Ezequiel Hernández, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Pública de la Acusación, pidió elevar a juicio al ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain y a seis ex funcionarios de la gestión de Omar Perotti, por la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, empresarios y policías, entre otros. 

A Sain se lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita en violación de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes, instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba, violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).

En este sentido, la Fiscalía pidió 11 años de prisión para el ex ministro de Seguridad y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. 

Asimismo, el fiscal solicitó la pena de 9 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para Nadia Schujman, exdirectora de la Agencia de Control Policial, a quien le imputan el hecho de haber sido organizadora de la asociación ilícita.

La misma pena fue solicitada para Débora Vanina Cotichini, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI).

Por otra parte, para Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, la Fiscalía solicitó una condena de 7 años de prisión por su presunta participación como miembro de la asociación ilícita investigada y otros cargos entre los que se encuentran: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.

También, para el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), el fiscal pide 5 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Además, para la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31), la Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para cargos públicos. 

El ex policía bonaerense Ariel Zanchetta, detenido en la causa por presunto espionaje ilegal sobre funcionarios judiciales, elaboró informes de inteligencia sobre los principales actores de la vida política argentina, desde Sergio Massa y Milei hasta Jorge Macri, además de los referentes de Santa Fe, Antonio Bonfatti y el actual mandatario Omar Perotti.

La lista es extremadamente extensa e incluye al actual presidente, Alberto Fernández, y a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y su contrincante en las PASO, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

“En la mayoría de los informes de inteligencia, Zanchetta tuvo como ‘objetivo’ personas de exposición pública, tales como políticos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri”.

En la lista aparece el nombre del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, junto a la esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el diputado nacional Máximo Kirchner.

También figuran los nombres de Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Julio Zamora, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky”.

Los espiados abarcan todo el espectro político, del oficialismo a la oposición en todas sus formas y en diversos ámbitos geográficos.

El fiscal Gerardo Pollicita también consignó entre los funcionarios judiciales sobre quienes Zanchetta elaboró informes de inteligencia al procurador interino Eduardo Casal; el ex juez Rodolfo Canicoba Corral; el actual magistrado Sebastián Casanello; el fiscal Carlos Stornelli y su colega de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy suspendido y condenado por actividades junto al falso abogado Marcelo D’Alessio.

En un acápite identificado como “funcionarios públicos” víctimas del espionaje aparecen “Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y, Nicolás Kreplak, entre otros”.

El dictamen menciona entre los espiados a los periodistas —Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel “Baby” Etchecopar y Pablo Duggan; y entre los empresarios a Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“el Dipy”); también los dirigentes sociales Juan Grabois y Milagro Sala; y del ámbito del deporte: los ex presidente de Boca Juniors y River Plate Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio; el de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La enumeración también incluye a “dirigentes sindicales” como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

El senador Armando Traferri se refirió este miércoles a la causa que estuvo envuelto por juego clandestino que se inició por un crimen que llevaron adelante Los Monos en 2020 y en donde dos fiscales de Rosario admitieran que habían cobrado sobornos gestionados por el propio legislador.

«Si ven el expediente que tiene que ver con las escuchas ilegales se van a enterar que los fiscales Edery y Schiapa Pietra eran la pata judicial de Marcelo Sain en el espionaje ilegal», arrancó Traferri.

Cuando fue consultado por el accionar del ex ministro Sain y su relación con los fiscales, el funcionario esgrimió: «Voy a demostrar que los fiscales mientan porque tengo pruebas. Yo hace dos años dije que Sain no era un ministro de Seguridad sino un jefe de inteligencia ilegal que hoy está demostrado con 21 causas en su contra estando imputando y vamos a demostrar que Schiapa Pietra y Edery eran la pata política que junto a los organismos de investigaciones armaban carpetas de políticos, empresarios y periodistas».

Y continuó: «La Justicia es lenta pero hay que tener paciencia. Yo hace mucho tiempo anticipé y advertín quién era Marcelo Fabián Sain, también van a saber dentro de poco quienes son Schiapa Pietra y Edery».

«Para el Ministerio Público de la Acusación yo soy víctima de espionaje ilegal. Por una cuestión procesal les voy a pedir un mes a los medios de comunicación para saber lo arrepentidos que están los organismos de investigaciones, porque a mí me estaban escuchando de manera ilegal, son escuchas entre personas comunes donde revisaron mis cuentas bancarias y no han encontrado nada», cerró.

