La Cámara Nacional del Trabajo decidió hoy que el DNU del presidente Javier Milei es inconstitucional en materia del capítulo de reformas laborales al analizar la cuestión de fondo.

Lo hizo luego de que en una medida cautelar frenara las reformas. Ahora todo está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es de otros jueces a aquellos que dictaron la cautelar y en la misma analizaron “el fondo” del planteo hecho por la CGT pero que ellos determinaron que es de alcance colectivo, esto es para todos los trabajadores no sólo a aquellos representados por la Central Obrera.

Para los jueces no existía “ningún impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso” tal cual intentó argumentar el Gobierno al pretender las reformas por el DNU, el cual fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre y “no tenía fecha de vigencia”, tal cual el Tribunal.

Incluso, retomó el Tribunal que el 26 el propio Gobierno convocó a sesiones extraordinarias por lo que “no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.

“Los propios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la “necesidad” de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a “un hecho demostrado”, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de “urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como “leyes antievasión””, analizaron los magistrados.

“Las consideraciones vertidas precedentemente acerca del defecto de origen del DNU 70/2023 bastan para sustentar este pronunciamiento y, consecuentemente, tornan innecesario un examen específico de las alegaciones de la amparista acerca de la supuesta invalidez de aquél en razón del “contenido sustantivo” de su articulado”, remarcaron los camaristas Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.

Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia el fallo aunque ya está dada la intervención del más alto tribunal por la cautelar que otros jueces laborales concedieron por las reformas laborales y por el amparo presentado por la provincia de La Rioja contra la totalidad del DNU de Javier Milei.

La Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para resolver y sólo ha adelantado que ellos sí asumen la competencia al menos en el caso la Rioja porque es la demanda de un estado provincial contra el nacional y la cuestión es de competencia originaria.

La Justicia suspendió la reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que implicaba cambios en materia laboral vinculados a interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical.

De esta manera, la medida cautelar dictada por la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un pedido de la CGT, dejó sin efecto las regulaciones laborales que entraron en vigencia el 30 de diciembre a nivel nacional.

Entre las iniciativas que el fallo judicial frenó se encuentran las limitaciones que establecía al derecho a huelga, ya que determinaba que en los casos de conflictos colectivos que afecten la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, las partes deberán garantizar una cobertura mínima del servicio.

En el caso de los servicios esenciales, la cobertura mínima debía ser del 75% de la prestación normal del servicio. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, la cobertura mínima debe ser del 50%.

El DNU incluía como servicios esenciales y actividades de importancia trascendental a los Servicios sanitarios y hospitalarios; producción, transporte y distribución de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.

Aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.

Entre las actividades de importancia trascendental se encontraban: producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios; servicios de radio y televisión, entre otras.

En materia de indemnizaciones, el decreto que firmó el presidente introducía la reducción del monto de la indemnización; la excepción para trabajadores con salarios bajos; la posibilidad de sustitución de la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral; contratación de un sistema privado de capitalización.

El agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio y la deducción de las indemnizaciones percibidas en caso de reingreso, entre otros cambios que quedaron en suspenso.

En tanto, el artículo 78 del DNU sustituía al 177 de la Ley N° 20.744 de Contratos de trabajo para modificar las condiciones de las licencias.

El artículo 177 legisla sobre la licencia por maternidad, como gozar la licencia de 90 días, la garantía de estabilidad en el trabajo desde la fecha de comunicación fehaciente de la condición y el goce pleno de las asignaciones y derecho correspondientes.

El nuevo artículo respecto del tiempo de descanso y la prohibición de trabajo deja inalterable la escritura de prohibición de trabajo de la persona embarazada “durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo”.

Sin embargo, la nueva reglamentación abría la posibilidad de que la parte interesada opte por reducir la licencia previa al momento de parir. “En tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días y el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto”, especifica el decreto. En la legislación anterior, el tiempo no podía ser inferior a treinta (30) días.

Tras conocerse la medida cautelar que deja sin efecto los cambios en esta materia, el Gobierno anunció que apelará el fallo de la Cámara del Trabajo. El encargado de la presentación será el Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra.

Los abogados del Estado apelarán la medida cautelar y pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como ya dictaminó el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez.

La CGT destacó hoy que el fallo la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar al pedido de la central de suspender la aplicación del apartado laboral incluido en el mega DNU «pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores».

