El presidente Javier Milei dispuso que 2026 sea declarado oficialmente como el "Año de la Grandeza Argentina". La iniciativa se oficializó a través del Decreto 56/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La norma establece que toda la documentación de la Administración Pública Nacional deberá llevar esa leyenda durante todo el año. Asimismo, la medida invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al proyecto. El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno fundamentó la decisión en lo que define como los avances logrados durante 2025, entre ellos reformas estructurales orientadas a la estabilización macroeconómica, la reducción del aparato burocrático y la eliminación de cargas consideradas improductivas. Según el texto oficial, esas políticas permitieron “reconstruir los pilares de la Nación” y ampliar los márgenes de libertad para la sociedad.

En esa misma línea, el Ejecutivo sostiene que el país logró dejar atrás una prolongada crisis institucional, económica y social, y que las medidas adoptadas sentaron las bases para un escenario de estabilidad, crecimiento y prosperidad. En ese marco, se remarca la importancia de contar con instituciones sólidas, respeto por la ley, una administración eficiente y confianza ciudadana como elementos centrales de la “grandeza nacional”.

Por último, el decreto señala que el Gobierno nacional impulsará acciones para difundir y destacar las políticas destinadas a “engrandecer al país”, y proyecta a 2026 como un año clave para consolidar los cambios encarados y profundizar el proceso de transformación.

El Gobierno Nacional confirmó este viernes el pase a disponibilidad de 343 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el marco de la reestructuración de organismos públicos impulsada por el Ministerio de Economía.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 1240/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Luis Caputo. La decisión se tomó luego de que el Senado rechazara los decretos que buscaban reformular el funcionamiento de estas instituciones.

En este sentido, el Ejecutivo señaló que todo el personal de planta permanente con estabilidad adquirida entra en disponibilidad “por el plazo que en cada caso se indique”. De esta manera, los empleados dejarán de concurrir a sus puestos de trabajo, aunque deben estar a disposición durante el horario laboral para responder a eventuales convocatorias por parte de las autoridades. En ese lapso, percibirán un haber especial regulado por el Decreto 1421/2002.

Asimismo, el esquema permite que los trabajadores en disponibilidad puedan participar en programas de capacitación y reconversión laboral, o aceptar empleos transitorios sin que eso implique modificar su situación administrativa. Si luego son considerados aptos para un nuevo cargo, se tramitará su traslado definitivo y saldrán del registro de personal afectado.

El plan forma parte de la transformación del INTA en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, la disolución del INASE y la incorporación del INV como una unidad dependiente de la misma cartera.

El Senado rechazó cuatro decretos del Gobierno ligados a la desregulación de organismos públicos y otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ya habían sido previamente desactivados en Diputados la semana pasada. 

Cuatro de las cinco medidas rechazadas habían sido impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, e implicaban modificaciones en el Banco Nacional de Datos Genéticos; al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y de Vialidad Nacional.  

En tanto, el DNU proponía profundos cambios en la Marina Mercante, que fue desactivado con 55 votos en contra, 13 a favor y tres abstenciones. 

En ese sentido, las modificaciones sobre el Banco de Datos Genéticos fueron rechazas con 58 votos a favor, 12 en contra y una abstención. 

La disolución de Vialidad Nacional fue rechazada con 50 votos, sólo apoyada con 10, más una abstención.

En tanto, los cambios en el INTI y el INTA tuvieron 60 votos en contra de la medida de Nación, nueve a favor y una sola abstención. 

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno apelará la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional, medida dispuesta por decreto días atrás por el Ejecutivo.

La respuesta oficial se conoció a través de la cuenta de X del funcionario, poco después de que se conociera el fallo que hizo lugar a una cautelar presentada por el sindicato Sevina.

El decreto, anunciado por Adorni la semana pasada desde Casa Rosada, determinaba la eliminación definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Para el Gobierno, estos organismos representaban “el eje de la corrupción en la obra pública”.

Según la nueva estructura, las funciones operativas y de planificación vial quedarían en manos de la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. Además, se creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá tareas que hasta el momento se encontraban bajo la órbita de la CNRT, también reestructurada.

