Por Mauro Yasprizza.

La Justicia Federal de Santa Fe ordenó una serie de medidas probatorias en el marco de una denuncia presentada por apoderados de la alianza “Provincias Unidas” contra la agrupación “Fuerza Patria”. El expediente busca determinar si la “Asociación Civil 29 de Abril”, con sede en la capital provincial, fue utilizada para canalizar fondos de manera irregular durante la campaña electoral de octubre de 2025.

La Justicia Federal de Santa Fe activó una investigación que podría destapar un nuevo capítulo en la trama del financiamiento político local. A partir de una denuncia formulada por los apoderados de la alianza “Provincias Unidas”, el Juzgado Federal N° 1 —a través de la Secretaría Electoral— dispuso una batería de medidas para esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a la campaña de “Fuerza Patria”, una de las fuerzas que compitió en las elecciones generales de octubre pasado.

El expediente, caratulado como CNE 11354/2025, busca determinar si la Asociación Civil 29 de Abril, con domicilio declarado en Centenera 4095, ciudad de Santa Fe, fue utilizada como pantalla para canalizar aportes o gastos de campaña fuera del circuito legal.

Entre las medidas ordenadas, el juez requirió: la incorporación del informe previo de campaña de “Fuerza Patria”, un reporte financiero de la Asociación Civil 29 de Abril elaborado por el sistema Nosis, y la solicitud a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de copias certificadas del estatuto, los libros contables y el último balance de la entidad.

Además, la resolución dispone que personal de la Policía Federal Argentina constate en un plazo de siete días la existencia física del domicilio declarado y determine si allí efectivamente funciona la sede de la asociación. En caso afirmativo, los agentes deberán identificar a las personas que frecuentan el lugar, sean de manera transitoria o permanente.

Si bien desde el entorno de “Fuerza Patria” aún no hubo declaraciones públicas, fuentes judiciales adelantaron que el objetivo de las diligencias es “verificar la trazabilidad del dinero” y comprobar si hubo aportes encubiertos o desvíos a través de estructuras sin fines de lucro.

La investigación se enmarca en un contexto donde la Justicia Electoral viene reforzando los controles sobre el origen y destino de los fondos de campaña, un terreno históricamente opaco que ha expuesto vínculos entre la política, las asociaciones civiles y, en algunos casos, empresarios o particulares que buscan influir en los comicios.

Con las medidas en curso, el Juzgado Federal espera tener resultados antes de fin de mes para definir si existen elementos suficientes para abrir una causa penal. De comprobarse las irregularidades, podrían derivarse imputaciones tanto para dirigentes partidarios como para responsables de la asociación investigada.

El caso promete sacudir el tablero político santafesino y reabrir el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral, un tema que, a pesar de los años, sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia argentina.

El intendente Pablo Javkin rompió el silencio este jueves sobre la denuncia de Provincias Unidas contra el bloque político Fuerza Patria por el financiamiento de propaganda política digital con fondos de la Asociación Civil 29 de Abril, creada para asistir a damnificados por las inundaciones de 2003.

El jefe municipal de la ciudad habló esta mañana sobre el hallazgo de una suma que asciende a los 21 millones de pesos que, según el Centro de Transparencia de Google, fue aportada desde la ONG para la difusión de avisos electorales de la lista encabezada por la diputada electa Caren Tepp. 

En primer lugar, Javkin afirmó: “Yo espero que la Justicia avance rápido porque el hecho es muy contundente, pero quiero dejarlo claro porque a veces esto se mezcla con disputas electorales. No estamos suponiendo un hecho, se encontró un aporte directo”.

Luego, el funcionario apuntó contra Fuerza Patria y aseguró que “estas son las consecuencias de juntarse con determinadas personas, eso es lo que acá se comprobó". También, agregó: "Espero que se aclare y que haya una respuesta que no tenga que ver con cuestiones de posicionamiento partidario, porque es gravísimo lo que ha sucedido”.

Por otra parte, el intendente remarcó la importancia de que la investigación esclarezca “cuál es el origen de esos fondos” y “cómo los recibió”. En la misma línea, agregó: “Lo más grave es el destino, porque era plata que estaba destinada al fortalecimiento del trabajo de esa fundación que se usó en forma directa en una campaña electoral para pautar avisos”.

