La prima del capo narco Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández fue imputada y quedó presa por comercio de drogas este lunes 11 de mayo. 

Se trata de Noelia Gisela Fernández, de 41 años, a quien la fiscal Paula Barros acusó de haber cometido el delito de comercio organizado de estupefacientes en grado consumado, en calidad de coautora. En ese marco, la jueza María de los Ángeles Granato le dictó prisión preventiva efectiva.

De acuerdo a lo constatado en la causa, agentes de la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a Fernández el 8 de mayo en una vivienda social de Florida al 200, en la zona norte de Rosario. 

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron alrededor de 600 gramos de cocaína en trozos compactos con logo de delfín, un celular, una balanza de precisión y anotaciones. 

Según la investigación, la mujer se desempeñaba como proveedora de droga para la Banda de la Pelada, asentada en Villa Flammarion. También coordinaba la entrega y reposición del material, realizaba reclamos por pagos adeudados y se encargaba de la recaudación del dinero proveniente de las ventas.

El caso se originó a raíz de la desaparición de Alicia Godoy, de 38 años, quien el 4 de abril perdió su rastro tras mantener una deuda con el grupo. En consecuencia, sus familiares fueron extorsionados y tuvieron que entregar 50 mil pesos y una bicicleta para saldar la deuda. 

Miembros de la banda mantuvieron a Godoy privada de su libertad en una propiedad de Vuelta de Obligado al 4900. previamente, el 20 de abril, la policía detuvo a los principales integrantes de la Banda de la Pelada, conformada por María Belén Salinas, apodada como “La Pelada”, su pareja Gastón D’Agostino y su hermana Ana Laura Salinas. 

Los tres permanecen en prisión preventiva. Godoy apareció con vida el 5 de mayo en barrio Acindar. En ese contexto, investigadores recuperaron mensajes del celular de Salinas que vincularon directamente a Noelia Fernández con el suministro de estupefacientes al grupo.

Dos hombres fueron sentenciados este martes a 10 años de cárcel por haber extorsionado a un comerciante de la zona norte de Rosario mientras estaban apresados en la Unidad Penitenciaria Nº16 junto a otros cómplices.

Los condenados son Ignacio Andrada y Pablo Luján, quienes fueron acusados por el fiscal Ramiro González Raggio de haber cometido el delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. 

El caso se remonta desde el primero de julio de 2022 cuando una banda que operaba desde la cárcel de Pérez comenzó a mandarle mensajes a la víctima a través de whatsapp en la que lo amenazaban de muerte y exigían pagos de 500 mil pesos. 

Como el comerciante hizo caso omiso a las amenazas, los sospechosos atacaron a tiros su local de Cabassa al 1700. De la escena se secuestraron 15 vainas servidas y una nota con un número de teléfono para que se reanuden las conversaciones fraudulentas. 

Como las intimidaciones continuaron tras el atentado, la víctima cedió y les entregó 80 mil pesos en un descampado de Uriarte y Esquivel donde uno de los cómplices de los condenados, identificado como Axel R., pasó a retira los fondos. Asimismo, realizó dos transferencias por un total de 34 mil pesos a una cuenta a nombre de una mujer llamada Alejandrina F., por pedido de los reclusos. 

En ese marco, los investigadores rastrearon desde donde provenían las comunicaciones que recibía el comerciante y determinaron que eran enviados desde celulares en la Unidad Penitenciaria N°16. En un allanamiento, le secuestraron un teléfono que era usado en las amenazas a Andrada. 

Dos hombres fueron detenidos como aparentes responsables de extorsiones denunciadas el pasado 8 de agosto en la zona sur de la ciudad. Los hechos iniciaron una investigación, por la cual la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos que dieron con la detención de Nicolás E. L. y Jonatan P.

Dicha investigación se inició a partir de un oficio judicial del fiscal Federico Rébola, luego de tomar conocimiento de un hecho de extorsión telefónica con el que obligaban a la víctima a transferir dinero a una cuenta bancaria a cambio de no sufrir daños materiales ni amenazas sobre su entorno familiar y comercios.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en las calles Nochetto al 600, Ugarto al 700 y Gallegos al 600. En estos tres domicilios, los agentes policiales secuestraron el teléfono celular desde el que se originaron las amenazas y una libreta con anotaciones varias de interés para la investigación.

