Buenos Aires aclara su política fiscal sobre criptoactivos, pero genera críticas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha oficializado un nuevo esquema tributario que afecta directamente a las operaciones con criptomonedas.

 La normativa impone un impuesto del 6% sobre los ingresos brutos a individuos y empresas que reciban pagos en criptoactivos y posteriormente los vendan. Este gravamen se aplicará sobre la diferencia entre el valor de la criptomoneda al momento de recibirla y el valor al momento de venderla.

 Además, las empresas que ofrecen servicios de minería o custodia de criptoactivos también estarán sujetas a impuestos: pagarán un 4% sobre los ingresos brutos derivados de dichas actividades.

 Si bien algunos analistas consideran que este nuevo marco tributario aporta mayor transparencia y certeza jurídica respecto a la situación anterior, otros lo califican de regresivo y contraproducente para el desarrollo del ecosistema cripto.

Este nuevo impuesto local se suma a una serie de cargas fiscales que afectan actualmente a los usuarios y empresas del sector cripto en Argentina.

 Algunas plataformas de intercambio incluso han calificado la situación como una crisis, dada la creciente presión tributaria que enfrentan.

 La medida contrasta con el impulso que la ciudad había dado recientemente al uso de criptomonedas. Buenos Aires habilitó a sus ciudadanos a pagar impuestos y tasas municipales con monedas digitales, como parte de una estrategia para posicionarse como un polo de innovación tecnológica.

 Sin embargo, este nuevo esquema tributario podría perjudicar ese objetivo. En agosto, el jefe de gobierno Jorge Macri había declarado su intención de convertir a Buenos Aires en un "líder mundial en cripto", pero este tipo de políticas fiscales podrían desalentar tanto la inversión como la adopción masiva en la ciudad.

En una sesión especial convocada por la oposición, la Cámara de Diputados debatirá este miércoles una iniciativa que busca destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda Libra, paralizada desde su creación por la imposibilidad de elegir las autoridades.

El proyecto, plasmado en un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, introduce una metodología para la resolución de los empates en las votaciones. De acuerdo al documento que elaboro Maximiliano Ferraro, en caso de igualdad de votos la presidencia se le otorgará al candidato respaldado por el conjunto de bloques con mayor cantidad de bancas en la Cámara.

En este sentido, la oposición se garantiza el control de la conducción, ya que reúne al menos 136 diputados. La vicepresidencia quedará en manos del segundo bloque más votado y la secretaría corresponderá al mismo grupo que designe al presidente.

La comisión, que fue creada para investigar la eventual participación del presidente Javier Milei en la megaestafa de Libra, nunca pudo iniciar su trabajo debido a la falta de acuerdo en la designación de autoridades. El nuevo esquema funcionará como una "fe de erratas" del proyecto original.

Además, el texto fija un plazo hasta el 10 de noviembre para la presentación del informe final de la investigación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el próximo 22 de abril se presentará ante la Cámara de Diputados para responder sobre el escándalo que gira en torno a la criptomoneda Libra, luego de que la oposición impulsara la conformación de una comisión investigadora.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario negó que el presidente Javier Milei tuviera alguna implicancia directa y buscó bajarle el tono a las acusaciones. "No hay ninguna responsabilidad, dolo ni mala intención por parte del presidente de la Nación”, afirmó.

Francos consideró que este tipo de maniobras son parte de "cuestiones comunes en períodos electorales", y que la oposición intenta instalar "ruido político". Pese a esta situación, aseveró que no le esquivará al llamado del Congreso: "Nosotros contestaremos en la fecha que fijaron para que me interpelen, no tengo ningún problema en ir”.

Además, al ser consultado por el posteo que Milei realizó en redes sociales vinculado a la criptomoneda, repitió: "No hay ninguna actitud que se haya efectuado con un dolo particular”.

El debate legislativo prevé también la interpelación a otros funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. En cambio, no prosperó el pedido para citar a Javier Milei ni a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, ante la falta de acuerdo entre las bancadas.

Por otro lado, el jefe de Gabinete se refirió al paro general convocado por la CGT. Cuestionó la amplitud del temario y deslizó dudas sobre la convocatoria: “Es un poco difuso”, señaló. Y agregó: “La falta de adhesión de sectores como la UTA muestra que los dirigentes sindicales no están completamente seguros de que el país se vaya a parar”.