A la vez, el integrante del triunvirato Héctor Daer ratificó el paro general del 24 de enero.

«Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23, como ha solicitado la CGT», sostuvo la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.

La central explicó que el fallo reciente «justifica su decisión de dictar la medida cautelar en que el DNU introduce importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral no habiendo explicado como las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa para los trabajadores».

“Entiende que hay circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en esta contienda y el dictado de la cautela», explicó la central.

Además, consideró que la Cámara «justifica su decisión de dictar la medida cautelar en que el DNU introduce importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral no habiendo explicado como las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa para los trabajadores”.

Este martes, la sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo suspendió el tramo de la reforma laboral incluido en el DNU emitido por el Gobierno a raíz de una presentación de la CGT.

La medida cautelar dictada da marcha atrás con lo resuelto en primera instancia y dispone suspender la aplicabilidad del título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia.

El Gobierno a través de la Procuración del Tesoro tiene previsto apelar el fallo en las próximas horas.

“Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso”, publicó Daer en su cuenta de X.

Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidxs.

Envío un fuerte y cálido abrazo a todxs lxs compañerxs que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos… pic.twitter.com/e2kyZyBCfe

— Héctor Daer (@hectordaer) January 3, 2024

El Gobierno apelará el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei y la presentación está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro, que conduce Rodolfo Barra.

Los abogados del Estado apelarán la medida cautelar y pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como ya dictaminó el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez.

«La Procuración aún no ha sido notificada, tiene tres días, y pedirá inmediatamente la incompetencia del Fuero del Trabajo. Ya que en una discusión de competencias positivas, cuando participa el fuero administrativo, corresponde al fuero administrativo saldar la decisión», informaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Y agregaron: «El fiscal compartió nuestro criterio, así como lo hizo la jueza María Dora González. Están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad, como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos».

La Procuración del Tesoro había pedido la habilitación de feria y que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde tramita un amparo colectivo contra el DNU. Barra afirmará que en estos casos el fuero de atracción es el contencioso administrativo federal donde se tramitan juicios contra el estado. Y reclamará la vigencia del DNU 70/2023.

«Resulta imperioso que el Estado Nacional ejerza debidamente y con plenitud su derecho de defensa en juicio, a fin de resguardar en lo inmediato los intereses públicos que se tutelan», dijo esa presentación. Y agregó: «Se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional».

La Cámara Laboral habilitó finalmente la feria para tratar la presentación de la CGT y le corrió vista al fiscal general, Juan Manuel Domínguez, quien dictaminó que el conflicto lo debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, dos de los jueces de la Sala de Feria decidieron suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023.

La decisión judicial hace lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y considera que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional.

El DNU 70/2023, publicado el 27 de diciembre pasado, introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical. Si bien la vigencia operaba a partir del 30 de diciembre, ahora queda suspendida por la justicia.

En su fallo, la sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera sostiene que la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.

Asimismo, los camaristas remarcaron que el presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.

De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el Gobierno en un área sensible como el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.

En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la desregulación económica y laboral del presidente Javier Milei todavía espera por tener la aprobación en el Congreso, en medio de la postura de la oposición que busca reunir los votos para anularlo. Al ser consultado por Luis Majul al aire de LN+ sobre si podría llamaría a una consulta popular en el caso de que el decreto sea rechazado por el Congreso, el presidente contestó: “Obviamente”.

Sin embargo, “un plebiscito o un referéndum no son instrumentos jurídicos vinculantes, es decir, sea quien sea que los convoque, porque puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser también la sociedad civil, no obliga al poder político a seguir el resultado del plebiscito. No son vinculantes, es una consulta de opinión, es una forma de hacer expresar la opinión de la ciudadanía respecto de un tema”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Alejandro Katz, ensayista y politólogo.

Y, seguido, amplió: “Por su propia naturaleza y por el modo en que está legislado el instrumento, el plebiscito sólo admite preguntas por sí o por no, es decir, en este caso el plebiscito tendría una formulación aproximadamente parecida a la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con el decreto de necesidad de urgencia número 70 sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional? Sí o no. Y esto es un poco absurdo, porque el decreto de necesidad de urgencia, uno de los problemas que tiene es que pretende derogar 300 leyes que consta de más de 300 artículos, el decreto mismo, y que ninguna respuesta razonable es por sí o por no”.