A su vez, los efectivos aprehendieron a los dos hombres mencionados, quienes fueron identificados como los principales sospechosos del caso y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos hombres detenidos fueron trasladados a la sede de la PDI para continuar con las diligencias correspondientes.

Un recluso del penal de Piñero fue condenado este jueves en el Centro de Justicia Penal a 12 años de prisión por haber instigado balaceras y extorsiones contra comerciantes entre les meses de junio y julio del 2022. 

El acusado es un hombre de 30 años llamado Gonzalo Nicolás Sánchez, su pena fue acordada entre la defensa y el fiscal Pablo Socca, y finalmente homologada por la magistrada Hebe Marcogliese. Cabe destacar que el imputado ya cursaba una pena de 7 años por un robo ocurrido en noviembre de 2018, por lo que ahora pesan sobre el hasta 20 años de cárcel.

Según la exposición de la Fiscalía, Sánchez ordenó que se intimiden a múltiples comerciantes para luego ofrecerles protección a cambio de pagos. En ese marco, la primera de las amenazas se registró contra un almacén familiar de calle French al 6200 el 20 de junio del 2022.

En ese día, los dueños debían comunicarse a un número telefónico que recibieron a través de un papel. Al otro día, sospechosos balearon el local con una pistola calibre 9 milímetros en al menos ocho ocasiones. 

Dichas amenazas resurgieron entre el 9 y el 10 de julio de ese mismo año cuando los responsables del almacén comenzaron a recibir amenazas a sus celulares en los que los atacantes pedían pagos a cambio de no volver a atacarlos. No obstante, el 11 de julio gatillaron contra un bar de la familia de Urquiza al 5900.

Otras de las víctimas fue el dueño de múltiples carnicerías de barrio Ludueña, al que le balearon dos comercios entre el 9 y el 13 de julio, en Formosa al 100 y Junín al 5600 respectivamente. La situación fue tal que el titular de esos locales acordó un pago de 150 mil pesos con Sánchez para que lo dejaran en paz.

Finalmente, otra de las víctimas fueron los dueños de un supermercado de Grandoli al 4100. El primer ataque fue el 7 de julio bajo la misma mecánica de siempre, los agresores dejaron una nota con un número para que se comuniquen y horas después los atacaron a tiros. El mismo violento episodio se repitió tanto el 9, como el 12 y el 16 de julio. 

Una pareja sospechada de extorsionar a un empresario de la ciudad fue detenida este jueves en la zona norte de Rosario.

Se trata de Ludmila Diara M. y Leandro Joel G., de 21 y 28 años respectivamente, investigados por intimidaciones a una víctima. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una entrega controlada en Del Valle Ibarlucea al 900, procedimiento en el que arrestó a los sospechosos.

Por otro lado, en el marco del mismo operativo, agentes allanaron tres viviendas en Conway al 3400, Dorrego al 100 bis y Ameghino al 500. Los uniformados secuestraron cocaína, una escopeta calibre 16, balanzas de precisión y documentación de interés para la causa.

La investigación, encabezada por el fiscal Pablo Socca, inició a raíz de una denuncia de la víctima en enero.

Un hombre que estaba preso en la cárcel de Coronda y su pareja fueron condenados por haber protagonizado múltiples extorsiones a comerciantes de la zona sur de Rosario en 2023.

Se trata de Brian Ezequiel Figueroa, sentenciado a 14 años de cárcel, quien ya cumplía una pena de ocho años y cuatro meses de prisión por robo calificado en 2019. En tanto, su pareja, Carla Palacios, fue condenada a 5 años.

Los dos imputados aceptaron someterse a un juicio abreviado, por lo que en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el juez Fernando Sosa avaló las penas tras homologar el acuerdo de la defensa con el fiscal Pablo Socca.

En el marco de la investigación, se comprobó que los acusados, además de intimar en persona a las víctimas o dejarles notas amenazantes, les dejaban un CBU para que paguen lo pedido. 

Asimismo, a través del análisis del contenido de los teléfonos secuestrados por la causa y el IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) se reveló que los afectados recibían mensajes en los que se mencionaba a la banda narcocriminal Los Monos- liderada por la familia Cantero-. De acuerdo a la pesquisa, exigían desde 50 mil pesos por semana o 250 mil para dejar en paz a los comerciantes durante un año.

