Javier Milei volvió a cuestionar al socialismo y denunció presuntas irregularidades en la administración de fondos estatales, en medio de la controversia por versiones sobre certificados de discapacidad vinculados a Romina Uhrig. El mandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a ese espacio político de utilizar causas sociales para justificar negocios y estructuras burocráticas, mientras que la ex participante de Gran Hermano negó haber usado esos documentos de manera indebida.

En su publicación, Milei sostuvo que el socialismo “se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles” y mencionó entre ellas la asistencia a personas con discapacidad, las jubilaciones y el financiamiento de las universidades públicas. Según su planteo, esos reclamos pueden utilizarse para exigir más gasto estatal sin controles suficientes sobre el destino del dinero.

El Presidente también cuestionó las respuestas que, según afirmó, reciben quienes buscan auditar esos recursos. “Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, expresó, y reclamó que se publiquen contratos, se transparenten las cuentas públicas y se determinen eventuales responsabilidades ante posibles irregularidades.

Por su parte, Uhrig salió al cruce de las versiones a través de sus historias de Instagram. La exintegrante del reality y pareja del exintendente de Moreno Walter Festa compartió un comprobante de pago de peaje por $994,15, correspondiente al 5 de octubre, y aseguró que no utiliza certificados de discapacidad para evitar esos pagos ni para estacionar en espacios reservados. También publicó una imagen de su visa y rechazó las versiones sobre su situación judicial.

Sin embargo, los elementos difundidos por Uhrig no permiten establecer por sí solos si existió o no un uso indebido de certificados en otras circunstancias, ni determinar su situación judicial. Hasta la información aportada en el caso, las acusaciones y los descargos se desarrollaron públicamente en redes sociales, mientras que el planteo de Milei se centró en reclamar controles y rendición de cuentas sobre el uso de fondos estatales.

Pidieron la detención de Diego Spagnuolo ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo por nuevas irregularidades detectadas en el manejo de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La solicitud fue presentada este lunes por el abogado Gregorio Dalbón, quien incorporó nuevos elementos de convicción al expediente.

Entre los hechos señalados en el escrito aparecen pagos duplicados, errores en la categorización de productos y diferencias de precios de gran magnitud. Además, se advierte que algunos de los productos entregados por los proveedores no coincidían con aquellos que habían sido adjudicados originalmente.

Dalbón sostuvo que estas situaciones no constituirían hechos aislados, sino una multiplicidad de operaciones que habrían afectado el patrimonio público. Para fundamentar el pedido, también recordó que Spagnuolo ya se encuentra procesado por su presunta participación como líder de una asociación ilícita que habría direccionado compras de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios mediante el cobro de coimas.

El escrito también plantea un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según argumentó el abogado, existe la posibilidad de que el ex funcionario destruya o modifique pruebas, influya sobre testigos y peritos o intente evadir el accionar de la Justicia, por lo que solicitó que también se evalúe el peligro de fuga.

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad, una salida que se produjo mientras el Gobierno define las partidas destinadas al área para el próximo año. La dimisión fue comunicada mediante una carta en la que el funcionario alegó razones personales. La cartera de Salud ya evalúa posibles reemplazantes.

La renuncia ocurrió luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso expusiera nuevas previsiones de ajuste para el sector. De acuerdo con la fuente, esas medidas generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y también malestar dentro del oficialismo, donde hubo dirigentes que señalaron que no habían sido informados previamente sobre las decisiones presupuestarias.

En ese contexto, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones para discapacidad durante el próximo ejercicio. Al mismo tiempo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una nueva legislación destinada a reemplazar la emergencia en discapacidad que rige actualmente.

Vilches había asumido al frente del organismo después de la salida de Diego Spagnuolo y cuenta con una trayectoria vinculada a la gestión sanitaria, auditoría y control de prestaciones. Es médico egresado de la Universidad del Salvador y ocupaba además la Secretaría de Gestión Sanitaria. Durante los últimos meses había adquirido exposición pública por su participación en la organización de la nueva evaluación para más de 200 aspirantes a residencias médicas.