Asimismo, Katz remarcó que “eso es parte del vicio mismo del decreto que pone en un solo instrumento jurídico una inmensidad de decisiones que tienen que ver con diversos ámbitos de la vida pública argentina, con la vigencia de leyes sancionadas en distintos momentos de la historia que afectan distintas esferas de la actividad”.

De este modo, respeto a la posibilidad de que el presidente llame un plebiscito, analizó: “Muchas personas, habíamos advertido antes de las elecciones acerca de ciertos rasgos autoritarios en el discurso y en las formas del ahora presidente Milei. Habíamos señalado incluso en algún documento que circuló en un momento bastante ampliamente la voluntad cesarista de gobernar por el costado o por encima del parlamento donde yo estaba Javier Milei. Y la sanción de este decreto y la amenaza, porque está funcionando de ese modo, de convocar un plebiscito en caso de que el parlamento lo rechace, ratifica esa voluntad cesarista”.

En tanto, el ensayista reflexionó: “La figura del revolucionario, que normalmente pensamos que viene de la revolución francesa y del jacobinismo, etcétera, en verdad viene de una matriz religiosa que es la de la reforma protestante en el norte de Europa, de un grupo iluminado que cree que tiene la verdad y que va a conducir a la sociedad a la salvación. Y Milei es ese iluminado. Entonces, ese iluminado quiere revolucionar la estructura de nuestro país con un decreto, con un decreto que cambie todo, pero además está siendo rodeado por un equipo que es un equipo de cínicos, de oportunistas, de improvisados”.

Además, conisderó que Milei “es el emergente de una clase política disfuncional. Hemos estado por lo menos 20 años a los gritos entre los estatistas y los libremercadistas, con posiciones fundamentalistas infundadas y erróneas de ambos lados, haciendo girar un péndulo en el que Argentina viene desde hace por lo menos medio siglo, un péndulo que va de políticas aperturistas a políticas proteccionistas, de políticas pro Estado a políticas pro mercado, sin conseguir dejar que ese movimiento, que solo es destructivo, que cada vez que cambia el signo del gobierno todo anterior no sirve para nada, y luego etc., y pensar en un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y consensuado para el largo plazo”.

“Nos hemos visto enfrascados en este conflicto entre los que quieren abrir la economía y favorecer el capital, y los que quieren cerrar la economía y favorecer el salario, un péndulo que cada vez tiene un movimiento más extremo, porque ante los fracasos sucesivos, los que vienen a tomar el lugar de los que se fueron, vienen con ideas más radicalizadas. Milei es llevar el péndulo por la derecha a un extremo, y luego vendrá un movimiento pendular hacia la izquierda al extremo. Y ya no es ni derecha ni izquierda, estamos en un escenario de populismos crecientemente barretas”, concluyó Katz.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, presentado esta semana por Javier Milei, será analizado por la Justicia. Un juzgado federal tramita el primer amparo colectivo contra la medida luego de la petición del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Se trata del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°2, a cargo de Esteban Furnari, quien resolvió admitir la acción iniciada por la organización como amparo colectivo, y en consecuencia, ordenar su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.

El ente que exige la revisión del anuncio del presidente está conformado por los políticos Hugo “Cachorro” Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar. El objetivo de los denunciantes es que el juzgado declare como inconstitucional y la nulo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3) y por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público.

Patricia Bullrich brindó declaraciones este viernes tras las protestas a nivel nacional en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei.

La ministra de Seguridad de la Nación habló con el periodista Eduardo Feinmann para el programa «Alguien tiene que decirlo» de Radio Mitre y señaló: «Si el país sigue viviendo esta situación de status quo permanente, donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada, entonces vamos a seguir igual».

La titular de la cartera aseguró que «el país está en urgencia» y que «todos los días vemos subir los precios, tenemos menos poder adquisitivo». Además, agregó: «Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos y que, en pocos meses, terminemos con la inflación, alcance el salario, haya mejores trabajos y mejores oportunidades».

Por otra parte, Bullrich apuntó contra las críticas de un sector de la política ante las medidas del presidente y comentó: «Vi muchos del PRO que apoyaron que Mauricio Macri dicte decretos y ahora dicen que no».

Una comitiva de dirigentes de la conducción de la CGT iba a ser recibida hoy en Casa Rosada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en medio de las duras críticas del sindicalismo contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei, peor al final el encuentro fue cancelado.

