La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley mediante el cual se buscaba limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo (DNU). Obtuvo 140 votos positivos, 80 negativos y 7 abstenciones. 

No obstante, como se introdujeron modificaciones al rechazar un artículo, la iniciativa deberá volver al Senado, donde ya fue avalada, y decidir si se mantiene el texto original o se adhieren los cambios.

La iniciativa proponía que los DNU tendrían un plazo de corrido de 90 días para ser aprobados sin excepción y con mayoría absoluta por parte del Senado y Diputados. Asimismo, los decretos perderían validez si una de las Cámaras los rechaza.

En ese sentido, modificaba la ley 26.122 que había impulsado Cristina Kirchner en 2006, que establece que con sólo el respaldo de uno de los cuerpos quedaría firme un Decreto. 

Aunque la nueva propuesta prosperó,  se rechazó en la votación en particular el artículo 3, que establecía el límite de los 90 días para que el Congreso trate los DNU. 

Otro de los detalles que se desprende del texto es que los decretos propuestos tendrán que referirse a un área en particular para evitar la mezcla de distintos temas en una sola propuesta. 

Diputados convocó este viernes a una sesión que se celebrará el próximo miércoles 17 de septiembre para tratar los vetos presidenciales y debatir acerca de otros temas, como las presuntas coimas en discapacidad y el fentanilo contaminado.

El Congreso busca debatir acerca de si prosperarán o no los vetos, por un lado, de la ley que aseguraba el financiamiento universitario mediante la actualización por inflación de los fondos y la apertura de paritarias; y por otro, del proyecto que declaraba la emergencia pediátrica. 

No obstante, el temario es mucho más extenso, pues desde la Cámara Baja buscan que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, den informe verbales por los audios en que se revelaban presuntas coimas en Discapacidad. 

Otro de los puntos a tratar es la creación de comisiones investigadoras acerca de lo que ocurrió con el fentanilo contaminado que causó al menos 96 muertes en el país y si existe responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el control de dichos casos.

Entre el variado temario, se incluye el proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que es capaz de emitir el poder Ejecutivo. 

La iniciativa propone que los DNU tendrán un plazo de corrido de 90 días para ser aprobados sin excepción y con mayoría absoluta por parte del Senado y Diputados. Asimismo, los decretos perderían validez si una de las Cámaras los rechaza.

Otro de los detalles que se desprende del texto es que los decretos propuestos tendrán que referirse a un área en particular para evitar la mezcla de distintos temas en una sola propuesta. 

La Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsó el Gobierno para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El texto obtuvo 129 votos positivos protagonizados por el oficialismo y los sectores dialoguistas como el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Rádical, y otros diputados que sólo responden a las provincias que representan. 

En tanto, la oposición votó en contra y se alcanzaron las 108 votos negativos y hubo seis abstenciones. 

La Justicia rechazó este jueves la medida cautelar presentada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) contra el decreto del Gobierno que buscaba habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 señaló que la normativa no viola ningún derecho existente. 

En este sentido, el juez Santiago Carrillo concluyó en que no existe riesgo sanitario comprobado y, además, no avasalla la autonomía de las provincias, ya que la medida no es de carácter obligatorio. 

El sector farmacéutico pidió la nulidad de los artículos 313 a 325 del DNU 70/2023, por considerarlos inconstitucionales, debido a que implicaron cambios en la Ley 17.565 sin haber pasado por el Congreso.

En este aspecto, las entidades farmacéuticas señalan que desregular la venta de medicamentos “implica una directa ablación a los derechos fundamentales del ejercicio de la profesión” y del “derecho a la salud de las personas que requieren de la dispensación responsable y adecuada de medicamentos en un establecimiento farmacéutico”.

Asimismo, criticaron la posibilidad de que las droguerías y comercios puedan vender los medicamentos directamente y, también, se refirieron a la flexibilización laboral de los directores técnicos de las farmacias, entre otros puntos.

