La legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de dos campos, que combinados tienen casi 5000 hectáreas, pertenencientes al director técnico riojano, Ramón Díaz. 

Según Infobae, Fernando Delgado, diputado provincial por el Partido Justicialista, explicó que el gobierno de Ricardo Quintela buscará desarrollar políticas “turísticas, económicas y culturales” en los campos. 

Asimismo, la presidenta de la Cámara, Teresita Luna, precisó que vecinos de la localidad Patquía pidieron la expropiación de las tierras. 

Es que son un conjunto de territorios con agua dulce y termales, y actualmente la zona atraviesa un periodo de importantes sequías. 

En sintonía con lo expuesto por los anteriores legisladores, Carlos Machicote, afirmó: “Van a servir -los campos- para proveer agua potable a los vecinos de la localidad de Patquía, donde los bienes son escasos”. 

Cabe destacar que Patquía es un pueblo de 2000 habitantes ubicado a 70 kilómetros de la capital. Su población se decia en su mayoría a trabajar en el municipio o a trabajar la tierra y criar animales. 

En ese marco, el Ejecutivo riojano deberá armar un tribunal de tasación para valoral el costo de los territorios apropiados y pagarle dicha suma a Ramón Díaz. 

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que pretendía «rescatar» a la firma Vicentin «para que le sirva al Estado argentino» y, tras alertar que los datos sobre los acreedores son «muy preocupantes», apuntó a la oposición por «instalar la idea» de que los integrantes del Gobierno son «expropiadores seriales».

El jefe de Estado dio a conocer el viernes la decisión de derogar el decreto que dispuso la intervención de la cerealera y cuestionó al juez que tramita la convocatoria.

En ese escenario, el mandatario señaló este sábado: «El resultado es que ahora no sé para dónde van a correr».

«La plata del Estado no está para salvar directivos», remarcó y afirmó que su administración pretendía «salvaguardar a productores y puestos de trabajo».

«Nos pusieron todos los obstáculos. Me tuve que bancar a tipos tocando la bocina, insultando», se quejó Fernández en declaraciones a El Destape Radio, a la vez que destacó: «Lo único que intentábamos era ver si podíamos salvar esa empresa y ponerla al servicio de la Argentina. Fue todo imposible».

«Estatizar deudas privadas, no. Rescatar una empresa para que le sirva al Estado argentino, sí», consideró el jefe de Estado.

«La reacción de la oposición fue absolutamente adversa, tratándonos de expropiadores, de querer avanzar sobre la propiedad privada», analizó.

El mandatario fustigó: «Se preocuparon sólo por la propiedad privada de Vicentin. Instalaron la idea de que éramos expropiadores seriales», mientras advirtió que los datos recaudados sobre los acreedores «son todos muy preocupantes».

Se quejó de que la oposición aseguraba que el Gobierno «después iba por las casas, departamentos y campos de la gente».

«Son los que frustran la salida de la Argentina. Sería bueno que reflexionen y adviertan el país que dejaron», evaluó.

«Vimos que los activos de la empresa son el tercio de la deuda que va a tener que enfrentar», argumentó el Presidente, quien aclaró: «Queríamos rescatar una empresa, no a los directivos de una empresa. Para rescatar directivos estaba el Gobierno anterior».

El Gobierno de Santa Fe y las autoridades de la empresa Vicentin asistirán a una audiencia de conciliación para alcanzar un acuerdo sobre la administración de la empresa, que favorezca a ambas partes.

La pulseada Gobierno vs. Vicentin tiene voces a enfrentadas en la población. El jueves pasado organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron en caravana en Rosario, Córdoba y Buenos Aires en apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la compañía. Sin embargo también se realizaron en todo el país marchas contra las medidas tomadas por el Gobierno, exigiendo el respeto de las libertades e independencia empresarial.

A raíz de la disputa el titular del juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista (Santa Fe), Fabián Lorenzini, citó a las partes para el próximo miércoles 15 de julio a las 17.30 a una nueva audiencia conciliatoria.

