El programa provincial Asistencia Perfecta será distribuido a 63.499 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada tras el recuento de asistencias de mayo.

Así lo informó este martes el Gobierno de Santa Fe, desde donde detallaron el monto para aquellos trabajadores que no registraron ausencias en el lapso de 31 días y para aquellos que no acudieron durante una única jornada al establecimiento escolar en el que trabajan.

De acuerdo al Ejecutivo provincial, del total de beneficiados se desprenden 57.093 empleados educativos sin faltas en el quinto mes del año. Además, completan el número otros 6.406 que se ausentaron una vez. 

De esta manera, la inversión total será de 7.766.624.801 pesos. En este sentido, un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá 210.156 pesos, un docente de hasta 352 puntos cobrará 105.077 pesos, otro con sistema de jornada completa percibirá 157.618 pesos y, por hora cátedra de nivel superior, 8.758 pesos. A su vez, por hora cátedra de otros niveles, cobrarán 7.007 pesos.

Por otro lado, en cuanto a los que faltaron una única vez durante mayo, los valores serán de 105.078 pesos para cargo directivo y supervisión; 52.539 pesos para cargo docente de hasta 352 puntos; 78.809 pesos para los docentes con sistema de jornada completa; 4.379 pesos por hora cátedra de nivel superior, y 3.503 pesos por hora cátedra de otros niveles.

El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes en Rosario los resultados de la 2ª Evaluación Santafesina de lectura y confirmó que hubo un incremento en los estudiantes que leen “bien o muy bien” desde 2024. Los resultados se desprenden del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz.

La exposición tuvo lugar esta mañana en la sede de Gobierno local y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. En este marco, revelaron las cifras que arrojaron los relevamientos en estudiantes de segundo grado de escuelas públicas y privadas del territorio provincial.

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, la iniciativa alcanza a 162.000 estudiantes y 9.900 docentes de 1.700 establecimientos educativos de Santa Fe. En este sentido, desde el inicio del proyecto dos años atrás, los alumnos con lectura destacada subieron un 22,6 por ciento. 

En el mismo período, hubo una suba de lectores en transición del 5,5 por ciento. Por otro lado, los estudiantes prelectores cayeron un 22,9 por ciento, los principiantes nivel 1 un 7,1 por ciento y los nivel 2 un 5,5 por ciento. A su vez, los lectores intermedios crecieron un 16,9 por ciento y aquellos con lectura fluida se incrementaron un 48,3 por ciento.

“Estamos construyendo un camino en el que tenemos que ir, donde los chicos y las chicas son importantes y los aprendizajes son fundamentales para que puedan crecer”, expresó Pullaro.

Tres nuevas banderas con mensajes intimidantes fueron halladas en establecimientos educativos de las zonas sudoeste y oeste de Rosario este jueves. Los autores no fueron identificados ni detenidos.

Por un lado, Nahuel Huapi al 4.500, efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron una tela blanca en la escuela N° 384 Albert Sabin. El texto hacía mención a reclusos que pertenecen a la banda de Los Menores.

Horas más tarde, en pasaje Cristal al 6.900, se halló otro mensaje amenazante referido a policías provinciales en la institución N°1.372 Chacho Müller.

Por último, en Matienzo y Deliot, personal de la escuela N°660 Francisco Laprida advirtió a la policía por el hallazgo de un paño manuscrito cuyo contenido aludía a dos presos ligados al microtráfico en barrio Vía Honda.

El Gobierno de Santa Fe aseguró este martes que se registró una baja en los casos de amenazas en contexto educativo en la provincia. En este sentido, el lunes cerró con 15 llamadas por episodios de similares características. 

Así lo dio a conocer esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa. Las cifras de este lunes fueron comparadas con las 70 y 80 notificaciones diarias que se venían contabilizando semanas atrás en el territorio santafesino. 

Desde el Ejecutivo mencionaron que la caída se produjo “luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos”, dentro de los que se destacó una intimación por 6.024.944 pesos a los padres de una adolescente de la capital provincial, identificada como responsable de un hecho de intimidación en su escuela.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga. Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, aclaró Coudannes, quien también se refirió a las políticas empleadas a partir de la proliferación de casos y señaló: “No solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este lunes que la deuda total que la provincia reclama a los diferentes responsables de intimidaciones por el costo de los operativos policiales asciende a los 250 millones de pesos. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó el funcionario.

La provincia confirmó que hay más de 70 personas identificadas como los autores de al menos 58 falsas amenazas a escuelas, en el marco del programa que impulsa para que los progenitores paguen los costos de los operativos. 