La Justicia, ante esta situación, decidió congelar cualquier avance sobre ese esquema hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. El gremio Sevina argumentó que la disolución implicaba una “afectación directa a la continuidad laboral y a la prestación de un servicio esencial para el país”.

Fundada en 1932, Vialidad Nacional tuvo históricamente a su cargo el diseño, construcción, conservación y fiscalización de rutas en todo el territorio argentino, clave para la conectividad logística, turística y productiva. El Gobierno de Javier Milei sostiene que su estructura fue “capturada por intereses políticos y sindicales”, mientras que sectores opositores denuncian un vaciamiento institucional sin precedentes.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que encabeza Graciela Aleñá, solicitó este jueves el respaldo de gobernadores y legisladores para impedir el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesta por el Gobierno a través del decreto 461/25.

El gremio presentó un petitorio dirigido a mandatarios provinciales, senadores y diputados nacionales, con el reclamo de la "urgente derogación" de la medida impulsada por el presidente Javier Milei, que elimina el organismo y transfiere sus funciones al Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional.

“El plan de lucha contempla que la medida sea replicada en cada seccional que tiene el gremio a lo largo del país”, manifestaron desde el sindicato mediante un comunicado. Allí remarcaron que "es fundamental preservar el rol estratégico de la Dirección Nacional de Vialidad".

Entre los legisladores que firmaron la recepción del documento se encuentran  Ricardo Herrera (UxP, La Rioja), Juan Marino (UxP, Buenos Aires), Mario Manrique (UxP, Buenos Aires), Alejandro Vilca (PTS-FITU) y Christian Castillo (PTS-FITU), además de una asesora del senador nacional Mariano Recalde (UxP).

A través del petitorio el gremio advirtió que el cierre de Vialidad Nacional "representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto PATRIA”, y rechazó los argumentos oficiales sobre eficiencia y reducción del Estado.

“Como lo dijimos en otras ocasiones, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias en defensa de Vialidad Nacional y de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Agradecemos profundamente a todos los Legisladores por su apoyo y por escuchar nuestro reclamo”, concluyeron desde el sindicato.

El decreto 340/2025 que modificaba el régimen de huelga que publicó el Gobierno de la Nación que fue anunciado el 21 de mayo pasado fue suspendido por la Justicia. 

La medida fue resuelta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal al dejar sin efecto los artículos 2 y 3 que ampliaban el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

Entre esos servicios, estaban los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

En ese marco, la jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que argumentaron que el decreto iba en contra de la libertad sindical y violaba el derecho a huelga.

La magistrada argumentó que el dictado del decreto fue realizado haciendo uso de las “facultades conferidas por la Constitución Nacional", pero que por el ordenamiento constitucional “el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa por lo que el uso de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se debe hacer ”bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

Dado el caso, resaltó que “el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes” y que para emplear las facultades de excepción necesita que exista un estado de urgencia y necesidad. 

En ese sentido, decidió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad” hasta que se dicte una resolución definitiva.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reducir el precio de los medicamentos, con rebajas que podrían llegar hasta el 90%. La medida fue presentada como respuesta a las prácticas de las grandes farmacéuticas y a lo que el mandatario considera un trato injusto para los ciudadanos estadounidenses.

"Estamos subsidiando la atención médica de otros países, de países donde pagaron una pequeña fracción por el mismo medicamento que nosotros pagamos muchísimo más, y ya no toleraremos la especulación ni la manipulación de precios de las grandes farmacéuticas", afirmó Trump en declaraciones compartidas por el sitio Fox News.

En esa misma línea, el mandatario señaló que a partir de ahora "cualquiera que sea el precio más bajo pagado por un medicamento en otros países desarrollados, ese será el precio que pagarán los estadounidenses".

Asimismo, remarcó que esta medida generará una reducción inmediata en el precio "de algunos medicamentos con recetas y productos farmacéuticos" de entre "un 50, un 80 o 90%".

Trump agregó, además, que mantiene "un gran respeto" por el sector farmacéutico y sus ejecutivos, al considerar que "realizaron uno de los mejores trabajos de la historia para su empresa" y "convencieron a la gente durante muchos años de que este sistema era justo".

