El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó en las últimas horas la identidad de otros dos militantes que fueron secuestrados y desaparecidos en el centro clandestino La Perla de Córdoba durante la última dictadura en Argentina.

Se trata de Ramiro Sergio Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, cuyos restos se suman a los previamente identificados de Mario Alberto Nívoli.

Ambos hombres fueron secuestrados el 18 de octubre de 1977 y permanecieron detenidos en La Perla y en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), lugares que funcionaron como centros de detención, tortura y exterminio. De acuerdo con los registros de organismos de derechos humanos, por esos espacios pasaron entre 2.500 y casi 5.000 personas durante los años del terrorismo de Estado.

Bustillo Rubio tenía 27 años, era oriundo de San Rafael, Mendoza, y estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. También trabajaba como obrero y dibujante y militaba en el Partido Comunista. Estaba casado y tenía un hijo cuando fue secuestrado en la vía pública de la ciudad de Córdoba, mientras su pareja esperaba a su segunda hija, a quien nunca llegó a conocer.

El segundo identificado es Oscar Omar Reyes, de 45 años, nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires. Ingeniero mecánico y obrero de la empresa FIAT, también militaba en el Partido Comunista y fue secuestrado cuando se dirigía a una reunión política. Estaba casado y era padre de cinco hijos.

Las identificaciones se lograron mediante estudios genéticos realizados sobre restos hallados en la provincia. Por estos crímenes ya fueron condenados en 2016 el ex militar Luciano Benjamín Menéndez y otros represores en el juicio conocido como megacausa La Perla–La Ribera–D2, que terminó con 38 condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Un represor de la última dictadura militar que torturaba a detenidos en un centro de detención clandestino y que fue condenado hasta en tres ocasiones por delitos de lesa-humanidad, murió este martes. Su fallecimiento ocurrió un día después de que se recordara el Día de la Memoria el lunes 24 de marzo, fecha en la que, 49 años atrás, la junta militar derrocó a María Estela Martínez de Perón.

Se trata de Julio Héctor Simón, de 84 años, apodado El Turco Julián. El condenado fue miembro de la Policía Federal Argentina, un torturador en el centro de detención clandestino El Olimpo, estuvo a la cabeza de grupos de secuestro de personas en el último proceso y su pena la transitaba en la Unidad N°34 del Servicio penitenciario Federal. 

El represor portaba simbología nazi con un banderín que envolvía en uno de sus brazos a la hora de llevar a cabo las torturas, sometimientos que intensificaba con los presos judíos, según el testimonio de Jorge Augusto Taglioni, detenido junto a su mujer embarazada en 1978. 

Tras la asunción de Raúl Alfonsín y el regreso de la democracia en el país, Simón se refugió en Brasil donde trabajo de guardaespaldas privado y no regresó a la Argentina hasta que fueron sancionados los textos de Punto Final y Obediencia Debida. 

El Congreso anuló las leyes que protegían a los criminales de lesa humanidad de la última dictadura en el año 2003, lo que permitió procesar por primera vez a Simón junto a otros represores por privación ilegítima de la libertad. 

Años más tarde, en 2005, período en el que la Corte Suprema de Justicia acompañó la medida de los legisladores y declaró las normas antes mencionadas como inconstitucionales, Héctor Simón fue sentenciado a 25 años de cárcel por la detención ilegal y la tortura de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, además de la ocultación de su hija de ocho meses.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nro. 2 de Ciudad de Buenos Aires lo acusó como partícipe de la tortura y desaparición de hasta 181 personas entre los centros clandestinos El Atlético, Banco y El Olimpo. 

El Gobierno nacional anunció que desclasificará archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar de 1976. Lo hizo a través del vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa este lunes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Asimismo, dio a conocer que reconocerá el crimen del Capitán Humberto Viola como un delito de lesa humanidad. 

“Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”, explicó Adorni. 

El texto que publicó el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner estableció: “Relévase de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983″. 

Más adelante, el funcionario detalló que la medida “implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación. En nuestro compromiso inclaudicable con los derechos humanos, contar la historia completa es tarea crucial”.

“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo. El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político", se explayó.

Además, remarcó: “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se avanzó en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.

Por otra parte, Adorni dio a conocer que el Gobierno reconocerá el crimen del capitán Humberto Viola, asesinado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974 junto a su hija de 3 años, como un delito de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Fernando Albareda, hijo de una viuda de un desaparecido durante la última dictadura que fue asesinada, Susana Montoya, fue detenido en el marco de la causa que investiga el homicidio de su madre. 

En ese sentido, Albareda, que había denunciado amenazas en contra de su familia, quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo. 

Según informó el medio de La Voz, la ficalía dudó del testimonió de Albareda a raíz de la recolección de múltiples pruebas como material fílmico de las cámaras de seguridad, e informes topográficos. 

En ese sentido, el informe del Área de Grafocrítica de Policía Judicial estableció que las pintadas que encontraron en la pared de la vivienda y los mensajes de las amenazas denunciadas, tienen similitud con las de Fernando Armando Albareda. 