Cabe destacar, que el decreto 1024/2024, publicado esta semana en el Boletín Oficial, habilitó la exhibición de los medicamentos de venta libre en las góndolas de las farmacias. De esta manera, los productos podrán ser adquiridos sin consultar a un especialista. 

Asimismo, la resolución establece que los lugares dispuestos para este fin deberán brindar “información sobre cada medicamento, los laboratorios disponibles, y los diferentes precios”.

Por otra parte, desde el Ejecutivo indicaron que los clientes deberán presentar el DNI para ratificar la mayoría de edad. 

En cuanto a los comercios que no se encuentran habilitados como farmacias, se indicó que “la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos”.

Margarita Stolbizer, diputada nacional por Hacemos Coalición Federal manifestó que presentará un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lanzó el Gobierno nacional con el fin de destinar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Stolbizer hizo hincapié en que el decreto no cumple con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos. “Se trata de FONDOS RESERVADOS, o sea gastaran eso quien sabe quien y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control”, escribió la líder del partido GEN, en una publicación realizada a través de su cuenta de la red social X. 

Asimismo, calificó la medida de inmoral e hipócrita. “Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del estado. Doble discurso Doble moral”, sostuvo la diputada.

Por otra parte, advirtió la necesidad de que haya una reacción social para frenar la medida, a la cual describió como “una locura”. “No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias”, aseveró Stolbizer en el mensaje que lanzó en redes sociales. 

También, la legisladora apuntó contra el cargo de Jefe de Gabinete, que fuera ocupado por Nicolás Posse a comienzos de la gestión de Javier Milei y actualmente por Guillermo Francos, por incumplir con el deber de asistir al Congreso de la Nación una vez por mes para dar un informe. “8 meses de gobierno y en Diputados no aparece”, afirmó. 

“Siguen gobernando por DNU, abuso de poder y violando las leyes. Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas del Congreso”, enfatizó Stolbizer.

Estamos frente a un gobierno hipócrita. Firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso.Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y…

El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez x mes a dar Informe, dice la Constitución.8 meses de gobierno y en Diputados no aparece.Siguen gobernando x DNU, abuso de poder y violando las leyes.Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas… pic.twitter.com/S6bc7AS7fX

El Gobierno nacional apeló este lunes ante la Corte Suprema el fallo que anuló el capítulo laboral en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, tras el accionar de la Cámara de Trabajo.

A través de un escrito, el Poder Ejecutivo argumentó que no hay motivo «que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora (CGT)”. Además, desde la gestión de Javier Milei aseguran que el DNU no afecta al sindicato y cuestionó: «¿Por qué consideran que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta los derechos?”.

En la misma línea, la apelación menciona: “Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento”.

Por otra parte, el Gobierno subrayó que «la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política”. La Corte Suprema analizará la apelación y se espera una respuesta en los próximos días.

El Gobierno Nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, según informaron fuentes judiciales.

La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona.

“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora”, indicaron los abogados de la PTN según informó Télam.

Al respecto, los letrados señalaron que “tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”. El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de “necesidad y urgencia” a las que recurrió el Ejecutivo para no pasar la mentada reforma por el Congreso de la Nación.

“El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, remarcaron los jueces de la Cámara Federal del Trabajo en el momento que dejaron sin efecto el capítulo 4 del DNU.

En su escrito de casi 40 páginas, los abogados de la PTN también cuestionaron los criterios que utilizó de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral. “Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado”, sostuvieron los representantes legales del Estado nacional. Y agregaron: “A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, dispararon.

Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que “la excepcionalidad, que no es emergencia” es “un concepto de valoración meramente política y no jurídica” como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.

A criterio de la representación legal del Estado, sostuvo que estos conceptos son “ajenos” para “la práctica constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. La valoración política de la emisión del DNU corresponde exclusivamente el Poder Legislativo”.

La Cámara Nacional del Trabajo declaró el 30 de enero último la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del DNU 70/2023 del Gobierno con motivo de una presentación realizada por la CGT. El tribunal sostuvo que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado era contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La norma establece que el Ejecutivo nacional “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”, pero que “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”.

La CGT se movilizó el pasado 27 de diciembre pasado a los Tribunales para reclamar que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del DNU que Milei había anunciado a la población una semana antes por cadena nacional. El 24 de enero último, la central obrera llevó adelante un paro nacional por 12 horas de extensión y una manifestación esta vez frente al Congreso para sostener el reclamo y rechazar las medidas económicas del Gobierno nacional. Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el DNU que firmó el presidente Milei son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Carolina Losada, vicepresidenta primera del Senado, aseguró que su bloque legislativo está “dispuesto a apoyar” la mayoría de las reformas incluidas en el DNU firmado por el presidente Javier Milei, pero advirtió que “hay cosas que se tienen que rever y discutir”.

“Es importante que Javier (Milei) entienda que el Congreso tiene que discutir y que se puede sacar algo más rico y rápido”, afirmó Losada durante una entevista con Radio Rivadavia.

La legisladora santafesina señaló que muchos de los 366 artículos contemplados en el DNU recibirían el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio, pero consideró que “hay antecedentes que no se puede dejar pasar”.

“Hay un 40 por ciento de los temas que no tienen necesidad ni urgencia. Me parece que es importante para cualquier proyecto político y económico el respeto a las instituciones. La libertad es muy importante, pero el respeto también. Lo que hace fuerte a un país es la división de poderes, no querer avasallar a nadie sino conciliar, hablar y explicar”, indicó.

Una semana después de conocido el DNU, la senadora por Santa Fe presentó un proyecto de ley “espejo” que abarca las 366 iniciativas solicitadas por Milei en el decreto. Allí, remarcó que era crucial considerar los motivos institucionales contemplados en el DNU para evitar una potencial crisis, pero también destacó la necesidad de prevenir la inseguridad jurídica.

En tanto, Losada comentó el deseo de quienes integran el bloque de JxC de reunirse con Milei para expresarle la voluntad de ayudarlo en el impulso legislativo de las reformas promovidas desde el Gobierno. No obstante, sostuvo: “Si cuando vos querés ayudar te escupen diciendo barbaridades de los legisladores. Un gobierno exitoso es el que reúne voluntades”.

“Todos queremos enriquecer el proyecto de Milei, pero el tango se baila de a dos. Es muy difícil si no te quieren escuchar del otro lado”, concluyó.

El presidente Javier Milei regresó de la Antártida, donde viajó en las últimas 24 horas para estudiar el territorio e impulsar medidas productivas en base a sus recursos, y realizó un balance sobre su primer mes de gestión y la situación económica del país.

Con respecto a las cifras de inflación de diciembre que se darán a conocer en unos días, expresó: “Si vemos la primera y segunda semana de diciembre, eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual, si usted llega a ver un número de 30, es un numerazo”.

El mandatario brindó una entrevista en Radio Mitre y se refirió a la suba de precios, por la que resaltó: “Quiero que quede claro que si es 30% es un numerazo, veníamos para 45. Significaría que logramos abatir un tercio. Igual es un desastre inflacionario. Es lograr que algo que venia de 45 vaya al 30. Tienen que sacarlo a pasear en andas al ministro Caputo”.

Por otro lado, cuestionó a quienes no respaldan el DNU y el proyecto de ley ómnibus y agregó: “A otros gobiernos que se dedicaron a recortarnos libertades, a meternos la mano en el bolsillo, no hubo resistencia alguna de la casta política”.

“El DNU está vigente. En estos días empiezan a salir las distintas reglamentaciones. Estoy confiado en que la ley va a pasar, pero es un proceso que hay que negociar. No negociamos nada, sí aceptamos sugerencias para mejorar”, añadió.

