El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que modifica en gran parte la norma vigente sobre la Emergencia en Discapacidad que no ha aplicado. 

El proyecto girado al Senado de la Nación se titula como “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y propone la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley  N° 27.793. La propuesta libertaria regresa el sistema al modelo previo a la declaración de emergencia. 

En ese marco, el nuevo texto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. De esa manera, los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. A aquellos que no cumplan con este trámite, se les suspenderá la pensión y perderán el beneficio.

Además, el Gobierno impulsa un sistema de fiscalización más estricto. La medida incluye cruces de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) junto a otros organismos públicos. 

En base a esos datos, la pensión se suspenderá de manera preventiva ante cualquier inconsistencia detectada, aunque se garantiza el derecho a defensa. Por otro lado, el proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y suprime la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable.

En tanto, el modelo propone la incompatibilidad con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales por lo que una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado perderá el beneficio. También se suprimen los beneficios para las organizaciones que contratan personas con discapacidad y elimina el piso mínimo de calidad en las prestaciones.

A su vez, se permitirá que la Nación haga convenios con las provincias y la ciudad de Buenos Aires para controlar y distribuir los fondos. 

Instituciones, profesionales y transportistas que trabajan con personas con discapacidad llevarán adelante un paro de 24 horas en todo el país este viernes. La medida también se sentirá con fuerza en Rosario, donde las entidades nucleadas en Apridis y los transportistas agrupados en Atraes confirmaron su adhesión.

Desde el sector aseguran que la situación económica es cada vez más crítica. En este sentido, remarcan que el gobierno nacional acumula alrededor de cinco meses de atraso en los pagos por prestaciones, mientras que los aranceles que se abonan actualmente quedaron desfasados frente a la inflación, con un atraso que estiman en torno al 40%.

Además, señalaron que la problemática se profundiza porque varias obras sociales nacionales (entre ellas Pami e Incluir Salud) también mantienen deudas por servicios ya brindados. Según explicaron, esto complica el funcionamiento diario de las instituciones y de los transportistas, que muchas veces no pueden afrontar gastos básicos como salarios o combustible.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, describió un panorama muy complejo. “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde el 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia. Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones ni pagar alquileres, se deben sueldos desde el mes de enero”, sostuvo. También cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades: “No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago y una actualización de aranceles”.

Desde el sector del transporte, Marcelo López advirtió que la situación llegó a un límite. “Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”, señaló.

En esa misma línea, la coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández, remarcó el impacto social del conflicto: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.

Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por  asociación ilícita, fraude al Estado y sobornos. La decisión se inscribe en la causa por presuntas coimas en la repartición e incluye a otros 18 acusados.

La determinación fue oficializada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le adjudicó al ex funcionario delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco del caso que se destapó a mediados de 2025 a partir de la difusión de un audio.

Spagnuolo encabeza la lista en la que también se encuentran nombres ligados a la agencia como Daniel Garbellin (ex subdirector)i; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian (operadores externos), además de otros empleados. Además, a Spagnuolo le embargarán un total de 202 mil millones de pesos. La misma medida será aplicada al resto de sospechosos y todos seguirán en libertad.

Según el fallo del magistrado, ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.

Por otro lado, Casanello ordenó una serie de indagatorias a personas jurídicas de las droguerías Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA-

El Gobierno nacional hizo oficial este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, a partir de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que estableció  el 4 de febrero como fecha límite.

Fue mediante la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En el texto, el Ejecutivo nacional llama a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios para la evaluación socioeconómica del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dio un plazo de 30 días para conformar un plan de auditorías periódicas en el sector.

A su vez, el ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, fue designado como secretario Nacional de Discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedará disuelta y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

Así lo confirmó este martes en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó que el ente “dejará de existir tal como lo conocemos” al readaptar su esquema como secretaría bajo la cartera nacional, con auditorías y aplicación de criterios sanitarios.

En primer lugar, el funcionario puntualizó que “ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad" y consideró que "fruto de la autonomía administrativa de la que gozaba, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

En este sentido, Adorni mencionó: “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin habilitación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.