Según las informaciones acerca del caso, la víctima fue asesinada entre el jueves y el viernes en su casa ubicada en Ampliación Poeta Lugones en Ciudad de Córdoba. 

Susana Montoya estuvo casada con Ricardo Fermín Albareda, exsubcomisario de la Policía de Córdoba, desaparecido en la última dictadura militar que sufrió Argentina. 

El Gobierno Argentino busca junto a otros países de la región que, coinciden en que las elecciones del 28 de julio en Venezuela fueron un fraude, acordar sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. 

Según informó Infobae, desde el oficialismo se busca que las acciones contra Maduro sean de caracter internacional en vez de nacional. 

El bloque que se impondría contra el régimen de Caracas sería conformado por los mismos países que tildaron, en primera instancia, de fraudulentas las elecciones del 28 de julio. 

En ese sentido, se prevé que formen parte del bloque Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Panamá, Guatemala, Paraguay, Perú, y República Dominicana. 

La diputada por el bloque de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta se pronunció acerca de la visita que hicieron legisladores a represores en el Penal de Ezeiza, se desentendió de la visita y denunció que fue engañada. 

En diálogo con el medio de MDZ Radio, la diputada confirmó que en efecto, visitaron a los represores condenados, entre ellos Astiz, pero afirmó que no tiene ni idea de “quiénes eran los personajes de esa época”. “Yo no viví esa época, nací en 1993”, precisó. 

“Es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades, ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen  que estar ahí”, expresó cuando fue cuestionada por su desconocimiento sobre los internos encerrados. 

Luego, contó que el grupo de diputados que asistió a esa visita fue engañado, aunque aclaró: “No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y yo, empezamos a hablar del tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”. 

Por último, precisó: “Se me informó que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos”. 

Al menos seis diputados del partido de La Libertad Avanza, se reunieron con represores de la última dictadura militar recluídos en el Penal de Ezeiza, entre los cuales figura al condenado por delitos de lesahumaidad, Alfredo Astiz, a los cuales calificaron de “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. 

Según un comunicado emitido por parte de los legisladores de la Cámara Baja, los mismos asistieron al penal debido a que “no se cumplen los derechos humanos, porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”. 

La visita sucedió el 11 de julio, y de ella participaron según fuentes, los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. 

En ese sentido, apuntaron a que los fallos que los encarceló “violan las leyes y los tratados” y que entre los presos hay “heroes de Malvinas”. 

De esa manera, aseguraron: “¿Qué edad tenían esos presos al momento en el que se le inventan cargos? Entre 19 y 23 años. Los cargos no fueron probados y muchos de ellos son inventados”. 

Por último, subrayaron: “Les duele la visita humanitaria. Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas y el presidente combate desde la política esa ideología. Su última guarida, el Poder Judicial, la vamos a combatir denunciando públicamente a los que armaron y fallaron a favor de esta farsa en el Consejo de la Magistratura”. 

Alfredo Astiz, apodado como el Ángel de la Muerte, había sido condenado por crimenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires. 

De entre los crímenes del ex oficial de la Armada, Astiz se hacía pasar por un joven llamado, Gustavo Niño, que supuestamemte buscaba a un hermano desaparecido, cuando en realidad sólo buscaba infiltrarse en la Iglesia de la Santa Cruz entre un grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares que querían publicar en La Nación una denuncia por los desaparecidos.

La infiltración la hacía con el fin de reportar a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) información sobre esas reuniones, que terminaría con el secuestro y posterior asesinato o desaparición de al menos doce activistas que participaban de las reuniones en la Iglesia entre el 8 y el 10 de diciembre del 1977. 

Las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco, y Esther Ballestrino, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, al igual que otros familiares y allegados, fueron asesinados en vuelos de la muerte el 14 de diciembre de 1977. 

Tras el intento de levantamiento militar por parte del ahora destituído jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, el gobierno de Luis Arce logró retomar el control de la situación y apresó al general durante la noche de este miércoles.

El presidente de Bolivia había denunciado que por la tarde se suscitaron "movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército" en un posteo en la red social X, mientras se veía a fuerzas armadas reuniéndose en la Plaza Murillo frente a la sede de Gobierno en La Paz. 

Zúñiga había intentado con esta suerte de golpe, reemplazar a todo el gabinete y liberar a los presos políticos, para así instaurar “una verdadera democracia”. 

Anteriormente, el comandante destituído se había mostrado en contra de una posible nueva candidatura de Evo Morales a la presidencia. 

En ese sentido, Zúñiga afirmó el pasado lunes en televisión que “Morales no pueder más el presidente de este país” y que de ocurrir de nuevo, él se encargaría de que “no se pisotee la constitución” y el mandato popular. 

A raíz de los suscesivos cruces entre el ex presidente y el comandante, según comunicó el medio de infobae a través de la información que les llegó de fuentes cercanas, Evo Morales se habría reunido con Arce, para pedirle la destitución de Zúñiga, hecho que habría sucedido. 

Sin embargo, Zúñiga desmintió los rumores y se mostró más que impasible por seguir cumpliendo con sus labores. 

Hasta este miércoles, día en el que tras presidir un acto oficial, se autoconvocó junta a las fuerzas frente a la sede de Gobierno en el centro de La Paz donde pretendió tomar el gabinete. 