La Casa Blanca, por su parte, respaldó el anuncio a través de un comunicado oficial, en el que señaló que el decreto "ordena al representante comercial de Estados Unidos y al secretario de Comercio tomar medidas para garantizar qué países extranjeros no participen en prácticas que, deliberada e injustamente, socaven los precios del mercado e impulsen aumentos de precios".

"La Orden instruye a la Administración a comunicar los precios objetivo a los fabricantes farmacéuticos para establecer que Estados Unidos, el mayor comprador y financiador de medicamentos recetados del mundo, obtenga el mejor trato", concluye el documento.

El polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar hasta el sistema de salud, con epicentro en el costo prácticamente impagable que pasarán a tener los servicios de financiamiento de la salud que brindan las empresas de medicina prepaga.

En su decisión de ir hacia un economía de libre mercado a como dé lugar, con un giro de 180 grados respecto de las políticas aplicadas por el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años, Milei busca provocar no sólo un fuerte cambio económico, sino también «cultural», según asegura cada vez que puede.

El DNU 70/2023 -titulado «Bases para la reconstrucción de la Economía argentina»-, apunta a la desregulación de la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

Tras desatar innumerables polémicas y temores entre las familias en medio de una disparada descomunal de precios que ya había empezado con Sergio Massa al frente de la economía (¿y del país?), el decreto entra en vigencia en el primer segundo de este sábado, según el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Los cambios regulatorios incluidos en el decretazo de 366 artículos, son mayúsculos: deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito.

En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios al Código Civil. Deroga dos artículos sancionados en 2015 y dispone que el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda.

Estas medidas de desregulación son acompañadas por un «plan de estabilización de shock» ortodoxo, que sorprende a propios y extraños por su magnitud, y que como efecto inmediato prácticamente eliminó la brecha cambiaria, que según especialistas de distintas corrientes ideológicas, es la gran causa de que no lleguen inversiones extranjeras a la Argentina.

Las medidas también están acompañadas por un intento de sanear el casi quebranto del Banco Central, que si bien está recomponiendo reservas a pasos agigantados, aún tiene un enorme volumen de deudas.

Fuentes del kirchnerismo duro confían en que algún magistrado frene la entrada en vigencia del decreto aceptando los distintos pedidos de amparo que circulan por los tribunales de Comodoro Py.

En su defensa del decretazo, Milei dijo que con la derogación de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario volverá gradualmente a funcionar».

El DNU deroga la Ley de Abastecimiento (sancionada por Juan Domingo Perón) y la Ley de Góndolas, que intentaba regular la exhibición de productos en los supermercados.

En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores deberán prestar mucha atención a los intereses que les cobran cada vez que se retrasan en un pago.

Es que el DNU elimina los topes existentes a los intereses, pero indica que la entidad emisora deberá «obligatoriamente» dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

Para quienes están endeudados con las tarjetas será muy complicado de aquí en más. Es que Milei derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.

Pago de salarios en billeteras digitales y hasta con litros de leche El DNU modifica el artículo 766 Código Civil y Comercial y establece que el deudor «debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene». Por eso la canciller Diana Mondino dijo que «se podrán pactar contratos en Bitcoin, y también cualquier otra cripto y/o especie, como kilos de novillo o litros de leche».

Hasta este jueves, por una normativa del Ministerio de Trabajo desde 2020, los salarios sólo pueden pagarse en una cuenta bancaria o en efectivo. A partir de ahora, por el contrario, el DNU abre la puerta para que los empleadores puedan comenzar a acreditar los haberes en billeteras digitales.

El decretazo también desreguló la medicina prepaga, donde las empresas ya avisaron a sus afiliados que habrá incrementos del 38% al 42% con la cuota a pagar en enero. ¿Y otro 40% en febrero?

El decreto modifica además la ley de Obras Sociales. Desde ahora, los aportes se podrán derivar a cualquiera de las 300 que existen, y por supuesto también seguir haciéndolo a una prepaga. El DNU quita la obligación de «triangular» pasando por una obra social de convenio con la prepaga en cuestión.

El decreto modifica la ley 25.649 de especialidades medicinales. Desde ahora, el médico queda obligado a prescribir por droga genérica del medicamento, por lo que la marca del remedio que el paciente adquiera surgirá de su conversación con el farmacéutico.

También se busca migrar a la receta electrónica, a los fines de lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos».

