Este viernes se realizó en Rosario, un encuentro nacional sobre Derecho Sucesorio organizado por la Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe (Fecase), con el auspicio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

En esta jornada participaron colegios de abogados, funcionarios, profesionales del derecho, legisladores y estudiantes de todo el país, con el fin de abordar cuestiones teóricas, prácticas y los avances en lo que respecta al derecho sucesorio. En este sentido, el eje del encuentro apuntó a las últimas reformas en la materia, que ha generado el rechazo tanto de una parte del Poder Judicial, como de distintos colegios abogadiles respecto a la implementación de las sucesiones notariales. 

Días atrás, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, se manifestó al respecto señalando su “rechazo absoluto a la iniciativa del Ministerio de Justicia de la Nación” y llamó a la ciudadanía a “estar alerta para no ser víctima del engaño de falsos eslóganes”.

Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en una entrevista realizada en el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, destacó que existen dos tipos de procesos en el sistema jurídico argentino que requieren una intervención judicial directa: los concursos y quiebras, y los procesos sucesorios. 

"Estos procesos son especiales porque el patrimonio en cuestión, ya sea el de un concursado o el de un fallecido, es considerado la prenda común de los acreedores, por lo tanto toda cuestión que esté vinculada a un proceso sucesorio debe necesariamente tramitarse ante un juez y deben necesariamente las partes contar con representación legal, porque son cuestiones que no se pueden resolver en un trámite administrativo o notarial", expresó.

En este sentido, el juez sostuvo que esta situación implica un beneficio y protección tanto de los herederos, como de los acreedores. "Además, hay situaciones en donde no siempre la sucesión es un proceso con una persona fallecida y un solo heredero, a veces hay conflictos entre herederos o apariciones tardías de herederos que deben necesariamente dirimirse en un estrado judicial. Estas son cuestiones de fondo que tienen que ver con la necesidad de la intervención jurisdiccional", afirmó.

En esa misma linea, Erbetta puso en duda que este nuevo cambio logre agilizar los trámites y reducir costos, como lo indican desde el Gobierno nacional. "Yo tengo mis duda de que los costos de una sesión puedan bajar en un trámite notarial, y respecto del tiempo, nosotros estamos reforzando el trabajo sobre las oficinas de proceso sucesorio para tratar de agilizar el trámite en la medida de lo posible, pero a veces hay demoras que no tienen que ver con el abogado o el tribunal, sino que corresponden, por ejemplo, al Registro de la Propiedad, que no depende el Poder Judicial, y esa demora la va a tener también un trámite notarial", explicó.

En este punto, el doctor Erbetta se posicionó a favor de la postura de los Colegios de Abogados. “Creo que llevan razón y hacen bien en defender su incumbencia”, aseveró. 

Asimismo, respecto a la idea de que la reforma pueda traer beneficios en cuánto a la eficiencia y la protección de los derechos, el juez concluyó: “Es un hecho empírico que los juzgados de familia están sobrecargados en comparación con otras áreas del derecho, de modo que no me parece que sea algo que pueda traerle un beneficio a la ciudadanía, ni en términos económicos ni en lo que es el resguardo y la protección de los derechos".  

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe manifestó su consternación y repudio ante el asesinato del policía César Carmona, de la Agencia de Investigación Criminal, a través de un comunicado, que lleva la firma de su presidente Daniel Erbetta.

El texto señala que la muerte del agente de la AIC, que se produjo frente a la sede de la fuerza, “se produce en el contexto de una situación de extrema violencia e inseguridad que castiga particularmente a la ciudad de Rosario”.

Además, en el comunicado, la Corte “expresa su solidaridad y acompañamiento a la familia del policía Carmona, a sus familiares, amigos y las instituciones que sufrieron este atentado, como también a todas las demás víctimas del incremento de la violencia en la ciudad”.

Asimismo, Erbetta sostiene que “la realidad que atraviesa la ciudad de Rosario y la gravedad del hecho constituyen además un atentado al orden constitucional y la vida democrática”.

