 de febrero, y la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo; brindaron detalles de la imputación a 14 personas por esos y otros delitos, en la audiencia que comenzó este jueves en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario. En ese marco, indicaron que la instigación se pergeñó, en la mayoría de los casos, desde cárceles.

En total, a los acusados se les achacan cinco homicidios y 18 balaceras. Según indicó el fiscal Luis Schiappa Pietra, la imputación contiene «una serie de eventos que se cometieron entre noviembre y marzo de este año que tienen que ver con una puja interna identificado con la barra de Newell’s pero que tiene otras derivaciones en hechos delictivos». A eso agregó que la mayoría de los ilícitos «fueron planificados por referentes de estas organizaciones desde los lugares de detención».

Además, explicó que las notas de tinte mafioso que se dejaban en los distintos episodios «sirvieron para hilvanar los eventos».

Por su parte, el fiscal Matías Edery explicó que este grupo de personas pertenecía a Los Monos «y se escindió en un momento por diferencias económicas. Ahí empezaron a atentar. En muchos casos utilizaban instituciones públicas para dejar carteles sabiendo que eso genera una repercusión que hace que el grupo antagónico lo conozca».

A su turno, el fiscal Franco Carbone, que tramita la investigación del ataque al supermercado de la familia Roccuzzo, manifestó que ese resonante suceso se hizo «buscando alto impacto mediático y tratando de generar conmoción pública». En ese sentido recordó que en el mensaje que dejaron los delincuentes mencionaron al intendente de la ciudad, Pablo Javkin.

En la misma línea, enfatizó que la familia de la esposa de Messi «nada tiene que ver con el ataque, pero sí en visibilizar esta disputa interna».

«En la balacera quedó imputado quien instigó y que está en carácter de líder de la banda criminal», continuó el funcionario de la Justicia. Y confirmó: «El objetivo que tenían era perjudicar los negocios informales de los negocios de la barra brava de Newells por parte del grupo disidente».

Edery adelantó que en el eventual juicio sobre la investigación conjunta, solo por los homicidios, las personas imputadas podrían afrontar una pena de prisión perpetua.

Como caso resonante, el fiscal mencionó que Altamirano fue «agarrado de los pelos» en la intersección de  27 de Febrero e Iriondo y obligado a subirse a un auto. A su vez, confirmó que el muchacho nada tenía que ver con el mundo del narcocrimen. «Lo mataron frente a quienes hoy manejan la barra brava de Newell’s. Dos días antes de ese homicidio habían baleado al chofer de uno de los cabecillas», afirmó y explicó que está prófugo el autor material del homicidio de Jimi.

En tanto, Adrián Spelta, jefe de la unidad fiscal de Homicidios Dolosos, también apuntó que entre los asesinatos imputados este jueves está el de Benjamín Echevarría, quien formaba parte de la organización. «Como mensaje, lo llevaron y lo ejecutaron en la puerta de otro domicilio para mostrar rivalidad. Al día siguiente, con un auto robado dos meses antes, mataron a Wilson Silveira (dueño del carrito de comidas Milton) con la misma modalidad», afirmó.

«Los cabecillas de esta asociación ilícita están dentro del Servicio Penitenciario, con lo que no cabría otra conclusión que todo se originó desde allí», concluyó Spelta.

Tras el ataque a balazos contra un camión el sábado pasado, este martes por la mañana el titular del sindicato, Marcelo «Pipi» Andrada mantuvo un encuentro con la fiscal general María Cecilia Vranicich del que salió muy «disconforme, con más dudas que certezas”. El gremialista quiere volver a juntarse con el intendente Pablo Javkin y con el ministro de Seguridad Claudio Brilloni antes de definir otra medida de fuerza.

«La fiscal regional va a ordenar a los jefes de policía que se pongan a trabajar. Eso no me convence, no nos vamos conformes”, manifestó Andrada a la salida de la reunión con la funcionaria de la Justicia. Como este lunes, para el sindicalista, las autoridades 2se tiran la pelota» y no asumen responsabilidades ni brindan soluciones.

«Lamentablemente nos llevamos más dudas que certezas», enfatizó.

Consultado sobre una nueva medida de fuerza, tal cual habían anticipado si no se daba con los atacantes del camión, Andrada afirmó que primero quiere volver a reunirse con el intendente y con el ministro de Seguridad quienes este lunes, antes de una segunda reunión con el propio gobernador Omar Perotti, «se comprometieron que hoy íbamos a tener una resolución con la fiscal regional y lamentablemente nos llevamos más dudas que certezas».

Los ocho presos que protagonizaron la fuga de la cárcel de Piñero el pasado 27 de junio de 2021, y los tres sospechosos que facilitaron la evasión, fueron imputados este lunes bajo una estrategia que intenta mostrar a todos los internos de que se endurecerán las condenas a quienes hayan huido de una unidad penitenciaria.

