Este martes por la mañana se produjeron disturbios frente a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde empleados de Fate se manifestaban tras el anuncio del cierre definitivo de la empresa. La protesta contó con el apoyo de organizaciones como el MST, el Partido Obrero e Izquierda Socialista, y derivó en enfrentamientos con la Policía de la Ciudad y la Gendarmería.

Después de las 11:30, efectivos avanzaron sobre calle Alem al 650 con escudos y equipos antidisturbios. En medio del operativo fue detenido el diputado nacional Horacio Pietragalla, mientras el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, permanecía sobre la calzada. También se produjeron corridas en el Metrobús y el despliegue incluyó un camión hidrante y al Grupo de Acción Motorizada (GAM). “Estás viendo la represión, ¿no? Estábamos en la vereda y están reprimiendo en la vereda", denunció un manifestante ante la prensa.

El operativo afectó además el tránsito en la zona de Alem, Córdoba y la peatonal Florida. Un bus turístico quedó bloqueado y sus pasajeros descendieron del piso superior cuando comenzaron los disparos, mientras autos y colectivos quedaron en medio del procedimiento.

Los incidentes ocurrieron en el marco del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que la reunión entre las partes finalizó “sin que se alcanzaran acuerdos definitivos”, aunque la medida fue prorrogada hasta el 11 de marzo.

Fate, con más de ocho décadas de actividad y planta en Virreyes, anunció el cierre total de su operación y el despido de sus 920 empleados.

La empresa de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de su planta industrial en San Fernando y hay protestas tras la confirmación del despido de 920 empleados.

La determinación por parte del directorio de la firma que es propiedad de la familia Madanes Quintanilla se hizo pública en las últimas horas, a partir de la difusión de un comunicado que fue expuesto en las instalaciones de Virreyes, en Buenos Aires.

De acuerdo al texto, la decisión está argumentada en base a que “los cambios en las condiciones de mercado" llevarán a Fate "a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.

En la misma línea, expusieron: “Tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo". A su vez, desde la empresa le comunicaron a los trabajadores que "las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal”.

Decenas de empleados de la firma surgida en 1940 se apostaron sobre el ingreso de la planta que cierra sus persianas en reclamo por los 920 despidos que conlleva la medida.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este miércoles el despido de más de 110 empleados del Hospital Alejandro Posadas, ubicado en el partido bonaerense de Morón, luego de una auditoría interna. Desde el Gobierno señalan las ausencias reiteradas e incumplimientos en tareas asignadas como causal de las desvinculaciones.

“Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas”, señaló el Ministerio en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En esa misma línea, agregaron que "cada caso fue evaluado individualmente" y que se cumplieron "todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes".

Al mismo tiempo, la cartera que conduce Mario Russo advirtió se descontarán los días no trabajados a los empleados del Hospital Garrahan que participaron del paro convocado por ATE, pese a la existencia de una conciliación obligatoria. “El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”, afirmó el comunicado, y añadió: “El que no cumple, paga las consecuencias”.

En esa sintonía, desde el Ministerio solicitaron a la Secretaría de Trabajo levantar la audiencia programada para este miércoles en el marco de la Conciliación Obligatoria “debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE”.

“El que no cumple, paga las consecuencias”, concluye el mensaje del Ministerio.

En las últimas horas, General Motors (GM) finalizó el proceso de desvinculación de 309 empleados en su planta ubicada en Alvear. 260 trabajadores aceptaron un esquema de retiros voluntarios iniciado en enero, mientras que otros 49 recibieron telegramas de despedido.

En este aspecto, el gremio Smata había anticipado que GM planeaba eliminar hasta 300 puestos de trabajo. Esta medida se suma a la reducción de abril de 2024, cuando la automotriz desvinculó a 200 empleados, llegando a cerca de 500 despidos en un año.

La planta de Alvear dejo de fabricar el modelo Cruze para enfocarse en la producción de la Chevrolet Tracker, un vehículo que también se ensambla en Brasil.

A lo largo de 2024, GM ya había implementado ajustes en su producción, y llevo adelante una suspensión temporal por la caída del 30% de la actividad en el primer trimestre de ese año. Esta situación llevó a reducir la proyección de fabricación anual de 430 mil a 330 mil unidades.

Por el momento, ni la empresa ni Smata emitieron comunicados al respecto.