Milei explicó durante la entrevista que “nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo” y aseguró que ese ajuste tiene una aprobación con «niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población», el que situó “entre 70 y 80 puntos”.

El Jefe de Estado afirmó que quienes se quejan son “los que pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta”.

Al ser consultado por el paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que “es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga” y expresó que “es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”.

En tanto, sostuvo que “a lo largo de la historia argentina todos los ajustes recayeron en el sector privado, es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público”.

“Había 8.500 personas que cobraban planes y estaban trabajando; 160 mil casos que cobraban planes y se iban de viaje al exterior; estamos haciendo los recortes profundos por todos lados; dos tercios del ajuste recaen en la político”, señaló, y destacó que “pudimos no haber hecho nada y seguir con la emisión monetaria”.

El Gobierno nacional, a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, envió este martes un nuevo mensaje a los sectores que se oponen a la batería de anuncias contemplados en el DNU y en la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso.

«O estás con la Argentina que queremos o estás con la del pasado», remarcó el funcionario luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciara un paro para el 24 de enero y legisladores opositores anticiparan que votarán en contra.

Asimismo, el vocero planteó que están “todos invitados a formar parte de este cambio, toda la dirigencia política, sindical», y remarcó: «Todos y absolutamente cada uno de los argentinos están invitados a formar parte de este cambio profundo que ya empezamos a realizar desde la asunción del presidente Milei”.

Consultado sobre las intenciones del Presidente de negociar con los principales referentes cgetistas, Adorni expresó: “Los canales de diálogo están abiertos de manera permanente. Todos los que quieran una Argentina ordenada, libre, segura y con crecimiento, están invitados al diálogo».

“No entiendo esto de negociar para ir para atrás», planteó y rechazó así la posibilidad de negociar puntos contemplados en el DNU, y continuó: “El presidente Milei, previo a ser candidato, tenía una visión de cómo quería que fuera la Argentina. Cuando fue candidato, lo comunicó. Acá no hay nada para ir para atrás o para el costado”.

En la misma línea, planteó: “O estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado”.

El periodista expresó además que los canales de diálogo son libres y que lo que se intenta negociar «es la Argentina libre, el querer salir del 50% de pobres, terminar con la indigencia, querer salir de los salarios miserables y estar integrado al mundo”.

“Siempre en línea con la urgencia, con la situación de extrema delicadeza que tiene la República Argentina especialmente en materia económica, entendiendo que comenzamos un proceso legislativo: el querer cambiar, transformar esta Argentina en una Argentina mejor, más libre, en donde quien quiera trabajar pueda hacerlo sin el peso del Estado a sus espaldas», desarrolló.

Al respecto aclaró que “quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que los 5 millones de indigentes, que los 6 de cada 10 niños pobres, es el camino”.

“Como para nosotros ese no es el camino, invitamos a todos a sumarse a este país”, puntualizó el vocero al tiempo que clarificó que las primeras medidas se basan en tres pilares: «ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía».

Por último, resaltó que quienes no quieran acompañar «van a querer vivir en una Argentina en la que muchos argentinos ya no queremos vivir más, empezando por el Presidente”.

Tras el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que publicó el Gobierno nacional el pasado miércoles 20 de diciembre y varias movilizaciones en distintos punto del país, este miércoles en Rosario habrá distintas manifestaciones de gremios para acompañar a la Confederación General del Trabajo (CGT) que tendrá epicentro en Buenos Aires.

Tras las movilizaciones de la semana pasada, se viene un miércoles de protesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. En Rosario, la movilización será de los docentes durante la mañana mientras que se espera que la mayor manifestación tenga lugar en capital, donde las centrales de trabajadores tienen previsto marchar a Tribunales.

En la ciudad, el punto de encuentro de empleados del Estado junto a educadores se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio en Corrientes y Córdoba y el destino es la plaza San Martín de Samta Fe y Moreno.