Los fiscales de la causa Franco Carbone y Aurelio Cicerchia hablaron en conferencia de prensa después de la audiencia y apuntaron contra el Servicio Penitenciario al sostener que el plan no podría haber ocurrido sin el uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel.

Los reclusos Sergio «Mono» Cañete, Joel Isaías Rojas, Alejandro Antonio Schmittlein, Ezequiel Rodolfo Romero, Alejandro Andrés Candia, Daniel David Piscione, Martín Alejandro Cartelli y el presunto jefe narco Claudio Javier “Morocho” Mansilla fueron acusados este lunes por videoconferencia, ya que justamente se buscaba evitar traslados por el peligro de fuga.

Cañete, según el Ministerio Público de la Acusación, fue quien ideó el plan, de acuerdo a la pericia hecha a su celular. «Se mantuvo comunicado minuto a minuto hasta la hora de la fuga, que no pudo haber ocurrido sin esos celulares dentro del penal y hubo una inteligencia previa importante para llevar a cabo el hecho», afirmó Carbone.

«Hubo muchas falencias. Había cámaras que no funcionaban, los tejidos perimetrales eran fácil de ser franqueados. No había comunicación entre los centinelas o entre las garitas, cuya función es justamente proteger el predio. Tenemos conocimiento que ahora esas cosas fueron cambiadas. No olvidemos que un mes antes (de esta evasión) hubo otra fuga en carritos, que no fue detectada por connivencia y ahí la Fiscalía logró condenas», agregó el fiscal.

Sumado a los presos mencionados estaban Elisa Magdalena Álvarez, Rodrigo Leonel Gramajo y Franco Ezequiel Cantero. En el caso de los hombres, están bajo sospecha de haber entrado a los tiros al predio de Piñero y haber usado una amoladora para cortar los tejidos. La mujer, en tanto, fue ubicada por los fiscales como la conductora de uno de los autos en los que se evadieron los internos de Piñero.

Después de la imputación, el juez Gonzalo López Quintana dio prisión preventiva efectiva por el término de ley para los once acusados.

El objetivo de la estrategia judicial es porque la portación ilegal de arma de guerra tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses –es de cumplimiento efectivo–, mientras que la evasión tiene una pena que varía entre un mes y un año para los presos.

Por su parte, el presunto jefe narco Claudio Javier Mansilla fue detenido el 16 de junio pasado en el barrio Roberto Fontanarrosa después de 70 allanamientos y seguimientos en distintas ciudades e incluso provincias.

«No estuvo un año en Rosario. Estuvo en otras provincias y en la ciudad de Santa Fe también. Probablemente, haya tenido algún apoyo, aún no lo sabemos. Lo están investigando las fiscales Fabbro y Pairola», aseguró Carbone, que a su vez comentó que la orden de captura internacional fue librada porque una línea investigativa indicaba que podía haberse fugado a Paraguay.

El fiscal también enfatizó que el año pasado fueron condenadas dos personas cuyo domicilio fue allanado con el dato de que ahí dormía el «Morocho». «Había estado hasta momentos previos. Se secuestró droga», concluyó.

El cantante L-Gante ingresó este viernes por la mañana a la Fiscalía de General Rodríguez para asistir a la citación para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas amenazas y lesiones a un joven, aunque su abogado le aconsejó que no lo haga y solamente se ajuste a derecho y se niegue a brindar palabra alguna.

El reconocido artista llegó al edificio judicial acompañado por su pareja, su pequeña hija y un grupo de amigos y no quiso dar declaraciones, aunque minutos antes había hablado con la prensa al salir de su casa. Al ser consultado sobre si iba a prestar declaración, había afirmado: «Estamos en eso».

En tanto, el abogado Alejandro Cipolla, que representa a Elian Ángel Valenzuela​, reconoció que intentó convencer al cantante de que no declarara, aunque dudaba sobre si el cantante iba a seguir el consejo: «Vamos a ver. Creo que me va a hacer caso. La realidad es que yo entiendo que no debe declarar en esta instancia, porque se me negó el acceso al expediente y al allanamiento por parte de la Justicia».

Por su parte, la madre del artista, Claudia Valenzuela, se quejó de que a su hijo «lo quisieron usar desde distintas banderas políticas” y remarcó: «No tengo temor de que pueda quedar detenido, pero nunca sabés qué puede determinar la Justicia».

«Niego que mi hijo haya tenido un arma cuando discutió con los vecinos. Creo que en un momento así de confrontación uno puede llegar a decir cualquier cosa”, agregó la mujer en diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia.