La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) realizará este jueves la cuarta subasta de bienes recuperados al delito en la capital provincial. 

El evento se hará a las 16 en la Estación Belgrano y se rematarán 159 lotes con vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos. 

Sobre la subasta, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que hay "3.900 inscriptos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que esperamos que esta subasta sea un éxito”.

Asimismo, precisó que la subasta apunta a debilitar a los grupos criminales "quitándoles la plata, vendiéndoles los bienes y que dejen de tener dinero para operar en el territorio”.

“Desde las 8.30 hasta las 12.30 los inscriptos pueden seguir viniendo a revisar los lotes a subastarse y evacuar todas sus dudas, y desde las 14.30 tienen que acreditarse con su DNI. Y a las 16 comenzamos a subastar el primero de los 159 lotes”, precisó. 

Por último, concluyó: "Nuestra idea es que cada subasta sea más grande e incorporemos la mayor cantidad de lotes posibles. Una vez terminada esta subasta, ya estamos planificando la próxima, que será en los primeros meses del año que viene en Rosario. El objetivo es tener entre dos y tres subastas al año, para vender rápido los bienes secuestrados y que no pierdan valor”.

Rosario registró una caída en el número de delitos y junio fue el mes con menos robos denunciados desde 2012, año desde el que se llevan adelante mediciones mediante el 911.

Así lo confirmó este martes por la mañana el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante su discurso en el acto de presentación de la Unidad de Capturas de Alto Perfil en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicada en Las Heras y Olegario Víctor Andrade.

En este marco, el mandatario provincial destacó: “1.800 robos en el departamento Rosario en todo el mes, cuando comenzó nuestra gestión teníamos 8.000 robos por mes y esa fue la caída abrupta a través del trabajo que llevó adelante de nuestra policía de prevención”.

En la misma línea, afirmó que, 18 meses atrás, “parecía prácticamente un sueño que pudiésemos lograr los indicadores que en este momento se han logrado” y destacó que el territorio provincial se encuentra “por debajo de la media a nivel nacional” en materia de delitos.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia impulsaron este viernes sobre múltiples comisarías de Rosario un amplio operativo para continuar con el retiro de vehículos y demás bienes decomisados al delito.

Los procedimientos se realizaron en las dependencias 20ª, sub 22ª y sub 24ª. Entre las tres, según indicaron funcionarios del Ejecutivo provincial, se retiraron más de 160 motocicletas y 40 autos. 

En ese marco, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, precisó acerca de los operativos: “Este es el penúltimo procedimiento de una serie que busca liberar completamente las comisarías de la ciudad. Se estima que sólo quedan 200 motos y automóviles por retirar, lo que se espera completar el próximo mes”.

De esa manera, el gobierno santafesino espera que para mayo las comisarías de Rosario estén totalmente limpias de vehículos abandonados, lo que permitirá que la Policía pueda enfocarse en tareas de prevención y seguridad.

"El objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de la policía y optimizar el uso de los espacios dentro de los establecimientos”, concluyó Escauriza.

Diez agentes policiales rosarinos que prestaron funciones dentro del Comando Radioeléctrico de la ciudad fueron detenidos como sospechosos de diversos hechos en los cuales se habrían cometido delitos como allanamientos ilegales, robos, lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Desde la Fiscalía Regional 2 brindaron información preliminar que detallaba que cuatro hombres y seis mujeres fueron detenidos durante una serie de allanamientos practicados por personal de Asuntos Internos en distintos puntos de Rosario.

Según indicaron voceros, los detalles de la investigación serán dados a conocer en la audiencia imputativa que se llevará a cabo durante los próximos días.

Los allanamientos mencionados se realizaron este domingo por la mañana, a partir de un requerimiento conjunto de los fiscales José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y Karina Bartocci, de Violencia Institucional. 

Estos precedimientos se vinculan a una investigación que se desprende del análisis de “diversos procedimientos llevados adelante por personal policial con mecánicas coincidentes relacionados a hechos de lesiones, robo, falsedad ideológica, allanamientos ilegales y privación ilegitima de la libertad entre otros presuntos delitos”.

Se secuestraron armas de fuego, gran cantidad de material balístico, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dinero en efectivo, celulares, dos herramientas para cortar cadenas y documentación de interés para la investigación durante los allanamientos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles el acto por la celebración de la segunda subasta de bienes decomisados al delito impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Del evento participaron 3700 personas de las 23 jurisdicciones del país, y se vendieron 41 vehículos, dos inmuebles ubicados en Roldán y Funes, y un lote de joyas, valorados a un 30 o 40% de su precio en el mercado. 