Dos agentes policiales fueron arrestados este martes, acusados de extorsionar a un joven en la comisaría 30ª, ubicada en la zona norte de Rosario. De acuerdo a la investigación, los uniformados le exigieron 500.000 pesos a cambio de no avanzar con una denuncia por abuso sexual.

Los implicados fueron identificados como el oficial Gerardo A. y el suboficial Pablo Luciano N., quienes, peses a ser detenidos en flagrancia, fueron liberados y deberán comparecer ante la justicia el próximo martes 22 de abril en una audiencia imputativa.

El episodio comenzó el viernes anterior, cuando el joven se presentó en la seccional de Superí 2840, en barrio Parque Field, con el fin de recuperar unas llaves dejadas allí por su expareja. En ese momento, fue conducido a una oficina, requisado y amenazado con una supuesta denuncia en su contra. "Le dijeron que había una denuncia por abuso sexual y que lo iban a detener si no pagaba", señalaron fuentes del caso.

En un principio, la víctima ofreció su celular y 32 mil pesos disponibles en su cuenta bancaria, pero los policías insistieron en que debía abonar medio millín de pesos para archivar el expediente. Luego de unos minutos, logró salir de la dependencia policial y radicó la denuncia correspondiente.

Tras ser notificada, la fiscal Karina Bartocci, de la oficina de Violencia Institucional, dispuso la intervención de Asuntos Internos, que organizó una entrega controlada. El joven regresó a la comisaría este martes con 100.000 pesos en efectivo, previamente marcados, y los entregó a los efectivos.

En ese momento, los investigadores irrumpieron en la dependencia, detuvieron a los policías, incautaron sus celulares y recuperaron el dinero, que había sido escondido en un cajón de la guardia.

Aunque fueron capturados en plena transacción, la Fiscalía optó por no mantenerlos detenidos y avanzar con la imputación sin la intervención de un juez. La investigación sigue en curso con el objetivo de determinar si existen más víctimas.

Un sospechoso por el crimen de un joven de 18 años en zona noroeste fue detenido este jueves en el marco de una investigación por otros delitos.

Se trata de Walter Emanuel A, apuntado como uno de los involucrados en el asesinato a balazos de Lautaro Álvarez, el pasado 9 de febrero en Fraga al 1300 bis, cuando la víctima recibió un disparo en el cráneo y falleció tras ser ingresada al Hospital Alberdi.

Posteriormente, en un caso seguido por el fiscal Federico Rébola, un vecino de zona noroeste denunció al sospechoso por usurpación y extorsiones, además de afirmar que estaba ligado al crimen de Álvarez. 

De esta manera, el fiscal de Homicidios Dolosos, Alejandro Ferlazzo, ordenó un operativo policial por la zona del Bajo Campbell para dar con el sujeto. Es así que Walter A. fue detenido mientras circulaba por zona noroeste en una camioneta Partner blanca, la cual fue secuestrada junto con un celular.

Un recluso de la cárcel de Coronda oriundo de Rosario, identificado como Nicolás Emanuel Amarilla, fue imputado por extorsionar a comerciantes desde un celular entre noviembre del 2024 y enero de este año. 

Asimismo, su pareja, Yoana Fernández, fue imputada porque le brindaba información sensible de las víctimas al preso para llevar a cabo las amenazas. La misma había sido detenido durante un allanamiento en barrio Las Flores días atrás. 

En ese sentido, la jueza Melania Carrara le dispuso la prisión preventiva al recluso de 26 años, quien ya cumple una sentencia a seis años de prisión efectiva desde agosto de 2023.

En ese marco, el fiscal Federico Rébola argumentó la acusación sobre la base de múltiples escuchas telefónicas, entrevistas y entrecruzamientos de información. 

Una de las primeras extorsiones fue el 18 de noviembre fue a un local de barrio las Flores sur donde mediante una llamada le dijeron “que tenían a los pibitos afuera de la casa” para que les paguen entre 100 y 200 mil pesos por protección. 

Las amenazas se movieron al primero de diciembre cuando escogieron como blanco a una mujer de barrio Ludueña, a la que Amilla llamó haciendose pasar por miembro de una banda relacionada con Los Monos. 

En dicha llamada le dijeron que iba a tener que empezar a pagar porque el barrio era una zona “dominada” por la banda, pero la mujer le cortó la llamada. 

