El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales en medio del conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el financiamiento educativo. 

Según contó, los mensajes llegaron a fines de la semana pasada y que decidió acudir a la fiscalía luego de recibir una intimidación en la que le advertían que le iban a disparar si continuaba con sus actividades. También expresó su preocupación por el hostigamiento que sufren su esposa, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y su hijo.

En este sentido, Schmuck también salió al cruce de las acusaciones de adoctrinamiento universitario que lanzaron dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el presidente Javier Milei, a partir de una frase en la que cuestionó los conocimientos de economía del mandatario. La presidenta del Concejo aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, negó haber perjudicado a estudiantes por sus ideas políticas y denunció que los ataques se extendieron a su hijo y a Bartolacci. “Hace diez días que toda mi familia está siendo atacada”, afirmó en declaraciones a Radio 2, y anticipó que recurrirá a la Justicia para ponerle un límite a las amenazas.

Bartolacci, por su parte, sostuvo que los ataques forman parte de un clima de creciente agresividad contra quienes defienden la educación pública. En ese sentido, cuestionó las acusaciones contra la presidenta del Concejo por supuesto adoctrinamiento en las aulas y afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Mi pecado es defender con tanta vehemencia la educación y la universidad”, expresó, y agregó que las agresiones se intensifican cuando el reclamo universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

En materia presupuestaria, Bartolacci advirtió que las transferencias al sistema universitario cayeron un 54,6% desde 2023 y alertó sobre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en docentes y no docentes. Según detalló, el 70% de los trabajadores del sector percibe salarios inferiores a los 850.000 pesos mensuales. Además, denunció que hace tres años no reciben recursos para infraestructura, equipamiento ni tecnología, una situación que compromete el mantenimiento de los edificios y la continuidad de programas de formación y vinculación social, como la Escuela de Oficios de la UNR.

Por otra parte, el rector confirmó que las autoridades universitarias recurrieron a la Justicia ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y solicitaron que se apliquen multas al Gobierno nacional por no acatar las medidas judiciales vinculadas con la actualización de salarios y becas. En paralelo, convocó a la comunidad a participar de la nueva marcha federal universitaria en Rosario, que tendrá una concentración a las 15.30 en la plaza San Martín y un acto central a las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera. “Estamos llegando a una situación realmente delicada”, concluyó.

El caso de “Dolly”, la obstetra de 88 años acusada de robar la identidad de bebés recién nacidos durante el siglo pasado en el Hospital Roque Sáenz Peña conmocionó a la ciudad y este viernes hubo un avance en otra investigación de similares características. Otra partera de 87 años, Olga Concepción Artale de Silva, fue procesada sin prisión preventiva por dos casos de presunto supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

La causa es seguida de cerca por la Unidad Fiscal Rosario, donde abordaron desde 2022 y 2023 los testimonios de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, dos mujeres que tenían dudas sobre sus orígenes y denunciaron irregularidades por separado.  

Por un lado, Ana se crió en Maciel bajo la responsabilidad de Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, quienes le confirmaron desde temprana edad que no era su hija biológica, a pesar de que su partida de nacimiento lo acreditaba. Además, le revelaron que fue entregada en una vivienda de Richieri al 2.000, en Rosario, tras un contacto con la hermana de la obstetra.

Posteriormente, surgió el caso de Romina, criada por Esther Candusso y José Francisco Lobos, quien de adulta conoció la verdad detrás de su identidad. Al igual que en la primera de las historias, la documentación daba fe de un vínculo biológico falso. Tras una serie de estudios, se ratificó que quienes criaron a ambas niñas no eran sus padres.

La Fiscalía y la querella elevaron los casos a juicio y pidieron la colaboración de la población para encontrar a las verdaderas madres biológicas. Da Silva se había negado a declarar en 2025 y alegó que sufre “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” por un accidente laboral y un traumatismo reciente. 

Primero, el Tribunal ordenó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario y, en un primer examen médico, determinó que la sospechosa tenía un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial. Luego, la abogada querellante se opuso al resultado y, en diciembre de 2025, se fijó un reexamen. 