“La CTA Rosario, junto a diversas entidades gremiales, dará continuidad al plan de lucha en el marco de una jornada nacional de protesta. La misma tiene como objeto repudiar el decretazo de Javier Milei, exigir a las y los legisladores que no permitan avanzar a esta desregulación total que significa más hambre y represión para el pueblo, rechazar los despidos en el Estado y denunciar la inconstitucionalidad tanto del mega decreto como del protocolo anti protesta de Bullrich”, señala el comunicado oficial.

Desde Amsafe y Ate confirmaron la adhesión. “Desde Amsafe Rosario paramos el próximo miércoles desde las 10 y nos movilizamos contra el decretazo de Milei y el brutal ajuste que cae sobre nuestros salarios y las jubilaciones, siendo urgente aumentos que recuperen las pérdidas”, indicaron los maestros. “ El decretazo significa pérdidas de todos los derechos laborales y sindicales. Y para ello han necesitado del orotocolo de represión de Bullrich. El plan motosierra es un plan de guerra contra la clase trabajadora y el pueblo, por las pérdidas de derechos y en particular la afectación sobre la educación y la salud pública. Rechazamos este DNU, pero también cualquier intento de hacerlo pasar mediante leyes de ajuste como vienen planteando algunos sectores de la oposición”, remarcaron a través de redes sociales.

El Congreso de la Nación inicia este martes las sesiones extraordinarias luego de la convocatoria del Gobierno. El llamamiento por parte del Poder Ejecutivo fue comunicado este viernes a través del decreto 76/2023, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente, y se extenderán hasta el próximo 31 de enero de 2024.

Tal como anuncia el decreto, se tratarán once temas, entre los que se encuentran la Ley de Reforma del Estado, la reversión de la quita del Impuesto a las Ganancias y la Boleta Única de Papel para elecciones.

Por otra parte, Javier Milei no incluyó por el momento en la consideración el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregularización económica, anunciado la semana pasada. En este sentido, las autoridades del Congreso avanzan en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para el abordaje del «megadecreto».

Junto a la derogación de la Ley de Alquileres el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes en el Boletín Oficial establece el nuevo conjunto de normas para las locaciones de inmuebles para residencia.

El abogado Sebastián Domínguez resumió los nueve puntos más importantes:

Todos los punto de la Ley de Alquileres

1 – El contrato se puede realizar en cualquier moneda.

2 – El inquilino tiene que pagar en la moneda pactada.

3 – Los jueces no pueden cambiar la moneda pactada.

4 – Se puede pactar cualquier tipo de actualización.

5 – El contrato se puede realizar por cualquier plazo. No rige más un plazo mínimo del contrato.

6 – El locador deja de tener la obligación de pagar las mejoras introducidas por el locatario. Salvo que acuerde hacerlo.

7 – El locador puede rescindir el contrato por cualquier incumplimiento del mismo y no solamente por las tres causales que contemplaba el Código Civil y Comercial.

8 – El locatario ya no puede rescindir el contrato si el inmueble no queda apto para uso y goce cuando él mismo haya ocasionado el daño en forma directa o indirecta.

9 – Resolución Anticipada del contrato en cualquier momento pagando el 10% del monto de los alquileres hasta el fin del contrato. Por ejemplo, ya no debe esperar el inquilino que pasen 6 meses desde la firma del contrato para rescindir.

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y actual asesor del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, desglosó las principales implicancias del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del que fue uno de los actores principales en su elaboración.

En declaraciones con el programa Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann en conducción y por Radio Mitre, Sturzenegger explicó que la decisión de que el paquete de modificaciones de leyes o derogaciones, conocido como la desregulación de la economía, salga por un DNU y no sea enviado directamente al Congreso, se fundamenta en el carácter de emergencia que requería la situación.

En ese sentido, precisó que «el DNU exige una emergencia, que es la que vio el presidente en el contexto que ha heredado del gobierno anterior, viendo la necesidad de cambiar de rumbo», sobre lo que afirmó que «la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambie de rumbo», ya que en su parecer era necesario “dar una señal clara y contundente de que Argentina se encamina hacia otra dirección».