La Cámara de Diputados aprobó con 249 votos el emplazamiento de las comisiones para comenzar a discutir la prórroga de la Ley 27.793, que establece la emergencia en discapacidad, con la intención de extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) destacaron la decisión y volvieron a plantear la necesidad de que el Congreso sostenga las prestaciones y las políticas vinculadas al sector. Su presidenta, Mariel Chapero, resumió el pedido: “La emergencia en discapacidad continúa. Necesitamos el compromiso de legisladores”.

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El debate tendrá una primera instancia informativa conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12. Luego, el 23 de septiembre, está previsto un nuevo encuentro para intentar avanzar con el dictamen. El oficialismo, por su parte, sostiene que la normativa vigente ya está cumplida y que trabaja en una propuesta de carácter permanente.

La misma sesión permitió destrabar el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento de cerca de seis millones de personas. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre y buscarán emitir dictamen el 29.

En cuanto a discapacidad, Chapero remarcó que la ley constituye “un marco legal necesario” y aseveró: “Reivindicamos y solicitamos la prórroga y ampliación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad como garantía de derechos”.

Transportistas y prestadores de servicios para personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe se movilizan este miércoles hacia el Congreso de la Nación para exigir el avance legislativo de la prórroga de la emergencia del sector. La marcha fue convocada por la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) y cuenta con la adhesión de entidades locales como la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe (Atraes).

La manifestación se desarrollará durante la sesión especial que realizará la Cámara de Diputados desde el mediodía, donde bloques opositores buscarán fijar plazos estrictos para que las comisiones de trabajo emitan dictamen antes de que finalice el mes y habilitar así el debate de la norma en el recinto. “Hay una mayoría importante de diputados que manifestó su voluntad de avanzar. El desafío será lograr que las comisiones sean emplazadas”, señaló Pablo Bolego, presidente de Fatradis.

La medida de fuerza se da en continuidad del intento fallido de la sesión previa, donde la iniciativa obtuvo 133 votos a favor pero no alcanzó los dos tercios requeridos para su tratamiento sobre tablas sin dictamen previo. Los bloques impulsores intentarán reunir el quórum de 129 legisladores para obligar a las comisiones a tratar la ley de emergencia junto a un proyecto contra el sobreendeudamiento familiar.

Con este panorama, distintos bloques anticiparon su presencia en el recinto, entre ellos Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Frente de Izquierda y otros espacios provinciales y monobloques. Frente a la posibilidad de que la sesión consiga el quórum necesario, La Libertad Avanza analizaba la alternativa de dar quórum, mientras continúa la discusión sobre el futuro de la emergencia en discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad oficializó un nuevo aumento del 2,6% en los aranceles del sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, correspondientes a mayo de 2026. La actualización fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 517/2026 y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador oficial.

El ajuste fue establecido en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Indec y se aplicará de manera uniforme en todo el país. Asimismo, la resolución contempla un adicional del 20% para las prestaciones realizadas en las provincias de la Patagonia, consideradas zonas desfavorables.

La medida impacta sobre servicios esenciales vinculados a la atención integral de personas con discapacidad, entre ellos transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares, centros de día, instituciones educativas, espacios de rehabilitación y profesionales independientes que trabajan dentro del sistema oficial.

No obstante, prestadores, instituciones y familias volvieron a cuestionar el incremento al considerarlo insuficiente frente al atraso acumulado en los valores oficiales. En este sentido, desde el sector señalaron que los costos de funcionamiento crecieron muy por encima de las actualizaciones otorgadas y sostienen que numerosos servicios atraviesan una situación económica crítica.

Además, distintas organizaciones reclamaron la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y señalaron que los aumentos mensuales no alcanzan para recomponer la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años. 

La movilización por la defensa de la universidad pública volvió a reunir este martes a una importante cantidad de personas en Rosario. La convocatoria, que tuvo como eje el pedido de mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, también contó con la participación de distintos sectores sociales, entre ellos instituciones vinculadas a la discapacidad.