En cuanto a las farmacias, el decreto de necesidad y urgencia cambia el artículo 1, que si bien dice que los remedios sólo se pueden vender en farmacias habilitadas, ya no contiene la parte que afirmaba que la venta de medicamentos «fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia», con consecuencias penales.

Uno de los componentes del decreto que viene generando más polvareda es la reducción de las indemnizaciones por despido.

El decreto aclara que la base de cálculo de la indemnización «no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual».

Esto dejaría afuera, por ejemplo, contabilizar beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

En este marco, en el mercado laboral regirá la extensión del período de prueba, que sube de de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso.

También eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.

El DNU establece un indemnización «alternativa» inspirada en el sistema de la construcción. «Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable», señala.

El mega decreto busca simplificar los trámites para poder comprar un auto. Milei defendió especialmente este punto al recordar que hasta ahora comprar o vender un auto requería 12 trámites y los «gestores» se llevaban hasta el 6% del precio del rodado, el más caro de toda la región.

Uno de los objetivos principales de la medida es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo. Esto quiere decir que el dueño tendrá tantos dominios únicos como autos tenga, y las patentes estarán unidas al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Aerolíneas Argentinas es una de las 41 empresas del Estado que ingresaría en proceso de posible privatización.

En este caso, el DNU empieza a hacer lugar a la cesión del paquete accionario total o parcial de la “aerolínea de bandera”.

Argentina donará cerca de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 a cinco países de distintas partes del mundo: Mozambique, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Vietnam y Dominica.

La medida fue autorizada por el presidente Alberto Fernández con su firma en cinco decretos que fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial.

En efecto, a través de los decretos 765, 766, 767, 768 y 769/2021, el Poder Ejecutivo nacional aprobó “la donación a título gratuito” de 981.000 dosis de “la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma ASTRAZENECA UK LIMITED destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19″.

Las mismas serán distribuidas de la siguiente manera: 11.000 a San Vicente y Las Granadinas, 18.000 a Santa Lucía, 500.000 a Vietnam, 2.000 a Domínica, y 450.000 a Mozambique.

El Gobierno justificó la medida haciendo referencia a que al 1º de noviembre el 75% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 56,5% se encuentra con el esquema completo de vacunación. Además explicita que en nuestro país “registra un descenso constante del número de casos de coronavirus desde hace 20 semanas debido al avance de la vacunación y al sostenimiento de las medidas de cuidados”.

El gobierno provincial publicó este viernes a la tarde el nuevo decreto con las flexibilizaciones a las restricciones que rigen por la pandemia de coronavirus, entre las que se destaca la ampliación de horarios de circulación hasta la medianoche, igual que para kioscos y locales gastronómicos.

Las medidas se conocieron en el marco de la nueva calificación para Rosario, que pasó de zona de alarma epidemiológica y sanitaria a zona de bajo riesgo.

Desde la hora cero de este sábado 4 de septiembre y hasta el 1° de octubre de 2021 incluido, la actividad del comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 20 (estaba hasta las 19). En cambio, los kioscos y similares de cercanía podrán permanecer abiertos hasta las 24.

El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales (aforo) se mantiene y no podrá exceder el 30%. En tanto, el artículo 4 indica que los locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías y otros) abrirán los días viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 6 y la 1 del día siguiente. El resto de los días de la semana será hasta las 24.

«Las autoridades municipales y comunales deberán especificar en cada caso la cantidad de mesas que corresponda, a los fines de cumplir con el coeficiente máximo del cincuenta por ciento (50%) de ocupación», agrega.

En tanto que la circulación vehicular en la vía pública queda restringida desde la medianoche y hasta las 6, en la semana. Y el límite se corre hasta la 1 los días sábados, domingos y feriados.

En todo el territorio provincial, desde las 0 horas del sábado 4 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2021 inclusive, los locales gastronómicos (comprensivo de bares, restaurantes, heladerías y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia de comensales), deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:

a) Los días viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 6 horas y la 1 hora del día siguiente;

b) El resto de los días de la semana, entre las 6 horas y las 24 horas.

Fuera de los horarios establecidos en los incisos a) y b) precedentes, sólo podrán realizar actividad en las modalidades de reparto a domicilio y de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía.

En todo el territorio provincial, desde las 0 horas del sábado 4 de septiembre se autorizan las competencias deportivas automovilísticas y motociclísticas, que podrán realizarse con concurrencia de hasta 1.000 espectadores.

En el caso que el establecimiento dedicado a ésta actividad cuente con sectores que funcionen de manera absolutamente independiente y mediando la autorización correspondiente de las autoridades locales, será posible la concurrencia de hasta un máximo de 3.500 personas (no excediendo cada sector independiente el número máximo de 1.000 asistentes).

La autorización queda sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos específicos establecidos para las actividades deportivas y de las reglas generales de conducta.

Para la asistencia a estos espectáculos, se requiere contar al menos con 1 dosis de vacuna Covid-19.

En todo el territorio provincial, desde las 0 horas del sábado 4 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2021 inclusive, queda autorizada la circulación vehicular en la vía pública de la siguiente manera:

>> Viernes y sábados: desde las 6 horas la hora 1 del día siguiente.

>> De domingo a jueves: desde las 6 horas hasta las 24 horas.

Quedan exceptuados de la restricción a la circulación vehicular dispuesta en el presente artículo la estrictamente necesaria para realizar actividades definidas como esenciales en la emergencia, comprensivas de las situaciones de fuerza mayor, y los desplazamientos desde y hacia los lugares de trabajo de los que desarrollan actividades habilitadas, incluidos los de los propietarios de los locales o establecimientos.

En todo el territorio provincial, permanecerán suspendidas las siguientes actividades:

a) Funcionamiento de locales de juegos infantiles y otros establecimientos afines en espacios cerrados o al aire libre, comúnmente denominados miniclubs o peloteros.

b) Discotecas.

c) Funcionamiento de bares, restaurantes, patios de comidas y espacios de juegos infantiles ubicados en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings y demás establecimientos comprendidos en el artículo 2° inciso e) apartado 4 de la Ley N° 12069, con asistencia de clientes a los locales; salvo para los bares, restaurantes y demás locales gastronómicos que tuvieran ingresos y egresos exteriores independientes, a los que pueda accederse sin transitar por los espacios interiores de circulación donde se ubican los comercios, sin habilitar corredores internos entre las zonas, a los fines del control efectivo del coeficiente máximo de ocupación de las superficies cerradas.

d) Realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen concurrencia de personas en espacios abiertos de acceso libre para el público.

e) Actividad artística en plazas, parques y paseos.

Las autoridades municipales y comunales podrán disponer en sus respectivos distritos, en consulta con el Ministerio de Salud, mayores restricciones que las establecidas en el presente decreto.

Las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria.

El gobernador Omar Perotti firmó este viernes el decreto con las nuevas medidas de convivencia a raíz de la  pandemia de coronavirus. Tras la baja sustancial en los casos diarios de Covid-19 y la recalificación de la provincia Santa Fe de zona de alarma a zona de alto riesgo sanitario, se difundieron varias habilitaciones que regirán desde este sábado 24 de julio hasta el viernes 6 de agosto inclusive.

La actividad del comercio de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 19 horas, con excepción de los kioscos y similares que podrán permanecer abiertos hasta las 21 horas. El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del 30%.

Locales gastronómicos podrán abrir los viernes, sábados y vísperas de feriados, entre las 6 de la mañana y la hora 0. El resto de los días de la semana, entre las 6 y las 22. Además, bares y restaurantes deberán cumplir con el coeficiente máximo del 50% de ocupación. Esta determinación deberá informarse al público en lugar visible en el ingreso.

También hasta el 6 de agosto quedan permitidas las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención, y el desarrollo de reuniones sociales en espacios públicos de hasta 10 personas.

Se permite la actividad deportiva en modalidad entrenamiento, que realicen entre sí los deportistas de una entidad en sus instalaciones, por turnos y en grupos.

Por otra parte, se permite la actividad deportiva recreativa que realicen los socios de clubes en sus instalaciones al aire libre, en forma individual o en grupos con turnos, práctica recreativa de deportes grupales en modo entrenamiento en espacios privados, por turnos y en grupos.

Quedan permitidas las actividades de gimnasios, natatorios y establecimientos afines, por turnos y en grupos.