La causa conocida como «espionaje ilegal» tendrá su audiencia imputativa el próximo 29 de noviembre. A tal efecto, desde el Ministerio Público de la Acusación enviaron citaciones a 8 ex funcionarios del ministerio de Seguridad de la Provincia, entre ellos el ex ministro Marcelo Sain.

Hasta este lunes, también se habían expedido las notificaciones para Nadia Schujman, Diego Rodríguez, Pablo Alvarez y Débora Cotichini, todos integrantes del equipo de Sain cuando el ex titular de la PSA encabezó la cartera de Seguridad. Asimismo, son investigados Milagros Bernard, Germán Montenegro y Agustina Moulins, que también serán citados a audiencia imputativa.

La investigación fiscal deriva del hallazgo de «carpetas» y distinto tipo de archivos con información recopilada de manera indebida en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas, que fueron obtenidas luego de un allanamiento a las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe.

La causa lleva casi un año de tramitación y en las audiencias del próximo 29 de noviembre se conocerán los delitos que se les imputarán a cada uno, entre los que se encuentran el incumplimiento en los deberes de funcionario público y presunto espionaje ilegal.

Cabe recordar que, en el marco de la investigación, en las últimas semanas se conocieron audios de los teléfonos celulares de los imputados, secuestrados por la Fiscalía el año pasado en los diversos procedimientos.

Mauricio Macri cuestionó duramente la decisión del juez federal, Dolores Martín Bava, de dictarle procesamiento y el embargo de 100 millones de pesos en el marco de la investigación por presunta vigilancia a familiares de víctimas del ARA San Juan.

«Es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos», resaltó el exmandatario nacional, que se encuentra en Chile realizando actividades con la Fundación FIFA, según informó Télam.

En declaraciones con la prensa chilena, Macri expresó: «Más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como el juez Bava». De esta manera, cuestionó nuevamente al juez, que lo procesó sin prisión preventiva y le prohibió salir del país (lo que se hará efectivo una vez que regrese a la Argentina).

A Macri se lo investiga por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de quienes fallecieron en el submarino ARA San Juan en noviembre de 2017. El juez Bava también determinó la prohibición de salir del país, lo que se hará efectivo una vez que Macri regrese de Chile.

Dos exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán indagados este viernes en el comienzo de una nueva ronda de declaraciones en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri que tramita en Lomas de Zamora.

Los interrogatorios a los exmiembros del SPF AnÍbal Meza y Matías Fernández, previstas para las 10 y las 12, respectivamente, se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual Zoom ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación.

La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado «legajo 9», en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Para esta tanda están previstas 25 declaraciones indagatorias entre las que sobresalen la de los exjefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, previstas para el 9 y 10 de diciembre, y la del extitular del SPF, Emiliano Blanco, convocado para el 30 de noviembre.

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el «trabajo operativo» y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje” respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», sostuvieron los fiscales cuando solicitaron las indagatorias.

Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».

Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juán Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También fueron convocados el procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros: los dos últimos plantearon la nulidad de sus citaciones bajo el pretexto de haber sido convocados por el solo hecho de reenviar un documento que contenía información sobre personas privadas de su libertad.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezezia como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.

La Justicia le otorgó este miércoles la prisión domiciliaria al empresario Lázara Báez, quien estaba detenido desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza acusado de lavado de activos. El fallo se transformó en uno de los temas del día y abrió el debate entre las fuerzas políticas. Una de las abogadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, habló minutos antes del otorgamiento de la domiciliaria y defendió el pedido de la defensa: «No puedo estar en desacuerdo, es totalmente legal».

Lázaro Báez deberá cumplir con unas serie de condiciones: llevar una tobillera electrónica y presentarse ante el tribunal cada quince días. Según publica Todo Noticias, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le concedió al empresario la excarcelación en esta causa, pero como en otro expediente tiene aprobada una prisión domiciliaria, seguirá el proceso bajo esa modalidad.

El empresario asociado a funcionarios kirchneristas y detenido en una megacausa de lavado de activos estuvo durante bajo 4 años en prisión preventiva. «Ha durado por tiempo extraordinario, por fuera de cualquier norma, como por ejemplo las internacionales en materia de Derechos Humanos», aseveró Peñafort en diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario.

«Con la demora sucesiva que tienen los jueces, por qué se le va a prolongar la estadía en prisión a este señor si ha cumplido ampliamente los plazos para las detenciones, no puedo estar en desacuerdo porque es completamente legal. Lo que me pregunto es cómo llegó a estar 4 años detenidos en esta circunstancia», concluyó sobre el tema la también directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado.