En marzo de 2026 se realizó la segunda evaluación, la cual determinó que la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve”, lo que modificó el criterio anterior, y que poseía las condiciones para la comprensión de la causa penal. Finalmente, el 2 de julio de 2026, tuvo que declarar por el caso vinculado a Ana Carolina Alzugaray y la semana pasada fue procesada. 

Un hombre de 50 años fue detenido este jueves por la noche acusado de abusar sexualmente de una vecina de nacionalidad brasilera en un edificio ubicado en la zona central de Rosario. El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 en un inmueble situado sobre Balcarce al 1200.

Según la exposición de la víctima, de 22 años, el incidente se desencadenó cuando solicitó la colaboración de un residente de la planta baja, identificado como Julián K., para trasladar una mesa hacia su departamento. La joven refirió que, tras retirarse la amiga que la acompañaba inicialmente, quedó a solas con el vecino en el interior de la vivienda, momento en que este cometió el ataque sexual.

Tras librarse del agresor, la víctima dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad para requerir asistencia. Efectivos de la Brigada Motorizada acudieron al edificio tras el llamado. La joven fue derivada a la sede de la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia y recibió la contención del gabinete interdisciplinario.

Personal policial procedió al arresto del sospechoso en las instalaciones del mismo edificio. El hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la realización de los peritajes médicos de rigor.

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe intervino de manera urgente el colegio Domingo Faustino Sarmiento, conocido como ex Nacional Nº 1, luego de que un docente de inglés fuera detenido por efectivos del 911 dentro del establecimiento. 

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2026, tras denuncias por presunto acoso sexual realizadas por alumnas de cuarto y quinto año, quienes habrían manifestado estas situaciones durante las últimas dos semanas.

La cartera educativa confirmó la activación inmediata del protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. Como medida administrativa, se dispuso la apertura de un sumario contra el docente, de 53 años, quien permanece alojado en la Comisaría Segunda tras las denuncias radicadas en el Centro Territorial de Denuncias y en la Comisaría de la Mujer.

El operativo policial se desencadenó cuando las estudiantes se negaron a ingresar al colegio al observar el vehículo del profesor. Ante esta situación, los padres realizaron un llamado al 911, lo que derivó en la aprehensión del hombre en su lugar de trabajo.

Actualmente, integrantes del Equipo Socioeducativo trabajan en la institución para resguardar a los alumnos y a la comunidad educativa. Durante la jornada, se realizaron reuniones con autoridades y docentes, y se estableció un cronograma de encuentros con las familias involucradas que comenzará a desarrollarse a partir de mañana.

Candela Arizaga, la joven que denunció al sindicalista y exdiputado nacional Facundo Moyano por violencia de género, es una joven rosarina modelo e influencer que construyó su perfil público a través de las redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y su fanatismo por Rosario Central.

Su nombre comenzó a circular en los medios a principios de 2024, cuando se confirmó su relación con el cantante L-Gante. Durante ese vínculo acompañó al artista en distintas apariciones públicas y televisivas, además de protagonizar algunos cruces mediáticos con Wanda Nara.

Meses después también fue relacionada sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres, algo que no fue confirmado oficialmente. 

A comienzos de 2026 empezó una relación con el dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano, con quien fue vista en distintas salidas públicas. En las últimas horas la joven rosarina denunció a Moyano tras un presunto episodio de violencia de género ocurrido en el barrio porteño de Belgrano y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires demoró al dirigente sindical.

Según la investigación, Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para su atención, mientras la Justicia avanza con la pesquisa para esclarecer el hecho. El caso se encuentra en plena etapa investigativa y aún no se informó la situación procesal del exlegislador.

Un hombre de 48 años fue aprehendido en la localidad de Arroyo Seco luego de que se radicara una denuncia por amenazas de muerte contra una mujer. El procedimiento policial permitió descubrir que el detenido contaba con un pedido de paradero activo que databa de hacía más de siete años.