Por otro lado, anticipó que se van a eliminar 16 cargos políticos producto de la salida de ANDIS, actualmente bajo intervención a cargo de Alejandro Vilches, quien asumirá como secretario. “Implica una reducción del 45,7 por ciento en la estructura jerárquica”, detalló el jefe de Gabinete.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, concluyó el funcionario.

La Justicia  ordenó que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido avalada por el Congreso el 4 de septiembre pasado tras rechazar el veto de Javier Milei. La norma fue promulgada por el Ejecutivo, pero su ejecución quedó supeditada a que los legisladores establezcan el origen de los fondos para su implementación. 

No obstante, este viernes el Juzgado Federal de Campana determinó que la norma debe ser ejecutada luego de declarar inconstitucional el artículo 2 del Decreto 681/2025 publicado por el Gobierno. La misma tendrá vigencia en todo el país y beneficiará a personas con discapacidad, familiares, cuidadores y prestadores de servicios. 

La causa para tratar de que se ponga en vigencia la ley fue iniciada por padres con hijos menores de edad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y por la magnitud del proceso, se sumaron familiares de beneficiarios, prestadores y asociaciones civiles. 

En el marco de la demanda colectiva, se argumentó que la no aplicación de la norma dejaba a miles de personas con discapacidad sin la posibilidad de disponer de una serie de medidas dispuestas para garantizar la continuidad de sus tratamientos y mejorar la calidad de los servicios que recibían. 

Asimismo, se sostuvo que su suspensión implicaba una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación de la supremacía constitucional. De esa manera, el Ejecutivo Nacional no podría condicionar la puesta en marcha de una ley a normas de menor rango. 

Según lo consignado por Infobae, los denunciantes presentaron como prueba informes que dieron cuenta  que entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación fue de 114,6%, pero las prestaciones sólo registraron incrementos equivalentes al 42,6%, lo que les generó pérdidas del 51,5%. 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora este 3 de diciembre y la Universidad del Gran Rosario (UGR) será sede de una jornada acorde a la fecha.

Se trata de  “Comunicación sin barreras: abordajes y experiencias desde los Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos (CAA)”, una iniciativa del Espacio de Discapacidad e Inclusión Social orientada a abrir el diálogo y compartir experiencias en torno al derecho a la comunicación y la participación plena de todas las personas.  La convocatoria será este miércoles en la Sede Rosario de UGR, ubicada en Corrientes 1254, dentro del aula Marcos Pravisani. 

En primer lugar, a partir de las 11:00, se realizará una disertación sobre “Abordajes y experiencias desde los SCAA”. La misma estará a cargo del periodista y escritor Gonzalo Giles, quien compartirá su experiencia y reflexiones sobre la comunicación aumentativa y alternativa, sus desafíos y potencialidades. Está orientada a estudiantes, docentes, profesionales y a todas las personas interesadas en promover entornos comunicacionales más accesibles e inclusivos y requiere inscripción previa vía formulario.

Luego, a las 17:30, se llevará a cabo el relanzamiento de la campaña “Nombrar Apropiadamente” en el 10° aniversario de su creación. En este marco, se presentarán las piezas gráficas elaboradas por estudiantes de la Escuela Superior de Diseño (ESD), con el fin de promover prácticas comunicacionales respetuosas sobre discapacidad y Derechos Humanos.

Por último, desde las 19:30, Gonzalo Giles presentará su libro “Error 408: Normalidad no encontrada". Un recorrido por verdades incómodas: la lástima, la falta de oportunidades, la infantilización, el prejuicio médico, la sexualidad silenciada y los discursos inspiracionales que aplastan derechos. No hay dramatismo, hay historias reales.

El Gobierno de la Nación anunció este miércoles aumentos  para las prestaciones de personas con discapacidad. 

Los incrementos dispuestos serán de entre el 29,7% y el 35,4%, y se aplicará en tres tramos seguidos a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año. 

