La provincia de Santa Fe habilitó a partir de este miércoles el uso de la aplicación Sube para pagar los servicios de transportes. 

La Sube digital es una función de la aplicación Sube que puede descargarse de forma gratuíta y permite cargar el saldo, consultar la cantidad del mismo, y ver el historial de viajes realizados. 

La aplicación sólo funciona en dispositivos con Android 8 o superior y en tecnología NFC. 

En la aplicación, los usuarios que perciban beneficios locales o de la Tarifa Social Federal, podrán registrar tanto la tarjeta física como digital, y podrán elegir en cuál habilitaran el beneficio. 

Los usuarios que ya tengan la aplicación sólo tendrán que actualizarla y seguir los pasos para obtener la versión digital del plástico. 

En tanto, aquellos usuarios que no tengan la aplicación deberán seguir una serie de pasos:

- Descargar la aplicación de Sube por Play Store

- Crear una cuenta tras ingresar los datos correspondientes

- Deslizar la tarjeta principal hacia la izquierda para activar su versión digital

- Habilitar la ubicación del celular

- ingresar la clave Sube

Para cargar la tarjeta se debe ingresar en la aplicación una tarjeta de débito y comprar la cantidad de saldo deseado, el cual se aplicará de inmediato, y será independiente de la carga que tenga la versión física. 

Para pagar, el usuario debe acercar su teléfono celular al aparato del colectivo que permite pagar con la tarjeta, siempre y cuando la pantalla del móvil este encendida. 

No es necesario que la aplicación esté abierta o el celular este desbloqueado para pagar. 

El Gobierno nacional ratificó este lunes que continuarán los despidos en diferentes áreas del Estado. La determinación fue anticipada este mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

El portavoz aseguró: “Los despidos van a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno. Es importante revisar el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan. Es sano que así sea”.

Luego, Adorni detalló que la medida también apuntará a ministros y funcionarios. En este sentido, señaló:  "El llamado a la evaluación del gabinete ocurre desde el 10 de diciembre, y ya hubo funcionarios que se fueron”. Además, agregó: “La evaluación es un trabajo permanente, que puede acarrear despidos hoy, en tres meses o nunca. ¿Por que alguien que no cumple con lo que el Presidente pretendía va a seguir en el gobierno?”.

“Parte de este refinamiento y mejora que puede tener el gabinete es compatible con seguir avanzando en nuevas reformas y en la Argentina que queremos”, concluyó el vocero de la Presidencia.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, descartó haber negociado la dolarización y la eliminación del Banco Central, dos de los ejes de su campaña, durante la reunión con el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

«Es una política de Estado», lanzó Milei en declaraciones televisivas y antes de partir hacia el Congreso de la Nación para formalizar su candidata, al igual que Sergio Massa (Unión por la Patria), en una sesión que presidirá la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista», sumó el economista antes del ingreso a la sesión.

Consultado por las posturas de Macri y Bullrich sobre la dolarización y el cierre del Banco Central, indicó: «Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural».

Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central», continuó.

Con respecto a la venta de órganos, que volvió a reflotar por declaraciones de Diana Mondino, diputada electa del espacio, dijo: «Es una discusión que no es parte de la agenda. Ni siquiera está ninguna de nuestras propuestas de campaña».

El apoyo explícito del ala dura del PRO generó cimbronazos puertas adentro de LLA. Esta tarde, Alberto Benegas Lynch advirtió: «No estoy diciendo que suceda, solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de ‘domarlo’ a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie».

Desde los resultados electorales del 22 de octubre, Milei se muestra con cierta tendencia al centro. Su objetivo es acercarse a los votantes que dejó en el camino Bullrich.

? MILEI: “Ningunas de mis políticas económicas se negocia. La dolarización y eliminación del Banco Central se hace” pic.twitter.com/BaQ1lrBOEi

— El Trumpista (@ElTrumpista) November 2, 2023

A raíz del malestar social que generan los cortes de tránsito, un sindicalista fue consultado en una entrevista periodística por la posibilidad de organizar esas protestas en días no hábiles como sábados o domingos. En esa oportunidad, Oscar De Isasi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, aclaró que los trabajadores destinan ese tiempo para «descansar y ver fútbol» y defendió las medidas de fuerza que se implementaron este martes en Plaza de Mayo.