Lorenzini conduce el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin y se ocupará de liderar la audiencia dedicada al incidente del expediente principal, surgido ante el planteo de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) para tomar la conducción de la administración de la empresa.

A través de la IGPJ, el Gobierno de Santa Fe solicitó al juez que desplace al directorio de Vicentin de la administración de la empresa y la otorgue -durante la extensión del concurso- a tres interventores, dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otro por la provincia.

Lorenzini rechazó el planteo santafesino y mantuvo al directorio de Vicentin en la gestión de la empresa, que afronta un concurso con un pasivo de casi $100 mil millones, entre acreedores comerciales y financieros.

Frente a los planteos de nulidad y apelaciones interpuestos por el Gobierno nacional y el santafesino, así como por la propia empresa, el juez elevó la semana pasada esos recursos a la Cámara de Reconquista, que deberá resolverlos.

Según voceros judiciales, es posible que al menos uno de los integrantes del tribunal de alzada deba excusarse, por lo que deberá ser designado un nuevo integrante para su conformación, lo que extendería los plazos de resolución del conflicto.

En otro orden, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana que se ordene la inhibición de bienes a empresarios de Vicentin y exdirectivos y gerentes del Banco Nación, además de su extitular durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.

Tras el anuncio de intervención del Grupo Vicentín, que realizó el presidente Alberto Fernández, y el posterior proyecto presentado por el gobernador de la provincia Omar Perotti como “salvataje” de la empresa que se encuentra en concurso de acreedores luego de declararse en cesación de pagos, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe Federico Angelini manifesó que “deben dejar actuar a la Justicia”.

“Nosotros planteamos a los gobiernos, que dejen actuar a la Justicia ya que las leyes tienen argentinas tienen instrumentos y herramientas para que este conflicto se solucione. El juez debe darle la garantía a los acreedores de que van a cobrar ya sea a través el cumplimiento efectivo por parte de la empresa, sino através del capital y los instrumentos legales que tiene el juez para obligarle a la empresa que cumpla con sus compromisos”, explicó el legislador en diálogo con Radio Mitre Rosario.

Sobre ello, afirmó que Vicentín tiene “una gran capitalización” y remarcó que, “tiene espalda” como para afrontar esas deudas.

Y apuntó hacia el gobierno nacional: “Ahora en vez de discutir de que forma Vicentin le paga a sus acreedores estamos viendo que el gobierno nacional y el provincial están queriendo avasallar a otro poder de la República, meterse con la propiedad privada y todo esto que termina desviando el tema más importante que es de ver de qué manera las deudas van a ser pagadas. Es una pérdida de tiempo.

En medio del debate sobre el destino de Vicentín, el bloque Juntos por el Cambio publicó un comunicado donde califica de «peligroso, ilegal e inconstitucional» la medida y agrega que «le costará miles de millones de dólares a los argentinos».

«La intervención del Grupo Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista», comienza el texto.

La carta fue Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Luis Naidenoff, Mario Negri, Humberto Schiavone y Cristian Ritondo.

Basándose en ello, Angelini se refirió a la propuesta hecha por Perotti y sostuvo que lo único superador que tiene la propuesta es que “en vez de dos interventores va a haber tres interventores, osea, que en vez de dos sueldos habrá que pagar tres”.

“Es realmente absurdo. Hoy el gobierno de Santa Fe se debería preocupar por cuidarnos a los argentinos, darnos tranquilidad y poder vivir en paz y no y están preocupados por ver de qué manera se meten en uno de los negocios más competitivos del mundo”, arremetió.

Este lunes será el día clave para saber si la propuesta que el viernes presentó Omar Perotti, con el objetivo de evitar la expropiación de Vicentin, se llevará a cabo. Se prevé que el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores de la cerealera, defina si acepta o no «el camino superador» que sugirió el gobernador de Santa Fe.

