Mariano Ríos Artacho, exfiscal del MPA, quien dejó su cargo en junio de 2024, quedó imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a retirar fondos depositados en cuentas judiciales. Según la acusación, el exintegrante de la unidad de Delitos Económicos del MPA definía qué cuentas podían ser vaciadas y firmaba los oficios necesarios para concretar las extracciones.

La maniobra habría involucrado fondos correspondientes a fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas judiciales. Por debajo de Ríos Artacho, otros integrantes de la organización se habrían encargado de conseguir prestanombres, retirar el efectivo de los bancos y distribuir el dinero entre los involucrados. Entre los imputados figuran Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R., señalados como personas que habrían facilitado sus identidades y cuentas bancarias.

Según la hipótesis de los fiscales, la organización también contaba con un mecanismo para disimular los faltantes. Cuando una causa se acercaba a una instancia de juicio abreviado o probation, el abogado penalista Emilio Barcacia se habría presentado en los bancos para depositar dinero en efectivo y recomponer temporalmente los saldos de las cuentas.

La investigación comenzó después de que la propia Unidad de Delitos Económicos del MPA detectara irregularidades en una cuenta judicial y alertara a las autoridades. El caso avanzó hasta una serie de allanamientos realizados la semana pasada por la Policía Federal en Rosario y distintas localidades de Córdoba, que terminaron con nueve detenidos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.

La Legislatura de Santa Fe destituyó este jueves al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, luego de un proceso disciplinario que se inició por una denuncia que él mismo había presentado por el supuesto robo de dos neumáticos de su vehículo. La investigación encontró elementos que indicaban que el hecho habría sido simulado para conseguir que la compañía de seguros repusiera las cubiertas.

El caso comenzó cuando el MPA realizó una consulta de oficio ante la aseguradora y encontró elementos que despertaron sospechas. El expediente fue derivado al auditor Leandro Mai y luego remitido a la Legislatura, que en noviembre pasado dispuso la suspensión preventiva del fiscal, con una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a dependencias del MPA.

A esa investigación se sumaron luego denuncias de trabajadores de la fiscalía por presuntos malos tratos y otros cuestionamientos sobre su desempeño. También fue acusado de ingresar sin autorización al sistema informático Heimdall del MPA y de intervenir en una causa en la que él mismo aparecía como víctima de amenazas. En ese expediente habría cargado un requerimiento acusatorio elaborado por otro fiscal y solicitado una reparación económica para sí mismo. En marzo de 2026, la causa fue caratulada como tentativa de estafa.

Rodríguez y Barros intentó frenar el proceso disciplinario mediante un recurso de amparo. Su defensa sostuvo que el expediente debía tramitarse bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento previsto por la Constitución de Santa Fe, que contempla mayores garantías para el debido proceso. Sin embargo, la Comisión Bicameral de Acuerdos entendió que ese mecanismo todavía no se encuentra vigente porque depende de la sanción de una ley que lo reglamente.

Finalmente, el planteo impulsado por el diputado Marcos Corach llegó este jueves a la sesión conjunta de ambas cámaras. Diputados y Senadores resolvieron finalmente la destitución de Rodríguez y Barros, quien permanecía suspendido preventivamente desde noviembre del año pasado.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) derivó en la detención del exfiscal Mariano Ríos Artacho este martes en Rosario. El abogado había sido noticia en los últimos días por desempeñarse como defensor del femicida de Carina Candelas, perpetrado en una farmacia del centro. La aprehensión se realizó a raíz de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de una serie de 14 allanamientos.

Ríos Artacho, de 42 años, fue detenido a pedido del fiscal Adrián Spelta de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional de Santa Fe.

Según las primeras informaciones, el exfuncionario judicial que renunció al cargo a mediados de 2024 por motivos personales está en la mira por una presunta intervención en legajos durante su paso por la Agencia de Criminalidad Organizada, en Delitos Económicos.

En 2024 fue sancionado por 60 días por entregar de forma irregular un Mercedes Benz C250 Kompressor a un comisario acusado por abuso sexual, dos años atrás. Luego, tras reincorporarse a sus tareas, presentó la renuncia el 25 de junio del mismo año.

En 2025, fue imputado por el delito de abuso de autoridad por disponer de ese vehículo y por lesiones y amenazas a partir de un episodio ocurrido el 14 de junio de 2024 en el Casino City Center, en el que la Fiscalía lo acusó de agredir a un hombre.