El último hecho ocurrió el 23 de enero cuando el recluso le recriminó a un comerciante de Funes por presuntamente haber echado a su pareja. 

Amarilla fue acusado por extorsiones en grado de tentativa y amenazas simples calificadas por ser anónimas. Por su parte, a Yoana Fernández se la imputó por extorsión en tentativa. 

A ambos se les fue dispuesta la prisión preventiva. A Amarilla sin plazos a Fernández por el plazo de la ley. 

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a la mañana en zona sudoeste de Rosario a dos mujeres que le pasaron datos de comercios a un preso del penal de Coronda para que extorsionara a sus dueños. 

Las detenciones se realizaron durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Clavel al 6900 por pedido del fiscal Federico Rébola. 

En esos operativos se secuestraron un revólver calibre .32, dos cartucho, teléfonos celulares, y otros elementos de interés para la causa.

Producto de los operativos, los uniformados detuvieron a las sospechosas identificadas como Joana V. F., de 32 años, y Margarita O. De 56. 

Ambas serán sometidas a una audiencia imputativa el viernes próximo junto al preso, que es novio de Joana V. F.

Dos hombres y una mujer fueron imputados por haber amenazado y baleado la casa de una mujer que se retrasó en el pago de un préstamo 700.000 pesos que los usureros le exigieron pagar a 1.400.000 pesos en dos partes y que lograron ser aprehendidos en una serie de allanamientos realizados en la zona norte y oeste de Rosario el lunes 16 de diciembre. 

El principal acusado fue un hombre de 26 años de nacionalidad colombiana identificado como Kevin Rodrigo Muñoz Delgado, quien quedó preso de forma preventiva por el plazo de la ley. 

Otro de los imputados fueron, por un lado, la novia de Kevin Muñoz Delgado, una mujer llamada Paula Angulo, a la cual le dispusieron prisión domiciliaria por dos años; mientras que el restante, Raúl Ariel Pelozo, fue puesto en libertad aunque deberá cumplir con normas de conductas por dos años. 

El fiscal de la causa, Federico Rébola, expuso que el caso comenzó cuando el 23 de agosto, Muñoz Delgado le transfirió 700 mil pesos a una mujer para que los devuelva en dos pagos para septiembre y octubre que juntos sumaban 1.400.000, el doble de lo prestado. 

En ese marco, como no se logró cumplir con los pagos en el tiempo acordado, el colombiano comenzó a visitar con un arma de fuego la vivienda de la mujer cada tres días para reclamar la deuda, por lo que se llevó su tarjeta de débito. 

Como los pagos no se concretaban, la situación se recrudeció el pasado 17 agosto, momento en que la casa de la estafada fue escenario de una balacera. Respaldada por una serie de amenazas a través de mensajes para que pague el préstamo. 

Según las investigaciones, de la deuda total, se llegaron a pagar 850 mil pesos que fueron transferidos a distintas cuentas bancarias, algunas de las cuales eran manejadas por otro de los acusados, Raúl Ariel Pelozo. 

Finalmente, la última imputada, Paula Angulo, fue imputada porque en el allanamiento en el que fue demorada se incautó una carabina semiautomática calibre .22 largo, un revólver calibre .32 y municiones. 

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la zona sur de Rosaro a tres hombres que amenazaron de muerte a una mujer por retrasarse en el pago de un préstamo. 

De acuerdo a las fuentes oficiales, una vez terminadas las investigaciones ordenadas por el fiscal Federico Rebola a raíz de la denuncia de la víctima de las intimidaciones, se realizaron tres allanamientos en los barrios La Carne y la Paloma.

Puntualmente, fueron requisados los domicilios ubicados en las calles Pasaje Lallana al 6100, Pasaje 529 al 600 y Hungría al 100, donde detuvieron a los principales sospechosos, Alexis A. C., Diego L. O., y Franco L. A. 

Los aprehendidos fueron derivados a la sede de la PDI. En tanto, en los inmuebles se secuestraron una bicicleta, dos motocicletas, cinco teléfonos celulares, más de 114 mil pesos, entre otros elementos de interés. 

Un recluso que estaba alojado en el Complejo Penitenciario de la zona oeste de Rosario fue condenado a tres años de cárcel por amenazar a un comerciante de Granadero Baigorria por mensajería privada a cambio de dinero. 