En tanto agrega que esta situación “no admite más dilaciones para un necesario acuerdo y compromiso de todos los poderes públicos, espacios políticos e instituciones intermedias representativas con el objetivo de procurar consensos que posibiliten las reformas institucionales necesarias y las estrategias de intervención en territorio que posibiliten el control y reducción de la criminalidad y la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”, finaliza la nota.

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe permitió a los jóvenes de 16 y 17 años votar en las próximas elecciones, pero el partido País y un abogado constitucionalista presentaron un recurso en contra. La decisión final sobre este tema estará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

“Posibilidades de objetarlas las hay. Lo que ocurre es que este partido País presentó un recurso de reconsideración y en ese mismo recurso pedía que eventualmente si el Tribunal consideraba que ese recurso no era procedente, se lo reconvirtiera en un recurso de inconstitucionalidad. Lo que hizo el Tribunal Electoral fue decretar esa presentación, se le corrió vista al procurador del Tribunal Electoral, que es el Procurador de la Corte, y en el mismo decreto se le hizo saber que no hay posibilidad de reconvertir un recurso de reconsideración en un recurso de inconstitucionalidad, porque este último recurso es un recurso autónomo principal, de modo que si ellos no interponían este recurso en términos, iban a quedar sin posibilidad de abrir la vía jurisdiccional”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Daniel Erbetta presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Es decir, “el tribunal muy legalmente, digamos, les notificó a los presentantes como para no dejarlos, digamos, en una encerrona, porque si eventualmente el Tribunal Electoral rechaza la reconsideración, supongamos, hipotéticamente, si ellos no interponían el recurso de incondicionalidad se quedaban prácticamente sin ninguna posibilidad de que esta decisión del Tribunal Electoral sea revisada”, amplió.

De este modo, señaló que “están planteados los recursos, porque hoy entró el recurso de incondicionalidad. Es un recurso autónomo y bueno, yo no puedo opinar mucho porque tengo que pronunciarme en los dos, pero en cualquier caso, esto que significa que la posibilidad que la decisión del Tribunal Electoral sea revisada está en última instancia en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Para eso hay que cumplir una serie de trámites y lo que el Tribunal electoral sí en alguna medida frente a este planteo, si se quiere, incompleto, le notificó a la parte presentante como para que no pierda su derecho y pueda tener abierta todas las vías”.

En esa línea, Erbetta enfatizó: “Nosotros hemos resuelto una cuestión totalmente convencidos de que estamos en alguna medida interpretando nuestra Constitución provincial, no solo en su texto sino también en su contexto. No estamos en 1962, estamos en el 2023 y obviamente no hay ningún derecho como para que un joven de 16 años santafesino se encuentre con una capita y diminutio y en una inferioridad jurídica respecto de los jóvenes del resto del país”.

“Es una decisión tomada a conciencia y con mucho fundamento, pero no es que somos dueños del voto joven, de modo que cuantos más jueces revisen esta decisión, para nosotros mejor. Ese ha sido siempre por lo menos mi criterio personal, no hay cuestiones personales aquí. Estamos hablando de temas institucionales”, insistió.

El presidente de la Corte también se refirió a la contradicción de que los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar para una elección nacional pero no para las provinciales: “Hay dos formas de interpretar el derecho, yo puedo interpretarlo caminando un poco a la par del sentido común y de la razonabilidad, o puedo atenerme a los registros del pasado y a la literalidad de un texto. Bueno, son concepciones, son opciones valorativas, yo creo que hoy mucho margen para adoptar una opción valorativa no hay”.

“Porque nuestras constituciones del año 62 -continuó-, el derecho público provincial obviamente que tiene plena vigencia, pero desde el 1962 a 2003 pasaron muchas cosas en el derecho y en el ordenamiento jurídico y obviamente han aparecido tratados internacionales, han aparecido lo que se llama el bloque de constitucionalidad, hay principios que hoy son principios de jerarquía superior que deben respetarse, el principio pro-homine que significa que siempre donde tiene que estar la interpretación que implique la mayor apertura de derechos y la menor restricción de derechos, el principio de no discriminación, el principio de igualdad jurídica”.