El exsecretario de Cristina Kirchner apareció muerto el pasado sábado, luego de estar desaparecido desde el miércoles. La causa tuvo resonancia a nivel nacional, luego de que las principales fuerzas de la oposición firmaran un comunicado en el cual piden esclarecer el hecho tras tildarlo como un crimen de «extrema gravedad institucional».

«No daría la sensación de difícil resolución si los involucrados estaban ahí», dijo Graciana Peñafort, una de las abogadas de Cristina Kirchner. «La oposición empezaba a intentar generar un hecho distinto, un hecho político de un asesinato que todo parece indicar que tiene una relación sentimental y una extorsión», aseguró.

«No conozco la causa, por lo que leí en distintos diarios uno de los involucrados en el asesinato tendría una relación afectiva con Fabián Gutiérrez y con sus amigos habría pensado en cómo tener un beneficio económico de Gutiérrez», expresó.

También se refirió al pedido de la oposición para que la causa pase a fuero federales: «El fuero federal no sirve para garantizar el debido proceso. No dieron ninguna razón más de lo que ellos opinan, no lo han fundado jurídicamente. No hay ningún elemento que diga que este delito pueda ser investigado en el fuero federal».

En la nota que le concedió a Radio Mitre Rosario, Graciana Peñafort se refirió también a la detención de funcionarios macristas ligados a escuchas ilegales. «Yo no festejo detenciones, no me gustan. Puedo llegar a entenderlas, como me ha pasado con mis clientes. Pero bajo ningún contexto festejaría, no importa quién es el detenido», dijo.

En relación a la presunta vinculación del expresidente Mauricio Macri, consideró: «No conozco la causa para decir quién está complicado y quién no. Uno no puede especular con la culpabilidad, tenés que demostrar que Macri sabía y que ordenaba el espionaje ilegal. Se tiene que demostrar colaboración con la maniobra ilegal».

En la mañana de este martes fue detenida la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien se desempeñaba como coordinadora de Documentación Presidencial, junto a otras 20 personas involucradas en la causa de espionaje ilegal que investiga el juez federal Federico Villana, quien dio la orden para las aprensiones.

La lista de detenidos en la que figura Martinengo, incluye a: Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Maria Belen Saez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, el penitenciario Andres Rodriguez, y el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli. Son todos los integrantes del grupo “SuperMarioBross”.

A su vez, el juez ordenó también la aprensión de Diego Dalmau Peyreyra, ex jefe de Contrainteligencia durante los primeros años de Macri; y de Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana, esposa de Diego Santilli que entró a la AFI en la gestión de Gustavo Arribas y es uno de los espiados en este expediente. La nómina, de 22 personas en total, la completan: los agentes Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores, que reportaron en la Policía de la Ciudad y trabajaban en la AFI. El juez también ordenó arrestar a Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la ciudad; y Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En tanto que Alan Ruiz, ya estaba preso en otra causa.

Cabe destacar que el juez Villana había ordenado en mayo pasado el allanamiento a Martinengo en el que se secuestró su teléfono celular, mientras que el jueves pasado tuvo lugar el mismo procedimiento a la casa del ex secretario privado de Macri, Darío Nieto. El material allí secuestrado, celulares, computadores y documentos, aún no fue analizado. En el expediente hay constancias de escuchas y seguimientos a los detenidos en el penal de Ezeiza, a sus parejas y a sus abogados, algo que tiene escasos antecedentes a nivel mundial.

Las detenciones de este martes fueron dispuestas para proceder a la indagatoria y evitar posibles fugas o entorpecimiento. «De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado ‘Super Mario Bross’, cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan, se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país», aseguró el juez y agregó: «El avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha respecto de los nombrados. En razón de ello, a fin de asegurar la comparecencia de los nombrados a los estrados de este Tribunal, habré de ordenar sus inmediatas detenciones”.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy no entender la «docilidad de cierta justicia» que acepta presiones; ratificó que desde el inicio de su gestión «los jueces saben perfectamente bien que no hay emisarios» en sus despachos del Poder Ejecutivo, y calificó de «métodos perversos» al presunto espionaje ilegal realizado durante la gestión de Mauricio Macri.

«No entiendo la docilidad de cierta justicia. Son demasiados los casos que se están viendo y son preocupantes», sostuvo Fernández sobre las supuestas presiones políticas a jueces federales en la gestión de Cambiemos y aseguró que los magistrados saben «perfectamente» que en su Gobierno «no van a recibir emisarios del Presidente ni del ministro de Justicia, ni de otros ministros».