De acuerdo a lo expuesto en la causa, los hechos se dieron a conocer a finales de diciembre del 2023 cuando se imputó al condenado, Mauricio Martín P., y otras tres mujeres -entre ellas su pareja-, por amenazar durante ese mes a una individuo llamado J.C. 

En ese marco, Maurico C., que estaba apresado por tentativa de homicidio, logró junto a su pareja extorsionar a un comerciante para que les enviara 300 mil pesos. Dichas amenazas consistían en prometer balear el almacen que le pertenecía a familiares de la víctima, a través del envío de fotografías con personas armadas. 

El condenado y su acompañante lograron amenazar a la víctima a raíz de haber recolectado información sensible de la misma cuando trabajaban en una fábrica de cobertura de piletas cerca de la casa del afectado y otros datos personales aportados por otra de las mujeres imputadas. 

Asi las cosas, con intenciones de obtener el dinero demandado, facilitaron al comerciante el CBU de la imputada restante. 

El Ministero de Seguridad de la Nación denunció penalmente a miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y a Intercargo S.A.U por presuntamente cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión tras la cancelación de vuelos de este miércoles. 

Dichas cancelaciones ocurrieron a raíz de que trabajadores de Intercargo realizaran una asamblea gremial cerca de las 11 de la mañana por el despido de un trabajador en el aeropuerto metropolitano. 

La medida causó demoras y cancelaciones en varios vuelos de Aerolíneas Argentinas, que según estimaciones de Nación, mantuvieron a 2100 pasajeros varados dentro de las aeronaves por horas tanto en el Metropolitano Jorge Newbery como en Ezeiza. 

De acuerdo a la denuncia impulsada por el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales de la cartera de Seguridad, Fernando Oscar Soto, 1300 pasajeros quedaron retenidos en Ezeiza y 900 en Aeroparque a lo largo de seis aviones distintos. 

En este marco, Fuerzas Federales debieron asegurar el desembarque de los viajeros en operativos que duraron varias horas. 

Desde el Ministerio apuntan a que el accionar gremial viola el Código Aeronáutico Nacional, que considera la actividad aerocomercial como servicio esencial. A su vez, ampliarán la denuncia con testimonios de pasajeros e información de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, denunció penalmente por extorsiones y amenazas al secretario General de la Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, en el marco del conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas. 

La presentación judicial se realizó en el Juzgado Criminal 12, a cargo de Elizabeth Paisán, y se sustenta en las declaraciones que realizó el sindicalista ante los medios de comunicación, en las que advirtió que el conflicto salarial “se iba a poner mucho peor”. 

Dichas declaraciones fueron hechas en referencia al decreto 825 y 831, firmado por el Gobierno para declarar al transporte aéreo como un servicio esencial, luego de que APLA realizara un paro de 24 horas desde el mediodía del pasado viernes, que afectó a 37.000 pasajeros. 

En ese marco, la cartera a cargo de la ministra Patricia Bullrich, consideró “grave el accionar de Pablo Biró, puesto que podría exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito por el delito de amenazas extorsivas, contemplado el artículo 149 bis del Código Penal”. 

En ese sentido,  desde el Gobierno señalaron que las protestas deben ejercerse de forma “razonable y proporcional”, dado que, a raíz del nuevo decreto se debe mantener el servicio mínimo.

En tanto, definieron que “cualquier medida de fuerza que afecte a servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas, se la podría considerar ‘una huelga salvaje’ y estar fuera del amparo constitucional”. 

Mauro Scaloni, hermano del director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue imputado este viernes por estar involucrado en una causa que incluye asociación Ilícita, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas donde aparecen menores de edad.

La imputación la realizó la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio de Rosario, Viviana O’ Connell. En este marco, otras seis personas, identificadas como Luis Miguel B., Matías Nahuel D., Tiago Joaquín T., Tomás Bruno M., Franco  F. y Kevin P., fueron acusadas el 9 de agosto pasado por asociación Ilícita en calidad de miembros, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas donde se exhibe a menores de edad. 

Las calificaciones incluyen la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño ley 23.849, artículos de la Constitución Nacional que se refieren a la protección del niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales y la ley 25.763, protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, que complementa la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

“Todos estos hechos fueron cometidos en una clara situación de violencia, dominio y sometimiento por su condición de mujeres, al hacer circular fotos y filmaciones de las víctimas contra su voluntad, tratándolas como objetos sexuales para la recreación y el disfrute de los hombres, vulnerando su condición de personas iguales, lo que implica un contexto claro de violencia de género”, indicaron desde la fiscalía.