Durante la jornada, representantes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector. La presidenta de APRIDIS, Mariel Chapero, señaló que las instituciones vienen reclamando por demoras en la implementación de medidas y por dificultades económicas que afectan el funcionamiento de prestaciones y servicios.

“La Justicia ha indicado que se tiene que implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la ley no se implementa”, expresó Chapero durante la movilización. Además, sostuvo que las entidades atraviesan complicaciones por el atraso en los aranceles y por el incremento de costos que enfrentan diariamente.

En ese marco, desde las organizaciones remarcaron que el reclamo busca visibilizar la situación tanto de la universidad pública como del sistema de atención a personas con discapacidad. Según plantearon, el objetivo es garantizar el funcionamiento de las instituciones y sostener servicios vinculados a la salud, la educación y la asistencia social.

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que modifica en gran parte la norma vigente sobre la Emergencia en Discapacidad que no ha aplicado. 

El proyecto girado al Senado de la Nación se titula como “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y propone la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley  N° 27.793. La propuesta libertaria regresa el sistema al modelo previo a la declaración de emergencia. 

En ese marco, el nuevo texto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. De esa manera, los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. A aquellos que no cumplan con este trámite, se les suspenderá la pensión y perderán el beneficio.

Además, el Gobierno impulsa un sistema de fiscalización más estricto. La medida incluye cruces de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) junto a otros organismos públicos. 

En base a esos datos, la pensión se suspenderá de manera preventiva ante cualquier inconsistencia detectada, aunque se garantiza el derecho a defensa. Por otro lado, el proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y suprime la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable.

En tanto, el modelo propone la incompatibilidad con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales por lo que una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado perderá el beneficio. También se suprimen los beneficios para las organizaciones que contratan personas con discapacidad y elimina el piso mínimo de calidad en las prestaciones.

A su vez, se permitirá que la Nación haga convenios con las provincias y la ciudad de Buenos Aires para controlar y distribuir los fondos. 

Instituciones, profesionales y transportistas que trabajan con personas con discapacidad llevarán adelante un paro de 24 horas en todo el país este viernes. La medida también se sentirá con fuerza en Rosario, donde las entidades nucleadas en Apridis y los transportistas agrupados en Atraes confirmaron su adhesión.

Desde el sector aseguran que la situación económica es cada vez más crítica. En este sentido, remarcan que el gobierno nacional acumula alrededor de cinco meses de atraso en los pagos por prestaciones, mientras que los aranceles que se abonan actualmente quedaron desfasados frente a la inflación, con un atraso que estiman en torno al 40%.

Además, señalaron que la problemática se profundiza porque varias obras sociales nacionales (entre ellas Pami e Incluir Salud) también mantienen deudas por servicios ya brindados. Según explicaron, esto complica el funcionamiento diario de las instituciones y de los transportistas, que muchas veces no pueden afrontar gastos básicos como salarios o combustible.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, describió un panorama muy complejo. “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde el 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia. Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones ni pagar alquileres, se deben sueldos desde el mes de enero”, sostuvo. También cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades: “No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago y una actualización de aranceles”.

Desde el sector del transporte, Marcelo López advirtió que la situación llegó a un límite. “Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”, señaló.

En esa misma línea, la coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández, remarcó el impacto social del conflicto: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.

Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por  asociación ilícita, fraude al Estado y sobornos. La decisión se inscribe en la causa por presuntas coimas en la repartición e incluye a otros 18 acusados.

La determinación fue oficializada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le adjudicó al ex funcionario delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco del caso que se destapó a mediados de 2025 a partir de la difusión de un audio.

Spagnuolo encabeza la lista en la que también se encuentran nombres ligados a la agencia como Daniel Garbellin (ex subdirector)i; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian (operadores externos), además de otros empleados. Además, a Spagnuolo le embargarán un total de 202 mil millones de pesos. La misma medida será aplicada al resto de sospechosos y todos seguirán en libertad.