Al responder directamente sobre la decisión de no enviarlo al Parlamento, el economista sostuvo que fue “porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen» y de acuerdo a su mirada, eso lo debía hacer Milei sin intermediaciones y de forma rápida, agregando que eso “se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas que otra gente no».

En cuanto a las críticas del arco político por el contenido y la forma de su aplicación, el ex titular del BCRA analizó que «el problema de argentina es que es un país muy estable en su sistema de la casta, por eso el DNU trata de confrontar ese sistema”.

Además, señaló que «el DNU es un mecanismo institucional», y apoyándose en la cantidad de ese tipo de decretos sacados por gobiernos anteriores aseguró que «acá tenemos un debate por el contenido pero la forma del DNU es una práctica que está insaturada en la constitución».

Al mismo tiempo, Sturzenegger indicó que «el DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei, porque son las cosas que tienen que ver estrictamente con la economía” y aclaró que «si vos querés hacer una reforma de educación, no la pones en un DNU».

En relación al espíritu del decreto anunciado por Milei en cadena nacional, el economista precisó que la idea es habilitar la libre competencia porque “necesitamos competir para que haya inversiones y porque la competencia te hace mejor”, así lo explicó al defender la implementación de la política de cielos abiertos o la apertura del sistema de obras sociales vinculada a los sindicatos.

Sturzenegger, uno de los arquitectos de la reforma, sostuvo que “lo más importante del DNU es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial”, haciendo referencia al punto 252 del decreto y aseguró que “al cambiar y decir que el código es supletorio es un baño de liberalismo y libertad” ya que “te permite en todas las relaciones contractuales recuperar la libertad de cómo queres comerciar, transaccionar y relacionarte con otra gente”.

Continuando en esa línea explicó que esto incluye a todo tipo de contratos, no solo los de alquileres y aclaró que “los contratos que están vigentes se rigen por sus cláusulas actuales hasta que se cancelen”. En tanto que detalló que el carácter supletorio que incorpora la modificación “permite que si vos te olvidaste algo vayas al código y veas cómo lo tenes que hacer”.

Al ser consultado por los cacerolazos y manifestaciones en las calles de distintos centros urbanos tras el anuncio de Milei, el asesor del presidente señaló haber estado «impactado de lo rápido que leyeron el DNU», y aportó, con ironía, que un colaborador suyo «que vive por Caballito, me dijo que nunca vio a la gente protestar tanto porque le dan más libertad».

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de «desregulaciones» en el ámbito económico en la cocina, el presidente Javier Milei encabeza la última reunión de Gabinete en la previa a la publicación en el Boletín Oficial.

Los ministros, a excepción de la canciller, Diana Mondino, quien se encuentra en Paris, y secretarios que rodean al libertario ultiman los detalles del paquete de reformas estructurales en materia laboral, económica y fiscal que prepara desde antes de su asunción.

Desde las 8.30, luego de que el libertario hiciera su ingreso a las 8.19 portando traje y corbata, nucleó a sus principales colaboradores con los que trabajó en las modificaciones que no deberán pasar por el Congreso para su aplicación, entre las que incluye la derogación de las leyes de Góndola, de Tierras, de Compre Nacional y de Abastecimiento.

Minutos después de las 9, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en retirarse del intercambio ya que para hoy, se prevé una masiva movilización piquetera en aniversario del 20 de diciembre y en contra de las medidas de ajuste de Milei. Allí, se aplicará por primera vez el Protocolo de Mantenimiento del Orden Público.

El Gobierno prepara una explicación en detalle del DNU a cargo del presidente Milei, que brindará una cadena nacional este miércoles a partir de las 21.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó que el Decreto de Necesidad y Urgencia que lanzará este viernes el Gobierno, al vencerse el plazo del anterior, será «con los mismos parámetros» que el que regía, por lo que se espera que no haya modificaciones sustanciales con respecto a las restricciones por la pandemia.