Estarán permitidas la pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, con un máximo del 50 % de la capacidad de transporte de personas habilitada para la embarcación.

Las actividades de guarderías náuticas estarán permitidas a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones para el desarrollo de las actividades habilitadas.

También la navegación recreativa o deportiva, en cualquier tipo de embarcación.

La actividad de los casinos, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención y los protocolos oportunamente aprobados para la actividad; en el horario de 10 a 0 horas los días viernes, sábados y víspera de feriados y de 10 a 22 el resto de los días de la semana.

También se permitirá la actividad complementaria de artistas en los bares y restaurantes durante el horario autorizado para su funcionamiento, sujeta a la condición de realizarse manteniendo en todo momento entre los participantes y asistentes el distanciamiento social, sin desplazamientos, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención, ajustándose a los protocolos específicos de la actividad en la que participen y respetando las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias y del trabajo.

Se autoriza también la actividad de los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales, con un factor de ocupación de la superficie disponible para el público que no supere 50% de ocupación y que asegure el distanciamiento entre personas.

También se mantiene la autorización dispuesta para las actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asístencia de espectadores con aforo del 50%.

Se prorroga hasta el 6 de agosto la habilitación de la realización de actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto restringiendo el uso de la superficie a un máximo del 50% de la misma.

Queda restringida la circulación vehicular en la vía pública en el horario de 22 a 6 del día siguiente. En los horarios establecidos de restricción de la circulación vehicular en la vía pública, quienes circulen en ocasión de concurrir a realizar o de haber realizado una actividad habilitada, deberán portar la documentación o constancia (reserva, ticket o factura) que acredita esa circunstancia.

El nuevo decreto con las restricciones por la pandemia de coronavirus fue oficializado este vierrnes yfirmado por el gobernador Omar Perotti en la que mantiene una serie de suspensiones totales, a pesar de que hubo algunas flexibilizaciones por el alivio desde el punto de vista epidemiológico.

Desde la hora cero de este sábado 24 de julio y hasta el viernes 6 de agosto inclusive, seguirán prohibidas las siguientes actividades:

a) Funcionamiento de locales de juegos infantiles y otros establecimientos afines, en espacios cerrados o al aire libre, comúnmente denominados miniclubs o peloteros.

b) Discotecas.

c) Funcionamiento de bares, restaurantes, patios de comidas y espacios de juegos infantiles ubicados en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings y demás establecimientos comprendidos en el artículo 2° inciso e) apartado 4. de la Ley N° 12069 con asistencia de clientes a los locales; salvo para los bares, restaurantes y demás locales gastronómicos que tuvieran ingresos y egresos exteriores independientes, a los que pueda accederse sin transitar por los espacios interiores de circulación donde se ubican los comercios, sin habilitar corredores internos entre las zonas, a los fines del control efectivo del coeficiente máximo de ocupación de las superficies cerradas.

d) Realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen concurrencia de personas en espacíos abiertos de acceso libre para el público.

e) Actividad artística en plazas, parques y paseos.

f) Asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas públicas y privadas, en forma presencial. Solo podrán realizarse en forma remota.

En horas de la noche de este miércoles el gobierno provincial difundió el decreto oficial con todas las restricciones que ya están vigentes desde el primer minuto de este jueves y se mantendrán al menos hasta el 31 de mayo, con el objetivo de disminuir la curva ascendente de contagios y poder liberar camas en los efectores de salud tanto públicos como privados, tras el colapso sanitario.

El Gobierno nacional derogó un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina, consignó la Agencia Télam.

Del mismo modo, la norma restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017» y dispone la creación de una «Comisión Asesora de Política Migratoria» que deberá «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871». La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.

Entre ellas se citan «la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».

En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron «exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».

Sobre este punto señalan que «distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto» y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU «han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto».

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que «ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio».

En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía «impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina».

«El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia», señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa «amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes».

A contrarreloj continúa el reclamo para que el gobierno nacional extienda el decreto 766 que vence el 31 de enero, que congela alquileres y prohíbe desalojos. «Estamos recibiendo cartas y llamados a las garantías, en tonos amenazantes, queriéndolo pasar por advertencia, pero nos hacen vivir una situación muy difícil», denunció Emmanuel Canelli, titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario.