La denuncia fue realizada por tres mujeres identificadas en el expediente como L. A., A. G., y C. S., quienes denunciaron haber sido extorsionadas entre mayo de 2021 y marzo de 2022. Las fotos de las presuntas víctimas eran difundidas mediante Telegram e Instagram, por los acusados. Mediante perfiles falsos realizaban las extorsiones con el fin de obtener material pornográfico. 

En el caso de las seis personas imputadas anteriormente, los investigadores lograron llegar a ellos por las direcciones IP utilizadas para crear los perfiles falsos. 

Por el lado de Mauro Scaloni, según indican las informaciones, una de las denuncias indica que una de las víctimas, que pidió a su interlocutor verse en persona, fue citada en un departamento céntrico que era propiedad de Lionel Scaloni, quién no reside ni se encontraba en ese momento en Argentina.

Tras una investigación, en donde se recolectaron testimonios de vecinos del departamento, lograron identificar que era el hermano del DT argentino quién administraba el lugar. En este sentido, su abogado indicó: “Mauro administra este lugar, no vivió en el lugar y en las fechas que cita la Fiscalía el departamento estaba alquilado”. 

En este sentido, la defensa de Mauro Scaloni indicó que cuentan con la documentación correspondiente, relacionada a alquileres, constancias de servicios y declaraciones de los inquilinos, que prueban que el acusado no tiene vínculo con la causa. 

Este miércoles se realizó, en el Centro de Justicia Penal, una audiencia imputativa en contra de cuatro integrantes de la barra brava de Newell's por amenazas y extorsiones contra la dirigencia del club, que alcanzaron su mayor punto durante la balacera que sufrió una de las vocales de la institución el 26 de julio en zona sur. 

En ese marco, el fiscal Franco Carbone imputó por las extorsiones al Pollo Vinardi, cercano al líder narco Guille Cantero- preso en el penal federal de Ezeiza, su pareja Ivana Barrias, su hijastro Emir Rodríguez, y a su ladero, Lucho Gallardo. 

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, presentó un escrito en el que reveló que desde hace dos años el club era sometido a diversas extorsiones a cambio de sumas millonarias de dinero, entradas y camisetas. El texto fue leído por el fiscal Carbone durante la audiencia. 

Al comienzo del encuentro, la fiscalía determinó que Vinardi fue el cerebro detrás de las amenazas contra los dirigentes, que comenzaron hace al menos dos años, en agosto de 2022, según el testimonio de Astore. 

En ese periodo, más específicamente el 27 de agosto de 2022, en el partido contra Godoy Cruz donde la Lepra cayó 2 a 1, hombres de Vinardi increparon y abordaron al plantel. 

Ese hecho ocasionó que Astore suspenda el pago del medio millón de pesos que se abonaba a la barra antes de cada partido, lo que causó el enojo del principal imputado. 

“La plata que se le daba a la barra la destiné para las redes de las canchitas”, contó el presidente de la institución en el escrito que reprodujo Carbone. 

Otro de los episodios violentos ocurrió el 12 de diciembre de 2022, cuando atacaron a piedrazos al Hospital Privado de Rosario. “Después de no pagarles, me rompieron los vidrios del HPR. Creo que fue Gerardo ”Dibu" Gómez, porque me lo había cruzado antes en el club y me había dicho que me iba a arrancar los vidrios", agregó. 

Tras esa seguidilla de hechos extorsivos, el fiscal remarcó que el presidente se negó a entregarle el estadio cubierto a las barras para que hagan eventos y fiestas. 

“Lucho me hizo (a Astore) hablar en el playón con un tal Pollo porque querían más camisetas, plata y el estadio. Todo esto ocurrió mientras las nenas al lado mío estaban haciendo patín”, aportó. 

Más adelante, la fiscalía puso el foco en el partido contra Independiente Rivadavia, encuentro que contó con la visita de Scaloni, cuando desde la popular se lanzaron bombas de estruendo contra la Policía y la zona del plante visitante. 