Una de las presencias confirmadas para la reunión prevista para las 15 era la del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien fue el que pidió la reunión, informaron fuentes sindicales a Noticias Argentinas.

Transcurrido ese horario y sin que ningún sindicalista arribara a la sede gubernamental, las mismas fuentes confirmaron que la reunión pautada se había caído, sin dar mayores detalles de los motivos.

Según supo NA, el fuerte enojo de la mayoría de los integrantes de la plana mayor de la central obrera tras conocer las reformas laborales que establece el DNU hizo desistir de concurrir a la reunión con Francos al grupo de dirigentes “dialoguistas” que tenía esa intención.

“El diálogo está roto”, fue la postura que prevaleció entre los popes sindicales, luego de que Milei decidiera avanzar en las reformas laborales, que incluyen la reducción de multas en caso de despido, ampliación a 8 meses de los períodos de prueba, y la obligación de prestar al menos la mitad de servicios en el marco de una medida de fuerza en determinadas actividades, entre muchos otros puntos.

El polémico DNU claramente iba a ser el tema del encuentro con Francos, el cual desató un malestar en el gremialismo e incluso uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer dijo este jueves que «hay clima para un paro».

Gerardo Martínez es el dirigente gremial con diálogo más fluido con la gestión Milei y fue el primero en tener un contacto cara a cara con el líder libertario poco después de que éste obtuviera el primer lugar en las PASO de agosto pasado.

En aquel momento la reunión la pidió el entonces candidato presidencial, quien se quiso interiorizar sobre el sistema del fondo de despidos que tiene la UOCRA, que en la actividad de la construcción reemplaza a las indemnizaciones, y que al final se introdujo en el DNU.

La plana mayor cegetista se reunía a las 18 de este jueves en la sede de la UOCRA, tras lo cual podría anunciar alguna medida de fuerza como una marcha o una huelga.

El decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei, que propone desregular la economía argentina, suma reacciones y voces en contra.

“Dos reflexiones. Una de forma, o en torno a la forma con la que pretende hacer esto. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, establece como regla que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas. Y dice, textualmente, bajo pena de inmunidad absoluta e insanable. Y además dice la Constitución que los DNU son una excepción, pero son una excepción reglada, que tiene claras reglas. Derogar y modificar más de 300 leyes en un solo mega DNU es un intento de acumular la suma del poder público que también está vedado por la Constitución en su artículo 29”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Eduardo Toniolli, diputado nacional de Unión por la Patria, por Santa Fe.

“Y de fondo -prosiguió-, el DNU es un intento, lo dice el mismo Presidente de la Nación, refundacional de la Argentina, por supuesto yo tengo una evaluación radicalmente distinta a la del Presidente, es un intento refundacional en el sentido negativo, porque lo que pretende hacer es por vía expeditiva derogar una serie de normas que en algunos casos son protectivas de los derechos de los trabajadores, pero que en otros casos, además, son una defensa de la Argentina misma para sostener, por ejemplo, su integridad territorial”.

Seguido, el legislador nacional dio como ejemplo “la ley de tierras, que establece, por ejemplo, un tope del 15% a la tenencia externa en manos de extranjeros, incluso por cada una de las jurisdicciones del país. La ley de manejo del fuego, por ejemplo, se intenta modificar una ley, ya que durante estos últimos dos años discutimos la ley de humedales que intentaba dar un pasito más en términos de protección al ambiente, derogar o modificar, como se pretende la ley de manejo del fuego, es dejar aún más a nuestra naturaleza inerme frente a los procesos de quema para especular inmobiliariamente después”.

Del mismo modo, cuestionó que derogar la ley que exige la aprobación de Congreso para la privatización de las empresas públicas, “es un intento por cargarse con el patrimonio nacional, sin siquiera permitir que se discuta en el ámbito por antonomasia de la democracia, para que los argentinos, entiendan, ante cada una de estas decisiones, qué es lo que puede pasar con la inversión de generaciones de trabajadores en el Estado, porque esos son, en última instancia, las empresas públicas, que son de todos”.

“Y así con un montón de artículos de este DNU, que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver, y cité a algunos de ellos, con alguna situación de emergencia o con la pelea contra la inflación, te diría más, varios de ellos, en lo que refiere a las prepagas, a las tarjetas de crédito, etc., tienen un objetivo inflacionario, en última instancia, de favorecimiento a alguna corporación económica poderosa”, agregó.