La intervención de las fuerzas de seguridad se originó este sábado por la tarde tras la denuncia de un joven de 24 años. El denunciante relató que el agresor, identificado como José M., se presentó en la vivienda de su madre —quien fuera pareja del atacante— para amenazarla de muerte.

Horas más tarde, el sujeto se apersonó en el lugar de trabajo del joven, lo que motivó que este acudiera a la sede policial para radicar la denuncia por temor a posibles represalias.

A partir de la descripción física y de la vestimenta del sospechoso, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron un patrullaje preventivo por la zona. El hombre fue localizado y arrestado alrededor de las 14.30 en la intersección de las calles Islas Malvinas y Garrahan.

Al verificar los datos filiatorios en el sistema, la operadora en turno informó que sobre el individuo pesaba un pedido de paradero vigente desde el 21 de febrero de 2019. Tras el hallazgo, el hombre quedó alojado en la Comisaría 27ª de Arroyo Seco, bajo disposición de la Justicia.

Una vecina de Rosario denunció públicamente que su perro fue gravemente herido por dos pitbull que, según afirmó, fueron soltados por su propietario de manera intencional. El episodio ocurrió el domingo por la noche en una zona céntrica de la ciudad y, de acuerdo con la denunciante, no sería un hecho aislado, ya que otros vecinos también habrían sufrido situaciones similares.

La damnificada, Patricia, relató que había salido a pasear con su caniche cuando fue sorprendido por los dos animales. Según su testimonio, el ataque le provocó importantes lesiones en una de sus patas y en parte del rostro.

“El domingo a la noche saqué a pasear a mi caniche y estos dos pitbull lo terminaron destrozando. Le lastimaron la pierna y parte de la cara. Lo más desesperante fue que el dueño no hizo nada para detenerlos mientras veía lo que estaba pasando”, expresó.

La mujer sostuvo que el propietario de los perros ya había sido denunciado en otras oportunidades por vecinos del barrio y que, pese a las intervenciones realizadas, la situación continúa repitiéndose.

“A pesar de las denuncias que ya se hicieron y de que le labraron un acta y le aplicaron una multa, sigue haciendo lo que quiere. Mucha gente de distintas plazas de la zona ya sufrió ataques similares”, aseguró.

Patricia también manifestó que el hombre incluso exhibiría a los animales en redes sociales con publicaciones que, según dijo, hacen referencia a su comportamiento agresivo.

“Se jacta de que sus perros son el terror del barrio. Esto no puede seguir pasando”, afirmó.

La vecina indicó que, además de exponer el caso públicamente, presentó una denuncia penal y reclamó una respuesta de las autoridades competentes.

“Yo ya hice la denuncia penal. Lo único que pido es que esto se difunda para evitar que la próxima víctima sea una persona o un chico. Parece que están esperando que ocurra una tragedia para actuar”, señaló.

Finalmente, Patricia aseguró que, pese a los procedimientos realizados anteriormente, los animales permanecen en la vivienda de su propietario.

“Me dijeron que iban a intervenir, pero hoy pasé por el lugar y los perros seguían ahí. No es la primera vez que ocurre y nadie toma una medida definitiva”, concluyó.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre nuevas actuaciones vinculadas con este episodio. Entretanto, la denunciante insiste en que las autoridades adopten medidas preventivas para evitar nuevos ataques.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por los incidentes registrados durante la madrugada en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba la selección en México.

Según denunció la delegación, un grupo de hinchas locales realizó ruidos de manera constante con el objetivo de no permitir el descanso de los jugadores antes del encuentro de este martes.

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección… pic.twitter.com/By45QWaGou

De acuerdo con el informe presentado por la federación, los simpatizantes utilizaron pirotecnia, elementos sonoros y cánticos durante varias horas, lo que impidió que gran parte del plantel pudiera dormir con normalidad en la previa del compromiso.

📍Comunicado oficial pic.twitter.com/7jbJcsiHXr

Desde la dirigencia ecuatoriana consideraron que este tipo de acciones atentan contra los principios del juego limpio y afectan las condiciones de igualdad en una competencia internacional. Por ese motivo, solicitaron que la FIFA analice lo ocurrido y evalúe posibles sanciones.