En la misma línea, el mandatario remarcó: “Es muy contundente, es una prueba de recepción de dinero en blanco. No estamos hablando de una suposición o de que una fundación tenga una simpatía política, porque de eso están en su derecho, acá hay funcionarios públicos”. 

“Los avisos benefician a la candidata Tepp, espero que ellos mismos también impulsen esa investigación porque realmente es gravísimo”, sentenció Javkin.

Un jubilado mendocino presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, luego de asegurar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19.

El caso contrasta con la Ley 27.573, sancionada en octubre de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, que protege a las farmacéuticas de demandas civiles directas. Según esta normativa, los afectados deben recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves y científicamente comprobados.

El demandante, que pudo costear estudios médicos y asesoría legal, reclama indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca. Según su presentación, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas, como manejar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Los dirigentes opositores acusan al magistrado de mal desempeño y de la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, al considerar que la cautelar significó una vulneración directa de la libertad de expresión.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

El legislador agregó que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables” y sostuvo: “Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”.

La denuncia apunta a que la resolución de Maraniello, que fue dictada en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), implicó “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Además, Carrió, Campagnoli y Reyes señalaron una supuesta connivencia con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que habría buscado encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra el juez.

Otro de los puntos principales apunta a que Maraniello, como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), formaría parte de una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, con vínculos con laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., empresas involucradas en la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado que derivó en decenas de muertes.

Los denunciantes remarcaron que el juez acumula al menos cinco acusaciones por abuso moral, sexual y violencia de género, realizadas por empleadas de su juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluye la presentación.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó este miércoles dos denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. En ambos casos, el magistrado consideró que las expresiones emitidas por los comunicadores están protegidas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.

La denuncia contra Pagni se originó tras una emisión del programa Odisea Argentina (LN+), el pasado 28 de abril, donde el periodista realizó un análisis histórico que, según interpretó Milei, sugería un paralelismo entre su llegada al poder y la de Adolf Hitler. El Presidente sostuvo que ese planteo afectaba su honor y reputación.

No obstante, Rafecas concluyó que “no se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante” y señaló que las declaraciones de Pagni se inscriben en el marco del “debate político”, lo que impide cualquier tipo de sanción penal.

El juez citó principios constitucionales y tratados internacionales que consagran la libertad de expresión e hizo referencia al fallo “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios públicos deben estar expuestos a un mayor grado de crítica.

En paralelo, Rafecas también desestimó otra denuncia que Milei había presentado contra Ari Lijalad, autor de una columna publicada el 4 de mayo en El Destape bajo el título “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.

En ambos expedientes, el magistrado determinó la inexistencia de delito y resolvió su archivo. Además, advirtió que la persecución penal de opiniones periodísticas “podría lesionar gravemente el debate democrático”.

La Municipalidad de Rosario reveló que se utilizaron ambulancias para cortar la calle durante una protesta sindical e irá a la Justicia.

El intendente Pablo Javkin denunció este jueves que, en el marco de la negociación paritaria, el gremio de trabajadores municipales bloqueó trazas del centro con cinco móviles del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). En consecuencia, el municipio ordenó la instrucción de sumarios internos y presentará una denuncia penal.

En redes sociales, el jefe municipal difundió lo ocurrido y apuntó: “No vamos a naturalizar que se usen ambulancias como si fueran propiedad privada de algún dirigente. Esos vehículos son de todos los rosarinos y deben estar disponibles para salvar vidas, no para hacer campaña".

En la misma línea, Javkin aseguró que “los que usaron las ambulancias para intereses personales o políticos deberán rendir cuentas”.

El municipio informó este domingo que Rosario llegó a las 5.189 denuncias ciudadanas desde su habilitación y detalló cuáles son las faltas más reportadas por los rosarinos.

El mecanismo que permite dar constancia de un hecho vía web entró en vigencia en agosto de 2022 en el marco del nuevo Código de Convivencia. Es así como la ciudadanía puede señalar faltas proporcionando día, hora y lugar; junto con una descripción de lo sucedido y la posibilidad de adjuntar pruebas.

