La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo este jueves una jornada de tensión frente al Congreso de la Nación, donde se registraron incidentes en medio de la movilización contra el Gobierno de Javier Milei.

Los disturbios ocurrieron bajo una intensa lluvia, mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes sindicales participaban de la protesta. Según informaron las fuerzas de seguridad, cinco efectivos resultaron heridos por el impacto de objetos contundentes: tres pertenecientes a Gendarmería Nacional, uno a la Policía Federal y otro a Prefectura Naval.

El operativo también tuvo consecuencias dentro del anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en la esquina de Rivadavia y Riobamba, donde llegaron los gases lacrimógenos. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y resultaron afectados. Moreau sufrió una descompensación y tuvo que recibir asistencia médica, mientras que el diputado Germán Martínez salió del edificio para interiorizarse sobre lo ocurrido.

Desde el sector sindical universitario cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad. Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, calificó la intervención como una represión contra una movilización pacífica y criticó al Ejecutivo por destinar recursos a los operativos en lugar de atender las necesidades presupuestarias de las universidades. Pese a los incidentes, aseguró que las organizaciones mantendrán las protestas.

La movilización fue convocada por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con el reclamo central de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La lluvia obligó a adelantar el acto principal y llevó a varios participantes a retirarse antes de lo previsto. La protesta coincidió, además, con una jornada legislativa en la que la oposición no consiguió el quórum necesario para tratar distintos temas en la Cámara de Diputados.

La previa de la Marcha Federal Universitaria se vive con distintas acciones en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Este miércoles, estudiantes de Psicología resolvieron ocupar el edificio bajo la modalidad de toma activa, una medida que se suma a las impulsadas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en Humanidades y Artes. En esta última institución, sin embargo, hubo diferencias entre agrupaciones sobre la continuidad de la protesta.

La decisión de los alumnos de Psicología apunta a organizar la participación estudiantil y reunir a más personas para la movilización. Según explicaron desde el centro de estudiantes, durante la ocupación buscarán sostener actividades y espacios de debate, con la intención de trasladar luego el reclamo a las calles. La jornada también estará condicionada por el paro docente previsto para este jueves.

El eje de la protesta es el reclamo al Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A esa demanda se suman los pedidos de recomposición salarial para docentes y no docentes, una actualización de las becas estudiantiles y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. En Humanidades y Artes, los estudiantes también pusieron el foco en las condiciones edilicias y los problemas de mantenimiento de la facultad.

La movilización en Rosario comenzará a las 15, con una concentración en la plaza San Martín y una marcha hasta el Monumento Nacional a la Bandera. La convocatoria reúne a distintos sectores de la comunidad universitaria y forma parte de una jornada federal en defensa de la educación pública. En la ciudad, las medidas previas incluyen asambleas, clases públicas y actividades de difusión para sumar participantes al reclamo.

La Justicia federal resolvió este miércoles imponerle una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden vinculada con la ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En su resolución, el magistrado consideró que se había verificado el incumplimiento de la orden judicial y decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre. La sanción económica se aplicará por cada día de demora y, según advirtió, el monto podría modificarse, al igual que los funcionarios alcanzados por la medida.

El conflicto está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La disputa judicial se desarrolla en torno al cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Por otro lado, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional aplicar la ley. La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

En la denuncia, Solano pidió que la investigación también alcance a otros funcionarios que pudieran haber intervenido en el incumplimiento de la resolución. Como posibles delitos, mencionó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. El dirigente sostuvo que la situación reviste gravedad institucional y señaló que la orden judicial fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado en el expediente

La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el juez federal Martín Cormick aceptara la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la resolución que ordenó cumplir con la normativa. Sin embargo, el magistrado aclaró que la medida cautelar continúa vigente, por lo que el Ejecutivo deberá mantener las acciones exigidas hasta que se resuelva la revisión del caso.

Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, elevó la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos oficiales y decidir si ratifica o revoca el fallo de primera instancia. En paralelo, el juez dispuso que siga adelante el trámite para ejecutar el cumplimiento de la cautelar.