Según la investigación, el disturbio fue incitado por el Pollo Verardi y Lucho Gallardo, y perpetrado por Rodríguez, debido a que la dirigencia le otorgó 1700 entradas a la facción disidente de la barra liderada por Ficcadenti. 

Por último, la extensa trama criminal llegó a su máximo punto el 26 de julio pasado, cuando balearon el frente de la casa ubicada en Chacabuco al 2700 donde vive una vocal. 

De acuerdo a lo que se ventiló, el ataque se perpetró debido a que el club no le había pagado la suma correspondiente antes de cada fecha a la barra, a pesar de haber entregado las entradas que se le regalaron a Ficcadenti. 

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó hasta 14 allanamientos en las sedes o domicilios relativos a movimietos sociales como CTD Aníbal Perón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL). 

En el marco del procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares y una gran cantidad de documentación relevante para la causa. 

La orden de los allanamientos fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, para así avanzar con la causa sobre extorsión y amenazas que sufrieron beneficiarios de planes sociales, que eran obligados a ir a las marchas, según denunció el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

En ese sentido, la causa comenzó a tomar forma cuando el Ministerio presentó ante la Justicia los llamados que se hicieron a la línea 134, donde personas tanto anónimas como identificadas denunciaron que sufrían amenazas en las que si no iban a las marchas, entonces se les iba a quitar cualquier tipo de asignación social que percibieran. 

El operativo se llevó a cabo en Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del Conurbano Bonaerense, como los es en, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y en el municipio de Malvinas Argentinas. 

En CABA, un local de MTL que estaba en barrio de Parque Patricos resultó allanado. Y se secuestraron cuadernos, una chequera y un celular. 

En Tristán Suárez, se requisó un merendero del Movimiento Evita, se secuestraron celulares y se identificaron a dos mujeres. 

Luego, también se allanaron merenderos en Malvinas Argentinas e Ingeniero Budge. 

En Ingeniero Budge se requisaron documentación de la cooperativa UTEP; mientras que en Malvinas se requisó documentación de importancia. 

En Maquinista Savio, la oficina del Movimiento Evita y de la cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo fueron allanadas. En ese lugar se relevaron carpetas, planillas, facturas y recibos. 

En San Justo se irrumpió en la sede de la Agrupación Unidad Carillo. 

Asimismo, los procedimientos alcanzaron a domicilios de actores sociales de Sarandí y Pablo Nogués. En esos puntos, se requisaron celulares y documentación. 

Los materiales y objetos secuestrados por la Justicia serán analizados para así seguir con las investigaciones. 

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) Rosario Departamento Complejas II detuvo este jueves a dos empleadas de la Comuna de Puerto Gaboto, ubicada en Bustinza al 400.

En el procedimiento, el personal policial también secuestró sus teléfonos en el marco de una causa por los delitos de usura y extorsión.

Asimismo, se realizaron allanamientos en dos domicilios de calle Castellanos 400 y de calle Alameda 1300 de Puerto Gaboto.

Interviene en la causa la Agencia del Crimen Organizado y Delitos Complejos, Área Delitos Económicos, a cargo del Dr. Miguel Moreno.

En un operativo conjunto de la Brigada Homicidios y la Brigada Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se realizaron 18 allanamientos que dejaron como resultado la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos de interés, en el marco de una investigación por un homicidio y también por una causa de extorsión.

Además, se realizó una intervención en barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de la ciudad, con el objetivo de desbaratar una banda criminal que tiene sus vinculaciones a detenidos en el Servicio Penitenciario.

Vale señalar que en las irrupciones intervinieron los diferentes grupos tácticos de la policía GOT, GAT, GIRI TOE y SOUCA.

Asimismo, los agentes trasladaron a dos personas, un hombre y una mujer, sospechadas del homicidio de Alejandro Francisco Orona (55), hecho que ocurrió el 22 de enero en la zona de Ottone al 1200 bis y Juan B. Justo. De las cuales no pueden brindarse identidades al momento, por estar siendo investigadas, hasta tanto se realice una rueda de reconocimiento y demás tareas afines a la investigación en curso.

En tanto, los efectivos incautaron prendas de interés para la causa: un par de guantes, documentación de interés para la investigación; 3 celulares, material estupefaciente no teniendo información de pesaje hasta el momento, dos notebooks, dos tablets, un cargador y seis municiones calibre 9mm.

Interviene Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de la Dra. Georgina Pairola.