Según puntualizó el municipio, la principal causa de denuncias ciudadanas registrada en los últimos dos años y medio fueron aquellas relacionadas a estacionamiento en lugares prohibidos, con un total de 2.467 notificaciones. La zona más denunciada es el centro con un 68 por ciento de las solicitudes. 

En este sentido, 898 casos corresponden a obstrucciones de vereda; 576 a bloqueos de cochera; 204 a lugares reservados para discapacitados; 134 a paradas de colectivos; 106 a sendas peatonales y 91 en paradas de transporte escolar; entre otras ubicaciones.

Por otro lado, fueron denunciados 284 casos de terrenos baldíos; 44 episodios de discriminación y 31 de acoso sexual callejero. A partir este mes, el municipio incorporó la posibilidad de denunciar faltas de tránsito. Entre las posibles causas aparece la circulación imprudente; en contramano; por ciclovías; trasladando menores de 10 años en el asiento delantero; motos con más de un acompañante o motociclistas conduciendo sin casco.

Una adolescente de 16 años denunció haber sido abusada sexualmente en una vivienda de zona sur a la que acudió junto a un joven tras salir de un boliche. Como resultado del operativo policial, el presunto abusador fue detenido, al igual que otro hombre en cuya casa se encontraron armas de fuego.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo. La joven relató que había asistido a un boliche ubicado en Central Argentino y Echeverría y, al retirarse, abordó un Uber junto a Franco M., con quien se dirigió a una vivienda en la calle Bernardi al 6800, propiedad de Gabriel A., quien en ese momento dormía.

De acuerdo con la denuncia, en el interior del domicilio, Franco M. habría abusado sexualmente de la joven. Ante la agresión, la adolescente comenzó a gritar pidiendo irse, lo que despertó a Gabriel A. Este último decidió llevarla hasta su casa, donde la víctima logró comunicarse con el 911 para pedir ayuda.

Cuando los agentes llegaron a la dirección indicada, encontraron a dos hombres discutiendo en la vereda. Uno de ellos, al notar la presencia policial, intentó ingresar rápidamente a la vivienda, siendo identificado como el señalado en la denuncia.

El caso fue remitido a la fiscalía de delitos sexuales, y se solicitó la intervención de la PDI para el secuestro de pruebas. Durante el procedimiento, además, los efectivos hallaron en una mesa de luz un pistolón calibre 36 y diez cartuchos del mismo calibre, por lo que Gabriel A. fue también detenido tras admitir que el arma le pertenecía.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la comisaría 15ª, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación.

Alberto Fernández rompió el silencio y rechazó las acusaciones de su expareja Fabiola Yáñez, quien lo señaló por haber ejercido violencia de género en su contra. Además, el expresidente de la Nación afirmó que la madre de su hijo padece una enfermedad por adicción al alcohol.

Durante una entrevista con el diario Perfil, Fernández se refirió a la denuncia de violencia de género y maltrato psicológico, así como también sobre la fiesta de Olivos y otras cuestiones de la actualidad política.

“En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático, pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea como ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso”, expresó el exmandatario.

En tanto, tras la denuncia de Yáñez, respondió: “¿Cómo voy a patearla en el piso? Yo estuve 18 años casado con la mamá de Tani, y estuve 11, 12 años con Vilma. Hasta el día de hoy tengo un vínculo espléndido con las dos y me siguen llamando y me siguen saludando para Navidad, para fin de año, y están preocupadas y me preguntan, ¿qué pasó, me volví loco un día?”.

“Cuando apareció la famosa foto en el teléfono de María Cantero, que yo nunca la vi hasta que apareció publicada, y ella no sabía decirme de qué día era la foto que tenía María Cantero. Ahora, como ella estaba muy enojada conmigo porque me atribuía a mí la responsabilidad de no parar mediáticamente esa avanzada sobre ella por el tema de la foto, creo que la agarró en un mal día”, sostuvo.

Al respecto, continuó: “No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema. No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo. Hay una pericia psiquiátrica de noviembre del año 2023, que ella se hace y presenta la razón de ser de su malestar psicológico por el problema de los medios, que yo lo creo. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme”.