En ese escenario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que por la cantidad de procedimientos que se realizaron a causa de las intimidaciones, la deuda que se reclama superaría los 250 millones de pesos.

“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló.

Luego, aclaró que el monto que se le reclama a los padres de los responsables es una "indemnización civil por el resarcimiento del daño”, que está desvinculada de una sanción penal.

"No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó.

Para finalizar, precisó que el reclamo formulado por el Gobierno provincial se calcula en base a los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, vehículos, personal empleado y las horas de servicios prestadas.

"No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, cerró.

El ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que ya se le envió a un padre la primera notificación para pagar los costos de los operativos realizados por las falsas amenazas a escuelas. 

Sobre el procedimiento, el funcionario detalló: "Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

La notificación se emitió contra “los padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, en ciudad de Santa Fe, quienes deberán abonaren calidad de responsables solidarios por 6.024.944 pesos

En el marco del operativo, desde la provincia precisaron que cuando los policías le entregaron al progenitor los documentos con el importe a pagar por las molestias causadas por la falsa amenaza, el padre expresó: “Cara la jodita”. 

Los avisos que se le mandan a los progenitores detallan el monto de la deuda a pagar y los medios de pago. El plazo para abonar la suma indicada es de cinco días. En caso de que no se acredite el envío del dinero, el caso pasará a manos de la Fiscalía de Estado.

Las acciones policiales por casos de intimidación pública surgidos en escuelas de Santa Fe siguen desarrollándose y este sábado hubo tres allanamientos. Ocurrieron en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En primer lugar, en territorio sanlorecino, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en un domicilio de Álamo al 1700 por una amenaza en contexto de institución escolar. Según las primeras informaciones, un menor de 16 años fue llevado junto a sus padres a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, a partir de la participación del fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, hubo dos procedimientos en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo a los resultados de los operativos, los uniformados secuestraron 14 celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. Los elementos serán sometidos a pericias.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza con el proceso para recuperar lo invertido en los operativos de seguridad realizados por las amenazas contra escuelas.

En ese sentido, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló que ya fueron identificados 73 sospechosos, de los cuales el 95% son menores de edad. 

Hasta el 21 de abril se registraron 404 denuncias en toda la provincia: 75 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 a la Fiscalía Regional Nº 2; 33 a la Fiscalía Regional Nº 3; 23 a la Fiscalía Regional Nº 4, y 35 a la Regional Nº 5.

En consecuencia, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.

Sobre los relevamientos, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó: "El gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento, las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, concluyó.

Dos adolescentes señalados como responsables de una amenaza en una escuela de Llambi Campbell fueron imputados, convirtiéndose en los primeros sancionados penalmente por un hecho de estas características en Santa Fe. Habían dejado una nota en un baño que hacía referencia a un presunto atentado.

Los estudiantes, identificados como J.O. (16) y Yamil Alexander G. (18), fueron llevados a audiencia imputativa este martes en los tribunales de Esperanza. La Fiscalía de Menores, a través de la Dra. Ana Laura Gioria, les adjudicó los delitos de de amenaza coactiva e intimidación pública.

El episodio en cuestión ocurrió días atrás en una institución educativa, en la localidad ubicada a 220 kilómetros de Rosario. Se trató del hallazgo de un papel con un texto manuscrito que afirmaba “devuelvan los celulares o tiroteo”, en reclamo a una determinación del establecimiento contra el uso de los teléfonos.

Los imputados quedaron en libertad, aunque el menor de edad deberá cumplir con medidas dentro del territorio. Por otro lado, el joven de 18 años cumplirá con una sanción alternativa a la prisión preventiva.

Por Mauro Yasprizza.

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.

No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.

A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.

La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.

El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.

Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.

En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Los casos de mensajes intimidantes en contexto escolar aumentaron este lunes en Santa Fe con más de 80 denuncias. Uno de los hechos más resonantes sucedió en el Colegio Maristas, donde encontraron una amenaza con una bala en un baño de mujeres.

Todo comenzó  cerca de las 11:00 en el establecimiento educativo de bulevar Oroño y Córdoba, en el centro de la ciudad, donde un directivo halló una cartulina con un texto referenciando un campamento que iba a desarrollarse este miércoles. El cartel tenía una munición calibre 9 milímetros pegada con cinta adhesiva.

Las autoridades de la institución dieron aviso al 911 y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para esclarecer la procedencia de la intimidación.