En la actualidad, el exfiscal trabajaba como defensor de Martín Banchero, el hombre de 55 años que asesinó a puñaladas a su exesposa, Carina Candelas, el pasado 19 de agosto dentro de una farmacia de Dorrego y Zeballos.

El femicidio de Carina B., la mujer de 56 años que fue asesinada a puñaladas por su exmarido este miércoles mientras trabajaba en una farmacia céntrica, sigue bajo investigación y desde Fiscalía dieron información preliminar sobre el caso. El agresor de 55 años, Martín B., está detenido e irá a audiencia imputativa.

La fiscal Laura Riccardo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó declaraciones este mediodía en Dorrego y Zeballos, esquina en la que pasadas las 9:30 un hombre asesinó a su expareja, quien trabajaba en una sucursal de Marketing Farm. En primer lugar, explicó que la víctima estaba en un sector de depósito y narró: "Él llega, pregunta por ella, ingresa y se escucha una discusión. Una compañera va a intentar ayudarla pero él tenía un cuchillo”.

Por otro lado, Riccardo reveló que el cuerpo “tiene aproximadamente siete puñaladas y signos de defensa”. También, agregó: “Hay una compañera que intentó defenderla, nos dio testimonio y relató la situación”. En este sentido, detalló que tenía manchas de sangre en la ropa a la hora de relatar su versión y que había dos clientas en el comercio durante lo sucedido.

En cuanto al femicida, la fiscal dio detalles sobre su captura en el ingreso de una torre de Colón y Cerrito, donde llegó a bordo de un Citröen azul que utilizó para huir luego del hecho. “Se fue hasta su casa, vecinos lo dejan ingresar al edificio y ahí es cuando lo aprehenden”, subrayó. Será llevado a audiencia imputativa.

En relación a los antecedentes del matrimonio divorciado, mencionó que estaban separados desde diciembre de 2025 y puntualizó: “Venía siendo una relación conflictiva, él la venía molestando. No tenemos denuncias previas de ella como víctima”. En este contexto, enumeró episodios de hostigamiento reconocidos por testigos, en los que el agresor la seguía, la buscaba y le gritaba insultos a la pasada.

La Justicia federal resolvió procesar a la exfiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado, al considerar que cometió serias irregularidades en el manejo inicial en la escena donde apareció muerto Alberto Nisman, fiscal de la UFI-AMIA, en enero de 2015.

La resolución fue tomada por el juez Julián Ercolini e incluyó además un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de Fein. Según sostuvo el magistrado en el fallo, la entonces fiscal no preservó correctamente la escena del hallazgo en el complejo Le Parc y Permitió la pérdida o alteración de pruebas clave en un momento determinante para esclarecer el caso.

Para el juez, está probado en la Justicia argentina que Nisman fue víctima de un homicidio. En los fundamentos, Ercolini remarcó que las omisiones de Fein generaron "un grave perjuicio" para la investigación y remarcó que no se recolectaron todos los elementos probatorios que debían preservarse.

Asimismo, señaló que el departamento pudo haber sido alterado tanto por decisiones propias como por acciones que actuaban bajo su órbita en esas primeras horas de trabajo.

Alberto Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán.

La investigación por el ataque armado de un adolescente de 15 años en una escuela de San Cristóbal,  donde murió un alumno de 13 años y otros ocho resultaron heridos; sigue avanzando. Este lunes por la noche se confirmó que el agresor permanecerá alojado en un instituto de menores en Santa Fe.

Así lo comunicó este martes el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal de menores, Luis Schiappa Pietra, en declaraciones radiales, a partir de la determinación tomada en una audiencia inicial, a la espera de nuevos pasos procesales. El caso será juzgado por fuera de la reforma de la Ley Penal Juvenil, la cual baja la edad de imputabilidad a 14 años pero entrará en vigencia en septiembre, a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

De esta manera, el tirador es considerado no punible por la normativa actual. No obstante, el fiscal aclaró que "se puede judicializar la situación, llevarla a audiencia y disponer medidas de protección, tanto para el propio menor como para las víctimas y la investigación”, con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la defensa y la Secretaría de Niñez. 

En consonancia, el Gobierno de Santa Fe, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni en conferencia de prensa desde San Cristóbal, está trabajando para enviar una propuesta de intervención para presentar ante los Tribunales.