A lo largo de la entrevista, el expresidente admitió haber tenido idas y vueltas en la relación con la experiodista, por lo que reconoció que debió practicarse -al menos- dos abortos de los que no supo hasta que estuvieron efectuados.

“Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí”, remarcó.

Con respecto a la decisión de Yáñez de no continuar cursando el embarazo, señaló: “Ahora, ese hecho no es como ella cuenta, para nada fue así. Fue una decisión de ella y siempre ha tenido un problema para asumir la idea de la maternidad. No fue conmigo, antes de conocerme, tenía ya un problema para resolver el tema de la maternidad, me parece que el tema la asustó”.

A su vez, Fernández se manifestó sobre las intenciones de su pareja de tratar sus problemas psicológicos en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) fundado por Facundo Manes, aunque asegura haberse mantenido al margen del tratamiento.

“Después vino el diagnóstico, que eso lo reservo, está dicho en el expediente, pero lo reservo. Ella se puso muy mal, volví a hablar con Facundo y él me planteó que era un diagnóstico complejo, hizo un par de comentarios más, que también reservo, pero así ocurrió”, indicó.

Por otro lado, reveló que tiempo más tarde, con la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner para convertirse en candidato presidencial en 2019, le planteó a Yáñez si podría afrontar la exposición, a lo que la mujer decidió permanecer en pareja y transformarse en primera dama.

“La quise mucho a Fabiola, y la verdad, una de las cosas que más me apena de todo esto es que yo sé que he sido la persona que más trató de ayudarla en estos temas. La quise mucho, no voy a negarlo”, sostuvo, y agregó: “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando”.

A pesar de las fotos presentadas en la causa, Fernández se distanció de las acusaciones y sostuvo que solo intentaba “agarrarle las muñecas para que no revoleara los brazos, y después generalmente se desmoronaba y entraba en un proceso de angustia muy profunda”.

“Lo que sí es llamativo del golpe en la axila, primero que es muy difícil zamarrear a alguien a esa altura, sinceramente. Generalmente se zamarrea a alguien, calculo yo, a la altura de los codos. Y si uno lee la historia clínica de Ineco, una de las observaciones que hay es que ella, después de tomar, suele caerse en las bañeras. Para despabilarse trata de bañarse, y suele caer en la bañera, y se cayó muchas veces en las bañeras”, argumentó.

El concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, denunció la aparición de una nueva estafa piramidal en esta localidad santafesina, que involucra a alrededor de 900 vecinos que invirtieron una suma de dinero con la promesa de obtener importantes ganancias.

De acuerdo a lo que indica el legislador casildense, se trataría de otro esquema Ponzi, que se caracteriza por realizar propuestas de bajas inversiones en base a promesas irreales de ganancias muy elevadas.

En este caso, el supuesto fraude utiliza la aplicación móvil Peak Capital que, de acuerdo a lo que indica Maroevich, desde hace varias semanas atrás comenzar a notar una actividad sospechosa, cuando un grupo de personas comenzó a promocionar inversiones que aseguraban retornos del 5% en dólares.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Regional y afirman que la aplicación no cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por lo que se inició una investigación judicial para esclarecer los hechos.

“Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas", señaló el concejal denunciante. 

En este sentido, aseveró que pusieron en duda la legalidad de sistema cuando advirtieron que “se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo”.

Asimismo, detalló que los interesados recibían una alerta de inversión a través del grupo de WhatsApp. "Tenían una ventana de siete minutos de tiempo donde tendrían que invertir en una criptomoneda y recibirían altos retornos”, recalcó Maroevich.

“Esta madrugada recibimos mensajes de varios vecinos que nos dicen que ya estarían suspendiendo los retiros durante 10 días, por lo cual estamos aún más preocupados”, aseguró, y agregó que están preocupados porque se trata de trabajadores que sale a buscar el dinero para invertir, atraídos por los intereses que prometen. 

“Estamos evaluando hacer una presentación a Procelac para ver si hay algún tipo de delito con el lado de activos”, afirmó.

En esa misma línea, días atrás se conoció un caso similar en la localidad bonaerense de San Pedro, donde fueron estafados entre 15 y 20 mil habitantes de esa ciudad, relacionada con inversiones en criptomonedas falsas.