Además, este lunes hubo otros 13 procedimientos policiales por casos de características similares en la región. En total, se registraron 87 denuncias telefónicas en todo Santa Fe. Las intimidaciones se incrementaron en la vuelta a clases tras el fin de semana, ya que el Gobierno provincial confirmó que este viernes 17 de abril hubo otras 65 notificaciones.

Las autoridades del Ejecutivo santafesino brindaron una conferencia de prensa este lunes, donde señalaron que las amenazas “tienen que ver con retos virales de TikTok” y constituyen un “fenómeno global”. 

A partir del ataque armado en el que un adolescente asesinó a Ian Cabrera de 13 años e hirió a otros compañeros en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, la provincia impulsó un nuevo programa de educación virtual y difundió una serie de recomendaciones a las instituciones en la que se advierte sobre los hechos de intimidación pública que proliferaron en el territorio estas últimas semanas.

Por otro lado, desde el área de Seguridad recordaron que estos delitos significan un antecedente penal para los alumnos implicados e impulsaron una medida mediante la que las familias de los autores deberán cubrir los gastos del operativo policial. 

Autoridades provinciales anunciaron una serie de medidas para afrontar la saga de amenazas en escuelas de la provincia vinculadas a ataques armados, que se registraron en las últimas semanas. En ese sentido, remarcaron que los costos económicos de los operativos serán afrontados por los responsables. 

Así se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada por la vocera Virginia Coudannes; los ministros de Educación y Justicia y Seguridad, José Goity y Pablo Cococcioni; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.

En relación a la problemática, el ministro Cococcioni subrayó que, solamente este viernes 17 de abril, se registraron 65 casos en toda la provincia y puntualizó: “No necesariamente provienen de gente que va a llevarlas a la práctica, muchas son vividas como una broma”.

Con el propósito de concientizar a los estudiantes, remarcó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad. Muchas veces se lo plantea como un chiste y algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta, viajar al exterior y los padres van a tener que cumplir ciertas reglas”.

En este sentido, mencionó que cada intervención policial “cuesta recursos, económicos y en seguridad" y anunció que los autores de estas amenazas, sean punibles o no, deberán hacerse cargo del resarcimiento de los daños. "Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento. Un operativo básico de despliegue policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, sentenció.

Por su parte, el ministro Goityaseguró que se puso en marcha un nuevo programa de educación digital que aborda los peligros de las redes sociales, a partir de lo ocurrido en San Cristóbal, y se difundió una nueva circular en todas las instituciones santafesinas donde alertan sobre las pintadas con intimidaciones, mensajes en redes sociales o falsas alarmas. 

Respecto a los últimos acontecimientos en escuelas, afirmó: “Venimos atravesando momentos difíciles. Se sumaron en los últimos días situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TikTok. No son una broma, implican un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias para los estudiantes y la familia”.

El funcionario consideró que “no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional", ya que “es una responsabilidad social y colectiva”. Luego, agregó: "Necesitamos tener la respuesta de las familias. Estamos ante nuevos fenómenos que se están encadenando con fenómenos que ya conocíamos”.

Este jueves por la mañana dos escuelas de la zona sudoeste de Rosario fueron blanco de mensajes intimidatorios ligados al narcotráfico. En total, son cuatro las instituciones en las que ocurrieron episodios de las mismas características esta semana. En las dos últimas, las clases se dictaron con normalidad. 

Por un lado, la policía secuestró una bandera con un texto amenazante en la escuela 1337 Dr. Carlos Sylvestre Begnis de Nahuel Huapi y Mosconi, en barrio Acindar. Al igual que en el resto de casos, el escrito mencionaba a miembros de organizaciones delictivas.

Lo mismo sucedió en el establecimiento educativo 350 Provincia de Santa Fe, ubicado en Martín Rodríguez y Uriburu. El personal del lugar hizo entrega del trapo al Comando Radioeléctrico dentro de una caja de cartón.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información provincial, Esteban Santantino, se refirió a los hallazgos y expresó: “Son amenazas y buscan generar conmoción pública, por eso no se los minimiza más allá de que los mensajes, en cuanto a su contenido, están orientados a grupos criminales y son entre ellos”.

A su vez, el funcionario desligó la seguidilla de episodios con antecedentes similares ocurridos en los últimos años. “No es una situación asimilable a lo que vivimos en los primeros días que se estaba implementando el régimen de detenidos de alto perfil o el trabajo policial intensivo en las calles”, concluyó. 

A los hechos de esta mañana se suman otros dos casos. En primer lugar, este lunes en la escuela N° 1.210 Luis Rullan de Superí y Molina, una portera halló una presunta granada con una nota intimidante en la que se mencionaba a al capo narco preso Marcelo “Frentudo” Fernández y al detenido Axel Iván “Gordo Axel” González. Finalmente, se constató que el supuesto explosivo era un encendedor. Los directivos suspendieron las clases para el turno mañana.