Respecto a los pasos a seguir que analiza ese sector de la oposición, Toniolli adelantó: “En materia institucional, claramente lo que hay que hacer acá es apurar la conformación de la bicameral que trata los DNU, un DNU puede ser aceptado si una sola de las cámaras lo vota positivamente, o rechazado exclusivamente si tiene el rechazo, valga la redundancia, de las dos cámaras. Ahora bien, esto de alguna manera no es producto exclusivamente del juego legislativo, sino también del posicionamiento de la sociedad. Sabemos que hay distintas fuerzas políticas que son sensibles al posicionamiento de distintos sectores de nuestra vida económica”.

Además, el diputado enfatizó: “Hay un intento mesiánico refundacional de destruir, una estructura jurídica estatal que llevó muchos años construir, que posiblemente pueda tener sus cosas a reformar, no hay ninguna duda de eso, y que posiblemente también haya fallas en el Estado a la hora de hacer efectivo el cumplimiento de esas normas y es gran parte también del problema que tenemos como país y como sociedad”.

“Ahora, pretender hacer esto con un único DNU que deroga o modifica más de 300 leyes se da de frente con la Constitución Nacional y de eso no hay ningún tipo de duda. Después pueden hacer la alquimia que quieran, pero no hay ningún tipo de duda que esto es lisa y llanamente inconstitucional, porque básicamente se pretende legislar algo que la Constitución no le permite al Poder Ejecutivo”, concluyó Toniolli.

El presidente Javier Milei aseguró que el DNU que firmó para desregular la economía «va a destrabajar este andamiaje jurídico opresor que destruyó» el país, y permitir que la Argentina “pueda crecer”.

“Hasta ahora no he escuchado un solo argumento que le diga que es inconstitucional. Porque que digan de que algunos temas pueden ser tratados con el trámite ordinario de las leyes, es una cuestión que la va a tener que debatir el Congreso. Justamente, la ley que reglamenta el DNU establece que el trámite debe pasar por el Congreso. Entonces el Congreso lo que tiene que hacer es analizarlo. Y en todo caso rechazará eso. Pero eso no hace a la inconstitucionalidad o no del DNU”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Nicolas Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe por La Libertad Avanza.

“Acá lo que hay que destacar, y lo más importante de todo, es la gravedad institucional, la gravedad que estamos pasando, que es inédita en el país, es una situación de verdadera catástrofe, está perfectamente fundamentado, todas las medidas que toma Javier Milai, en los considerandos del decreto”, amplió el legislador.

Ante los cuestionamientos respecto a la decisión de realizar tantas modificaciones a través de un DNU, señaló: “El primer análisis que hay que hacer siempre es si hay una situación de emergencia o no hay una situación de emergencia. Es decir, si está la urgencia o no está la urgencia, y si está la urgencia, cuál es la necesidad que hay que atender. Y todo eso hasta ahora no he escuchado ninguna voz que diga que sea, digamos, que esté mal lo que hizo el gobierno. Por supuesto que vamos a encontrar voces que van a decir, yo no soy de acuerdo con esta medida, a mí me parece que la sociedad anónima para los equipos de fútbol debe ser tratada de una ley ordinaria. Es decir, todas esas discusiones hay que darlas en el Congreso. El trámite es, el gobierno ahora tiene 10 días hábiles”.

Y cuestionó la herencia recibida por este gobierno: “Todavía no vimos la inflación que vamos a tener en enero y en febrero, que no es culpa de este gobierno, las decisiones que tomó este gobierno, sino que es culpa de las decisiones que tomó el gobierno saliente, que fue realmente irresponsable lo que fue la misión monetaria, lo que fue la deuda que tomó de 140 mil millones de dólares. Realmente la situación es muy preocupante. El DNU lo que trata de atender es las consecuencias de todo eso lo que se viene”.

En esa línea, Mayoraz, aseguró que “para eso necesita un paquete integral de modificaciones que tiene que ver con toda la economía, con la posibilidad de establecer reglas claras en el comercio, evitar la intermediación, mejorar la oferta y la demanda, abrir los mercados. Todas situaciones que necesitan este DNU porque necesitan que las cuestiones se resuelvan ahora”.