Además, el reclamo apunta a la revisión de los protocolos de seguridad para los equipos visitantes con el fin de evitar situaciones similares en futuros compromisos del torneo.

El gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tras la difusión de imágenes que muestran la matanza de más de 300 animales autóctonos. Los hechos, que generaron un fuerte repudio en redes sociales, ocurrieron en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos, dentro del departamento Vera.

En las fotografías se observa a grupos de turistas posando junto a una gran cantidad de patos, yacarés y diversas aves protegidas que fueron ejecutadas.

De acuerdo con la información oficial, los responsables de organizar la actividad serían cazadores provenientes del exterior, quienes abonaron altas sumas en dólares para realizar las excursiones de caza.

Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, confirmó que la presentación judicial ya se encuentra en curso y que la Guardia Rural Los Pumas realiza inspecciones de oficio en el área de Tostado.

La investigación preliminar determinó que el contingente fue coordinado por un operador de la provincia de Córdoba que no figura en los registros de la Secretaría de Turismo santafesina. En tanto, se constató que el guía no poseía credenciales habilitantes y que el establecimiento rural donde se produjo la matanza no es una zona autorizada para la caza.

Desde el Ministerio de Ambiente recordaron que, incluso si la actividad hubiese contado con permisos administrativos, se violó la ley nacional de fauna y las normativas locales. La resolución vigente desde el 30 de abril establece un límite máximo de 12 patos diarios por persona, cifra que fue ampliamente superada en este episodio.

Por otro lado, la Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe manifestó su rechazo ante lo sucedido a través de su apoderado, Marcos Oalechea. El representante del sector afirmó que este tipo de hechos clandestinos perjudica a las nueve empresas habilitadas que trabajan bajo controles oficiales y generan empleo en las localidades del interior.

Oalechea subrayó la necesidad de profundizar las tareas de control para identificar a operadores clandestinos y cazadores furtivos que dañan la imagen de la actividad regulada.

Un episodio de maltrato animal ocurrido en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno generó indignación en redes sociales este martes. Un vigilador agredió a un perro para sacarlo de las instalaciones. A raíz de lo ocurrido, fue separado de sus tareas. 

El incidente sucedió en las últimas horas, en la estación de colectivos de Cafferata y Santa Fe. Según las primeras informaciones, un hombre que se encontraba cuidando el lugar revoleó de forma brusca a un animal que estaba en el interior. Rápidamente, algunos trabajadores y pasajeros presentes, conmovidos por la secuencia, intercedieron. El momento se viralizó en internet y las consecuencias no tardaron en llegar.

El jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, brindó declaraciones al respecto y subrayó: “Apenas tomamos conocimiento del hecho por el video que se publicó, accionamos inmediatamente. Ocurra donde ocurra es repudiable y condenable”. 

En este sentido, puntualizó que se trata de “personal de seguridad contratado por una empresa que nosotros, a su vez, tenemos contratada para hacer el servicio de vigilancia”. Luego, confirmó que desde el municipio se contactaron con el empleador del acusado, le pidieron que lo retiren de su labor en la terminal y que nunca más lo vuelvan a ubicar allí. Además, instaron a la firma a que le apliquen un castigo.

Por otro lado, la subsecretaria de Legal y Técnica local, Juliana Conti, confirmó que pueden se aplicar sanciones por maltrato o crueldad animal. “Hay multas económicas, pero nosotros también venimos impulsando sanciones que tengan que ver con la concientización”.

Maltrato animal: un vigilador agredió a un perro que quería entrar a la terminal de ómnibus de Rosario.Un fuerte episodio de maltrato animal ocurrido en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno de Rosario generó indignación en redes sociales. Un video viralizado muestra el momento… pic.twitter.com/cheX9Luatt

La vicepresidenta de la agrupación Centro de Integración Riverplatense, vinculada al espacio Primero River, Mónica Ernitz, cuestionó a la dirigencia de River Plate por la falta de respuestas ante una denuncia por presunto abuso sexual. La presentación, realizada el 8 de abril en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, apunta contra el jefe de la seguridad del club.