Según el fallo del magistrado, ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.

Por otro lado, Casanello ordenó una serie de indagatorias a personas jurídicas de las droguerías Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA-

El Gobierno nacional hizo oficial este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, a partir de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que estableció  el 4 de febrero como fecha límite.

Fue mediante la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En el texto, el Ejecutivo nacional llama a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios para la evaluación socioeconómica del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dio un plazo de 30 días para conformar un plan de auditorías periódicas en el sector.

A su vez, el ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, fue designado como secretario Nacional de Discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedará disuelta y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

Así lo confirmó este martes en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó que el ente “dejará de existir tal como lo conocemos” al readaptar su esquema como secretaría bajo la cartera nacional, con auditorías y aplicación de criterios sanitarios.

En primer lugar, el funcionario puntualizó que “ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad" y consideró que "fruto de la autonomía administrativa de la que gozaba, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

En este sentido, Adorni mencionó: “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin habilitación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.

Por otro lado, anticipó que se van a eliminar 16 cargos políticos producto de la salida de ANDIS, actualmente bajo intervención a cargo de Alejandro Vilches, quien asumirá como secretario. “Implica una reducción del 45,7 por ciento en la estructura jerárquica”, detalló el jefe de Gabinete.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, concluyó el funcionario.

La Justicia  ordenó que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido avalada por el Congreso el 4 de septiembre pasado tras rechazar el veto de Javier Milei. La norma fue promulgada por el Ejecutivo, pero su ejecución quedó supeditada a que los legisladores establezcan el origen de los fondos para su implementación. 

No obstante, este viernes el Juzgado Federal de Campana determinó que la norma debe ser ejecutada luego de declarar inconstitucional el artículo 2 del Decreto 681/2025 publicado por el Gobierno. La misma tendrá vigencia en todo el país y beneficiará a personas con discapacidad, familiares, cuidadores y prestadores de servicios. 

La causa para tratar de que se ponga en vigencia la ley fue iniciada por padres con hijos menores de edad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y por la magnitud del proceso, se sumaron familiares de beneficiarios, prestadores y asociaciones civiles. 

En el marco de la demanda colectiva, se argumentó que la no aplicación de la norma dejaba a miles de personas con discapacidad sin la posibilidad de disponer de una serie de medidas dispuestas para garantizar la continuidad de sus tratamientos y mejorar la calidad de los servicios que recibían. 

Asimismo, se sostuvo que su suspensión implicaba una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación de la supremacía constitucional. De esa manera, el Ejecutivo Nacional no podría condicionar la puesta en marcha de una ley a normas de menor rango. 

Según lo consignado por Infobae, los denunciantes presentaron como prueba informes que dieron cuenta  que entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación fue de 114,6%, pero las prestaciones sólo registraron incrementos equivalentes al 42,6%, lo que les generó pérdidas del 51,5%. 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora este 3 de diciembre y la Universidad del Gran Rosario (UGR) será sede de una jornada acorde a la fecha.

Se trata de  “Comunicación sin barreras: abordajes y experiencias desde los Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos (CAA)”, una iniciativa del Espacio de Discapacidad e Inclusión Social orientada a abrir el diálogo y compartir experiencias en torno al derecho a la comunicación y la participación plena de todas las personas.  La convocatoria será este miércoles en la Sede Rosario de UGR, ubicada en Corrientes 1254, dentro del aula Marcos Pravisani. 

En primer lugar, a partir de las 11:00, se realizará una disertación sobre “Abordajes y experiencias desde los SCAA”. La misma estará a cargo del periodista y escritor Gonzalo Giles, quien compartirá su experiencia y reflexiones sobre la comunicación aumentativa y alternativa, sus desafíos y potencialidades. Está orientada a estudiantes, docentes, profesionales y a todas las personas interesadas en promover entornos comunicacionales más accesibles e inclusivos y requiere inscripción previa vía formulario.