El funcionario aclaró que los investigadores “no han recibido” información de pruebas preliminares que permitan establecer que el menor que llevó la escopeta y disparó en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” haya sufrido bullying. “Estamos recabando testimonios y medidas para dilucidar cuál era su situación en ese momento”, subrayó.

Schiappa Pietra anticipó que se desarrollará una nueva audiencia en los próximos días, mientras siguen las pericias para esclarecer los pormenores del violento episodio perpetrado en contexto escolar.

El crimen de Gian, un bebé de 1 año y medio que recibió un disparo en la barbería de su papá en zona sur, conmocionó a la ciudad. Desde Fiscalía revelaron los primeros detalles de la investigación que ya tiene tres detenidos y dos demoradas.

Se trata del asesinato ocurrido este jueves por la tarde en Melincué al 6100, cuando gatilleros abrieron fuego contra el comercio e hirieron de gravedad al menor, quien fue trasladado por su padre y su abuelo al Hospital Roque Sáenz Peña, donde llegó sin vida debido a la gravedad de un impacto de bala en el pecho.

La fiscal Agustina Eiris del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dio una conferencia de prensa este mediodía y profundizó en los indicios preliminares de la causa. En primer lugar, la funcionaria aclaró que “hubo un conflicto previo entre dos personas" y que una de ellas es allegada al dueño de la barbería, el padre del niño. Además, aclaró que el hombre que tuvo el altercado con el asesino no se encontraba en el lugar al momento del ataque, cuando los tiradores llegaron en una moto y un auto, instantes antes de abrir fuego y huir. 

Un gendarme logró reducir en el lugar a Alexis V., quien posteriormente fue detenido. "Todo indicaría que uno de ellos sería el autor material de los disparos", aclaró la fiscal, quien también mencionó que hay otros dos involucrados aprehendidos tras un operativo en Patricias Argentinas al 600.

Acerca de las dos armas de fuego encontradas en el marco del operativo, un revólver calibre 32 cargado y una pistola calibre 11.25, detalló que “una de ellas fue secuestrada en la misma cuadra del hecho y todo indicaría que sería el arma homicida, pero todavía faltan pericias”.

En la misma línea, anticipó que pidió la audiencia para este lunes 9 de marzo, aunque todavía no fue confirmada, y los aprehendidos serán imputados por homicidio agravado por uso de arma de fuego en calidad de coautores.

Por otra parte, se confirmó que la hija del gendarme que facilitó la captura del presunto autor del crimen quedó demorada por “resistencia a la autoridad”, al igual que una mujer de 50 años que trató de entorpecer las tareas policiales en una de las locaciones donde secuestraron un Chevrolet Corsa gris con la luneta rota, cocaína y celulares.

Una requisa a la celda del exjefe de fiscales Patricio Serjal de Rosario, preso por la causa de juego clandestino, terminó con el secuestro de dos celulares. A eso se sumó un rechazo de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del exfuncionario por parte del tribunal.

Se trata del exfuncionario condenado a nueve años de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el renombrado caso que se destapó en 2020 y salpicó a la Justicia y la política de Rosario y la región. 

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo dentro de un colchón en una celda que Serjal comparte con otros dos reclusos. El exfiscal reconoció los dispositivos como propios, aunque el hecho deberá ser corroborado.

Posteriormente, en una audiencia de revisión, los jueces declinaron la solicitud de aminorar la prisión preventiva a domiciliaria, aunque autorizaron un examen de una Junta Médica Interdisciplinaria para evaluar el estado del preso.

Serjal se encuentra detenido desde 2020 por pertenecer a una asociación ilícita, de la que también formó parte su colega, Gustavo Ponce Asahad, policías y hasta conocidos políticos. En noviembre fue condenado a 9 años de prisión por recibir coimas mensuales en dólares a cambio de brindar información al del juego ilegal de Santa Fe, Leonardo Peiti. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Pùblico de la Acusación realizaron un nuevo derribo de un punto de venta de drogas en Rosario este lunes.

Las acciones enmarcadas en la Ley de Microtráfico tuvieron lugar esta mañana en un inmueble de Viamonte al 2400, ubicado en el extremo sudoeste de la ciudad. El ministro Pablo Cococcioni estuvo presente y supervisó el operativo.

El funcionario indicó que la orden de demolición fue aprobada tras un allanamiento y detalló: “Fue comprobada su utilización para actividades ilegales en materia de narcotráfico, pero también era un punto de escape. Se escondían después de robar, de ser perseguidos por cualquier otro delito. Los vecinos estaban expuestos a tiroteos y balaceras”. 