Ernitz se refirió al tema durante una entrevista en radio Splendid y sostuvo que elevaron una nota al presidente Stefano Di Carlo el 13 de abril solicitando información sobre el caso, sin obtener respuesta. En ese sentido, mostró su preocupación por el manejo de la institución con respecto al tema y el silencio del oficialismo.

La dirigente opositora explicó que tomo conocimiento del hecho días atrás y que, junto a otros socios, decidieron avanzar con el reclamo por la gravedad de la denuncia. Además, indicó que la persona denunciante es una empleada del área de seguridad del club y puso en duda si se activaron los protocolos correspondientes.

En ese marco, Ernitz señaló que “están involucrados dos empleados del club” y advirtió sobre el “hermetismo” en torno al caso, al tiempo que reclamó una postura clara por parte de la dirigencia. Por otro lado, desde el oficialismo dejaron trascender que la denunciante había tenido conflictos previos y que el hecho denunciado habría sido interpretado como un contacto físico sin intención, lo que también forma parte de la investigación en curso.

Por Mauro Yasprizza.

La Justicia Federal de Santa Fe ordenó una serie de medidas probatorias en el marco de una denuncia presentada por apoderados de la alianza “Provincias Unidas” contra la agrupación “Fuerza Patria”. El expediente busca determinar si la “Asociación Civil 29 de Abril”, con sede en la capital provincial, fue utilizada para canalizar fondos de manera irregular durante la campaña electoral de octubre de 2025.

La Justicia Federal de Santa Fe activó una investigación que podría destapar un nuevo capítulo en la trama del financiamiento político local. A partir de una denuncia formulada por los apoderados de la alianza “Provincias Unidas”, el Juzgado Federal N° 1 —a través de la Secretaría Electoral— dispuso una batería de medidas para esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a la campaña de “Fuerza Patria”, una de las fuerzas que compitió en las elecciones generales de octubre pasado.

El expediente, caratulado como CNE 11354/2025, busca determinar si la Asociación Civil 29 de Abril, con domicilio declarado en Centenera 4095, ciudad de Santa Fe, fue utilizada como pantalla para canalizar aportes o gastos de campaña fuera del circuito legal.

Entre las medidas ordenadas, el juez requirió: la incorporación del informe previo de campaña de “Fuerza Patria”, un reporte financiero de la Asociación Civil 29 de Abril elaborado por el sistema Nosis, y la solicitud a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de copias certificadas del estatuto, los libros contables y el último balance de la entidad.

Además, la resolución dispone que personal de la Policía Federal Argentina constate en un plazo de siete días la existencia física del domicilio declarado y determine si allí efectivamente funciona la sede de la asociación. En caso afirmativo, los agentes deberán identificar a las personas que frecuentan el lugar, sean de manera transitoria o permanente.

Si bien desde el entorno de “Fuerza Patria” aún no hubo declaraciones públicas, fuentes judiciales adelantaron que el objetivo de las diligencias es “verificar la trazabilidad del dinero” y comprobar si hubo aportes encubiertos o desvíos a través de estructuras sin fines de lucro.

La investigación se enmarca en un contexto donde la Justicia Electoral viene reforzando los controles sobre el origen y destino de los fondos de campaña, un terreno históricamente opaco que ha expuesto vínculos entre la política, las asociaciones civiles y, en algunos casos, empresarios o particulares que buscan influir en los comicios.

Con las medidas en curso, el Juzgado Federal espera tener resultados antes de fin de mes para definir si existen elementos suficientes para abrir una causa penal. De comprobarse las irregularidades, podrían derivarse imputaciones tanto para dirigentes partidarios como para responsables de la asociación investigada.

El caso promete sacudir el tablero político santafesino y reabrir el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral, un tema que, a pesar de los años, sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia argentina.