Posteriormente, este martes en la escuela N° 435 Dr. Luis M. Drago de Buenos Aires y Regimiento 11, apareció un paño de metro y medio con escrituras en aerosol negro. Fue secuestrado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El Ministerio de Educación de Santa Fe informó este miércoles a las escuelas cómo serán las nuevas pautas acerca del uso de los celulares dentro de las instituciones a lo largo de la jornada escolar.

En ese sentido, la provincia precisó que estará prohibido la utilización de teléfonos durante toda la jornada tanto en clases como en el recreo. Sin embargo, aclararon que la medida no imposibilita el uso de los dispositivos para trabajos pedagógicos en las aulas cuando sea necesario. 

De esa manera, las escuelas deberán diseñar normas acerca de cómo se guardarán y utilizarán dichos objetos, dento de sus propios acuerdos de convivencia, así como se comunicarán con las familias y que responsabilidades se asumirán en caso de pérdidas o destrozos. 

En caso de que las reglas se quebranten, “las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en el régimen de convivencia escolar, priorizando instancias formativas, de reflexión y reparación antes que medidas punitivas”.

A pesar de la prohibición de uso, el gobierno santafesino aseguró que habrán excepciones para aquellos alumnos que necesiten utilizar su celular por cuestiones de salud o discapacidades. 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló este martes sobre la seguidilla de banderas con mensajes intimidatorios que aparecieron en diferentes escuelas de Rosario durante los últimos días y consideró que “son denuncias que se hacen” entre bandas criminales y no amenazas.

El mandatario encabezó la inauguración de Expoagro en San Nicolás y fue consultado sobre los recientes episodios que, en algunos casos, llevaron a la suspensión de clases por parte de establecimientos educativos. Los últimos hallazgos tuvieron lugar en las escuelas Nº 1027 “Luisa Mora Olguín” y N°84 “José Mármol” de barrio Ludueña; la N° 84 “José Mármol” de Tiro Suizo; y la N° 825 “Leopoldo Herrera” de Parque Casas, donde también arrojaron una molotov. A su vez, aparecieron carteles en un puente de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del cruce con la ruta 34 S, y en inmediaciones del Policlínico San Martín.

Pullaro  se refirió a los escritos, los cuales contienen nombres ligados al narcotráfico, acusaciones de lavado de dinero y homicidios, y explicó: “No las podemos tomar como amenazas, pero son denuncias que se hacen entre ellos". Luego, destacó el trabajo del sistema Lince y reveló que ya hubo detenciones por los hechos de la semana pasada.

“Tenemos muchos problemas en Santa Fe, más allá de que estamos teniendo los niveles más bajos de violencia de la historia”, consideró. A su vez, agregó: “No digo que estamos bien, pero si un día nosotros le levantamos el pie a la pelea que tenemos con las organizaciones criminales todo puede volver atrás”.

En la misma línea, el gobernador reflexionó que “hay muchos que pueden creer que la batalla está ganada" y aclaró: "Yo siento que estamos en la mitad del camino.  Esperemos a que termine este año y podamos inaugurar las nuevas cárceles y estaciones policiales, se termine de desarrollar el sistema tecnológico, que podamos seguir fortaleciendo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Ministerio Público de la Defensa (MPD), nombrar los jueces penales y tener la estructura penal rígida”. 

Nuevas banderas con mensajes intimidantes aparecieron en dos escuelas de Rosario y afectaron su normal funcionamiento este martes, después de episodios similares ocurridos en los últimos días. Se trata de la institución Nº 1027 “Luisa Mora Olguín” de barrio Ludueña y  la N° 825 “Leopoldo Herrera” de Parque Casas. Ya son cuatro los establecimientos educativos afectados en menos de una semana por las mismas intimidaciones.

Uno de los hechos sucedió pasadas las 6.00 en el edificio ubicado en Humberto Primo y Camilo Aldao,  parte de la obra del padre Edgardo Montaldo, cuando personal del lugar encontró en la entrada una tela blanca con una inscripción en aerosol negro. Efectivos policiales se hicieron presente y secuestraron la tela, cuyo contenido se refería una vez más a nombres ligados al narcotráfico y acusaciones de lavado de dinero.

De forma preventiva, las autoridades tomaron la decisión de suspender las actividades de la mañana. En la zona, hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas para esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, en Casiano Casas y Netri, otra bandera escrita apareció anudada en una de las rejas y un elemento incendiario fue arrojado en un patio que da a la calle. Las clases no fueron suspendidas, aunque algunos padres retiraron a sus hijos por precaución.