“Si vos empezás a mandar 130 proyectos de leyes, no existe en la historia parlamentaria argentina que un congreso haya resuelto 130 leyes en dos o tres meses, que es lo que necesita la urgencia argentina”, remarcó.

Consultado sobre cómo son los plazos y cómo es el procedimiento del decreto, el legislador nacional, explicó: “Lo que corresponde y según la ley es dentro de los 10 días hábiles de dictado del DNU, es decir, a partir de hoy tiene 10 días hábiles, manda al congreso el DNU para que sea analizado por la comisión bicameral que está integrada por 8 diputados y 8 senadores. La comisión debe emitir dictamen dentro del plazo de 10 días hábiles. Si la comisión no emite dictamen, las cámaras pueden someter a tratamiento sin dictamen el DNU y expedirse. Y ahí viene el tema de cómo se expiden. Si se expiden las dos a favor o si se expiden las dos en contra, el DNU cae. Las cámaras se expiden en forma independiente. Si lo rechaza una sola de las cámaras, no tiene el efecto de hacer caer el DNU. Tienen que rechazar las dos cámaras, y el rechazo puede ser de alguno de los artículos. No necesita ser total. El dictamen es el que establece qué aspecto se aprueba y qué aspecto no se aprueba”.

“Javier Milei ha obrado dentro de la constitución porque el DNU no es un caprillo de un gobernante ni fue un invento de Cristina ni de Alberto. Está en la constitución del año 94 la posibilidad de dictar DNU y los límites al dictado de los DNU son no meterse en materia tributaria, no meterse en materia penal y no meterse en materia electoral. Javier Millei no ha tocado un solo punto dentro de las modificaciones que ha establecido el DNU que tengan que ver con esa materia. Justamente esos puntos lo que está haciendo es mandándolo, lo va a mandar con leyes específicas para que lo resuelva el congreso. Por supuesto que también pidiendo la mayor seriedad posible para la atención de el congreso”, remarcó Mayoraz.

El mega decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que fue presentado el miércoles por la noche, por el propio presidente, generó voces en contra, que cuestionan la legalidad y la constitucionalidad del DNU.

“Entiendo que hay una tentación muy fuerte de empezar a analizar el contenido, las medidas de qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. Pero acá hay un primer error de origen que tiene que ver con un decreto que es claramente inconstitucional. La Constitución es clara en relación a cuáles son los supuestos en los cuales el presidente de la nación puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Claramente, este decreto no es ni de necesidad ni presenta ninguna urgencia a resolver”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista por Santa Fe.

“En segundo lugar -prosiguió-, decir que el presidente con esto intenta dar un golpe al Congreso de la Nación y plantear una relación o una gestión basada en la autocracia, una gestión autocrática que le da la espalda al Congreso. Ya desde el 10 de diciembre, cuando vino a su discurso inaugural y nos dio la espalda, bueno, ahora lo vuelve a hacer con este mega decreto que la verdad es que no tiene tampoco gollete”.

En esa línea, el legislador nacional, cuestionó que “dentro de esos 300 y pico de artículos y de leyes que modifica y normativa que modifica hay desde modificaciones al Código Civil y Comercial a modificaciones en el derecho ambiental, las relaciones laborales, las asociaciones civiles. Es decir, cuestiones tributarias, régimen de tarifas, sistema de salud, la Biblia y el calefón. Un gran decreto que desconoce que existe un Congreso y nosotros por eso, diferente a estar discutiendo el contenido”.

“Porque el DNU en el Congreso será aceptado o rechazado en paquete, lo que pedimos es que se convoque urgentemente a las sesiones extraordinarias, que los temas que han sido incluidos en este DNU que debe ser retirado por el presidente con urgencia lleguen en el marco de una ley, que puede ser una ley ómnibus o distintos proyectos de ley para que puedan ser analizados y obviamente estamos dispuestos a analizar los distintos proyectos”, agregó.

Asimismo, el diputado nacional por Santa Fe remarcó: “Si nosotros convalidamos este decreto de necesidad y urgencia, vamos a estar abriendo una puerta muy compleja, una puerta muy difícil que nos pone en una situación de enorme debilidad institucional. Exigimos y estamos pidiendo al presidente que retire cuanto antes este decreto de necesidad y urgencia, que envíe los proyectos de ley, estamos para trabajar, estamos en periodos de sesiones extraordinarias, yo asumí el 10 de diciembre y desde el 10 de diciembre que estoy en la oficina esperando la convocatoria extraordinaria para poder tratar los proyectos de ley que se habían tanto anunciado durante tanto tiempo”.