La siderúrgica Acindar, que tiene sedes en Rosario y Villa Constitución, en acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), anunciaron la suspensión escalonada de 970 trabajadores. 

Según el acuerdo, los empleados afectados por la medida percibirán el 80% de su sueldo en febrero, el 78% en marzo y desde abril hasta diciembre de 2025 sólo recibirán un 75%.

La firma también recortará otros 200 puestos indirectos de trabajo que trasladarán a otras contratistas a través de acuerdos. A su vez, 200 empleados ya se adhirieron al plan de retiros voluntarios impulsado por la compañía desde enero. 

La decisión, aclararon desde la empresa, se debe a la caída de la demanda y producción en el sector del acero. 

Asimismo, “las suspensiones pactadas con el sindicato no tienen relación directa con la imposición de aranceles del 25% al acero y aluminio dispuesta por Donald Trump” porque la compañía no exporta a los Estados Unidos. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que el Gobierno despidió al titular de la Anses, Mariano de los Heros. 

De acuerdo al portavoz presidencial, el reemplazante será Fernando Bearzi, que se desempeñaba en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi. Fin.

De acuerdo a Infobae, una de las razones detrás de su desvinculación se debe a que el presidente Javier Milei lo desaturizó a través de una entrevista. 

Es que de los Heros había anunciado un proyecto de reforma previsional acerca del sistema de aportes. No obstante, Milei aseguró en diálogo con América 24 que el texto no estaba entre las prioridades de su administración: “La reforma jubilatoria no es para este momento". 

“No es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema provisional”, sentenció el jefe de Estado. 

El despido del titular de Anses no es el único que se dio en la jornada. También se le pidió la renuncia a la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Ministerio de Trabajo de la provoncia dictó este martes la conciliación obligatoria y los trabajadores que protestaban por los más de 70 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez deberán volver a sus puestos de trabajo durante 15 días.

Además, la compañía deberá dar marcha atrás con todas las desvinculaciones y negociar la situación laboral de sus empleados en un período de dos semanas, hasta el 23 de enero. 

La medida se dictó justo un día después de que decenas de trabajadores se movilizaran al frente de la empresa, en San Diego al 1900, para reclamar resoluciones.  

Los empleados denunciaron, puntualmente, que  recibieron las notificaciones sobre los despidos mientras estaban de vacaciones de licencia o bien realizando sus tareas diarias.

La marca de margarina y aderezos Dánica Dorada cerró su histórica planta ubicada en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires, luego de 85 años de funcionamiento, y 150 empleados fueron despedidos.

La fábrica, que pertenece a la empresa de capitales cordobeses Grupo Beltrán, detuvo su actividad en Octubre del año pasado y la compañía lanzó un plan de retiros voluntarios, al tiempo que adelantó las vacaciones a su personal. 

En los últimos días la firma confirmó el cierre de la planta y empezó a enviar los telegramas a sus operarios que, según indican, recibirán el 50% de la indemnización, financiada mediante la venta de maquinarias e instalaciones. 

En este sentido, las notificaciones enviadas a los empleados indican: "Por la presente le notificamos su despido con expresión de causa en los términos del artículo 247 Ley de Contrato de Trabajo, en atención a la gravísima situación económica". Cabe destacar que este artículo permite abonar el 50% de la indemnización. 

La empresa argumentó que el cierre se debe, entre otras cosas, al desfasaje de costos, incluidos los costos laborales “debido a un encuadre sindical que no corresponde y duplica la media de la industria”. Además, remarcaron la existencia de dificultades logísticas y de comercialización, y una fuerte caída de las ventas “en un entorno de recesión económica”.

En 2023 la empresa había cerrado su planta de San Luis y, desde ahora, continuará operando la fábrica de aderezos localizada en el Parque Industrial Ferreyra de Córdoba.

Personal de un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez se manifestaron este lunes en el ingreso de la empresa para denunciar que hubieron hasta 50 despidos. 

La movilización se realizó en las calles Buenos Aires y San Diego de dicha ciudad, y le pidieron a las autoridades explicaciones sobre las desvinculaciones, que en algunos casos, afectan a trabajadores con más de 20 años en la empresa. 

En ese marco, señalaron que desde la compañía los convocaban ya sea en vacaciones o durante los días de licencia, para negociar su salida. 

También denunciaron las insalubres condiciones laborales en las que se someten durante sus jornadas laborales.