Allí funcionaba un esquema conocido como “La China”, promocionado por la Fundación Knight Consortium, que aseguraba duplicar las inversiones en tan solo seis semanas, con promesas de rendimientos diarios de hasta 2% en dólares. 

Tras ser citada en los tribunales de Comodoro Py, la madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declaró en la fiscalía de Ramiro González como testigo en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama.

Según fuentes judiciales Verdugo admitió que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto".

En tanto, la Cámara Federal porteña rechazó este jueves un recurso de queja de la defensa del ex mandatario contra la decisión de extraer en España una copia forense de la información del teléfono celular de Yáñez para su posterior peritaje en Argentina.

Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

En la causa se sumaron audios de conversaciones entre Fernández y Yañez, además de fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Una de estas evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió el miércoles a la prensa.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial el entonces presidente le dice a Yañez frases como "andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!" o "la concha de tu madre", entre otros insultos. 

El hombre que denunció a Marley por abuso y corrupción de menores, Adrián Alfredo Molina, rompió el silencio y por primera vez habló ante los medios acerca de las situaciones que atravesó con el conductor de televisión. 

En diálogo con el programa de Intrusos (América) que conduce Flor de la V, Molina inició su historia y aseguró que para el momento en que comenzó todo “no tenía las herramientas para darse cuenta”. 

“Cuando somos pequeños las cosas no son procesadas en nuestra mente, mucha gente pasa por situaciones de traumas extendidos”, aportó. 

Tras esa aclaración, detalló cómo comenzó y se desarrolló la relación que mantenía con Marley. 

“Empezamos a chatear en 1996, conversación que se trasladó a un mail. Por varios meses nos comunicamos así, no había fotos de intercambio en ese entonces”, aseveró. 

En ese sentido, relató que para el momento de su encuentro presencial, que fue en el barrio de Palermo, ya tenía la impresión de que se trataba de Marley, cuando lo vio en El Libertador y Oro a bordo de un BMW polarizado. 

“No recuerdo palabras, sino sensaciones. Él era una persona muy grande en un auto muy chiquito, una que en mi conciencia tenía un elemento de confianza, de ética, porque lo veía en la televisión de mi casa", apuntó acerca de cómo fue la primera vez que vio al conductor. 

En el marco de ese encuentro, Molina contó que subió al auto de Marley y de ahí comenzaron una relación que duro al menos tres años donde “no podía ir a otro lado donde él no quería ya que no quería ser asociado a hombres, y mucho menos diez años menor”. 

Así las cosas, se refirió al final de la relación con el mediático y cómo tuvo que irse del país por eso: “La situación se tensó cuando él quería tener parejas mujeres, algo que yo no podía entender”. 

“Tenía dos opciones y eso es a raíz de una situación descrita en la causa, o me quedaba en el país y lo tenía que ver todo los días en los medios o me iba y dejaba todo atrás. El facilitó la última opción y me pagó el viaje de ida”, completó. 

Más adelante, habló de que actual pareja fue el que lo ayudó a hacer la denuncia: “Hace dos años se hace una denuncia y empecé a conectar puntos. La primera persona que puso todo en contexto fue mi pareja, que es abogado, y fue el único que hizo las preguntas correctas”. 

Por último, ahondó en las impresiones que tiene sobre Marley actualmente ante las consultas de Flor de la V: “No tengo odio hacia él, estoy sanando. Me produce lástima". 

Este viernes, tras difundirse las imágenes de las agresiones que Fabiola Yáñez habría recibido, la Justicia imputó a Alberto Fernández por violencia de género. 

De acuerdo a la información compartida por la periodista Vanesa Petrillo de la señal C5N, a Fernández “lo notificaron oficialmente de la segunda declaración que hizo Fabiola Yáñez antes los fiscales especializados en violencia de género”.

Antes, el ex mandatario había sido notificado de las medidas restrictivas (se le prohibió acercarse y comunicarse por celular con su ex esposa, y salir del país), a la vez que se le comunicó sobre de la primera declaración de Yáñez. “Está formalmente imputado de graves hechos”, informaron. 