Si bien crecen las versiones en torno a que el presidente Alberto Fernández anunciará en los próximos días la prórroga del DNU, aún no se hizo oficial y crece la desesperación entre los inquilinos en medio de la crisis por la pandemia. «El 31 de enero no es una fecha acorde y creemos que si se extiende hasta el 31 de marzo, este tiempo breve nos va a dar la posibilidad de empezar a acomodar a algunas cuestiones”, aseguró quien representa a los rosarinos que están en esta situación.

Con respecto a los incrementos de los alquileres que se fueron evidenciando, señaló: “En cuanto a los aumentos, lo que se ha visto es llegar a un acuerdo con los propietarios o las inmobiliarias, siempre que el inquilino lo acepte. En un comienzo por desconocimiento lo aceptaba. Se han visto algunos aumentos o lo que podría ser una renovación retroactiva y demás. Siempre recordando que el inquilino tiene la potestad de aceptarlo”.

“Sí se han visto constantemente aumentos para los nuevos contratos de alquiler que están rondando en un promedio de un 50 por ciento. Estamos viendo de empezar a debatir lo que serían los primeros 12 meses del alquiler, cuánto es lo que tienen que cobrar, que hoy por hoy la ley de alquileres no lo regula”, continuó Canelli y precisó: «Un departamento de un dormitorio está alrededor de 14 o 15 mil pesos, mientras que los de dos dormitorios están alrededor de 18 mil pesos. Eso difiere por la zona, es un promedio que hace el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Siempre viene dando un aumento de un 50 por ciento interanual y alrededor de un 5 por ciento de mes a mes».

A través del último DNU en donde Alberto Fernández decretó la extensión de las restricciones al menos hasta el 20 de septiembre, el Gobierno Nacional no autorizó el uso de espacios al aire libre internos para gastronomía.

Por eso mismo, Ernestina Pais enfureció en las últimas horas, ya que es dueña de un local gastronómico de la ciudad de Buenos Aires y su negocio se vio afectado por las nuevas medidas en medio de la pandemia del coronavirus.

«No saben de lo que están hablando, detesto a los que gobiernan», arrancó con mucho enojo la panelista del programa Intratables.

Cabe mencionar que la decisión del ejecutivo solo habilita «la actividad gastronómica al aire libre, exclusivamente en vereda, calzada u otros sectores del espacio público, sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas jardines o similares».

Enterada de esto anoche, la periodista, lanzó duras críticas a la medida. «Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando. La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal«, comentó sobre la opción de que solo se pueda atender en la vereda.

El jueves, además, reiteró su postura en Informados de Todo: «Yo soy una gastronómica responsable, no voy a incumplir el protocolo porque no me están vigilando en la vereda», aseguró, en referencia a uno de sus locales, Million, que tiene un enorme patio trasero y terraza para asistir a los comensales.

Mirá el video:

A través del Decreto 663/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.554, que tiene por objeto «promover la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de Covid-19», que empieza a regir desde esta misma jornada, al igual que la de recetas electrónicas o digitales para la prescripción de medicamentos.

Cabe recordar que la norma fue sancionada el pasado 23 de julio y declara de interés nacional la donación de plasma e impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país. A su vez, reconoce a los donantes como «ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina» y ordena garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

Por otra parte, dispone que se cree un Registro Nacional de Pacientes Recuperados de Covid-19 Donantes de Plasma, cuya información deberá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 de protección de datos personales. La autoridad de aplicación de la ley, a determinar por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá garantizar que los donantes cumplan con los criterios de elegibilidad de acuerdo con los protocolos habilitados vigentes, y hayan expresado su consentimiento informado.

Además, a través de esta ley se regula la prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas y sistemas de atención mediante plataformas digitales, permite la prescripción de medicamentos y órdenes de estudio de recetas electrónicas, que pueden ser redactadas y firmadas a través de plataformas de teleasistencias.

Establece que «los medicamentos prescriptos en receta en formato electrónico o digital deberán ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes».

Desde el 29 de marzo, cuando comenzó el aislamiento por el coronavirus, la municipalidad clausuró trece comercios que infringieron el decreto nacional y abrieron su puertas sin ser ellos pertenecientes a los grupos exceptuados.