 En diálogo con Cada Día (El Tres), uno de los empleados precisó: “Es inhumano lo que nos pasa. Tendrían que ver como le queda a uno la cara de manipular las tripas”. 

Este jueves la multinacional Dass confirmó el cierre de su planta ubicada en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y el despido de 360 operarios. La empresa, que se dedica a la elaboración de calzado y ropa deportiva, centrará su producción en la planta que posee en la ciudad de Eldorado, Misiones. 

Los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despidos durante el primer día hábil de 2025 y , de acuerdo a la información que brindó un medio de Coronel Suárez, el cese de las operaciones en la planta será el próximo 20 de enero. 

La multinacional es una de las principales productoras de calzado en la industria local, con una producción anual de 7,8 millones de pares.

A través de un comunicado, las autoridades de la empresa destacaron que “la decisión responde a un plan estratégico diseñado para optimizar procesos y fortalecer su posición en el mercado, garantizando una gestión de excelencia”, y agregaron: "La medida se enmarca en la necesidad de adaptar las operaciones a la nueva dinámica del mercado en Argentina, que plantea un cambio de ciclo económico en el país caracterizado por nuevas condiciones comerciales”.

Respecto a la concentración de la producción en su planta de la provincia de Misiones, señalaron: "La consolidación de la producción en una sola planta se decidió tras un análisis exhaustivo de variables como logística, eficiencia operativa, estructura de personal y demanda productiva”.

En esa misma línea, añadieron: "Las marcas con las que trabaja Grupo Dass revisaron sus estrategias con el objetivo de maximizar los beneficios a los consumidores, y plantearon un cambio en las perspectivas del abastecimiento de productos. Esto ha impactado en los volúmenes de producción a nivel local para el próximo año. Este cambio en la demanda nos insta a readecuar nuestro tamaño industrial a fin de mejorar la competitividad y buscar mayor eficiencia”.

Por su parte, el titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Agustín Amicone manifestó al respecto: “Se anunció el cierre definitivo y nos parece injustificado, sobre todo porque la gente estaba de vacaciones. Más allá de las dificultades económicas generales, no hay mayores problemas en nuestro sector, que trabaja bien e, incluso, en algunos casos con horas extra. Rechazamos los despidos y le pedimos intervención del gobernador Kicillof atento a la gravedad del cierre definitivo de la planta”.

La Usina Sorrento notificó a múltiples de sus trabajadores que serán despedidos de la empresa el primero de enero del 2025. 

Por la medida, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario denunció los despidos ante el Ministerio de Trabajo y se ha declarado en estado de alerta y movilización.

Dicha denuncia generó que se realizarán reuniones con el dueño de la firma para llegar a un acuerdo, pero todavía no se alcanzó consenso alguno. 

En tanto, los trabajadores afectados resolvieron realizar desde el 24 de diciembre un paro por tiempo indeterminado, pero como la cartera de Trabajo dictó la conciliación obligatoria desde este jueves, las medidas cesaron. 

En ese marco, el personal pronto a ser despedido denunció “la falta de inversiones pertinentes” y que como siempre “el hilo se corta por lo más delgado y el cierre de cuentas se soluciona con el cierre de la posibilidad de trabajar que afecta a muchas familias directa e indirectamente”. 

“La solución no pasa por despedir gente cuando las cuentas no cierran, sino que pasa por hacer a las empresas más eficientes y eficaces; y para eso se necesita invertir”, concluyeron. 

Este jueves la Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que busca expropiar la empresa Dow Química Argentina de Puerto General San Martín, luego de que la multinacional anunciara el cierre de la planta ubicada en el cordón industrial. 

Esta situación deja sin empleo a 120 trabajadores directos y se estima que podría generar alrededor de 3000 despidos de manera indirecta.

La iniciativa, presentada por el senador Armando Traferri, apunta a que la planta sea declarada de utilidad pública, con el fin de expropiarla y garantizar la continuidad de su funcionamiento. De esta manera se conservarían las fuentes laborales. 

De darse su aprobación definitiva en Diputados, el Poder Ejecutivo provincial podrá convocar a inversores privados que tengan interés en asumir las operaciones de la planta, de manera de no detener la producción. 

"La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias", indicó Traferri. 