«En lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo”, preguntó un periodista durante una entrevista a De Isasi para el portal Infocielo. La consulta fue en la previa a la movilización anunciada por la CTA Autónoma en la avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde realizaría un acto frente al Cabildo.

En ese sentido, el sindicalista aclaró que «el sábado en general los trabajadores lo utilizan para el descanso». «¿El domingo?», repreguntó el conductor, por lo cual De Isasi repitió: «El domingo lo utilizan para el descanso y la mayoría puede ver fútbol, al equipo que pertenecen, y bien merecido lo tienen al descanso».

Los periodistas insistieron en la posibilidad de trasladar las protestas a días que compliquen menos la jornada laboral. Sin embargo, el dirigente gremial cerró: «Nosotros tratamos que sea lo más masivo posible» «Prefiero perder un día de clases si eso garantiza las transferencias provinciales antes que no hacer nada y esperar que el FMI nos vaya cortando el financiamiento», agregó.

«La medida que tenemos los trabajadores cuando no somos escuchados es la medida de acción para garantizar la movilización. Si el FMI cogobierna la Argentina ni siquiera vamos a tener financiación para arreglar las escuelas que tanto se necesitan», concluyó.

Tras haber sido movida al sector de terapia intermedia del Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Susana Giménez evolucionada favorablemente. Según comunicó su secretaria, Dolores Mayol, la diva «está con muy buenos parámetros, oxigenando un 99%». Pero como continúa asistida con oxígeno mediante una mascarilla, por momentos está molesta y a la noche no puede dormir de corrido.

La conductora comenzó a presentar síntomas compatibles con el virus el sábado 5, un día después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado. Tras confirmar que tanto ella como su hija, Mercedes Sarrabayrouse se había contagiado, trató de mantenerlo en secreto para no alarmar a sus seguidores. «Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema», señaló Ángel De Brito en «Los ángeles de la mañana».

Pero la noticia terminó saliendo a la luz y se confirmó que la diva  tiene una neumonía unilateral, que compromete su pulmón izquierdo, motivo por el que fue hospitalizada el jueves 10. En los últimos días trascendió que estaban evaluando trasladarla a Buenos Aires para que se atendiera con sus médicos en el Sanatorio Otamendi. Sin embargo, al no poder ingresar al país con un PCR positivo, continuará en Uruguay hasta que le den el alta.

Desde que se instaló en Uruguay, a fines de mayo de 2020, la diva se recluyó en La Mary, su mansión y se mantuvo muy estricta con los cuidados para prevenir los contagios del virus. Según trascendió, solo veía a su hija, con quien convive, su nieta que actualmente está en Estados Unidos, y su hermano y cada vez que alguien quería ir a visitarla, pedía que se hisoparan.

«Los clubes de barrio necesitamos ser escuchados», la frase con la que arranca un video que grabador en conjunto 33 entidades de Rosario y la región para visibilizar la crisis que atraviesan por la pandemia. De forma desesperada piden ayuda al gobierno provincial y nacional para poder afrontar esta dura situación, ya que aseguran que “el 70 por ciento de las instituciones barriales solo percibe el 25 por ciento de cuotas societarias«.

Desde la Red de Clubes Solidarios difundieron el video en el que cada representante de estas entidades que participaron de esta iniciativa va mencionando una parte de lo que es, en definitiva, un comunicado completo para manifestar la problemática que los aqueja y las dificultades que tienen para sostener las instituciones.

“Los clubes de barrios necesitamos ser escuchados. Nos encontramos en una situación muy difícil. El 70 por ciento de las instituciones barriales solo percibe el 25 por ciento de cuotas societarias. El porcentaje restante no supera el 60 por ciento del ingreso genuino”, aseguraron y siguieron: “A cinco meses del inicio de la pandemia, no hemos recibido ningún tipo de ayuda del Estado, a excepción de aquellos que recibieron el ATP. Durante el período de aislamiento, los clubes estuvieron y están trabajando en primera línea, codo a codo con los vecinos”.

