La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 88 pliegos para la designación de jueces fiscales y defensores públicos que habían sido enviados para su tratamiento por parte del Poder Ejecutivo santafesino. 

Los documentos fueron tratados en la Cámara de Diputados de Santa Fe, en una sesión presidida por la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y sus aprobaciones apuntaban a reducir las demoras en el Poder Judicial por la falta de profesionales. 

Del total de los pliegos, más de 40 son para cubrir vacantes en Rosario para el Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública, además de jueces para lo civil y comercial, penal y laboral. 

Nicolás Foppiani, Ismael Manfrín, Silvia Castilli y el ex fiscal Miguel Moreno, serán jueces de segunda instancia en lo Penal.

Federico Rébola, María de los Ángeles Granato, Lisandro Artacho, Natalia Benvenuto, Juan Ignacio Gasparini, Jorge Andrés Rodríguez y Luciana Vallarella, serán jueces penales de primera instancia. 

María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler se sumarán a la Cámara de Apelación en los Laboral. Por otro lado, Sabrina Campbell y Sebastián Rupil irán al Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario. En tanto, el ex fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente se desempeñará como juez de primera instancia del distrito de Menores en Rosario.

Los fiscales adjuntos, Marina Vigo, Lucía Pazos, Eliana Zingoni, Federico Aranda, Lucila Cornier, Florencia Vergili, Marina Oliva, Rocío Cosgaya, Javier Paz, Anabel Cerutti, Abi Luz Cabrera, Sofía Cudos y Virginia Gabenara, de Villa Constitución, formarán parte de la persecución penal en la Circunscripción Nº 2.

Por último Flavia Renzi, Antonela Dalzotto, María Virginia Quiroga, Pablo Bufarini, Matías Daruich, Lucía Araya, María Virginia Llaudet Maza, Julieta González, Wanda Vaschetto, Agustina Morielli y Melina Garcilazo., se desempeñarán como defensores adjuntos subrogantes en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. 

La Legislatura de la provincia aprobó los pliegos de 39 fiscales que se desempeñarán en distintas regiones de Santa Fe. Del total, 22 de ellos estarán a disposición del Departamento Rosario, en la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción.

No obstante, los nombramientos no serán definitivos, puesto que los fiscales serán evaluados en su trabajo para determinar si ocuparán el cargo definitivamente. 

En ese marco, los flamantes acusadores que trabajarán en Rosario son Ignacio Hueso, María Cecilia Marcolín Loberse, Martín Sanguinetti, Franco Tassini, Antonela Valente, Victoria Vigna, Ivana Addoumie, Mercedes Banchio, Leonardo Barucca, Amílcar Bernardi, Alejandro Carón, Georgina Cherara, María Manuela Dalcol, Ernesto Ducasse, Agustina Fertitta, Mariela Gusso, Ramiro Martínez, Pol René Moutin, Juan Pablo Oggero Gentinetta, Carla Soledad Ranciari, María Laura Riccardo y Nicolás Rolón.

Este miércoles el gobierno Nacional anunció el envío de 150 pliegos al Senado, con el objetivo de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. La medida incluye nombramientos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién sostuvo que la administración actual heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y un 50% en fiscales. "Esto hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, sostuvo el funcionario. 

En este sentido, el secretario de Justicia señaló: "Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del Presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con todas las instituciones destruidas y la justicia no es una excepción”.

En esa misma línea, remarcó: "Con esta medida inédita, el gobierno se animó a meterse donde otros hicieron la vista gorda. Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”.

Amerio aseguró que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes” y resaltó: ”Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”.

En este punto, el secretario de Justicia hizo hincapié en que "hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018".

Por otra parte, el funcionario destacó que todos los candidatos a jueces enviados al Senado pasaron previamente por "una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.

Amerio se refirió a que ahora la aprobación de estos jueces requerirá de la aprobación del Senado, lo que implica “el acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría”.

En este sentido, concluyó: "Esperamos por parte del resto de los partidos que se tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. 

Este jueves juraron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe los nuevos fiscales provinciales, luego de que a finales de junio la Asamblea Legislativa aprobara los seis pliegos que se enviaron para cubrir puestos de fiscales titulares y adjuntos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. 

En ese marco, los fiscales Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo de la unidad de Homicidios Dolosos del MPA pasaron a ser fiscales titulares, luego de que el presidente de la Corte, Rafael Gutíerrez, y sus ministros les tomaran juramento. 