Si bien resta confirmación, el anuncio del presidente Alberto Fernández sería cerca del mediodía en un acto oficial, aunque Cafiero dejó entrever algunos detalles, luego de haber encabezado el jueves una reunión con el grupo de expertos en epidemiología que asesoran al Gobierno, y sus pares de Ciudad (Felipe Miguel) y Provincia de Buenos Aires (Carlos Bianco), consignó Noticias Argentinas.

La idea, según explicó Cafiero en declaraciones televisivas, es que el DNU que comenzará a regir en las primeras horas del sábado mantenga «el fundamento de aplicar criterios objetivos y que no haya mucha más discusión». Los expertos recomendaron al Gobierno nacional «seguir pensando en medidas similares» al confinamiento estricto de nueve días «en distritos que estén en alarma epidemiológica».

Los expertos que asesoran al gobierno nacional destacaron que durante el confinamiento estricto de fines de mayo «hubo un alto cumplimiento de la gente en casi todo el país», porque «fue una medida planificada y anunciada con principio y con final».

Además, recomendaron «volver a tener estos periodos de cierres intermitentes durante el invierno», y consideraron que los nueve días de confinamiento estricto fueron «eficaces para bajar los casos en casi todo el país, menos en Córdoba que explotó».

Fuentes de Casa Rosada puntualizaron que de acuerdo al semáforo epidemiológico «el AMBA sigue en alarma epidemiológica», y precisaron que «si no hubiera una medida excepcional por parte del Gobierno nacional, lo que se haría es prorrogar el decreto 287». El DNU 287, que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 1 de mayo, estableció cuatro fases sanitarias: zonas de bajo riesgo epidemiológico, de riesgo medio, de alto riesgo y de alarma.

Dentro del grupo de expertos que asistieron a la reunión de manera presencial se encontraron Mirta Roses, Pedro Cahn, Tomás Orduna, Luis Cámera y Javier Farina. En tanto, de manera virtual participaron los especialistas Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Gonzalo Camargo y Angela Gentile.

La clasificación de los departamentos Rosario y San Lorenzo como zonas que se declararon en «alerta epidemiológica» por coronavirus implica la suspensión de clases presenciales, según lo establecido en el Decreto Nacional de Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández

En las próximas horas, las autoridades provinciales comunicarán las modalidades en las próximas horas (se habla de la 7 de la tarde) y analizarán con representantes del gobierno nacional modalidades y condiciones. Sin embargo, desde este lunes quedaría suspendida la bimodalidad vigente en las escuelas para el regreso a la modalidad virtual, al menos en las localidades comprendidas por la categoría de mayor riesgo sanitario.

De acuerdo a lo adelantado por fuentes provinciales, la gestión santafesina apuesta a mantener la presencialidad lo máximo posible y suspenderían la presencialidad bimodal en los departamentos Rosario y San Lorenzo pero no en el resto de la provincia.

En tanto, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que la provincia planteó desde un inicio mantener la presencialidad en todo el territorio ya que se ha vacunado al 98% de los docentes y se ha estructurado un sistema de burbujas reconocido por Nación.

Sin embargo, el DNU nacional asigna categorías según variables epidemiológicas y Rosario y San Lorenz. deberán adecuarse a esa normativa general.

Si bien el gobernador anunció el criterio de uniformidad en toda la provincia en los últimos anuncios, las nuevas categorías de Nación cambian el panorama.

Pero no solo serán las escuelas las que deberían cambiar su habitualidad al menos hasta el 21 de mayo. También se endurecerán las medidas para la gastronomía, los horarios comerciales, los shoppings y las actividades deportivas, culturales y religiosas en espacios cerrados.