Luego, a las 17:30, se llevará a cabo el relanzamiento de la campaña “Nombrar Apropiadamente” en el 10° aniversario de su creación. En este marco, se presentarán las piezas gráficas elaboradas por estudiantes de la Escuela Superior de Diseño (ESD), con el fin de promover prácticas comunicacionales respetuosas sobre discapacidad y Derechos Humanos.

Por último, desde las 19:30, Gonzalo Giles presentará su libro “Error 408: Normalidad no encontrada". Un recorrido por verdades incómodas: la lástima, la falta de oportunidades, la infantilización, el prejuicio médico, la sexualidad silenciada y los discursos inspiracionales que aplastan derechos. No hay dramatismo, hay historias reales.

El Gobierno de la Nación anunció este miércoles aumentos  para las prestaciones de personas con discapacidad. 

Los incrementos dispuestos serán de entre el 29,7% y el 35,4%, y se aplicará en tres tramos seguidos a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año. 

Las actualizaciones del nomenclador de prestaciones tomarán como base los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial de los aranceles que reciben instituciones o profesionales que trabajan en el área de discapacidad. Entre ellos están los prestadores de transporte, internación, atención médica, rehabilitación a personas con discapacidad, entre otras profesiones.

La medida se impulsó luego de que el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se reuniera con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aportó una partida presupuestaria adicional para implementar las subas. 

La última actualización que recibió discapacidad fue del 0,5% en diciembre de 2024, lo que ocasionó demoras en los pagos a trabajadores y el recorte de los servicios prestados. 

Asimismo, cabe destacar que la Ley de Emergencia que había aprobado el Congreso tras rechazar el veto presidencial a principios de septiembre, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

Aunque el Gobierno promulgó el texto el 22 de septiembre a través del decreto 681/2025, todavía no hizo efectiva su aplicación hasta que el Congreso "incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley".

Los trabajadores y prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe confirmaron un paro de actividades para este martes 21 y miércoles 22 de octubre, en reclamo por la demora en la implementación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad.

La medida fue impulsada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). Ambas organizaciones resolvieron suspender los servicios durante dos jornadas y realizar una movilización el miércoles hacia la Plaza San Martín, donde se desarrollará un acto central a partir de las 11.

“Nos vemos obligados a realizar un cese involuntario de actividades los días martes y miércoles", manifest Pablo Bolego, presidente de Atraes. El dirigente cuestionó la falta de avances por parte del Ejecutivo Nacional: “Tras idas y vueltas, el gobierno vuelve a jugar con los tiempos de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad. Esta dilación no solo vulnera derechos, sino que profundiza la incertidumbre en un sector que ya no puede esperar más”.

En la segunda jornada de protesta, los transportistas partirán en caravana desde el Parque Independencia para confluir en Plaza San Martín junto a otras organizaciones, con el objetivo de visibilizar la situación crítica del sector y exigir la aplicación inmediata de la ley.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, confirmó que las instituciones educativas y asistenciales adherirán al paro total y se sumarán a la concentración del miércoles. “Tenemos que recurrir a una suspensión involuntaria del servicio y también movilizarnos denunciando el abandono del gobierno al sector con la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad”, expresó.

En esa misma línea, Chapero repudió los incidentes ocurridos el viernes pasado en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el barrio porteño de Belgrano, cuando un grupo de trabajadores y familiares ingresó al edificio tras no ser recibido por las autoridades. “Estamos en una situación desesperante, no recibimos ningún tipo de respuestas y las instituciones están desapareciendo”, alertó. 

El Concejo Municipal de Rosario recibió este miércoles a representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes plantearon la necesidad de recibir un “apoyo urgente” ante el contexto económico.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el edil Mariano Roca, y contó con la presencia de referentes de  la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS).

Durante la convocatoria, la titular de la organización, Mariel Chapero, planteó que el rubro atraviesa un “panorama desalentador” de la mano de la falta de actualización de aranceles y expuso una batería de medidas que, según consideró, apuntan a “aliviar momentáneamente la situación”.