Las actualizaciones del nomenclador de prestaciones tomarán como base los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial de los aranceles que reciben instituciones o profesionales que trabajan en el área de discapacidad. Entre ellos están los prestadores de transporte, internación, atención médica, rehabilitación a personas con discapacidad, entre otras profesiones.

La medida se impulsó luego de que el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se reuniera con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aportó una partida presupuestaria adicional para implementar las subas. 

La última actualización que recibió discapacidad fue del 0,5% en diciembre de 2024, lo que ocasionó demoras en los pagos a trabajadores y el recorte de los servicios prestados. 

Asimismo, cabe destacar que la Ley de Emergencia que había aprobado el Congreso tras rechazar el veto presidencial a principios de septiembre, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

Aunque el Gobierno promulgó el texto el 22 de septiembre a través del decreto 681/2025, todavía no hizo efectiva su aplicación hasta que el Congreso "incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley".

Los trabajadores y prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe confirmaron un paro de actividades para este martes 21 y miércoles 22 de octubre, en reclamo por la demora en la implementación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad.

La medida fue impulsada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). Ambas organizaciones resolvieron suspender los servicios durante dos jornadas y realizar una movilización el miércoles hacia la Plaza San Martín, donde se desarrollará un acto central a partir de las 11.

“Nos vemos obligados a realizar un cese involuntario de actividades los días martes y miércoles", manifest Pablo Bolego, presidente de Atraes. El dirigente cuestionó la falta de avances por parte del Ejecutivo Nacional: “Tras idas y vueltas, el gobierno vuelve a jugar con los tiempos de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad. Esta dilación no solo vulnera derechos, sino que profundiza la incertidumbre en un sector que ya no puede esperar más”.

En la segunda jornada de protesta, los transportistas partirán en caravana desde el Parque Independencia para confluir en Plaza San Martín junto a otras organizaciones, con el objetivo de visibilizar la situación crítica del sector y exigir la aplicación inmediata de la ley.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, confirmó que las instituciones educativas y asistenciales adherirán al paro total y se sumarán a la concentración del miércoles. “Tenemos que recurrir a una suspensión involuntaria del servicio y también movilizarnos denunciando el abandono del gobierno al sector con la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad”, expresó.

En esa misma línea, Chapero repudió los incidentes ocurridos el viernes pasado en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el barrio porteño de Belgrano, cuando un grupo de trabajadores y familiares ingresó al edificio tras no ser recibido por las autoridades. “Estamos en una situación desesperante, no recibimos ningún tipo de respuestas y las instituciones están desapareciendo”, alertó. 

El Concejo Municipal de Rosario recibió este miércoles a representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes plantearon la necesidad de recibir un “apoyo urgente” ante el contexto económico.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el edil Mariano Roca, y contó con la presencia de referentes de  la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS).

Durante la convocatoria, la titular de la organización, Mariel Chapero, planteó que el rubro atraviesa un “panorama desalentador” de la mano de la falta de actualización de aranceles y expuso una batería de medidas que, según consideró, apuntan a “aliviar momentáneamente la situación”.

En primer lugar, desde APRIDIS abordó la posibilidad de que se implemente el boleto gratuito del transporte para los trabajadores del sector discapacidad para reducir los costos de traslado del personal. La iniciativa contempla a trabajadores de centros de día, escuelas, hogares, centros de rehabilitación y servicios terapéuticos educativos. Además, reclamaron exenciones impositivas o tributarias junto con el acompañamiento de los diferentes niveles del Estado.

Por su parte, Chapero advirtió que “la situación es crítica” y subrayó que “muchas instituciones ya no pueden recibir pacientes”. También, explicó que el último incremento autorizado fue del 0,5 por ciento, lo que impide actualizar los honorarios profesionales y sostener los dispositivos de atención.

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El juez Sebastián Casanello, que encabeza el Juzgado Federal N° 11, rechazó el pedido de nulidad en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que había sido presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Martín Magran, el abogado que representa a los cabecillas de esa empresa, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presentó el pedido de nulidad debido a que la causa comenzó por los audios en los que el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionó un mecanismo de coimas para la compra de medicamentos para el sector en los que aparece involucrada la droguería. 