Cabe recordar que ese mismo día, el propio magistrado dispuso que los interventores que administren la firma sean los designados por los accionistas y al mismo resolvió que los interventores nombrados por el Gobierno se sostengan en calidad de veedores.

Por su parte, la propuesta de Perotti busca desplazar a los actuales accionistas y avanzar en la conformación de una empresa público-privada con una importante participación del Estado. Este plan tuvo el aval del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien de todos modos dejó en claro que si el mismo no es aprobado por el juez, no quedará otro camino que no sea la expropiación.

De todos modos, el mandatario envió un mensaje claro este domingo cuando se reunión con el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, quien en su cuenta de Twitter contó que el cónclave fue para analizar la situación de la agroexportadora. «Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar».

Con @alferdez analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar. pic.twitter.com/CC29TxpFwi

— Gabriel Delgado (@rgabrieldelgado) June 21, 2020

Este viernes el gobernador de la provincia, Omar Perotti, desde la Residencia de Olivos, confirmó que el Gobierno dará marcha atrás con la expropiación de Vicentin avalando la propuesta que le entregó al presidente Alberto Fernández y al juez de la convocatoria de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini. El mandatario consideró que el proyecto es «un camino superador».

“Hemos pedido la intervención de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe ante el Juzgado del concurso para tener la administración de la empresa Vicentin y dejar de lado la expropiación”, aseguró Perotti. A su vez, se sumaría un tercer interventor de la provincia a la que pertenece la empresa. Según la propuesta, Javier Delgado, designado por Fernández, sería el titular de ese triunvirato.

“Hubo algunas propuestas acercadas por la empresa frente al pedido del Presidente de la Nación que si había propuestas superadoras a la instancia de expropiación las iba a escuchar”, afirmó el jefe de la Casa Gris y agregó: “Empezamos a trabajar con él y sus equipos en una instancia diferente que nos llevó a presentar hoy ante el juzgado de Reconquista el pedido de parte de la inspección de personas jurídicas de Santa Fe de la intervención judicial de la empresa, para que en la vía del concurso a través de tres personas que estamos proponiendo para llevar a la conducción de la empresa para su rescate”.

El texto del proyecto de Perotti detalla que se designará a Roberto Delgado (como presidente) y Luciano Zarich (vocal), las personas que había designado el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20, y Alejandro Bento (vicepresidente), propuesto por la provincia, como integrantes del Órgano Interventor, que actuará como cuerpo colegiado.

Por Ignacio Pellizzón

Los directivos de Vicentín, Sergio Nardelli y Alberto Padoán, fueron denunciados este jueves en los tribunales penales de Rosario por estafa. La presentación la realizó el reconocido estudio Romera-Ongay-Romano Castellani & Figueroa Casas, quienes llevan adelante acciones legales en representación de un productor que fue “estafado” por una cifra económica “muy importante”, confirmó a Rosario Nuestro, uno de los abogados especializados en delitos económicos de la firma, Oscar Romera. Las penas pueden ir de 2 a 6 años.

Según relato a este medio, “la maniobra estaría dada por haber recibido mercadería días antes de declararse en default Vicentín, sabiendo que no iba a pagar”. “Esta maniobra se prueba, entre varios elementos, gracias a un whatsapp enviado por un comercial de Vicentín al corredor para que le envié mercadería, ya que la iba a tomar hasta el 4 de diciembre”.

“El que lo envía no es un oficial de cuentas, sino que es un familiar de un director y accionista de la empresa, con lo cual es imposible que no supiera la situación de la firma al momento de enviar el whatsapp, habilitando que le envíe mercadería”, especificó el abogado.

“Además –continúa- es sintomático, porque sabiendo que el día después –el 5 de diciembre- Vicentín se declara en cesación de pagos o “estress financiero, lo incita a que le venda su mercadería”.