Por su parte, el fiscal Franco Carbone agregó que existen detenidos en el lugar que “están en prisión preventiva y tienen una vinculación con personas ya conocidas por nosotros e investigadas de antaño”.  A su vez, se refirió a la importancia del derrumbe del punto de venta de sustancias y relató: “En 200 metros tenemos una capilla, el centro de salud, una canchita de fútbol y dos escuelas. Ahí está la importancia de tirar abajo un lugar como este”.

“Hubo un homicidio a escasos metros, ocurrido el año pasado, que investiga el fiscal Alejandro Ferlazzo; hubo balaceras y tenemos los reportes de la venta constante de estupefacientes, con adolescentes usados como ‘soldaditos’”, concluyó Carbone.

Este lunes comenzó en Rosario el juicio contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el empleado de la Fiscalía Nelson Ugolini en el marco de la causa del juego clandestino, que desató un escándalo judicial en la provincia de Santa Fe. 

Por el caso, ya fueron condenados el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos. La instancia oral comenzó a partir de las 8:00 en el Centro de Justicia local.

Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato le adjudican a Serjal haber sido organizador de una asociación ilícita con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, delito agravado por su condición de funcionario público y la omisión de persecución. Pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Por su parte, Ugolini fue señalado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. En este caso, la pena pedida por los fiscales es de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal Caterina brindó declaraciones este lunes y, en relación al proceso judicial, explicó: “Tenía que ser agendado desde julio de 2023, decidimos llevarlo a juicio para no estirar más esta situación. Va a ser relativamente largo, está previsto para tres semanas completas”. 

Serjal fue detenido en agosto de 2020 y quedó bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en febrero de 2022, el camarista Guillermo Llaudet le otorgó la libertad bajo la prohibición de salir de la ciudad y del país sin la autorización del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal Gisela Paolicelli falleció a los 44 años este viernes en Rosario, era mamá de dos hijos y se desempeñaba en el Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Rosario.

Su fallecimiento fue dado a conocer a través de un comunicado emitido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el que destacaron su trayectoria profesional. 

Precisaron que juró como fiscal adjunta en 2014  y que se titularizó en el cargo en 2017, cuando pasó a formar parte de las unidades fiscales de Investigación y Juicio y de Homicidios Dolosos. Asimismo, ejerció como presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación entre 2018 y 2020 y entre 2021 y 2023. 

“Cada uno de sus roles los ejerció con enorme valentía, compromiso y humanidad. Fue una excelente compañera y será recordada por todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado”, concluyeron. 

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves de forma unánime el pliego de Matías Merlo y ahora será el fiscal regional Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.

Anteriormente, el letrado había sido el fiscal regional Nº 3, de Venado Tuerto y luego fue designado por la fiscal general María Cecilia Vranicich como el interventor de la sede rosarina desde marzo del 2024, luego de considerar que su antecesora, María Eugenia Iribarren, no era apta para el cargo. 

La votación por la designación de Merlo se realizó luego de que se le dedicara un minuto de silencio a Alejandra “Locomotora” Oliveras, que falleció el lunes 28 de julio.

En ese sentido, los legisladores votaron en favor del fiscal a razón de la decisión de la Comisión de Acuerdos de avalar su nombramiento después de hacerle una entrevista el 30 de julio.

Representantes del Gobierno de Santa Fe anunciaron este miércoles que los sectores de hotelería y turismo contarán con un plan de alivio fiscal.

La medida fue comunicada esta mañana en la capital provincial por la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; y el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, quienes brindaron una conferencia de prensa.

Los contribuyentes de ambos rubros tendrán un reconocimiento del 40 por ciento del pago del impuesto inmobiliario como crédito fiscal para el pago de Ingresos Brutos. A su vez, los beneficiarios que hayan realizado obras nuevas contarán con un crédito fiscal del 100 por ciento.

En este sentido, Aeberhard consideró que “se trata de una respuesta a la demanda que nos hiciera el sector vinculado al turismo desde el inicio de nuestra gestión” y subrayó que la medida significa un “gran alivio”.

El plan llega días después del anuncio de la propuesta de alivio fiscal para comerciantes, que consiste en un 25 por ciento del pago del tributo inmobiliario del inmueble utilizado para desempeñar su actividad como crédito fiscal de Ingresos Brutos.