Labor, que subrayó, corresponde al Congreso analizar distintos temas y darles tratamiento: “Estamos con enorme preocupación siguiendo este tema, dialogando con distintos bloques, evaluando posibilidades y desde ya de nuestra parte plantear la fuerte oposición a este mecanismo para la legislación, creemos que no es la vía para legislar sobre distintas cuestiones que son tan importantes para la ciudadanía argentina”.

Consultado sobre cuál es la vía para pedir que el presidente retire el mega decreto, Paulón, sostuvo: “El DNU va a ir a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, entendemos a priori, por lo que estamos viendo, que hay muchas resistencias dentro de los partidos que van a tener representación en esa comisión, a darle tratamiento favorable a este DNU. Ha habido declaraciones muy contundentes de Martín Lustó, que representa al radicalismo, que tiene representación en esa comisión”.

“Entonces, que sea esto un aprendizaje en dos sentidos. Primero, para construir una coalición transversal de quienes defendemos la República, defendemos la Constitución y creemos que este DNU es totalmente inconstitucional e insanable. Y en segundo lugar, para modificar rápidamente la ley de reglamentación de los DNU como para que no sea una vía muy fácil de legislar. Porque esto que pasa hoy con Javier Milei va a pasar con los próximos gobiernos y tenemos que cuidar la institucionalidad argentina”, concluyó el diputado nacional.

El primer amparo contra el DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, fue presentado hoy ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y se pidió por la inconstitucionalidad del mismo.

La presentación la hizo la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y por ahora es la primera de las presentaciones ante la cual se prevé que haya otras más.

La misma recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari.

Ahora, desde el juzgado le pidieron acompañar los argumentos del amparo junto con la eventual documentación que podría ir en su presentación.

Al tratarse de un amparo es de rápida resolución aunque previo a ello es probable que desde el juzgado se dé intervención previamente para contestar la demanda a la contra parte.

Se trata de hasta ahora la primera de las presentaciones aunque las que pudieran sumarse serían ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal puesto que es un masivo decreto que incluye temas tales como reformas laborales, de la ley de alquileres o del código aduanero y ello podría tener incidencia en el fuero laboral, civil o bien el civil y comercial federal.

De ahora en más todas las demás presentaciones que puedan haber en el fuero Contencioso Administrativo Federal es probable se acumulen en el juzgado 2 pues allí donde se radicó esta primera presentación.

Dirigentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de firmar un decreto para desregular la economía y pusieron en duda su legalidad.

“El Decreto de Desregulación de MILEI es INCONSTITUCIONAL. El Presidente de la Nación no tiene facultades para derogar esa batería de leyes. TODO NULO”, aseguró el diputado nacional por Buenos Aires Alejandro “Topo” Rodríguez.

En tanto, la diputada del GEN Margarita Stolbizer evaluó que las medidas van “a contramano de la institucionalidad y el estado de derecho”.

«El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia la derogacion de leyes x medio de un Decreto», crítico la diputada nacional.

El presidente Javier Milei aseguró que el DNU que firmó para desregular la economía «va a destrabajar este andamiaje jurídico opresor que destruyó» el país, y permitir que la Argentina “pueda crecer”.

El mandatario nacional anunció la derogación de la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento; la de Góndolas; el Observatorio de precios; desregulaciones de internet, de medicina prepaga, de turismo; y reforma laboral, entre muchas otras.

Milei hizo un diagnóstico de la economía y las cifras de la pobreza y destacó que «seis de cada diez chicos son pobres».

Además, aseguró en cadena nacional que los problemas que atraviesa el país son en gran medida causa de la «casta» y de la «doctrina que considera que los políticos son Dios».

Antes de anunciar los detalles del DNU que desregulará la economía, Milei junto a todos sus ministros cuestionó que «un grupo de burócratas pueda planificar la vida de los seres humanos».

Además, rechazó la «doctirna que considera que los políticos son Dios», al considera que «no solo que no son Dios sino que son la causa de nuestros problemas».

1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. 7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. 13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego. 15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25.Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28.Desregulación de los servicios de internet satelital. 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30.Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.