En primer lugar, desde APRIDIS abordó la posibilidad de que se implemente el boleto gratuito del transporte para los trabajadores del sector discapacidad para reducir los costos de traslado del personal. La iniciativa contempla a trabajadores de centros de día, escuelas, hogares, centros de rehabilitación y servicios terapéuticos educativos. Además, reclamaron exenciones impositivas o tributarias junto con el acompañamiento de los diferentes niveles del Estado.

Por su parte, Chapero advirtió que “la situación es crítica” y subrayó que “muchas instituciones ya no pueden recibir pacientes”. También, explicó que el último incremento autorizado fue del 0,5 por ciento, lo que impide actualizar los honorarios profesionales y sostener los dispositivos de atención.

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El juez Sebastián Casanello, que encabeza el Juzgado Federal N° 11, rechazó el pedido de nulidad en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que había sido presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Martín Magran, el abogado que representa a los cabecillas de esa empresa, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presentó el pedido de nulidad debido a que la causa comenzó por los audios en los que el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionó un mecanismo de coimas para la compra de medicamentos para el sector en los que aparece involucrada la droguería. 

En ese sentido, sostuvo que la denuncia tiene “un claro tinte político” y que hay “una violación flagrante al derecho de defensa en juicio, al haber habido una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”. 

No obstante, Casanello precisó que “la defensa pretende atribuir carácter de prueba única a algo que, al menos de momento, no lo tiene”. 

A reglón seguido, subrayó: ”En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida que los primeros permiten llegar a los segundos. La denuncia es un acto básico de información que, de no se desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad". 

Por último, se apoyó en jurispudencia nacional y extranjera para el uso de las grabaciones durante el proceso actual en tanto y en cuando no haya sido obtenidos por funcionarios públicos, mediante la violación de garantías constitucionales.

"El riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro. No existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial”, concluyó. 

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el comunicador y militante libertario Fernando Cerimedo aseguró ante la Justicia que Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, le contó que informó personalmente a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre los manejos irregulares en la compra de medicamentos.

El testimonio de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario y complica aún más a Spagnuolo, que quedó en el centro de la causa luego de la filtración de audios y del hallazgo de una importante suma en efectivo en su poder.

De acuerdo con la declaración, Spagnuolo le aseguró a Cerimedo que el presidente se mostró sorprendido e indignado cuando le transmitió lo que ocurría en la ANDIS, pero que ya estaba al tanto porque él mismo se lo había contado antes a Pettovello.

Cerimedo no solo confirmó los audios que se habían filtrado sino que agregó un elemento más sensible: mencionó a Eduardo “Lule” Menem como la figura que garantizaba el control político del negocio. Según su relato, Spagnuolo le dijo que una droguería le comunicó que el porcentaje de retorno había subido: del 5 al 8 por ciento, con la explicación de que “el 3 va directo a la Rosada”.

Las autoridades allanaron propiedades del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y en la sucursal de un banco, encontraron 80 mil euros y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a su nombre.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal a cargo del caso, Franco Picardi, y también fueron objeto de las mismas propiedades de un ex funcionario de ANDIS llamado Daniel Garbellini, 

El hallazgo de los fondos sin declarar no fue el único revés que sufrió Spagnuolo, sino que según Infobae, sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron por motivos personales. 

La causa está bajo secreto de sumario y ninguno de los acusados, entre ellos los dueños de la droguería Suizo Argentina mencionada en los audios, está imputado. 

Asimismo, la defensa de la familia a cargo de la empresa mencionada, los Kovalivker, hicieron un pedido de nulidad al cuestionar que los audios filtrados constituyan una prueba valida para llevar a cabo la causa. En ese sentido, afirmaron que el inicio del proceso estuvo marcado por el oscurantismo y la desinformación, por lo que se ampararon en que existe una vulneración al derecho a la intimidad. 

El juez federal Sebastián Casanello todavía no resolvió el pedido de nulidad debido a que espera las argumentaciones del fiscal y la ONG Poder Ciudadano, a cargo de la querella.