El intendente Pablo Javkin rompió el silencio este jueves sobre la denuncia de Provincias Unidas contra el bloque político Fuerza Patria por el financiamiento de propaganda política digital con fondos de la Asociación Civil 29 de Abril, creada para asistir a damnificados por las inundaciones de 2003.

El jefe municipal de la ciudad habló esta mañana sobre el hallazgo de una suma que asciende a los 21 millones de pesos que, según el Centro de Transparencia de Google, fue aportada desde la ONG para la difusión de avisos electorales de la lista encabezada por la diputada electa Caren Tepp. 

En primer lugar, Javkin afirmó: “Yo espero que la Justicia avance rápido porque el hecho es muy contundente, pero quiero dejarlo claro porque a veces esto se mezcla con disputas electorales. No estamos suponiendo un hecho, se encontró un aporte directo”.

Luego, el funcionario apuntó contra Fuerza Patria y aseguró que “estas son las consecuencias de juntarse con determinadas personas, eso es lo que acá se comprobó". También, agregó: "Espero que se aclare y que haya una respuesta que no tenga que ver con cuestiones de posicionamiento partidario, porque es gravísimo lo que ha sucedido”.

Por otra parte, el intendente remarcó la importancia de que la investigación esclarezca “cuál es el origen de esos fondos” y “cómo los recibió”. En la misma línea, agregó: “Lo más grave es el destino, porque era plata que estaba destinada al fortalecimiento del trabajo de esa fundación que se usó en forma directa en una campaña electoral para pautar avisos”.

En la misma línea, el mandatario remarcó: “Es muy contundente, es una prueba de recepción de dinero en blanco. No estamos hablando de una suposición o de que una fundación tenga una simpatía política, porque de eso están en su derecho, acá hay funcionarios públicos”. 

“Los avisos benefician a la candidata Tepp, espero que ellos mismos también impulsen esa investigación porque realmente es gravísimo”, sentenció Javkin.

Un jubilado mendocino presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, luego de asegurar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19.

El caso contrasta con la Ley 27.573, sancionada en octubre de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, que protege a las farmacéuticas de demandas civiles directas. Según esta normativa, los afectados deben recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves y científicamente comprobados.

El demandante, que pudo costear estudios médicos y asesoría legal, reclama indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca. Según su presentación, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas, como manejar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Los dirigentes opositores acusan al magistrado de mal desempeño y de la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, al considerar que la cautelar significó una vulneración directa de la libertad de expresión.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

El legislador agregó que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables” y sostuvo: “Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”.

La denuncia apunta a que la resolución de Maraniello, que fue dictada en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), implicó “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Además, Carrió, Campagnoli y Reyes señalaron una supuesta connivencia con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que habría buscado encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra el juez.

Otro de los puntos principales apunta a que Maraniello, como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), formaría parte de una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, con vínculos con laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., empresas involucradas en la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado que derivó en decenas de muertes.

Los denunciantes remarcaron que el juez acumula al menos cinco acusaciones por abuso moral, sexual y violencia de género, realizadas por empleadas de su juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluye la presentación.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó este miércoles dos denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. En ambos casos, el magistrado consideró que las expresiones emitidas por los comunicadores están protegidas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.

La denuncia contra Pagni se originó tras una emisión del programa Odisea Argentina (LN+), el pasado 28 de abril, donde el periodista realizó un análisis histórico que, según interpretó Milei, sugería un paralelismo entre su llegada al poder y la de Adolf Hitler. El Presidente sostuvo que ese planteo afectaba su honor y reputación.

No obstante, Rafecas concluyó que “no se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante” y señaló que las declaraciones de Pagni se inscriben en el marco del “debate político”, lo que impide cualquier tipo de sanción penal.

El juez citó principios constitucionales y tratados internacionales que consagran la libertad de expresión e hizo referencia al fallo “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios públicos deben estar expuestos a un mayor grado de crítica.

En paralelo, Rafecas también desestimó otra denuncia que Milei había presentado contra Ari Lijalad, autor de una columna publicada el 4 de mayo en El Destape bajo el título “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.