En tanto, tras su juramento pasaron a ser nuevos fiscales adjuntos de Rosario los letrados, Bárbara Glikman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paula Barros. 

Otra luz de alarma se volvió a encender este lunes por la noche cuando ingresó un llamado al 911 de una persona que no fue identificada y amenazó con «matar a todos los fiscales» si no liberan «a los Cantero».

Según indicaron las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la amenaza está relacionada con el juicio contra Los Monos por las balaceras a jueces, edificios judiciales y policías. En tanto, el domingo pasado Ariel Máximo «Guille» Cantero inició una huelga de hambre después de haber sido aislado por querer prender fuego una mini heladera en el penal federal de Marcos Paz y amenazar a los guardias.

«Suelten a los Cantero, que vamos a matar a todos los fiscales. Suelten a Los Monos. Si no, vamos a matar a todos los fiscales», fue la contundente frase que dejó la persona que se comunicó con el 911 el lunes a las 21.

En consecuensia de ese llamado, el Ministerio de Seguridad decidió reforzar medidas preventivas para los fiscales Matías Edery, Miguel Moreno, Gastón Ávila y Aníbal Vescovo. También se ajustaron protocolos en el Centro de Justicia Penal, donde está activo un fuerte operativo desde el día previo al inicio del debate oral y público, luego de la balacera ocurrida contra la fachada del edificio.

Los jueces de primera instancia del juicio Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto ya cuentan con seguridad, dados los delitos que se investigan y a que los magistrados fueron el principal objetivo de las balaceras de 2018.

En tanto, el fiscal Franco Carbone ordenó distintas medidas sobre el llamado recibido al 911 y se encuentra a la espera de resultados.

En paralelo, el líder de Los Monos Ariel Máximo «Guille» Cantero inició una huelga de hambre. Fue después de que se decidiera aislarlo en el penal federal de Marcos Paz por intentar prender fuego una mini heladera que se encuentra en el salón de usos múltiples del pabellón 7.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero «es una decisión tomada» y el organismo «está empezando a intimar» a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.

Según fuentes consultadas por la Agencia Télam, «se esperará que estén intimados todos los que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by». Las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que «en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia».

Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia. En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.

Desde Anses aclararon que se intimará a magistrados y fiscales que iniciaron el trámite jubilatorio para que ratifiquen su voluntad de retirarse o si, por el contrario, desisten y retiran la carpeta. Según consta en la resolución 11-46 del organismo, el objetivo de la iniciativa es «establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación».

También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.

En abril del año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento, y que cosechó la lógica resistencia de los afectados y los organismos que los representan.

La modificación, aprobada por las cámaras legislativas luego de un amplio debate, también incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.

El malestar de los funcionarios de la justicia llevó a que la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializara la decisión del Congreso y pidiera la inconstitucionalidad de las modificaciones, un expediente aún en trámite y que podría llegar a la Corte Suprema.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, se refirió a la causa de juego clandestino que tiene presos e imputados a los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, e investigado al senador departamental de San Lorenzo, Armando Traferri, entre otros actores de la política provincial sospechados de vinculación con la misma. El funcionario contó que «durante el fin de semana hubo amenazas tangibles» contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que encabezan la investigación.

Acerca del avance de la causa, Sain dijo: “Esta investigación ha comprometido a personas de muy alta jerarquía en el ámbito judicial, que ya están detenidas. Todos los días surgen nuevas pruebas, hay mucho material secuestrado que está siendo analizado, hay elementos de prueba que dan cuenta de esta compleja asociación ilícita que tiene, no solamente protección policial, sino protección judicial y política”.

“Desde el Gobierno tenemos que respaldar con todos los medios técnicos, con el asesoramiento cuando es requerido por los fiscales, con los medios operacionales entre ellos los fondos nacionales. Al fin y al cabo, aquellas leyes ‘Anti Saín’, que tanta preocupación generaron y que fueron impúdicamente sancionadas a través de un acuerdo de lo que llamo el bloque histórico que ha gobernado la provincia de Santa Fe, Frente Progresista Peronismo Conservador. Ese acuerdo era para impedir este conjunto de investigaciones y amedrentarme a mí con la posibilidad de la vuelta al organismo de investigaciones”, continuó el ministro.