Las intimidaciones en espacios educativos de la ciudad recobraron fuerza días atrás y múltiples escuelas vieron su inicio de ciclo lectivo afectado. 

Primero, un texto fue expuesto en la fachada del Colegio del Sur N° 3064 de barrio Tiro Suizo, en Regimiento 11 al 1100. Luego, este lunes en la escuela N°84 “José Mármol” de Larrea y Vélez Sarsfield, un nuevo escrito obligó a cerrar las aulas durante la mañana. Por el momento, no hay detenidos. 

El Gobierno de Santa Fe confirmó este martes que habrá una ampliación del programa Asistencia Perfecta y premiará con un pago retroactivo a docentes que no hayan faltado en todo 2025 o que solo hayan registrado una o dos inasistencias.

La determinación llega a casi dos años de la puesta en marcha del plan que aborda el presentismo y fue comunicada a través de una conferencia de prensa de la secretaria general del Ministerio de Educación provincial, María Martín. 

En este marco, desde el Ejecutivo santafesino remarcaron que el reconocimiento será para los docentes que “garantizaron a lo largo del año continuidad pedagógica y mejores aprendizajes” el año pasado. 15.309 trabajadores sin inasistencias recibirán un equivalente al premio trimestral extra y otros 8.517 con una o dos ausencias durante el último ciclo lectivo contarán con el monto no percibido, tanto mensual como trimestral.

El presupuesto destinado para la ampliación de Asistencia Perfecta será de 5.349.907.000 pesos y estará destinado a un total de 23.826 docentes, con fecha de pago para el próximo viernes 13 de febrero.

Durante sus declaraciones de este martes, Martín comparó los últimos años y detalló: “En 2023 fueron 8.898 los docentes que registraron hasta 2 inasistencias, mientras que en 2025 fueron 23.826, lo que significa un 167,7 por ciento más".

Una amenaza de ataque contra establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires y de Jujuy fue desactivada en las últimas horas tras una investigación iniciada a partir de una alerta del FBI.

El caso salió a la luz luego de que se detectaran publicaciones con contendido antisemita, racista y violento difundidas a través de las redes sociales por dos adolescentes.

De acuerdo a la información, el alerta emitido por el FBI derivó en la intervención de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. A partir de tareas de inteligencia y análisis digital, los investigadores ubicaron a los sospechosos en las localidades de La Quiaca y Miramar, además de identificar domicilios vinculados en Quilmes y San Martín.

Con estos elementos, el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata ordenó una serie de allanamientos en los que se secuestraron armas blancas, municiones, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y material con simbología nazi, junto con documentación considerada relevante para la causa.

El expediente quedó caratulado como "intimidación pública" y todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia.

El gobierno de Santa Fe presentó este viernes las 11 ofertas de inversión para la segunda etapa de construcción del Instituto Superior del Profesorado de Música Nº 5932 “Carlos Guastavino”, que se levanta en calle Salta 2141, lugar donde el 6 de agosto del 2013 se produjo una explosión a causa de una fuga de gas, que ocasionó la muerte de 22 personas y dejó más de 60 heridos. 

Según el Ejecutivo santafesino, se trata de una obra que “corresponde al proyecto ganador del Concurso Nacional de Anteproyecto para el Complejo Edilicio Salta 2141 - Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y de la Música”. 

Las tareas implican una inversión de 5.285 millones de pesos -a valores de agosto de 2025- y un plazo de ejecución de 360 días. En ese sentido, el edificio tendrá "aulas, salas de ensayo, boxes para clases individuales y biblioteca, además de un diseño con aislamiento acústico específico que permitirá que distintos instrumentos y actividades se desarrollen en simultáneo sin afectar el funcionamiento general.

Pirámide Constructora S.A. ofertó 5.301.000.000 de pesos; Epreco S.R.L., $ 6.095.000.000; la unión transitoria Depaoli & Trosce Constructora SRL–PH Constructora SRL, $ 4.866.385.963,75; Coirini S.A., $ 7.016.342.061,35; Deprop S.R.L., $ 5.501.567.900; Del Sol Constructora S.A., $ 4.998.000.000; Ingeniería y Servicios Delgado S.A., $ 4.498.000.000; Dyscon S.A., $ 5.001.000.000; Dinale S.A., $ 4.911.500.000; Zetatec S.A., $ 5.057.000.000; e Ingeniero Pedro Minervino S.A., $ 6.531.000.000.