La resolución judicial exige al Gobierno nacional otorgar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y trabajadores no docentes y actualizar las becas estudiantiles. La ley fue promulgada en octubre de 2025, pero su aplicación continúa en el centro del conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad universitaria.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, además de comprometer el equilibrio fiscal. Entre sus argumentos, el Gobierno planteó que la implementación de la norma tendría un impacto presupuestario considerable y señaló que no se identificó una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos.

En ese sentido, el Ejecutivo advirtió que cubrir las obligaciones mediante reasignaciones presupuestarias podría comprometer una parte sustancial de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. También reclamó que las normas sobre financiamiento universitario se interpreten en conjunto con la legislación que regula la administración y ejecución del gasto público. La definición de la Cámara será clave para determinar cómo continúa el litigio, aunque, por ahora, la cautelar sigue obligando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto por la Justicia.

La Justicia federal declaró inconstitucional este martes una parte del decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al planteo de fondo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades y docentes, además del amparo de la Universidad de Buenos Aires.

El magistrado cuestionó específicamente el apartado del decreto que condicionaba la aplicación de la ley a la determinación de una fuente de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto. En su resolución, ordenó al Gobierno dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para cumplir con la legislación y le impuso las costas del proceso al Estado nacional.

Sentencia sobre el planteo de fondo para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario a favor las Universidades Nacionales.

El conflicto se originó en 2025, cuando el Congreso sancionó la ley 27.795 y luego insistió con su aprobación por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras tras el veto de Javier Milei. El Ejecutivo finalmente promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, pero incorporó la referencia al artículo 5 de la ley 24.629, utilizada para supeditar su ejecución a la existencia de partidas presupuestarias.

La sentencia representa un nuevo capítulo del conflicto judicial entre las universidades y el Gobierno, luego de distintas medidas cautelares dictadas durante el último año. En diciembre de 2025, el propio Cormick había ordenado provisoriamente aplicar la ley y actualizar partidas destinadas a salarios docentes y becas, una medida que luego tuvo otros avances judiciales.

El Poder Judicial tomó una determinación clave en el marco del reclamo por el presupuesto educativo. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Estado Nacional para que, en un plazo máximo de cinco días, proceda al cumplimiento efectivo de la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución judicial busca garantizar la recomposición de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de asegurar los fondos destinados a las becas estudiantiles. La noticia fue confirmada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, a través de sus redes sociales.

Bartolacci calificó la resolución como una "excelente noticia del ámbito judicial en el marco de la causa que llevamos adelante por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento". El rector subrayó que el magistrado fue contundente al señalar que la medida cautelar se encuentra "plenamente vigente y no cumplida" por parte del Poder Ejecutivo.

Además, detalló que el juez otorgó un plazo de cinco días al Estado Nacional para regularizar la situación. En caso de no avanzar con lo dispuesto, se aplicarán astreintes, que consisten en multas diarias de carácter progresivo destinadas a presionar el cumplimiento de una orden judicial. Esta medida había sido solicitada específicamente por el Consejo Interuniversitario Nacional durante el desarrollo del proceso legal.

En relación con los pasos a seguir, el presidente del CIN enfatizó la postura del sector universitario frente a la disputa legal. “Seguimos con mucha responsabilidad, respetando todos los pasos del proceso judicial, también con mucha firmeza, hasta que se cumpla la ley, que es lo que corresponde”.

La causa judicial representa un punto de inflexión en el conflicto por el financiamiento de las casas de altos estudios. La exigencia de cumplimiento de los artículos 5 y 6 es fundamental para la recomposición salarial del personal universitario, que vio afectado su poder adquisitivo en los últimos meses, y para el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil que permiten la permanencia de los alumnos en el sistema público.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional mantienen la expectativa de que el Gobierno nacional acate la orden judicial dentro del plazo establecido para evitar la aplicación de las sanciones económicas previstas por el magistrado. La comunidad universitaria permanece atenta a la resolución de este conflicto.