En esa mesa de diálogo, provincia y Nación analizan aumentar las camas críticas en la ciudad de Rosario, lo máximo posible sobre lo ya anunciado desde el inicio de la pandemia. El plan es bajar el nivel de riesgo para que vuelva la presencialidad.

Fuentes provinciales adelantaron que si el índice propuesto por Nación baja, toda presencialidad que llegara a suspenderse se retomaría. Pero ante el riego sanitario, también es necesario evitar lo más posible la circulación.

Desde el Ministerio de Salud analizan que si bien los médicos están vacunados con dos dosis, los adultos mayores han recibido su dosis y se aumentaron las camas, aún así el nivel de ocupación de camas frutos de masivo contagio pone a los departamentos Rosario y San Lorenzo en una situación compleja.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aclaró que en los grandes centros urbanos se mantendrá firme la cuarentena y dijo que analizan cómo seguir para que el aislamiento no tenga un fuerte impacto en la vida social y económica de los argentinos.

«Va a empezar a ser distinto en cada lugar cómo se va a cumplir esta cuarentena. Pero en los grandes centros urbanos, que son el peligro más grande y donde está la mira puesta, vamos a ser firmes para mantener este éxito que hemos tenido», sentenció González García en una entrevista con Todo Noticias (TN).

«No es fácil pensar en cómo liberamos o cómo permitimos que algunas actividades empiecen de nuevo. Por ejemplo, el transporte es un lugar complicado y de mucho contacto entre las personas, pero sin él tampoco es fácil moverse para ir a trabajar», agregó el titular de la cartera sanitaria.

Ginés González García confirmó que este jueves habrá una videoconferencia con el comité de expertos y que más tarde irán a la residencia de Olivos a reunirse con el presidente Alberto Fernández, quien debe definir cómo sigue la cuarentena luego del 26 de abril.

«El presidente siempre tomó las decisiones teniendo en cuenta primero que nada el cuidado de la salud colectiva y escuchando a todos», puntualizó González García. «Hoy trabajamos todos pensando cómo hacer, cómo seguir, cómo hacer para cumplir el plan para conservar el éxito que venimos teniendo pero buscando que no hay un impacto muy duro tanto en la vida social como en la vida económica», explicó el ministro de Salud.

El Gobierno nacional publicó este martes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) deberán considerar «presuntivamente una enfermedad de carácter profesional» al coronavirus, y no podrán «rechazar la cobertura». El decreto 367/2020 dispuso que «la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS- CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional».

Además, aclara que la resolución incluirá a «las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio», mientras que «se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas».

En ese marco,  precisa que «las aseguradoras de riesgo no podrán rechazar la cobertura de las contingencias», y deberán «adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias».

«La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la Comisión Médica Central (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción», señala uno de los artículos del DNU.

Además, indica que la Comisión Médica Central deberá establecer «la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio».

La Comisión podrá «invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto».

A la vez, podrá determinarlo cuando «en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas».

En el artículo 4 se dispone que se considere que la enfermedad COVID19 «guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico».

En el marco de los controles por la cuarentena obligatoria, este sábado por la mañana, en inmediaciones de Bulevar Rondeau y Avenida Portugal, en la zona norte de la ciudad, se detuvo a once personas que no pudieron acreditar motivos por los que se encontraban circulando. Además fueron remitidos quince motos y seis autos.

De acuerdo a los datos oficiales, durante  dicha jornada, se hicieron controles sobre la actividad comercial con el objetivo de detectar negocios en funcionamiento que no presten servicios esenciales y por lo tanto deberían permanecer cerrados. Agentes municipales registraron tres locales abiertos de forma irregular por lo tanto se les ordenó su cierre inmediato.

«Seguimos reforzando el control que garantice el cumplimiento del decreto presidencial en cuarentena. El respeto al aislamiento obligatorio es la forma que tenemos de combatir al coronavirus. Quédense en sus casas, estamos cuidándolos», señaló la secretaria de Control Carolina Labayru para concluir.