A partir de la imputación, la Justicia comenzará con la etapa de recopilación de pruebas con el propósito de esclarecer los hechos. 

Este jueves por la noche, se difundieron imágenes de una conversación de WhatsApp, entre el ex mandatario y la ex primera dama, donde se la observa con un fuerte golpe en su ojo derecho y con hematomas en uno de sus brazos. 

En el chat Yáñez expresaba: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente”.

En este contexto, se conoció que Alberto Fernández se reunió con sus abogados, en su departamento de Puerto Madero, para preparar la defensa. Asimismo, brindó una entrevista con un medio extranjero, donde se refiere a la acusación de su ex esposa, que será difundida en los próximos días. 

La diputada provincial por el partido socialista, Lionella Cattalini, denunció penalmente al titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntas irregularidades en su labor jurídica. 

Cattalini acusa a Bailaque de retrasar la investigación por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, líder de una banda narcocriminal preso en la cárcel de Ezeiza. Además, sostiene que el magistrado y Alvarado tienen el mismo contador.  

Todo comenzó cuando la diputada se dirigió al Consejo de la Magistratura para conocer cuál era el estado de una denuncia realizada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que señalaba a Bailaque por retrasar una investigación contra Alvarado desde 2013. 

En diálogo con los medios desde el edificio de la Cámara de Apelaciones, Cattalini explicó: “La Justicia federal en la provincia fue oscura y poco comprometida. Los que se comprometieron de verdad fueron los fiscales provinciales, que fueron baleados y amenazados”. 

“Durante años nadie supo nada de lo que pasaba acá adentro con respecto al lavado de activos, trata de personas y narcotráfico”, remarcó. 

Con todo, el tema será tratado en el Consejo de la Magistratura y puede costar la destitución a Bailaque. 

El colectivo feminista Actrices Argentinas lanzó un comunicado en redes sociales solidarizándose con Fabiola Yáñez, luego de su denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. 

En el mensaje, las actrices manifiestan su preocupación por el contexto actual de Argentina, donde, según dicen, "se extinguieron, por orden del gobierno nacional, las políticas de prevención de violencia de género y asistencia a víctimas".

"En el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que ‘la violencia de género no existe’, la denuncia de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos: la violencia de género arrasa en TODOS los ámbitos", señala el comunicado. 

Asimismo, Actrices Argentinas solicitó, mediante la publicación, que se lleve adelante una investigación respetuosa y con perspectiva de género de la denuncia presentada por la ex primera dama. 

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Este martes el expresidente Alberto Fernández emitió un comunicado, a través de sus redes sociales, en donde manifestó su postura respecto a la denuncia en su contra realizada por su ex esposa Fabiola Yánez por violencia de género. 

En el mensaje, el ex mandatario indicó que los hechos que denuncia la ex primera dama son falsos y afirmó tener pruebas, que presentará ante la justicia para demostrar “lo que realmente ocurrió”. 

“Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", expresó Fernández. 

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Yáñez presentó una denuncia por “violencia mental y física”, mediante una videollamada, ante el juez Julián Ercolini, a partir de la cuál la Justicia determinó una medida perimetral que prohíbe a Alberto Fernández acercarse a su ex esposa, así como comunicarse con ella a través de dispositivos electrónicos. Además, el ex mandatario tiene prohibido salir del país. 

En la denuncia, la ex primera dama manifestó que está padeciendo lo que definió como "terrorismo psicológico" por parte de Fernández, así como acoso telefónico, de manera diaria, dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente.

El abogado de Camila Mayan, la ex novia de Alexis Mac Allister, brindó detalles acerca de la demanda que le inició al jugador de la Selección, a través de la cual la demanda una millonaria suma de dinero. 

En diálogo con Intrusos, Trimarco precisó que “la mediación está cerrada” pero que todavía “no hubo acuerdo”. 

“La demanda fue presentada desde hace ya un tiempo y la causa de hecho data de hace más de un año y medio”, agregó. 

En ese sentido, adelantó qué es lo que pretende Cami Mayan con la denuncia: “Lo que pide Camila es confidencial, como toda causa de familia, pero es una compensación económica”. 