En ese sentido, sostuvo que la denuncia tiene “un claro tinte político” y que hay “una violación flagrante al derecho de defensa en juicio, al haber habido una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”. 

No obstante, Casanello precisó que “la defensa pretende atribuir carácter de prueba única a algo que, al menos de momento, no lo tiene”. 

A reglón seguido, subrayó: ”En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida que los primeros permiten llegar a los segundos. La denuncia es un acto básico de información que, de no se desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad". 

Por último, se apoyó en jurispudencia nacional y extranjera para el uso de las grabaciones durante el proceso actual en tanto y en cuando no haya sido obtenidos por funcionarios públicos, mediante la violación de garantías constitucionales.

"El riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro. No existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial”, concluyó. 

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el comunicador y militante libertario Fernando Cerimedo aseguró ante la Justicia que Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, le contó que informó personalmente a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre los manejos irregulares en la compra de medicamentos.

El testimonio de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario y complica aún más a Spagnuolo, que quedó en el centro de la causa luego de la filtración de audios y del hallazgo de una importante suma en efectivo en su poder.

De acuerdo con la declaración, Spagnuolo le aseguró a Cerimedo que el presidente se mostró sorprendido e indignado cuando le transmitió lo que ocurría en la ANDIS, pero que ya estaba al tanto porque él mismo se lo había contado antes a Pettovello.

Cerimedo no solo confirmó los audios que se habían filtrado sino que agregó un elemento más sensible: mencionó a Eduardo “Lule” Menem como la figura que garantizaba el control político del negocio. Según su relato, Spagnuolo le dijo que una droguería le comunicó que el porcentaje de retorno había subido: del 5 al 8 por ciento, con la explicación de que “el 3 va directo a la Rosada”.

Las autoridades allanaron propiedades del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y en la sucursal de un banco, encontraron 80 mil euros y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a su nombre.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal a cargo del caso, Franco Picardi, y también fueron objeto de las mismas propiedades de un ex funcionario de ANDIS llamado Daniel Garbellini, 

El hallazgo de los fondos sin declarar no fue el único revés que sufrió Spagnuolo, sino que según Infobae, sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron por motivos personales. 

La causa está bajo secreto de sumario y ninguno de los acusados, entre ellos los dueños de la droguería Suizo Argentina mencionada en los audios, está imputado. 

Asimismo, la defensa de la familia a cargo de la empresa mencionada, los Kovalivker, hicieron un pedido de nulidad al cuestionar que los audios filtrados constituyan una prueba valida para llevar a cabo la causa. En ese sentido, afirmaron que el inicio del proceso estuvo marcado por el oscurantismo y la desinformación, por lo que se ampararon en que existe una vulneración al derecho a la intimidad. 

El juez federal Sebastián Casanello todavía no resolvió el pedido de nulidad debido a que espera las argumentaciones del fiscal y la ONG Poder Ciudadano, a cargo de la querella.  

La Cámara de Senadores rechazó este jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad del presidente Javier Milei con 63 votos positivos y siete negativos. 

El texto aprobado establece la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 con la posibilidad de extenderla hasta el 2027. Además, la norma actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En cuanto a las pensiones por invalidez laboral vigentes, pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un plan de atención médica. Asimismo, la ley plantea la regularización de deudas del sistema de salud con los prestadores.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),  la medida implicaría un impacto fiscal  del 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, dado que Diputados no logró insistir con el aumento de las jubilaciones. 

Eduardo Kovalivker, el empresario y principal accionista de la droguería Suizo Argentina involucrada en el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad Nacional, se presentó este viernes ante la Justicia.

Kovalivker asistió a los tribunales federales de Comodoro Py junto a su abogado, Martín Magram, representante de sus hijos Emmanuel y Jonathan que también fueron requeridos por la Justicia. 