Fiscalía confirmó que el hombre que se entregó por el doble asesinato en zona oeste este, ocurrido este domingo, había sido denunciado por amenazas contra una de las víctimas hace dos semanas y tenía una orden de alejamiento.

El detenido de 61 años, identificado como Aníbal Ramón C., era buscado como presunto autor de los asesinatos de Natalia O., de 40 años, y César V a balazos, ocurridos este fin de semana en una vivienda de Uruguay al 5300, en la zona oeste de Rosario.

El fiscal detrás de la investigación, Alejandro Ferlazzo, brindó declaraciones este lunes por la mañana sobre el avance del caso y explicó que el sospechoso era una expareja que estuvo 16 años en una relación con la mujer fallecida. “Luego de una serie de allanamientos se presentó esta persona, quedó en calidad de detenido y vamos a formular imputación en los próximos días”, subrayó.

Por otro lado, Ferlazzo confirmó que el autor tenía una prohibición de acercamiento sobre la víctima femenina y que dos semanas atrás había sido denunciado por amenazas contra la misma. “Él vivía en ese lugar y, a partir de un problema de hace unos 15 días, con una denuncia de ella hacia él se impuso una restricción. Estamos analizando la figura de femicidio”.

El ex fiscal Mariano Ríos Artacho fue imputado por abuso de autoridad, lesiones leves dolosas y amenazas.

Artacho renunció a su puesto en la Unidad de Delitos Económicos el 25 de junio de 2024 luego de haber sido suspendido por dos meses por la Legislatura provincial por uno de los hechos por los que se le imputó. 

En ese marco, la investigación impulsada por los fiscales Marcelo Nessier y Alejandro Benítez, señalaron que los delitos ocurrieron mientras trabajaba en la Fiscalía de Rosario. 

Uno de los hechos más “recientes” por el que es apuntado sucedió el 14 de junio de 2024, casi dos semanas antes de abandonar la Fiscalía, cuando en el casino del City Center se peleó con un Policía y lo amenazó. 

Por otro lado, el suceso que desencadenó su suspensión data del 29 de noviembre de 2022 cuando le entregó un Mercedes Benz C250 al comisario Álvaro Rosales. Dicho vehículo había sido secuestrado en un allanamiento a un empresario cerealero sospechado por estafas. 

De acuerdo a las investigaciones, Artacho y Rosales tenían una relación cercana y de compañerismo. Rosales fue detenido en 2022 apuntado por un abuso contra una cadete de la Escuela de Policía de Rosario. 

Aníbal Vescovo, fiscal de reconocido paso por el fuero penal local, y también docente universitario falleció este miércoles. 

Su fallecimiento fue informado por el Ministerio Público de la Acusación, desde donde reconocieron que su pérdida se configura como un “momento difícil para quienes compartieron la labor diaria con él”. 

En ese sentido, brindaron su pésame y ofrecieron su acompañamiento a familiares, amigos y allegados. 

Fue docente de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario y trabajo como fiscal antes de que se comenzará a usar el nuevo sistema penal del 2014, después y en la Justicia de menores. 

El fiscal de la causa por la desaparición en San Lorenzo de una joven de 20 años llamada Sofía Delgado, Carlos Ortigoza, explicó este viernes en conferencia de prensa qué recorrido hizo el celular de la muchacha hasta el momento de perder su rastro. 

En primera instancia, Ortigoza señaló que el teléfono registró actividad hasta las 23.20. 

“Se desconecta de una antena de San Lorenzo, va hasta puerto San Martín, vuelve a San Lorenzo y ahí fue el último rastro. Después no tiene actividad”, señaló. 

En ese marco, aseguró que ya se revisaron múltiples registros fotográficos de cámaras de seguridad: “Las cámaras que mas analizamos fueron referidas al domicilio de la joven. En una se ve que va una persona de atrás, caminando a la par de una moto, pero no podemos acreditar ni descartar que sea ella”. 

Además, se observó que en una de las filmaciones aparecía un vehículo aparentemente oscuro con un recorrido cercano a la vivienda de Sofía alrededor de las 23. 

No obstante, no confirman que la muchacha haya subido al rodado sospechoso “porque en las cámaras no se registró eso". "No se ve con nitidez si alguien subió o bajó", consignó el fiscal.

En relación a las tareas de búsqueda, Ortigoza precisó: “Se ordenó la exploración por agua con Prefectura. Tenemos un abanico grande de hipótesis”. 