Por otra parte, “nadie sabe cómo van a votar esos jóvenes. Que tienen una opción, digamos, tienen un derecho, porque no es que le estamos poniendo la obligación, estamos reconociendo un derecho que tienen todos los demás jóvenes del país”, aclaró.

Sobre la disyuntiva de una eventual reforma de la Constitución para garantizar estos derechos, Erbetta fue tajante: “Un texto constitucional no se puede petrificar, y dejarlo fuera de la historia. La Corte Nacional tiene jurisprudencia de hace muchos años respecto de lo que es la interpretación dinámica de una Constitución. Como yo no puedo estar cambiando una Constitución todos los años, y que sin duda que la Constitución de Santa Fe merece ser reformada, porque es una de las dos que no se tocó después del año 94”.

“Pero aún así reformada o no reformada, tampoco usted puede estar haciendo una reforma constitucional todos los años, por lo tanto es necesario tener una concepción mucho más flexible y abierta en cuanto a la interpretación de los derechos, cuando usted se encuentra con un texto desde 1962, y se encuentra con un contexto constitucional en donde existe todo un proceso de ampliación de derechos que no podría haber sido previsto en 1962 y que no necesariamente por eso obligan a una reforma constitucional, mucho menos cuando nuestra propia Constitución tiene, parece mentira, pero es como una cláusula de apertura, el artículo 6 que dice claramente que ningún habitante de la provincia de Santa Fe puede gozar de menos derechos que los que tiene el resto de los habitantes del país”, completó.

Sin embargo, el cortesano aclaró: “Esto no tiene nada que ver con que el tribunal pueda eventualmente habilitar una reelección de un gobernador, esto es un disparate. En primer lugar porque nadie puede saber lo que va a hacer un tribunal y un tribunal no se le va a ocurrir sentarse un día y decir vamos a visitar la reelección del gobernador. Y en segundo lugar porque si hubiera un planteo de esa naturaleza hay que distinguir muy bien las cosas. Una cosa es el derecho al voto, el derecho activo, y otra cosa es el derecho a la reelección, que no está protegido por ninguna norma de jerarquía fundamental, de jerarquía constitucional, y que tiene que ver además con un dispositivo de poder”.

Por lo tanto, “son cuestiones completamente diferentes, absolutamente distintas y bajo ningún punto de vista uno puede objetar la decisión en base a una especulación. El derecho tiene una base científica, o cuanto menos tiene una base de razonabilidad que es lo contrario a la conjetura, a la especulación, lo especulativo, lo conjetural, bueno, sí, todos podemos tener especulación y conjetura. Ahora, a la hora de resolver un caso yo tengo que aplicar la ley no en base a conjetura o a especulaciones, sino en base a una interpretación razonable y fundamentada”, enfatizó.

Santa Fe inicialmente tenía que abonar 55 millones de pesos a la Justicia Electoral Nacional para la confección y la actualización de los padrones. Sin embargo, luego de pedidos de informes, finalmente se entregan de forma gratuita. Es decir, la provincia, no va a tener que abonar por algo que ya venía pagando.

“La ley electoral nacional dice que los padrones son de acceso libre y sin restricciones para las provincias y CABA a los efectos electorales, de modo que eventualmente, bajo otras circunstancias, hoy está todo informatizado, puede ser que en algún caso, en alguna provincia, pueda haber algún tipo de labor que demanda alguna hora extra y algún tipo de reconocimiento. En este caso puntual, se estimó que no había necesidad, por eso no se firmó el convenio y finalmente los padrones se entregan gratuitamente”, explicó Erbetta.

“Con esta decisión del Tribunal Electoral sobre el voto joven, además el padrón prácticamente es exactamente el mismo que el padrón nacional con la misma mesa de votación, etcétera, y la única diferencia, que es un trabajo que hacemos nosotros de depuración, pero puedo repetir, con sistemas informáticos, es los jóvenes que cumplen años entre la elección general provincial y la elección general nacional”, concluyó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta encabezó este miércoles el acto de apertura del año judicial den los Tribunales provinciales de Rosario. Sobre la violencia en la ciudad aseguró: «En la desigualdad está la base del problema».