“El club no cumple solo una función deportiva, sino también social. Desde la Red de Clubes solicitamos el acompañamiento del Estado. Poder sostener las puertas abiertas de cada institución barrial. Solicitamos a las distintas asociaciones y federaciones deportivas, tengan a bien comprender la difícil realidad que nos aqueja”, añadieron y cerraron: “Solicitamos al Estado que convoque el Comude, Codode y Coprode al Concejo Federal, para que entre todos encontremos una solución. No hay Estado presente si no hay diálogo permanente, no hay un club sin otro club”.

Atlantic Sportsmen Club; Club Banco de Santa Fe; Club Residentes de Parquefield; Asociación Civil José Ingenieros; Club Industrial Funes; Club Atlético Calzada; Ciclón; ADIR; Banco Nación; Social y Deportivo Flores; Club Benhur; Defensores de Lima; Club Ñandú; Unión y Progreso; Fábrica de Armas; Nuevo Potrero; Club Teléfono; Club Francisco Godoy; Club Churrasco; Club Edison; Club Saladillo; El Eslabón; Temperley; San Telmo de Funes; Los 11 Unidos; Amistad Marina; Club Matienzo; Club 1 de Mayo; Club La Unión; Club Libertad; Deportivo Unión Central y Club Suderland.

Ante la derogación del DNU 522/2020 de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, realizaron un comunicado oficial en el cual exigen que el Estado nacional garantice las fuentes laborales de los trabajadores.

«Reafirmamos que ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores», expresaron desde el sector aceitero y continuaron: «En el mismo sentido nos pronunciamos en el momento en que se anunció la intervención de la empresa mediante el citado DNU, de igual manera que ya lo habíamos afirmado meses antes, cuando se conoció el aún inexplicado “estrés financiero” de la empresa Vicentin, cuyo directorio continúa negándose a entregar el Balance 2019». 

A su vez, aseguran que «no es cierto que que la intervención estatal fuera recibida con desconfianza por los trabajadores», y lo aclaran: «Muy por el contrario, el anuncio del 8 de junio fue profundamente celebrado por un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas, entre otras, valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30 por ciento de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas. Directos ejemplos de este apoyo fueron, entre otros, el pronunciamiento del movimiento obrero, excepcional por su alcance entre la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales argentinas, así como la movilización del pasado 9 de Julio, día de la Independencia argentina, impulsada por las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de los sindicatos de Reconquista y Rosario, Santa Fe, y Tancacha, Córdoba, junto a multisectoriales regionales reclamando que avance la intervención estatal en Vicentin en defensa de los puestos de trabajo».

«Donde la medida sí encontró rechazo fue en sectores del poder económico concentrado, en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, quienes rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector.El nuevo anuncio presidencial de derogación del DNU 522/2020 se fundamentó con énfasis en el rechazo a la impunidad del actual directorio de la empresa, investigados penal y legislativamente, y posterior vaciamiento de la empresa, y apuntó al juez civil y comercial Fabián Lorenzini por su accionar al frente del concurso, incluyendo el haberlo iniciado sin contar siquiera con el Balance 2019, aún ausente», continúa el texto.

«Desde nuestra organización gremial reclamamos una profunda y exhaustiva investigación ante lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública y por ende, al conjunto del pueblo argentino, y compartimos los cuestionamientos al accionar de un juez que sólo demostró celeridad para desplazar una intervención que empezaba a investigar los papeles que aún se encontraban en la sede empresaria y devolverle el control al directorio», señalaron y añadieron: «Sin embargo, este nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será a partir de ahora el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del grupo Vicentin, entre los que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Algodonera Avellaneda actualmente en conflicto con el grupo económico, que sí habían sido planteadas de forma explícita el pasado 8 de junio». 

Por último, le realizaron un pedido directo al gobierno nacional: «Debe honrar las palabras del actual titular del Poder Ejecutivo, tal como debe hacer cumplir la normativa laboral y el mandato constitucional en la protección del trabajo. Si así no ocurriera, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina afirmamos que con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores».

El exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dio sus percepciones tras la intervención de Vicentín, agroexportadora santafesina que atraviesa una delicada situación económica y que durante 60 días tendrá un interventor mientras en el Congreso de la Nación se debatirá un proyecto de expropiación por parte del Estado. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández y despertó un sinfín de opiniones encontradas.