En ese marco, Pullaro destacó que el objetivo detrás de las subastas es que “los delincuentes en la provincia de Santa Fe no tengan la capacidad logística, ni los recursos suficientes, para seguir operando. Sacarles los recursos y los bienes significa golpear a las organizaciones criminales en el corazón”.

A renglón seguido, apuntó a que “esta es una política pública, enmarcada en muchas más, que tiene que ver con una provincia que se quiere despertar y vivir en paz; y para ello se trabaja muchísimo para que los ciudadanos de bien puedan estudiar, trabajar y vivir tranquilas”. 

Por último, Pullaro celebró la participación de los que asistieron al evento y afirmó que el Estado está para hacer valer sus políticas públicas contra el crimen organizado.

"Acá no hay un Estado bobo, hay un Estado inteligente que persigue a los delincuentes, los mete presos, los juzga con condenas ejemplares, pero que además les incauta y subasta sus bienes para que esos recursos vayan a resarcir a sus víctimas o a instituciones de bien público”, concluyó.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), está enfocada en administrar todo bien que haya sido secuestrado producto de delitos o causas judiciales, que se usan para un fin social, como autos, joyas, inmuebles, entre otros elementos. 

Por tal motivo, esa serie de objetos decomisados, pueden ser rematados en una subasta, o entregados a la Policía, entidades educativas, penitenciarias, o beneficiarias o al Estado. 

El Gobierno de Santa Fe reportó que más de 3.700 personas se inscribieron para participar de la segunda subasta de bienes incautados al delito de 2024.

El evento organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) se realizará este miércoles 11 de septiembre en la Estación Belgrano de la capital provincial. 

Se trata de la segunda instancia anual donde se rematarán vehículos y elementos de valor decomisados en el territorio. La primera edición de este año tuvo lugar el pasado 25 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario.

En esta ocasión, la gestión provincial anunció que se inscribieron 3.733 candidatos para ofertar por 41 vehículos (autos y motos), 3 lotes de joyas, 2 inmuebles y 1 lancha. Los anotados podrán acudir a la actividad en compañía de un mecánico para constatar el buen estado de las unidades.

Sobre la dinámica, la provincia destacó que todos los objetos “comenzarán la puja con un valor de entre un 30% y un 40% del valor de mercado”.

Además, el Gobierno santafesino garantizó el bloqueo de dominio de cada uno de los rodados subastados para “dar tranquilidad a la ciudadanía” que se inscribió.

La Fiscalía Regional de Rosario convoca a la población para colaborar en la identificación de personas que hayan sido víctimas de robos ocurridos en la ciudad durante la madrugada y la mañana del sábado 18 de mayo. Este pedido surge tras la recuperación de diversos objetos en procedimientos llevados a cabo el mismo día, a las 11:55.

Desde Fiscalía subrayaron la importancia de contactar a estas personas para poder avanzar en las investigaciones pertinentes.

Los ciudadanos se pueden contactar con a través del número telefónico 341-705819 o enviando un correo electrónico a la dirección cpierantoni@mpa.santafe.gov.ar.

#SolicitudDeColaboracion #ElementosRecuperados | Se solicita dar con víctimas de hechos de robo cometidos en Rosario el 18/5/24 en Rosario, que reconozcan los elementos exhibidos en la imagen.Cualquier dato comunicarse al 341-7057819 o vía mail al cpierantoni@mpa.santafe.gov.ar pic.twitter.com/Hi68OzBn0u

La diputada nacional Graciela Camaño, perteneciente al partido Consenso Federal, presentó un proyecto para prohibir excarcelaciones de presidiarios que hayan cometido delitos graves, entre ellos mencionan violaciones, secuestros, homicidios o aquellos relacionados con la corrupción.

 La iniciativa plantea una modificación al Código Penal por la cual los jueces «no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por determinados hechos a los que se considera como graves», detalla.

«Si frente a una epidemia o pandemia, resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la excarcelación no podrá, en ningún caso, concederse a personas condenadas por esos hechos», sostuvo Camaño.

El proyecto busca no permitirles el beneficio de prisión domiciliaria a presos con el justificativo de evitar que se propague el virus del Covid-19. La medida sólo aplicaría a presidiarios que se encuentren cumpliendo penas por delitos perpetrados contra la vida. Algunos de ellos con motivo de violencia de género, contra la integridad sexual, los de secuestro extorsivo, el robo agravado, la asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código, los que vayan contra el orden económico y financiero, entre otros.