Por otra parte, remarcó que con la investigación de juego clandestino van «a ir a fondo» y lo explicó: «Porque la gran diferencia con otras investigaciones que se llevaron a cabo sobre el poder en la provincia de Santa Fe, esta investigación tiene un gobierno que apoya, que apuntala a los fiscales, que pone todos los recursos, que tiene un ministro que viene de la investigación de delitos complejos y de gestionar estructuras complejas de investigación tanto en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como en la AFI o en la Unidad de Información Financiera. Toda esa experiencia la ponemos en juego acá pero no dirigimos la investigación”.

“Hay dos fiscales (Edery y Schiappa Pietra) que a mí me enorgullecen y no son como otros Comodoro Py del circuito de poder, son dos fiscales dignos que están jugándose la vida. Hubo amenazas tangibles durante el fin de semana que obligaron a un traslado inmediato de ellos y su familia para poder protegerlos”, contó Sain y añadió: “Esta investigación va a avanzar y hay dos núcleos de investigación que se tocan porque se refieren a la misma organización. Una que llevó adelante en Melincué el fiscal Matías Merlo, esa investigación cuando conozcan los detalles van a ser escabrosos. Quizás haya algún senador que esté nervioso, distinto del senador de San Lorenzo (Armando Traferri). Si tengo la cola limpia, me someto a todo el proceso de investigación. Cristina Fernández de Kirchner, como no tiene la cola sucia, no tuvo ningún problema en ser investiga sino también pedir ir a juicio oral en las causas que lleva adelante”.

Se le preguntó sobre qué le sorprendía de la causa y respondió: “Lo que es asombroso es como estos delincuentes o estas personas reprochadas de ser delincuentes, tenían vínculos directos con altas autoridades judiciales y políticas, no es común eso. Había un vínculo estrecho entre dirigentes políticos, legisladores, funcionarios judiciales, de manera impúdica. Había fiscales que recibían instrucciones de legisladores, esto es complejísimo».

Acerca de las acusaciones en su contra, Sain afirmó: “No se puede livianamente que un ministro comete delitos de esa gravedad en Argentina. Puede ser que inicie acciones judiciales en lo civil, porque me sentí ultrajado en mi intimidad. Si querés boxear, báncatela. No podés decir livianamente que dirijo una estructura ilegal de inteligencia, que manipulo fiscales, que cometo delitos complejísimos de poder porque manejo poder y quede como un comentario pueblerino, tan típico de la política santafesina”.

La Comisión de Seguimiento e Información de la causa penal que investiga a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y al empleado judicial Nelson Ugolini se reunió este martes con Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, dos de los fiscales que integraron el equipo acusador de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y con la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. «Queremos conocer a fondo la relación entre el delito organizado y los fiscales», señaló el diputado provincial socialista Joaquín Blanco, quien preside la Comisión, tras el cónclave.

“En esta primera reunión, se solicitó a los funcionarios un detallado informe de todo lo actuado en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Rosario. También sobre la audiencia imputativa y la declaración testimonial del ex jefe de la Policía de Santa Fe Víctor Sarnaglia, cuyo pedido de licencia y posterior renuncia consideramos hechos de relevancia, y sobre cuáles son los próximos pasos a seguir en una causa que tiene un alto impacto institucional. Queremos acompañar el trabajo de los fiscales aportando elementos, que puedan ser importantes para que la opinión pública conozca lo que ha sido el entramado de las relaciones entre el delito organizado y la Fiscalía Regional de Rosario”, afirmó Blanco.

La Comisión tiene previsto citar para la semana que viene al ex Jefe de Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, y a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Ceclia Vrancich, para continuar recavando voces en este proceso. El fiscal Schiappa Pietra explicó: «Es una investigación que tiene varias aristas: la de los fiscales Serjal y Ponce Asahad, la del juego clandestino en sí y la de las extorsiones. Estamos en una etapa de análisis de todo el material que hemos secuestrado en los allanamientos y diversas medidas para luego poder determinar las responsabilidades e imputaciones”.

Por su parte, Edery afirmó: “Tenemos la intención de colaborar con legisladores en la investigación de un hecho que tiene una repercusión institucional muy importante en la provincia de Santa Fe. Acompañamos la preocupación de la Legislatura y nos ponemos a disposición para aportar todo lo que necesiten. Es una preocupación muy válida y nos alienta a seguir investigando”.