En ambos expedientes, el magistrado determinó la inexistencia de delito y resolvió su archivo. Además, advirtió que la persecución penal de opiniones periodísticas “podría lesionar gravemente el debate democrático”.

La Municipalidad de Rosario reveló que se utilizaron ambulancias para cortar la calle durante una protesta sindical e irá a la Justicia.

El intendente Pablo Javkin denunció este jueves que, en el marco de la negociación paritaria, el gremio de trabajadores municipales bloqueó trazas del centro con cinco móviles del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). En consecuencia, el municipio ordenó la instrucción de sumarios internos y presentará una denuncia penal.

En redes sociales, el jefe municipal difundió lo ocurrido y apuntó: “No vamos a naturalizar que se usen ambulancias como si fueran propiedad privada de algún dirigente. Esos vehículos son de todos los rosarinos y deben estar disponibles para salvar vidas, no para hacer campaña".

En la misma línea, Javkin aseguró que “los que usaron las ambulancias para intereses personales o políticos deberán rendir cuentas”.

El municipio informó este domingo que Rosario llegó a las 5.189 denuncias ciudadanas desde su habilitación y detalló cuáles son las faltas más reportadas por los rosarinos.

El mecanismo que permite dar constancia de un hecho vía web entró en vigencia en agosto de 2022 en el marco del nuevo Código de Convivencia. Es así como la ciudadanía puede señalar faltas proporcionando día, hora y lugar; junto con una descripción de lo sucedido y la posibilidad de adjuntar pruebas.

Según puntualizó el municipio, la principal causa de denuncias ciudadanas registrada en los últimos dos años y medio fueron aquellas relacionadas a estacionamiento en lugares prohibidos, con un total de 2.467 notificaciones. La zona más denunciada es el centro con un 68 por ciento de las solicitudes. 

En este sentido, 898 casos corresponden a obstrucciones de vereda; 576 a bloqueos de cochera; 204 a lugares reservados para discapacitados; 134 a paradas de colectivos; 106 a sendas peatonales y 91 en paradas de transporte escolar; entre otras ubicaciones.

Por otro lado, fueron denunciados 284 casos de terrenos baldíos; 44 episodios de discriminación y 31 de acoso sexual callejero. A partir este mes, el municipio incorporó la posibilidad de denunciar faltas de tránsito. Entre las posibles causas aparece la circulación imprudente; en contramano; por ciclovías; trasladando menores de 10 años en el asiento delantero; motos con más de un acompañante o motociclistas conduciendo sin casco.

Una adolescente de 16 años denunció haber sido abusada sexualmente en una vivienda de zona sur a la que acudió junto a un joven tras salir de un boliche. Como resultado del operativo policial, el presunto abusador fue detenido, al igual que otro hombre en cuya casa se encontraron armas de fuego.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo. La joven relató que había asistido a un boliche ubicado en Central Argentino y Echeverría y, al retirarse, abordó un Uber junto a Franco M., con quien se dirigió a una vivienda en la calle Bernardi al 6800, propiedad de Gabriel A., quien en ese momento dormía.

De acuerdo con la denuncia, en el interior del domicilio, Franco M. habría abusado sexualmente de la joven. Ante la agresión, la adolescente comenzó a gritar pidiendo irse, lo que despertó a Gabriel A. Este último decidió llevarla hasta su casa, donde la víctima logró comunicarse con el 911 para pedir ayuda.

Cuando los agentes llegaron a la dirección indicada, encontraron a dos hombres discutiendo en la vereda. Uno de ellos, al notar la presencia policial, intentó ingresar rápidamente a la vivienda, siendo identificado como el señalado en la denuncia.

El caso fue remitido a la fiscalía de delitos sexuales, y se solicitó la intervención de la PDI para el secuestro de pruebas. Durante el procedimiento, además, los efectivos hallaron en una mesa de luz un pistolón calibre 36 y diez cartuchos del mismo calibre, por lo que Gabriel A. fue también detenido tras admitir que el arma le pertenecía.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la comisaría 15ª, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación.