Por último, ahondó acerca de los distintos rumores que rodean a la ex pareja y concluyó: “Es falso que le hayan pagado el alquiler a Camila durante dos años y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto”. 

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente y no investigará la denuncia que realizó un fiscal de Corrientes contra el gobernador Gustavo Valdés y demás funcionarios por enturbiar la investigación del caso Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio. 

El magistrado federal argumentó que la causa ya existe bajo el tratamiento de la jueza Cristina Pozzer Penzo, por lo que para que no haya una duplicación de procedimientos judiciales, la denuncia contra el poder quedará en la Justicia Federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Py.

Las acusaciones por aparente encubrimiento, abuso de autoridad, e incumplimiento de deberes públicos fue realizada por un fiscal y alcanza no sólo al gobernador de Corrientes, sino también al Senador provincial Diego Pellegrini; el ministro de seguridad vigente, Alfredo Vallejos; el ex ministro; Buenaventura Duarte; el abogado José Fernández Codazzi; y ex jefes de policía como Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo. 

Según la denuncia, los sospechosos interfirieron en la investigación por la desaparición de Loan Peña, al influir o dificultar el avance de la misma. 

En ese sentido, al obstruir la busqueda del paradero del menor, se habría impactado en la eficacia de las fuerzas de seguridad para realizar las investigaciones pertinentes. 

La productora de eventos Live Nation Entertainment fue denunciada por el gobierno de los Estados Unidos por practicas monopólicas en el mercado de entretenimiento en vivo. 

En ese sentido, a la multinacional se le acusa de obligar a artistas que quieran actuar en grandes lugares a contratar los servicios promocionales de la productora, lo que restringe la competetencia en el mercado. 

Asimismo, la denuncia analiza que Live Nation desviaba eventos de música en vivo a otros lugares si los organizadores no firmaban con Ticketmaster, la empresa principal de la multinacional. 

En ese contexto, se argumentó que la compañía coaccionó al socio comercial Oak-View Group a que intime a los lugares que perderían contratos si no firmaban con ellos.

Además de las intimaciones, Live Natión habría retrasado la venta de entradas en plataformas de la competencia y se habría negado a publicitar eventos en lugares que venden a través de otras plataformas. 

De esta forma, la empresa habría adquirido anfiteatros y grandes festivales musicales, lo que reduciría las alternativas de los artistas para darse a conocer. 

En base a las acusaciones, se alega que la compañía ha quebrantado los artículos 1 y 2 de la Ley Sherman, un texto del 1890 que regula la competencia y prohíbe monopolios injustos. 

La demanda realizada considera que los grandes anfiteatros y sus servicios auxiliares, así como también a los servicios de promoción que se le vende a los artistas, como mercados relevantes en el marco de la ley. 

Por la denuncia, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Live Nation se refirió a las acusaciones mediante la publicación en una entrada de un blog, y afirmó que la multinacional no es un monopolio a raíz de que las tarifas que cobran no implican precios monopólicos. 

Para finalizar, aseveró que los monopolios se configuran mediante las ganancias que se obtienen a partir de los precios excesivos que se les impone a los consumidores, lo que a su parecer no aplica a Live Nation .

Hoy al mediodía, en el jardín de infantes Nº 53 Sara Faisal, situado en la intersección de avenida Francia y Acevedo en el barrio Acindar, madres y padres de los niños y niñas que asisten al establecimiento se mostraron consternados por la noticia de un presunto caso de abuso sexual que involucra a una niña de 4 años.

En este marco, se llevó a cabo una reunión en la institución que contó con la presencia de autoridades escolares y representantes del Ministerio de Educación, con el fin de atender el reclamo de los padres y las madres, quienes exigen respuestas ante esta grave situación.

“Ha ocurrido una situación horrible, la violación de una nena de 4 años en el jardín. Queremos respuestas, nuestros hijos son chicos y no tienen cómo defenderse”, declaró una de las madres para el programa De 12 a 14 (El Tres). 

De acuerdo a las informaciones, una supervisora del Ministerio de Educación confirmó la recepción de la denuncia y señaló que, como medida inmediata, se activó el protocolo correspondiente para casos de esta índole.