«La intervención no es legal ni necesaria. Vicentín está en concurso preventivo, hay un juez que está velando por la empresa en resguardo de los acreedores. El juez, a instancia de los acreedores, productores y transportistas, pudo podría haber designado un interventor y los directivos hubieran aceptado», dijo en diálogo con el programa El Puente por Radio Mitre Rosario.

«No era necesario ni tampoco oportuno, más si estás en default por 503 millones de dólares. ¿Cómo va a ser oportuno salir y anunciar que te quedás con una empresa con un pasivo de 1500 millones de dólares?», agregó.

Buryaile cuestionó al presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el Estado intervino por la seguridad alimentaria: «¿Cómo va a esgrimir ese argumento? Si la Argentina hay algo que tiene garantizado es la provisión de alimentos».

En relación a los especialistas que manifestaron que uno de los objetivos del gobierno es generar una empresa testigo en el mercado, el exministro arremetió: «Lo que estamos en el medio y que queremos saber cuánto vale una tonelada de soja, lo sabemos. El rol de Estado es velar por el funcionamiento, desde mi punto de vista. Quienes toman esta decisión es que el Estado sea el actor del mercado y eso le quita le transparencia».

Por último, se refirió a un círculo vicioso que se va a generar en caso de que el Estado se apropie de Vicentín: «Además de la deuda, los argentinos vamos a pagar el costo de una empresa con superestructura, como siempre es la burocracia del Estado, y que también va a tener que solventarla el Estado. Va a terminar pagándole menos a los productores y los exportadores van a pagar menos, en consonancia con las empresas testigos, y se van a llevar más plata».

La respuesta de Vicentín tras el anuncio de intervención del Gobierno: «Nos enteramos por los medios»

Intervención de Vicentín: la expectativa de pago que algunos acreedores ponen en el Estado

Vicentín: historia de una estrepitosa caída hasta la intervención

El presidente Alberto Fernández tomó una de las decisiones más importantes desde que asumió el poder en diciembre de 2019: intervenir la reconocida agroexportadora santafesina Vicentín y abrir la posibilidad de una expropiación por parte del Estado. La medida despertó fuertes críticas de sectores de la oposición y el apoyo por parte del peronismo.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue intendente de la localidad santafesina y tiene conocimiento de la actividad económica y empresarial de la firma, que se acopló a grandes marcas a nivel mundial y compitió de igual a igual con muchas de ellas. Sin embargo, la empresa contrajo una millonaria deuda durante los últimos años y entró en crisis.

En diálogo con El Puente de Radio Mitre Rosario, Traferri expresó: «Vicentín tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, en nuestro cordón industrial, es una empresa que por muchos años generó empleo y ha generado que las situaciones económicas de nuestra región hayan ido creciendo, la sentimos nuestra y la verdad que estábamos muy preocupados por la situación que estaba pasando. Son más de 1 mil familias que dependen de forma directa y otras tantas de forma indirecta».

«La decisión trae tranquilidad, hasta el día de hoy había una gran incertidumbre. Nosotros lo tomamos como un rescate, no como una intervención, es una palabra que no nos gusta y no creemos que es lo que está haciendo el Gobierno. Ahora dependerá del Congreso de aprobar el decreto del presidente de la Nación», aseguró Traferri.

Y agregó: «Da alegría de que el Estado se haga cargo«. Con respecto a la postura de muchos sindicatos del sector, que mayoritariamente respaldaron la medida del Gobierno, señaló: «A todos nos cayó muy bien la noticia, hay que ser cautos y responsables. Hasta que no tengamos el decreto definitivo y podamos analizar en profundidad no hay que festejar más de la cuenta».

«Sería imprudente opinar al respecto porque fue muy reciente, he escuchado muchas voces de la oposición en contrario al decreto. No sé que autoridad podrán tener tener estos exfuncionarios para opinar cuando muchos de ellos son responsables de algunas cuestiones por la cuales terminó como terminó la empresa», concluyó el senador.