Alberto Fernández rompió el silencio y rechazó las acusaciones de su expareja Fabiola Yáñez, quien lo señaló por haber ejercido violencia de género en su contra. Además, el expresidente de la Nación afirmó que la madre de su hijo padece una enfermedad por adicción al alcohol.

Durante una entrevista con el diario Perfil, Fernández se refirió a la denuncia de violencia de género y maltrato psicológico, así como también sobre la fiesta de Olivos y otras cuestiones de la actualidad política.

“En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático, pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea como ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso”, expresó el exmandatario.

En tanto, tras la denuncia de Yáñez, respondió: “¿Cómo voy a patearla en el piso? Yo estuve 18 años casado con la mamá de Tani, y estuve 11, 12 años con Vilma. Hasta el día de hoy tengo un vínculo espléndido con las dos y me siguen llamando y me siguen saludando para Navidad, para fin de año, y están preocupadas y me preguntan, ¿qué pasó, me volví loco un día?”.

“Cuando apareció la famosa foto en el teléfono de María Cantero, que yo nunca la vi hasta que apareció publicada, y ella no sabía decirme de qué día era la foto que tenía María Cantero. Ahora, como ella estaba muy enojada conmigo porque me atribuía a mí la responsabilidad de no parar mediáticamente esa avanzada sobre ella por el tema de la foto, creo que la agarró en un mal día”, sostuvo.

Al respecto, continuó: “No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema. No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo. Hay una pericia psiquiátrica de noviembre del año 2023, que ella se hace y presenta la razón de ser de su malestar psicológico por el problema de los medios, que yo lo creo. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme”.

A lo largo de la entrevista, el expresidente admitió haber tenido idas y vueltas en la relación con la experiodista, por lo que reconoció que debió practicarse -al menos- dos abortos de los que no supo hasta que estuvieron efectuados.

“Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí”, remarcó.

Con respecto a la decisión de Yáñez de no continuar cursando el embarazo, señaló: “Ahora, ese hecho no es como ella cuenta, para nada fue así. Fue una decisión de ella y siempre ha tenido un problema para asumir la idea de la maternidad. No fue conmigo, antes de conocerme, tenía ya un problema para resolver el tema de la maternidad, me parece que el tema la asustó”.

A su vez, Fernández se manifestó sobre las intenciones de su pareja de tratar sus problemas psicológicos en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) fundado por Facundo Manes, aunque asegura haberse mantenido al margen del tratamiento.

“Después vino el diagnóstico, que eso lo reservo, está dicho en el expediente, pero lo reservo. Ella se puso muy mal, volví a hablar con Facundo y él me planteó que era un diagnóstico complejo, hizo un par de comentarios más, que también reservo, pero así ocurrió”, indicó.

Por otro lado, reveló que tiempo más tarde, con la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner para convertirse en candidato presidencial en 2019, le planteó a Yáñez si podría afrontar la exposición, a lo que la mujer decidió permanecer en pareja y transformarse en primera dama.

“La quise mucho a Fabiola, y la verdad, una de las cosas que más me apena de todo esto es que yo sé que he sido la persona que más trató de ayudarla en estos temas. La quise mucho, no voy a negarlo”, sostuvo, y agregó: “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando”.

A pesar de las fotos presentadas en la causa, Fernández se distanció de las acusaciones y sostuvo que solo intentaba “agarrarle las muñecas para que no revoleara los brazos, y después generalmente se desmoronaba y entraba en un proceso de angustia muy profunda”.

“Lo que sí es llamativo del golpe en la axila, primero que es muy difícil zamarrear a alguien a esa altura, sinceramente. Generalmente se zamarrea a alguien, calculo yo, a la altura de los codos. Y si uno lee la historia clínica de Ineco, una de las observaciones que hay es que ella, después de tomar, suele caerse en las bañeras. Para despabilarse trata de bañarse, y suele caer en la bañera, y se cayó muchas veces en las bañeras”, argumentó.