En ese marco, profirió: “Quieren que las Fuerzas Armadas no existan, quieren libertad en este país para hacer lo que les da la gana. Utilizan a la gente necesitada para que a nombre de ellos tengan como objetivo llegar al poder y saquear”. 

Por el levantamiento, Luis Arce destituyó a la cúpula militar sublevada, entre ellos a Zúñiga, y nombró como nuevo Jefe del Ejercito al Comandante General, José Wilson Sánchez. 

“Deploramos las actitudes de malos militares que tratan de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático”, precisó el jefe de Estado extranjero. 

Tras el acto de Arce, de que el propio Zúñiga se replegase de la plaza Murillo, y de que la Fiscalía General del Estado promoviese un proceso legal en contra del ex comandante y sus colaboradores, finalmente fue detenido durante este miércoles en horas de la noche. 

Así las cosas, su detención no acabó con el asunto, sino que dejó plantada más dudas que respuestas acerca del trasfondo que tuvo este intento de sublevasión militar. 

Pues Zúñiga, mientras era apresado por las fuerzas, brindó declaraciones a los medios de comunicación donde aseguró que Arce le pidió que sacara los “blindados”. 

"Hablaré con detalles el día domingo pero en el colegio La Salle me reuní con el presidente que me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad”, confesó. 

En esa reunión, el apresado infirió que Arce le pidió “sacar los blindados” y enumeró los vehículos que iban a participar del golpe "“En la noche empiezan a bajar seis cascabeles y 6 urutús, más 14 zetas del regimiento de Achacachi”. 

Falleció Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La información fue confirmada por su familia, a través de un comunicado. Luego de ser intervenida quirúrgicamente el 17 de mayo pasado por una hernia a la que se sumaron otras patologías que agravaron el cuadro, quedó internada en terapia intensiva en el Hospital de Morón, donde falleció este jueves por la tarde. Tenía 94 años. 

Nora Morales de Cortiñas nació el 22 de marzo de 1930, era psicóloga social, fue profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y una incansable defensora de los derechos humanos. Se unió a Madres de Plaza de Mayo en 1977, y fue referente de la Línea Fundadora. Se destacó por su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la represión de la dictadura militar.

De acuerdo al testimonio de la propia "Norita", su vida cambió por completo cuando su hijo, Gustavo Cortiñas, de 24 años, fue detenido, secuestrado y desaparecido en la estación de trenes de Castelar, provincia de Buenos Aires, en abril de 1977. Gustavo estaba casado y tenía un hijo, Damián. Era Militante de la Juventud Peronista, estudiante universitario y trabajaba junto al Padre Mugica en la Villa 31.

En medio de la búsqueda de Gustavo, Nora llegó a la Plaza de Mayo luego de que su cuñado le comentara que en ese lugar se reunían madres de desaparecidos que reclamaban por la aparición de sus hijos e hijas. 

A pesar de no haber encontrado los restos de su hijo, ni saber exactamente cuál fue su destino, mantuvo su compromiso y participación en cada acto en defensa por los derechos humanos hasta los últimos días de su vida. 

Su última aparición en público fue el 24 de marzo de este año, cuando participó de la marcha en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976. 

EL COMUNICADO DE SU FAMILIA: 

🖤Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina.¡Hasta la victoria siempre, querida Norita!▶️https://t.co/ixwhVDVL9f pic.twitter.com/JIAmYJW2BW

Los exagentes del Servicio de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lofiego, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura militar. Se trata de un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 2 y muy esperado por organismos que luchan por los Derechos Humanos en la Argentina.

El Tribunal integrado por los jueces Lilia Carnero, Jorge Gallino y Osvaldo Facciano los encontró culpables por «homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación de la libertad agravada, imposición de tortura agravada, abuso sexual y asociación ilícita y sus acumuladas a lo largo del proceso».

En la megacausa conocida como «Feced III y IV» también involucra a otros ex policías como Ramón Telmo Alcides Ibarra, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Lulio César Nast, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.

Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo y Carlos Antonio Scortechini también fueron condenados a prisión perpetua, mientras que los otros cuatro ex agentes fueron condenados a entre 16 y 22 años de cárcel efectiva.

Fue el fiscal federal Adolfo Villate quien había pedido penas máximas de 23 años de prisión perpetua. Como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, la audiencia de lectura del veredicto se realizó por videoconferencia y sin público, de acuerdo a lo consignado por el Tribunal.

El juicio se inició en abril de 2018 y analizaba los delitos adjudicados a 10 efectivos de la Policía de Rosario durante la última dictadura, cometidos contra 188 víctimas del Terrorismo de Estado.

La tercera y cuarta parte de la megacausa Feced avanza sobre las prácticas ilegales de “la patota” policial que tuvo a su cargo el centro de detención clandestino conocido como “El Pozo”, ubicado en el centro de la ciudad.

Allí funcionaba el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía, cuyas instalaciones albergó el mayor centro clandestino del sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron unos 500 detenidos-desaparecidos, indicaron fuentes de la Fiscalía.