Intervención de Vicentín: la expectativa de pago que algunos acreedores ponen en el Estado

El Gobierno amplió este jueves el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a 779 sectores de la economía en el que cubrirá a través del Salario Complementario el sueldo de abril de dos millones de trabajadores.

Además, se modificó el criterio de facturación empleado para definir el acceso de una empresa a los beneficios del ATP, con lo cual también se ampliará el universo de compañías y trabajadores alcanzados.

Asimismo, se decidió que las empresas creadas este año accederán en forma directa al Programa, y se habilitó a las firmas con más 800 empleados que cumplan con los requisitos y las condiciones, acogerse a los beneficios del Salario Complementario.

A través de la decisión administrativa 721/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete decidió adoptar las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, de extender el alcance de los beneficios del programa.

El Comité procedió a la reevaluación de sectores que no fueron incorporados en actas anteriores con el objeto de identificar actividades en las que se advierten caídas significativas en la facturación, en razón de la emergencia sanitaria a fin de ser beneficiarios del Programa.

Como consecuencia de este análisis se incorporaron al Programa 109 actividades, que elevaron de 660 a 779 el total, y así se alcanza a toda la industria y el comercio.

De esta manera, las empresas registradas en el programa que cumplían con todos los criterios en términos de caída ventas pero no habían accedido al Salario Complementario porque sus actividades no estaban incluidas, ahora podrán hacerlo.

El Comité también entendió razonable elevar la variación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período de 2019, equivalente a una contracción real del 30% aproximadamente, teniendo en cuenta el nivel de inflación interanual registrado.

En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que al efectuar controles sistémicos en el marco de la instrumentación del beneficio Salario Complementario, detectó casos de empresas que no registran facturación del 12 de marzo al 12 de abril de 2019.

En relación con tales supuestos, el Comité estimó pertinente autorizar la utilización de la información de facturación del 12 de noviembre al 12 diciembre de 2019 para efectuar la comparación y evaluar su evolución.

Asimismo, y por considerar que las empresas cuya actividad se haya iniciado durante 2020 revisten mayor vulnerabilidad por tratarse de compañías de reciente creación, se recomendó que sean consideradas «actividad afectada en forma crítica» y, por ende, cumplido el criterio exigido para acogerse a los beneficios del Programa ATP.

Luego de las denuncias de la semana pasada por parte de los trabajadores del Policlínico Pami II, que se iniciaron con el video viral de un médico, desde el Concejo exigieron que la Municipalidad interceda ante el gobierno nacional para que los profesionales puedan recibir todos los elementos de salubridad necesarios para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus y que realicen una inspección para corroborar las condiciones en las que se encuentran.

«Faltan insumos de todo tipo»: trabajadores del Pami II apoyaron al médico que denunció precarias condiciones laborales

Al respecto, el concejal Alejandro Rosselló aseguró: “Estamos pidiendo al Ejecutivo municipal que interceda ante Nación para que todos aquellos médicos, enfermeros y prestadores de salud en el Pami II puedan contar con los elementos necesarios de seguridad para evitar el contagio del coronavirus”.

“Tenemos denuncias donde no tienen ningún elemento para evitar el contagio. No podemos descuidar a aquellos que nos cuidan, sería un contrasentido y además una situación gravemente injusta”, continuó el edil, uno de los impulsores de esta iniciativa que además le encomienda al Ejecutivo local interceder frente a las autoridades del policlínico para que tras lograr la aprobación, en un lapso no mayor a 10 días se informe si se recibieron todos los insumos correspondientes y se cumplen las normas de distanciamiento correspondientes en los lugares de descanso.

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“Le pedimos al Ejecutivo que intervenga, no solo que inspecciones las condiciones de salubridad de aquellos médicos y prestadores de salud, enfermeros, camilleros, sino también que le exija al Estado Nacional, inmediata intervención y provea los elementos de seguridad”, continuó Rosselló y cerró: “Estamos desprotegiendo a los médicos, a todos los que están trabajando en el Pami y ponemos en riesgo a sus familias. No le podemos exigir que sean dirigentes y nos cuiden, cuando nosotros como Estado los estamos descuidando”.

Desde las 0 horas del viernes 20 de marzo, fecha en la que el gobierno Nacional impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» para todo el país, el servicio del transporte público de pasajeros de la ciudad modificó su funcionamiento. En Rosario la frecuencia bajó y se implementaron medidas de seguridad sanitaria.