No es la primera vez que la planta se enfrenta a un posible cierre. En 2021, la legislatura junto con el Ministerio de Producción de la Nación y los trabajadores también debieron intervenir para que la multinacional continúe con la producción en la sede de Puerto General San Martín. 

El conflicto entre los trabajadores y la empresa se mantiene en vilo. Esta semana el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria hasta el 4 de noviembre.

El Gobierno nacional ratificó este lunes que continuarán los despidos en diferentes áreas del Estado. La determinación fue anticipada este mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

El portavoz aseguró: “Los despidos van a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno. Es importante revisar el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan. Es sano que así sea”.

Luego, Adorni detalló que la medida también apuntará a ministros y funcionarios. En este sentido, señaló:  "El llamado a la evaluación del gabinete ocurre desde el 10 de diciembre, y ya hubo funcionarios que se fueron”. Además, agregó: “La evaluación es un trabajo permanente, que puede acarrear despidos hoy, en tres meses o nunca. ¿Por que alguien que no cumple con lo que el Presidente pretendía va a seguir en el gobierno?”.

“Parte de este refinamiento y mejora que puede tener el gabinete es compatible con seguir avanzando en nuevas reformas y en la Argentina que queremos”, concluyó el vocero de la Presidencia.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones «sin justa causa» o por «fuerza mayor», ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. La medida se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 266/2021.

La norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de la totalidad del Gabinete nacional, también establece la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de «fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».

El artículo 4 del decreto indica que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».

El texto puntualiza que la prohibición «no» será aplicable «a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran».

«Quedan, asimismo, exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley Nº 22.250», añade el texto.

La prórroga rige también para los trabajadores «dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular».

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales creado mediante el Decreto N° 590/97 , y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente 10 % de los recursos, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

En la mañana de este martes frente al Pami II, se llevó a cabo una protesta en reclamo de los trabajadores despedidos. Los gremios UTI, ATE y UPCN convocaron a la manifestación, además de un paro durante la jornada, en la que cual se mantuvieron guardias mínimas. También exigen una recomposición salarial y rechazan el aumento salarial del 7 por ciento.

Al respecto, el delagado de ATE Rosario, Guillermo Grand, contó: “Los despidos son en su mayoría de cargos jerárquicos, no son de carrera. Es decir, no son compañeros que estaban trabajando en Pami, que ocupan cargos jerárquicos y fueron despedidos. Fueron ingresos políticos en cargos jerárquicos en el gobierno de Mauricio Macri que ahora han despedido. De todos modos, no estamos a favor de ningún despido”.

“Pedimos la incorporación de los trabajadores despedidos también, por condiciones de trabajo y pase a planta de los trabajadores que son monotributistas y que están trabajando en forma irregular desde hace más de 10 años”, detalló Grand.

A su vez, el referente gremial señaló: “Este reclamo se lleva a cabo porque estamos en una negociación paritaria, dentro de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. La semana pasada hubo una reunión de Mesa Paritaria que pasó a cuarto intermedio y se va a volver a reunir este miércoles a las 13. Los gremios signatarios del convenio, ATE, UTI y UPCN, estamos pidiendo no a los despidos, pase a planta permanente de todo el personal, condiciones de trabajo y recomposición salarial”.

El Gobierno nacional prorrogó este jueves por 60 días la prohibición de despedir trabajadores «sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», según indica el Decreto 761/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Además extiende por otros 60 días la prohibición de suspender por causas de «fuerza mayor o ausencia o disminución de trabajo» a excepción de las realizadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), indica el texto.

La medida lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete nacional; y se basa en «la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social» determinada por la Ley 27.541.

También se considera la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 260/20 y las medidas de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» y de «distanciamiento social» de los decretos 297/20 y 520/20.

Por otra parte, el decreto establece que «los despidos y suspensiones que se dispongan y violen las disposiciones adoptadas no producirán ningún efecto» ya que «se mantendrán vigentes las relaciones laborales y sus condiciones actuales».

Esto no se aplicará a las contrataciones realizadas con posterioridad a la vigencia del decreto, pero la medida «no será de aplicación en el sector público definido en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que esté sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran».

