Un rosarino de 30 años quedó en el centro de una causa federal por presunta explotación sexual. Se trata de Gianfranco Gaspar Nuñez, quien habría sido responsable de "Argentina Casting", una plataforma que simulaba ofrecer trabajos audiovisuales pero que, en realidad, funcionaba como un esquema para captar jóvenes y menores de edad.

De acuerdo al expediente, el acusado utilizaba sus redes sociales como Instagram para contactar a las víctimas, a quienes les prometía dinero, visibilidad internacional y oportunidades en el ámbito audiovisual. Sin embargo, los vídeos íntimos que grababa luego eran difundidos en distintas plataformas y canales digitales.

La causa, impulsada por la Policía Federal y fiscales federales, permitió reconstruir el mecanismo utilizado por el acusado. Durante los allanamientos, realizados en Rosario, Buenos Aires y Posadas, se secuestraron equipos electrónicos, documentación, criptomonedas y más de 150 videos. Hasta el momento hay ocho casos judicializados, aunque se sospecha que el número de víctimas sería mayor y que el accionar se desarrolló en varias provincias.

El juez federal Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación. Para la fiscalía, Nuñez montó una estructura organizada con identidades falsas y contratos irregulares, con el objetivo de monetizar el contenido generado con las víctimas.

Dos mujeres fueron detenidas por explotar sexualmente a otras tres en La Plata luego de que vecinos de la zona denunciaran la situación ante las autoridades.

El procedimiento estuvo encabezado por el Departamento de Trata de Personas, quienes lograron la aprehensión de las dos sospechosas provenientes de Paraguay y el rescate de tres mujeres de 49, 48 y 31 años.  

Las tres víctimas, dos de ellas paraguayas y una argentina, fueron puestas a disposición del personal que integra el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Según un informe presentado en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 de La Plata, las dos extranjeras de 38 y 42 años que quedaron detenidas obligaban a otras mujeres a “ejercer la prostitución” en un domicilio del centro de dicha ciudad. Para lo cual, embaucaban a personas en estado de vulnerabilidad del país limítrofe. 

En base a las pruebas recolectadas, se comprobó que a la vivienda allanada iban "hombres en autos de alta gama, quienes eran recibidos por chicas vestidas con pocas ropas y que luego de una breve charla los hacían ingresar".

Tras un operativo realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de la lucha contra los delitos complejos y el crimen organizado, agentes de la División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un procedimiento en esa provincia, en el que fueron rescatadas varias personas víctimas de trata y sometidas a servidumbre.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia efectuada por el familiar de una de las damnificadas que se encontraba trabajando en la modalidad golondrina, en estado de extrema precariedad y sin recursos económicos para sustentar su alimentación.

En este marco, por orden del Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Secretaría a cargo de la Dra. Liliam Chumbita, los funcionarios federales efectuaron numerosas tareas de campo que permitieron corroborar que se estaban realizando dichas actividades delictivas en tres domicilios.

Con el total de las pruebas aportadas, la judicatura actuante ordenó el allanamiento de las viviendas en cuestión, ubicadas en la localidad de Vichigasta.

Durante esas mandas judiciales, los federales lograron rescatar 21 personas, las cuales se encontraban en condiciones de precariedad extrema, sin agua potable ni ventilación. De acuerdo a lo indagado, las víctimas eran oriundas de la provincia de Santiago del Estero y realizaban tareas en la cosecha de olivos, las cuales no habían sido remuneradas conforme lo pactado con la contratista, quien además retenía sus documentos de identidad.

Como resultado de los procedimientos, también se notificó de la causa a la imputada, una mujer argentina de 23 años. Asimismo, se secuestraron 100 mil pesos, un celular, documentos de identidad a nombre de los rescatados, un DVR, cuadernos con anotaciones varias y elementos de interés para la causa.

Por último, se efectuaron las comunicaciones pertinentes con el Ministerio de Trabajo de la provincia de La Rioja, cuyo personal envió los móviles necesarios para el traslado de los rescatados a la ciudad capital.

Las personas liberadas, la mujer notificada y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor por Infracción a la Ley de Trata de Personas.

El caso por la desaparición de Mónica Aquino entrará en una importante etapa cuando este viernes a la mañana en la capital provincial comience el juicio contra su marido, cuñado y suegra, acusados de haberla prostituído y explotado sexualmente. 

La joven, que tenía 29 años, fue vista por última vez en mayo del 2023 en el barrio Varadero Sarsotti, de ciudad de Santa Fe. Los acusados afirmaron no saber nada de lo que le ocurrió ni de dónde está, pero la fiscalía reconstruyó mediante testimonios cómo era explotada por sus allegados desde hace 9 años. 

En ese marco, se acusó a Hugo Pérez, marido de la muchacha, por promoción de la prostitución agravada en concurso real con explotación de la prostitucíón agravada, por lo que desde fiscalía piden una condena a 20 años de prisión. 

Por otro lado, a Mario Pérez, el cuñado, y María Rosa Aguirre, la suegra, se les solicitó hasta 10 años en la cárcel por explotación de la prostitución agravada. 

De acuerdo a la fiscalía, independientemente del proceso judicial del viernes, ante cualquier dato que pueda surgir sobre Mónica, se iniciará otro proceso. 

Provincia de Buenos Aires fue escenario de un operativo a gran escala contra la explotación infantil con más de 100 allanamientos en más de 60 ciudades bonaerenses, en los que se lograron rescatar a 70 menores, detener a 20 sospechosos e imputar a 112 individuos. 

El operativo denominado como Operación Protección de las Infancias IV comenzó a las seis de la mañana y desplegó a cerca de 1140 efectivos para desarmar redes de producción y distribución de material pedófilo. 

Según fuentes oficiales, las autoridades llevaron a cabo hasta 115 allanamientos en múltiples ciudades como, Lanús, Bahía Blanca, Mercedes, Morón Pergamino, San Isidro, entre otras. 

En el marco de esos procedimientos, se secuestraron 528 dispositivos de almacenamiento y 260 celulares, y decenas de armas de fuego. Parte del contenido secuestrado tuvo que ser registrado en el lugar para así asegurar las pruebas. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, uno de los lugares más relevantes que fueron blanco de los allanamientos fue la Cárcel de Florencio Varela. 

En dicho establecimiento penitenciario, se descubrieron dos celdas que eran utilizadas para distribuir material pornográfico de menores a través de celulares y computadoras, encriptados con un programa que en apariencia era una calculadora que daba acceso a carpetas ocultas con las imágenes. 

De la escalada de operativos formaron parte la Policía Federal Argentina, la Policía provincial y de ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el procurador general Bonaerense, Julio Conte-Grand, y Eleonora Weingast del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, supervisaron la operación. 

La causa inició por una investigación comenzada en el 2023 por el fiscal Fernando Grafigna, que luego se amplió en colaboración con otras 25 fiscalías.