Tras el pasar de los días las calles se fueron vaciando y el transporte urbano de colectivos quedó a disposición de quienes estaban exceptuados de la medida.

Apenas conocida la cuarentena, lo urbanos cambiaron sus frecuencias y la demanda bajó notablemente. Según informaron a desde el Ente de la Movilidad, durante la etapa de aislamiento la cantidad de pasajeros, “bajó entre un 85 y un 90 porciento”, aunque aclaran que “depende del día”.

Respecto a los servicios, desde el comienzo de la cuarentena, los servicios funcionaron como un día sábado, pero luego, y debido a la gran reducción de pasajeros pasaron a funcionar como día domingo con refuerzos en los horarios de entrada y salida a los efectores de salud.

“Desde el viernes pasado debido al mayor movimiento de personas por el operativo bancario volvieron a funcionar como día sábado con refuerzos de servicios en los horarios de bancos. Lo que significa que vamos variando la oferta de servicios (frecuencia) en función de las necesidades y el monitoreo que realizamos día a día sobre los pasajeros”, informó en diálogo con Rosario Nuestro la Secretaria de Movilidad, Eva Jokanovich.

A propósito de la demanda, la funcionaria afirmó que la baja cantidad de pasajeros “tiene y tendrá un impacto negativo para el sistema de transporte”, pero aseguraron su funcionamiento.

Sobre el interrogante de ocurrirá luego del 26 de abril, fecha en la que originalmente iba a tener fin la cuarentena, señalaron que “esperan los próximos anuncios oficiales” para saber como funcionarán. Aunque todo dice que seguiría igual.

Desde un primer momento, desde el Municipio aclararon que el funcionamiento del transporte público es para garantizar el traslado de personal a cargo de los servicios esenciales de la ciudad. El resto de la población debe quedarse en sus casas para dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de «aislamiento social, preventivo y obligatorio», que en su artículo Nº 2 remarca que «las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida».

Tras los reiterados episodios de violencia, los médicos de los efectores, tanto públicos como privados, se movilizaron durante la mañana de este lunes para exigir mayor seguridad en los nosocomios. La concentración fue frente al Hospital Roque Sáenz Peña en la zona sur de la ciudad, en repudio a la situación de violencia que padecieron dos profesionales la semana pasada en dicho lugar.

Desde el gremio médico (Amra), afirmaron en la previa de la concentración que la situación es grave y hay miedo por parte de los trabajadores, esto sumado a la exigencia y gran demanda de consultas que se incrementaron en los últimos años.

Sandra Maiorana, dirigente gremial del sector, informó que más allá de la medida, la atención en los efectores será normal, aunque en cada uno de ellos se llevará a cabo una asamblea para determinar el lineamiento a seguir.

Por otro lado indicó la dirigente que además se busca con esta concentración exigir mayores recursos para los trabajadores por parte del Estado, tanto municipal como provincial.

A su vez y por los hechos de violencia reconoció que no es la primera vez que deben resguardar a un médico y que estos no son los únicos perjudicados, también enfermeros, camilleros y el personal administrativo.

En tanto la violencia es un gran problema, pero el incremento en la demanda de pacientes genera un clima de disconformidad por que eso se reciente en la atención. “Tienen que entender esto, saber que somos personas iguales que ellos, que no llegamos a fin de mes, que tenemos problemas familiares y también de salud. Les pedimos que nos cuiden como cuidamos de ellos”, manifestó.

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Pero el mal momento que sufrieron las profesionales no quedó en ese incidente. Cuando acudieron a la seccional para radicar la denuncia, fueron demoradas por más de cinco horas, sin que mediara una explicación lógica por esa cuestión.

Sandra Maiorana, secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), brindó un acalorado discurso en el que manifestó la necesidad “de poder trabajar con mayor tranquilidad, defendiendo los derechos de los médicos y de todos los trabajadores de la salud”.

El acto contó con la presencia de representantes y delegados de otros centros de salud de la ciudad públicos y privados.

Además de la violencia que padecen, los médicos aseguran estar superados por la demanda