En una entrevista con Radio 10, el Presidente explicó que los jueces, por su profesión, pueden sentirse presionados porque deben decidir sobre «partes en pugna», pero advirtió que el problema se da cuando los magistrados «terminan convirtiendo esa presión en un acto efectivo que los vuelve dóciles».

Consideró además «un espanto como práctica» que se hayan realizado tareas de espionaje a ex funcionarios del kirchnerismo y otras personas presas en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Macri y confió en que todo eso «será materia de investigación de la justicia».

Agregó también que no le resulta «lindo» ver que el Estado nacional «utiliza servicios de inteligencia para esas cosas».

«Ahora espero que trabajen como Dios manda, con lo que tienen que hacer como jueces, y la inteligencia tendrá que trabajar en lo que tiene que trabajar, para prevenir motines, por ejemplo, no para saber qué es lo que habla un abogado con su cliente», graficó.

Fernández admitió que lo «sorprendió» esa denuncia sobre las supuestas tareas de inteligencia en el penal de Ezeiza y dijo que «seguramente» a él también lo «habrán grabado» cuando fue a visitar «a detenidos injustamente presos».

Argentina «está en mejores términos de calidad institucional» ahora, que cuando gobernó el país Cambiemos, respondió el Presidente, consultado más tarde en dialogo con Radio Rivadavia, por los dichos de ayer de Macri y de Elisa Carrió, quienes, en medio del escándalo por el presunto espionaje ilegal durante la gestión anterior, advirtieron sobre los supuestos “atropellos institucionales” del actual gobierno nacional.

«No sé cuál es el riesgo de la calidad institucional. Argentina no tiene espías espiando ciudadanos, no tiene una mesa judicial… Está mejor en términos de calidad institucional; se logró que el Congreso Nacional siga funcionando a pesar de la pandemia y hay absoluta autonomía del poder político de la justicia», argumentó.

Familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan se presentaron ante el juez de Lomas de Zamora Federico Villena ante las sospechas de que también fueron víctimas de espionaje ilegal del macrismo También se presentaron ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Representadas por la abogada Valeria Carreras, las viudas de los tripulantes peticionaron que se verifique si dentro de las tareas de inteligencia ilegal fueron intervenidas las líneas telefónicas de sus celulares.

Según fuentes que revelaron en su momento, las mujeres detectaron y así lo dijeron ante el ministro de Defensa Oscar Aguad, que sus teléfonos «andaban sospechosamente mal, que cuando concurrían a la Base Naval de Mar del Plata a recibir los partes de novedades en la búsqueda del Submarino, casualmente, los de la Armada, sabían lo que iban a preguntar ellas». También dijeron que «se le borraban fotos, sus maridos fallecidos desaparecían de grupos de wattsapp», entre otros incidentes que les resultaban sospechosos.

Esos episodios de «interceptación ilegal» habían sido denunciados en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Daniel Rafecas pero cuando se les pidieron los teléfonos para hacer las pericias, se negaron ante el temor que sintieron.

«Confieso que en su momento, estamos con miedo, pues la noche anterior a presentar la denuncia, hablamos mucho por celular, y una hora despues de la denuncia nuestra, sorteó una misma denuncia del Ministro de Defensa Dr. Aguad», explicó la letrada en la presentación.

«Las casualidades, no cesaban, y todas las viudas se negaron a entregar sus equipos celulares. Temían que se los clonaran, que les borraran lo poco que aun conservaban de sus seres queridos», reza el escrito.

Tras esa negativa y la respuesta de las empresas de telefonía que no registraron anomalías se ordenó el archivo del caso. Ahora, ante la difusión de hechos de espionaje, las viudas de los tripulantes quieren saber si también eran víctimas de espionaje.

Por otra parte, la abogada Carreras, como apoderada de familias y por la querella unificada, entre quienes están la esposa y la madre del Suboficial de Inteligencia Enrique Damían Castillo, también se presentó ante la Bicameral del Congreso. Ello a partir de la declaración del ex funcionario del ministerio de Defensa José Luis Vila ante la Comisión.

De los términos vertidos por Vila, que han trascendido en los medios de comunicación, para la abogada, se colige que en la audiencia del 20 de mayo pasado se mencionó y se convocó a la ex Titular de la Dirección de Inteligencia DNIEM, del Ministerio de Defensa, María Noel Costa, quien dejó el cargo citado para asumir como Jueza de Cámara en la Provincia de Córdoba.