Con rango constitucional, la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los fiscales Serjal y Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino está integrada por legisladoras y legisladores de todos los bloques políticos.

La presidencia está a cargo de Blanco, mientras que Carlos del Frade (Frente Social y Popular-Ciudad Futura) y Mónica Peralta (FPCyS-GEN) se desempeñan como vicepresidentes; y Cándido (FPCyS-UCR), como secretario. Se completa con Lionella Cattalini (FPCyS-Socialistas), Maximiliano Pullaro (FPCyS-UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Mónica Peralta (FPCyS-GEN), Gabriel Real (FPCyS-PDP), Ximena Sola (Juntos por el Cambio-UCR) y Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino).

Leonardo Peiti, el empresario del juego que acorralado por la Justicia brindó detalles sobre el entramado de corrupción que involucra a fiscales del Ministerio Público de la Acusación, admitió el pago de coimas a Gustavo Ponce Asahad: “Al principio me pidió una suma de dinero y yo le propuse pagarle todos los meses a cambio de que me cubriera la espalda Le paga una suma en pesos equivalente a los 4 mil dólares mensuales». También contó cómo fue un encuentro que tuvo con Patricio Serjal, el jefe de fiscales de Rosario destituido por esta causa.

“Pensé que estar del lado de esta gente me iba a dar protección”, aseguró acerca del porqué comenzó a relacionarse con los fiscales, lo cual inició a fines de 2018. “Uno de los principales requerimientos que yo necesito para desarrollar mi negocio, es no tener antecedentes; este fiscal (por Gustavo Ponce Asahad) se entera de que había un inconveniente conmigo en Melincué, entonces me cita en un bar para informarme que podía haber un problema y que podía ser muy doloroso para mí”, relató en una entrevista a Telenoche por Canal 3.

Además, el empresario contó que sufrió amenazas: “Fueron pasando los meses, comencé a vivir un infierno. También sufrí un atentado en un edificio. Por todo eso, interpreté que estar al lado de esa gente (los fiscales denunciados) me iba a dar cierta seguridad y protección. Yo al principio tuve la reunión con Ponce Asahad, me dijo que tenía una información que podía ser muy beneficiosa para mí. Me dijo que un fiscal de Melincué (Matías Merlo) tenía una causa que me podía complicar”.

Con respecto a cómo era el pago de coimas a Ponce Asahad, dijo: “Al principio me pidió una suma de dinero y yo le propuse pagarle todos los meses a cambio de que me cubriera la espalda. Yo le daba en pesos una suma equivalente a unos 4 mil dólares mensuales. Así pasé de ser víctima, a ser un extorsionador”.

“Con el tiempo me fui dando cuenta de que estar al lado de esta gente (por los fiscales) no me favorecía”, aseguró Pieti y describió un encuentro con Patricio Serjal: “Sí, nos reunimos con Serjal en un hotel de Recoleta (Buenos Aires). Le comenté que venía recibiendo extorsiones, me dijo ‘manejate con Gustavo (Ponce Asahad)’. Esa es toda la charla que tuve con él”.

La causa por juego ilegal y extorsiones de Rosario por la que fue allanada la vivienda del fiscal Gustavo Ponce Asahad reveló que le entregaba “entre cuatro y cinco mil dólares” mensuales al funcionario judicial desde hace un año, habría sido corroborada por “evidencia objetiva”, según fuentes de la investigación. En la misma causa también estaría involucrado el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.

A raíz de ello el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, pidió al fiscal regional Patricio Serjal, involucrado en las denuncias por pedido de coimas a cambio de impunidad en Rosario, que dé un paso al costado mientras avanzan las investigaciones.

“Es lo que corresponde porque es muy crítico lo que está pasando”, dijo Baclini este viernes a la tarde en rueda de prensa.

Baclini reveló que le pidió a Serjal que “evalúe la situación adecuadamente” porque es “sumamente grave”.

“Hablé luego de la audiencia con Serjal sobre lo problemático y crítico que es para la institución –por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)– que él esté a cargo de la fiscalía regional más importante de la provincia, con los delitos más importantes”, señaló.

A pesar de todo, todas las denuncias se elevarán a la Legislatura, encargada de nombrar y eventualmente remover al fiscal regional.

Por lo pronto, Serjal está de licencia hasta el 11 de agosto por haber estado en contacto con un funcionario que dio positivo de coronavirus.

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