La empresa Razzini de materiales de construcción, con más de 40 años de historia, cerró sus puertas debido al bloqueo del gremio de Camioneros, que con amenazas y piquetes hacia los directivos de la firma, exigían que los empleados empiecen a formar parte del sindicato. Durante dos meses se vivió esa situación de impedimento de ejercer las habituales tareas laborales, que llevaron a la decisión que se hizo pública a través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas. Sus tres plantas dejarán de funcionar y anunciaron que comenzó el proceso de liquidación a todos los empleados.

«Informamos a nuestra comunidad que, visto el brutal boicot por encuadramiento gremial organizado por el Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe y un grupo de personas que pertenecían a las empresas, hemos iniciado, con el personal que siempre ha permanecido en ellas, el proceso de liquidación de las mismas. Esta operación implicará un necesario tiempo de gestión», indicaron en el comunicado, el cual cerraron con una frase contundente: «Ninguna de las empresas se dedica al transporte». 

Razzini contaba con una planta ubicada en Avenida Arijón 2542 dedicada a la distribución de materiales para la construcción, donde también pusieron oficinas de atención al público, y otra situada en Madre Cabrini 2632, abocada a la producción y molienda de granzas y servicios de volquetes.

Desde el Concejo Municipal se expresaron al respecto y responsabilizaron al gobierno provincial. Puntualmente, el edil Carlos Cardozo, dijo: “Lo venimos advirtiendo desde hace dos semanas, esto iba a terminar mal y terminó mal. La empresa Razzini termina cerrando sus tres plantas: la de corralón, la de hormigonera y la industrial. No puede ser la anomia absoluta de las autoridades nacionales, provinciales y municipales frente a la extorsión de los piquetes del gremio de Camioneros. Acá se tiene que garantizar la libertad de trabajo y de circulación y esto es lo que ha impedido el gremio de Camioneros en las plantas de Razzini, lo mismo está pasando en la distribuidora de Autopartes Etman de Rafaela”.

“No entendemos cómo el Ministerio de Seguridad de la provincia no despeja el acceso a las plantas porque se está impidiendo la libertad de circulación. El Ministerio de Trabajo ha tenido un papel lamentable, ha llamado a conciliaciones obligatorias entre empresas y sindicatos que no tienen ningún afiliado en esas empresas, algo realmente ridículo”, continuó el concejal y cerró: “Decimos para la tribuna que hay que generar puestos de trabajo y lo único que hacen es desalentar inversiones que generan puestos de trabajo. Es un fin triste para una historia en la que advertimos”.

El Acuario del Río Paraná atraviesa una desesperante crisis que ya dejó sin trabajo a más de la mitad del personal contratado cuando se inauguró en febrero de 2018 tras una inversión de unos 200 millones de pesos y prometía hacer del espacio un centro tecnológico y educativo único en Latinoamérica. Quienes aún mantienen sus fuentes laborales denunciaron el vaciamiento y las promesas incumplidas por parte del gobierno municipal actual y el anterior.

Al respecto, algunos de los trabajadores aseguraron: “Estamos denunciando una situación que nos preocupa hace muchos meses y tiene que ver con el vaciamiento del centro en relación a Recursos Humanos y la desvinculación de trabajadores desde enero cuando empezaron a caer los contratos y por lo tanto empezaron a dejar de funcionar algunas áreas esenciales”.

“Se cayeron contratos de boleterías, el área de educación, del área de mantenimiento y también de los residentes que se encargaban de llevar a cabo la propuesta educativa en la recorrida del centro. No tenemos los recursos suficientes para pensar en una apertura del acuario”, contaron y siguieron: “Los trabajadores que estábamos acá establemente éramos 27, actualmente con contrato vigente quedamos 12 y hay algunas áreas que por completo ya no queda nadie contratado”.

Cabe destacar que los 12 vínculos vigentes hasta el momento tienen fecha de vencimiento al 30 de junio en algunos casos y otros hacia el 31 de diciembre, sin señal alguna de posible renovación. “Somos los mismos que venimos trabajando desde antes de la inauguración en 2017. Venimos sosteniéndolo y manteniéndolo en esta situación de pandemia hay una guardia por el cuidado de los animales y el funcionamiento de los aparatos, que no se puede dejar de hacer”, agregaron.

Acerca del reclamo que data desde finales del año pasado, señalaron: “Estamos pidiendo la regularización de todas las personas que aquí trabajamos, el pase a planta prometido por la gestión anterior y la actual nos prometió la continuidad laboral, y de la que hasta el día de hoy no tenemos respuesta”.