La denuncia ingresó en los tribunales penales de Rosario a través de la Fiscalía. Aún no se determinó el fiscal a cargo, pero es muy probable que se direccione hacia la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, ya que a fines de diciembre de 2019 se presentó otra denuncia similar.

En la denuncia se proponen distintas medidas de investigación, que pertenecen al secreto de sumario, pero que se basan en pedidos de testimonios y recolección de documentos sobre la presunta estafa.

La denuncia está dirigida a los directores de Vicentín, “porque ellos son los que administran la sociedad y son los responsables de decidir no pagar y de tomar mercadería a sabiendas de que no iban a cumplir”, explicó Romera.

“Hay una larga cola de otros acreedores que se están comunicando con nosotros para realizar denuncias de esta índole, donde la mecánica fue similar: inducir a la venta de mercadería en fecha fatal”, adelantó el abogado del estudio que lleva adelante la denuncia por estafa.

Vicentín, una de las cerealeras más importantes del país y principal aportante a la campaña de Cambiemos, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019. Según el comunicado oficial de la empresa distribuido esa fecha, “ha iniciado un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero que afecta actualmente a la empresa”. La firma aduce “contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino».

La firma santafesina opera hace 90 años de forma ininterrumpida en el país e invirtió 900 millones de dólares en la actividad local en la última década. «Estamos evaluando distintas alternativas y trabajando para poder cumplir los compromisos adquiridos, somos una empresa familiar que ha crecido y generado oportunidades a partir del apoyo de sus trabajadores, proveedores y de las entidades financieras que en distintas etapas han acompañado y apoyado a la empresa, confiamos en continuar contando con ese apoyo para resolver de manera exitosa la circunstancia que nos toca transitar», se disculpó en el comunicado.

El año pasado Vicentín se ubicó sexto como mayor exportador, con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites. En la campaña pasada vendió 4,9 millones de toneladas de harinas y 1,05 millones de toneladas de aceites. En el primer cuatrimestre del año exportó 2,6 millones de toneladas en total.

Una multitud de vecinos de Avellaneda marcharon frente a la sede administrativa de la empresa Vicentín, rechazando la intervención y expropiación de la compañía, medida que tomó y dio a conocer Alberto Fernández este lunes.

La movilización fue impulsada por distintas entidades de la localidad mediante redes sociales y avalada por el intendente Dionisio Scarpin, quién había convocado a concentrarse desde las 18 de este martes bajo el lema “Cuidemos lo nuestro”.

?Pueblada en Avellaneda?#CNNRadioRosario #FM895 #Vicentin pic.twitter.com/PhDj1j0S0v

—  Mauro Yasprizza  (@MauroYasprizza) June 9, 2020

Los vecinos de Avellaneda se reunieron y realizaron un abrazo simbólico a la empresa, con barbijos puestos y una gran bandera argentina. Otros ciudadanos de la ciudad hicieron sonar las bocinas de sus vehículos a forma de protesta y acompañamiento.

La marcha tuvo lugar luego de la llegada a la ciudad del subinterventor, Luciano Zarich, segundo de Gabriel Delgado, quien no pudo ingresar a las oficinas ya que los empleados de Vicentín las habían dejado bajo llave y el edificio se encontraba cerrado.

Masiva la protesta en contra de la estatización de Vicentin en Avellaneda pic.twitter.com/8qrO7A5hvQ

— Nicolas Menendez (@wachazo777) June 9, 2020

En la manifestación, Scarpin dio unas palabras a la multitud, pidiendo que el gobernador Omar Perotti intervenga y evite la expropiación. «Vicentín es una empresa familiar, están robando el sacrificio y el esfuerzo de una parte de Avellaneda», aseguró el intendente.

Por la mañana, el subinterventor Zarich arribó al norte provincial e hizo entrega del decreto a las autoridades judiciales, en medio de un clima tenso entre las autoridades representantes del gobierno y los vecinos de Avellaneda.

El exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dio sus percepciones tras la intervención de Vicentín, agroexportadora santafesina que atraviesa una delicada situación económica y que durante 60 días tendrá un interventor mientras en el Congreso de la Nación se debatirá un proyecto de expropiación por parte del Estado. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández y despertó un sinfín de opiniones encontradas.

«La intervención no es legal ni necesaria. Vicentín está en concurso preventivo, hay un juez que está velando por la empresa en resguardo de los acreedores. El juez, a instancia de los acreedores, productores y transportistas, pudo podría haber designado un interventor y los directivos hubieran aceptado», dijo en diálogo con el programa El Puente por Radio Mitre Rosario.

«No era necesario ni tampoco oportuno, más si estás en default por 503 millones de dólares. ¿Cómo va a ser oportuno salir y anunciar que te quedás con una empresa con un pasivo de 1500 millones de dólares?», agregó.

Buryaile cuestionó al presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el Estado intervino por la seguridad alimentaria: «¿Cómo va a esgrimir ese argumento? Si la Argentina hay algo que tiene garantizado es la provisión de alimentos».

En relación a los especialistas que manifestaron que uno de los objetivos del gobierno es generar una empresa testigo en el mercado, el exministro arremetió: «Lo que estamos en el medio y que queremos saber cuánto vale una tonelada de soja, lo sabemos. El rol de Estado es velar por el funcionamiento, desde mi punto de vista. Quienes toman esta decisión es que el Estado sea el actor del mercado y eso le quita le transparencia».

Por último, se refirió a un círculo vicioso que se va a generar en caso de que el Estado se apropie de Vicentín: «Además de la deuda, los argentinos vamos a pagar el costo de una empresa con superestructura, como siempre es la burocracia del Estado, y que también va a tener que solventarla el Estado. Va a terminar pagándole menos a los productores y los exportadores van a pagar menos, en consonancia con las empresas testigos, y se van a llevar más plata».

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El presidente Alberto Fernández tomó una de las decisiones más importantes desde que asumió el poder en diciembre de 2019: intervenir la reconocida agroexportadora santafesina Vicentín y abrir la posibilidad de una expropiación por parte del Estado. La medida despertó fuertes críticas de sectores de la oposición y el apoyo por parte del peronismo.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue intendente de la localidad santafesina y tiene conocimiento de la actividad económica y empresarial de la firma, que se acopló a grandes marcas a nivel mundial y compitió de igual a igual con muchas de ellas. Sin embargo, la empresa contrajo una millonaria deuda durante los últimos años y entró en crisis.

En diálogo con El Puente de Radio Mitre Rosario, Traferri expresó: «Vicentín tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, en nuestro cordón industrial, es una empresa que por muchos años generó empleo y ha generado que las situaciones económicas de nuestra región hayan ido creciendo, la sentimos nuestra y la verdad que estábamos muy preocupados por la situación que estaba pasando. Son más de 1 mil familias que dependen de forma directa y otras tantas de forma indirecta».

«La decisión trae tranquilidad, hasta el día de hoy había una gran incertidumbre. Nosotros lo tomamos como un rescate, no como una intervención, es una palabra que no nos gusta y no creemos que es lo que está haciendo el Gobierno. Ahora dependerá del Congreso de aprobar el decreto del presidente de la Nación», aseguró Traferri.

Y agregó: «Da alegría de que el Estado se haga cargo«. Con respecto a la postura de muchos sindicatos del sector, que mayoritariamente respaldaron la medida del Gobierno, señaló: «A todos nos cayó muy bien la noticia, hay que ser cautos y responsables. Hasta que no tengamos el decreto definitivo y podamos analizar en profundidad no hay que festejar más de la cuenta».

«Sería imprudente opinar al respecto porque fue muy reciente, he escuchado muchas voces de la oposición en contrario al decreto. No sé que autoridad podrán tener tener estos exfuncionarios para opinar cuando muchos de ellos son responsables de algunas cuestiones por la cuales terminó como terminó la empresa», concluyó el senador.

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