“Fueron aportados datos de testigos que dijeron haberla visto en Rosario y Timbúes. Todo fue investigado sin éxito”, subrayó. 

Asimismo, se refirió al rol que tiene la pareja de Sofía en la investigación por su desaparición, y afirmó que de momento, es un testigo. 

“En un principio aparece como testigo. Se le tomó declaración y dijo dónde estaba al momento de la desaparición. Es la única persona con la que tuvo contacto por mensaje de texto, pero fueron de ella hacia él pidiéndole que le conteste. Él no respondía ya que estaba en otro lugar y eso está acreditado en el expediente”, sostuvo. 

Los jueces Hernán Postma, Alejandro Negroni y Mariano Aliau autorizaron a que se abra el celular del fiscal, suspendido por un plazo de cuatro meses, Matías Edery. El funcionario está sospechado de haber tenido una relación impropia con Mariana Ortigala, ligada a Los Monos, quien fuera su informante. 

No obstante, sólo se podrán estudiar las conversaciones que tuvo con tres contactos específicos, entre los cuales figura Ortigala. 

Además, la decisión del tribunal permite que se examinen los chats con Lorena Córdoba, imputada por extorsionar al dueño de una agencia de quinielas; y con Natalia Salinas, sindicada como otra informante del fiscal, pero que fue asesinada en febrero de 2021.

También se registrará la galería del teléfono para examinar el material recibido sobre un hecho ocurrido el 16 de febrero. 

Por otra parte, los magistrados resolvieron que se revise el celular de una trabajadora de la Agencia de Criminalidad Organizada (AIC), debido a que se la señaló por tener contacto con Ortigala. 

Un joven y una mujer fueron imputados este jueves por los crímenes del colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich, perpetrados el 7 y el 9 de marzo respectivamente. Se trata de Axel Ignacio Herrera, quien está sospechado de disparar contra el chofer de la Línea K, y de Joana Laura García, acusada de facilitar el arma y la nota en el homicidio del empleado de la estación de servicio. Los dos seguirán detenidos. 

Ambos fueron imputados por los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone durante una audiencia imputativa que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal (CJP). 

De acuerdo a lo que expusieron los funcionarios, el homicidio de Bussanich se pergeñó a través de una videollamada que el menor de 15 años que apretó el gatillo mantuvo con un preso del penal de Ezeiza (que podrían ser Esteban Lindor Alvarado o Claudio Mansilla). Ese contacto ocurrió en la casa de Axel Rodríguez- también detenido por el hecho- en Misiones al 2200. 

Según los fiscales, fue García quien llevó el arma al tirador-no punible por su edad- a esa vivienda. Además tiró la nota amenazante que quedó en la estación de servicio de Mendoza y Circunvalación, donde asesinaron al muchacho. 

Por su parte, Herrera- a criterio de los investigadores- se subió a la unidad de la Línea K, haciéndose pasar por pasajero, y disparó contra Daloia, quien manejaba el rodado. A la par, en una moto, lo esperaba José Maturano, quien permanece prófugo. El colectivero murió tres días después tras haber agonizado producto de las heridas. 

Este jueves la legislatura de la provincia de Santa Fe apartó, por unanimidad, a Gabriela Lescano de su cargo de fiscal, en el medio de una investigación por incumplimiento de deberes de funcionario público. En octubre del 2023, había sido suspendida provisoriamente. 

Lescano fue denunciada por alquilar una oficina externa donde una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizaba trabajos con legajos de investigación. 

Los senadores y diputados de la provincia votaron por unanimidad a favor de remover del cargo a la fiscal Regional de la 2ª Circunscripción Judicial (Cañada de Gómez) por mal desempeño de sus funciones. Asimismo, fue inhabilitada por 10 años para acceder al MPA.

La acusación fue presentada en la legislatura mediante un escrito que realizó la comisión de Acuerdos, basándose en la denuncia de la diputada radical Silvana Di Stefano.

Gustavo Feldman, abogado de la fiscal, había presentado este miércoles un recurso para que no se continuara con la acusación, argumentando que Lescano presentaba problemas de salud, no pudiendo ejercer su defensa debidamente. Esta presentación fue descartada por los legisladores. 

El titular de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, el senador Joaquín Gramajo, destacó la labor de la diputada Di Stefano, de la comisión bicameral y la defensa, y esbozó que el criterio de la comisión fue tener en cuenta aquellas resoluciones médicas provenientes de la Corte Suprema de Justicia y Caja de Previsión Social.