Según dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, la orden del intendente Pablo Javkin fue “intensificar las inspecciones” en distintos puntos de la ciudad.

Tal cual como Zignago la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, dijo: «Hemos dispuesto a todos nuestros agentes para dar cumplimiento a la cuarentena, a través de la fiscalización, el ordenamiento y también estando cerca de los vecinos y sus requerimientos»,

Una de las tareas de  dicha cartera es controlar el acatamiento de no funcionamiento de todo comercio, industria o servicio, que no estuviese contemplado en el decreto como rubro exceptuado. En este sentido, se procedió clausurar 13 comercios a través de procedimientos encabezados por la Dirección General de Inspección, el área técnica de la Secretaría, la Guardia Urbana Municipal y Control Urbano.

La Municipalidad clausuró dos locales más en medio de la cuarentena

El 20 de marzo pasado se cerró preventivamente un local de pagos y cobros ubicado en bulevar Rondeau e Irigoyen, y un cotillón de España al 900. Al día siguiente, se hizo lo mismo con una vinería de Urquiza y Moreno y otro cotillón de avenida Uriburu al 1500. El 22 de marzo se clausuró un lavadero de autos en avenida Pellegrini al 4700 y dos días después un local de venta de artículos para bebés en Moreno al 3100. En tanto, el 25 de marzo se cerró una papelera y cotillón en Juan José Paso al 6600, el 27 de marzo un bar de un mini mercado de una estación de servicios en Sorrento y Casiano Casas, una bicicletería en Baigorria al 1700 y una casa de artículos del hogar y repuestos electrodomésticos en Mendoza al 4700.

Se remitieron 62 nuevos vehículos por incumplir con la cuarentena obligatoria

Durante el sábado se efectuó una clausura preventiva en un comercio habilitado como bar americano sin elaboración, heladería y oficina receptora de envíos en avenida Pellegrini al 900 por la presencia en el local de 8 personas y de una fábrica que produce artículos de caucho. Cabe mencionar que antes del decreto nacional estuviera vigente, se clausuró un pool en Paraguay al 1000 en incumplimiento a la disposición municipal del 16 de marzo que establecía la inactividad de una serie de rubros comerciales.

En el marco de la cuarentena obligatoria marco, esta  última semana se remitieron 62 vehículos con el apoyo de Gendarmería. En ese sentido,  el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, señaló: “El intendente Pablo Javkin ordenó la intensificación de las intervenciones de las áreas de control para garantizar hacerle frente al avance del Coronavirus. Lo sabemos desde antes: respetar es cuidar. Y ahora más que nunca”.

Por su parte, secretaria de Control, Carolina Labayru detalló el trabajo de los operativos y expresó: «Hemos dispuesto a todos nuestros agentes para dar cumplimiento a la cuarentena, a través de la fiscalización, el ordenamiento y también estando cerca de los vecinos y sus requerimientos».

Desde este lunes, agentes de la Dirección General de Tránsito realizan un apoyo logístico a Gendarmería y Policía provincial en el control vehicular en la ciudad.  Hasta entonces, la totalidad de remisiones es de 62 autos y motos cuyos titulares no pudieron acreditar la licencia obligatoria para transitar, documentación con la que cuentan aquellas personas que realizan tareas consideradas como servicios esenciales de acuerdo al decreto presidencial.

En los retenes desarrollados en distintos puntos de la ciudad se detuvo la marcha de las unidades que circulaban, se revisaron y se pidió a los conductores documentación y el certificado que acredite la excepción para poder transitar en la vía pública. Cabe mencionar que los vehículos fueron remitidos con grúas al corralón municipal y podrán ser retirados cuando concluya la cuarentena.

Labayru explicó que la disposición del intendente Pablo Javkin fue de acompañar a los vecinos en este tiempo tan especial. Es por eso que desde que se decretó la cuarentena se ha fortalecido la presencia de agentes a través de patrullajes preventivos en toda la ciudad y acompañamientos de distinto tipo. Las acciones impulsadas también incluyen la presencia de agentes de la Dirección General de Tránsito para ordenar la circulación en ciertas zonas de la ciudad, como ser el Mercado de Concentración de Fisherton o el Mercado de Productores.

La Municipalidad clausuró dos locales más en medio de la cuarentena