El empresario entregó su celular para que sea peritado y compareció ante el fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa liderada por ese acusador y que instruye el juez Sebastián Casanello, luego de la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La Justicia realizó otra serie de allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en una droguería, por los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en el que mencionaba presuntos pagos de coimas en el sector. 

En total, fueron cuatro los operativos realizados para avanzar con la causa, Tres en edificios del ANDIS y uno en la empresa Suizo Argentina. 

Los allanamientos fueron solicitados por el juez federal Sebastián Casanello y los realizaron agentes del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

La Justicia busca, con la realización de dichos operativos, conseguir más documentación con la que avanzar con la investigación de las coimas. 

El presidente Javier Milei calificó como una “operación” la revelación de los audios en los que se denunciaban presuntas coimas en Discapacidad Nacional y se refirió al ataque a piedrazos que sufrió su caravana en plena campaña electoral el miércoles en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

Durante una exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y ante políticos y empresarios, Milei expresó: “Ayer un grupo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras”.

En ese sentido, apuntó  contra el sector político y el Círculo Rojo: "Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”.

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”, continuó. 

Luego, se pronunció sobre el accionar judicial en torno al escándalo de las coimas: “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.

Por último, sostuvo que fue “emocionante” recibir al ataque a piedrazos junto a su hermana, Karina Milei y el diputado José Luis Espert: "Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”.

La Justicia Federal logró acceder a uno de los teléfonos que le habían secuestrado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y realizaron allanamientos en Nordelta por los audios que hablaban de coimas en el sector. 

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) fue la encargada de hacer una copia forense del dispositivo, del cual detectaron que había mensajes eliminados, aunque resta comprobar si estaban relacionados a la causa. 

Los dos celulares del ex funcionario apartado por el Gobierno Nacional fueron incautados el viernes pasado en un operativo en un barrio privado de Pilar, en el marco de más de una decena de allanamientos de la causa que encabezan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. 

En ese contexto, este martes se allanaron dos lugares en Nordelta para conseguir registros de video de entradas y salidas de ese complejo de residencias debido a que hay sospechas de que el jefe de seguridad, Ariel De Vincentis, ayudó a huir la semana pasada a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería mencionada en los audios de la polémica, Suizo Argentina. 

El empresario se había presentado ante los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado el lunes, donde entregó su celular, luego de que fuera citado a indagatoria. 

También está implicado en la causa uno de sus hermanos y dueño de la droguería mencionada, Emmanuel Kovalivker, que había sido encontrado y demorado mientras iba en su auto a la salida de su casa en Nordelta, donde le incautaron 266 mil dólares, 7 millones de pesos, anotaciones, su celular y el pasaporte.  

El empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó ante la Justicia luego de que lo buscaran porque la empresa que regenta fue mencionada en los audios acerca de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveladas por su ex titular, Diego Spagnuolo. 

El hombre era buscado desde el jueves luego de que el fiscal Franco Picardi lo llamara a indagatoria, pero recién se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py este lunes junto a su abogado, donde entregó su celular. 

Uno de sus hermanos y dueño de la droguería mencionada, Emmanuel Kovalivker, había sido encontrado y demorado mientras iba en su auto a la salida de su casa en Nordelta, donde le incautaron 266 mil dólares, 7 millones de pesos, anotaciones, su celular y el pasaporte.  

La causa inició a partir de la denuncia realizada por el abogado Gregorio Dalbón, para que se investigue el caso por posible comisión de los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

Las autoridades habían realizado más de diez allanamientos en viviendas, en sedes de ANDIS y en una droguería de la que secuestraron documentación y computadoras vinculadas a la compra de medicamentos. 

El Gobierno de la Nación decidió este jueves intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que se removiera del cargo al anterior titular, Diego Sapagnuolo, por la aparición de audios en los que se denunciaban maniobras ilegales en la compra de medicamentos y otros servicios. 

La decisión del Ejecutivo Nacional fue informada por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad”.

En ese sentido, precisó que el interventor será “Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”.

Por último, concluyó acerca de la medida: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.

Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.Su primera misión será realizar una profunda…