Del acto además participaron los ministros de la Corte Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri. También estuvo presente el procurador general, Jorge Barraguirre. Quien no estuvo en este acto inaugural fue el gobernador de la provincia, Omar Perotti.

«Hoy estamos en Rosario, porque nuestra Corte provincial, cuya sede es la ciudad capital de Santa Fe, ha decidido llevar a cabo este acto de inicio del año judicial aquí en un momento y contexto muy especial. No sólo por el carácter simbólico que conlleva sino por el mensaje que queremos transmitir a toda la Argentina de que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos, y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz», explicó Erbeta en su discurso.

Asimismo, en la alocución, el presidente de la Corte indicó que “lamentablemente, Rosario presenta características especiales entre las que destaca que prácticamente más del 72 por ciento de los homicidios están asociados a economías delictivas o de organizaciones criminales, solo un 4,9 por ciento son en ocasión de robo, y cerca de un 80 por ciento se han cometido mediante el uso de armas de fuego, resultando que un alto porcentaje de homicidios, junto a extorsiones, balaceras y otros delitos han sido ordenados directamente desde las cárceles provinciales o federales”.

En tanto, reconoció que “como todo problema social obviamente quienes más resultan afectados por este estado de cosas son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 por ciento del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro”.

“Es que en una sociedad postindustrial el desempleo no es solo un atentado a la subsistencia, sino, más grave aún, a la construcción de identidad. Y esto bajo ningún punto de vista supone equiparar pobreza con delito; hablamos de exclusión y marginalidad, que es algo distinto. Por su parte, el delito existe en todas las capas sociales, aunque se visibiliza más en sectores de menores recursos como consecuencia natural de la selectividad estructural de los sistemas penales”, amplió.

En tanto, Erbeta sostuvo que “la crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera, el lavado, las armas y la violencia asociada a estos fenómenos”.

Sin embargo, analizó que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales”.

El problema de Rosario, “en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales. Y aun cuando allí está la genealogía de esta complejidad, que no es nueva, sino que lleva años, lo cierto es que la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no solo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos”, detalló.

“En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales” indicó el Presidente de la Corte Santafesina.

Para Erbetta, el actual estado de situación “obliga a reflexionar sobre una nueva lógica”. “No se trata solo de más policías, patrulleros o tecnología, no es un problema cuantitativo. Del mismo modo, tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales federales si no se modifican sus procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento”, concluyó.

Daniel Erbetta, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, fue víctima de un intento de robo en pleno centro de la ciudad de Rosario. El funcionario fue abordado este miércoles al mediodía, en Paraguay al 600. Por fortuna, el atacante no pudo sustraer sus pertenencias.

El funcionario aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente. «Ya aporté los elementos a la Fiscalía. Es importante que las víctimas denuncien para construir algún tipo de esquema focalizado en la repetición de estos hechos en los mismos lugares», expresó en una entrevista radial con Radio 2.

«Hay una absoluta y permanente ausencia en la presencia policial. Ya presencié en el último año no menos de tres arrebatos en ese lugar. Siempre es lo mismo: un chico en la vereda que apunta a la víctima y se comunica con uno que anda en moto, que es el que consuma el hecho», continuó el ministro de la Corte Suprema santafesina.

Por último, Erbetta se refirió al ataque del último domingo a la parrilla El Establo: «La Policía llegó a los 40 minutos, la moto se fue a contramano en dirección adonde está la comisaría. No se dispuso un cuadrante de contención que es de manual, de protocolo, hasta dos horas después. ¿Qué tengo que pensar como ciudadano?».

Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema Justicia de Santa Fe, dialogó este sábado en el programa No VaMás que se emite por Radio Mitre Rosario y se refirió a varios temas referidos a cómo está actiando y operando el Poder en Argentina.

En primera instancia, el funcionario explicó el pedido de desafuero que realizó Fiscalía para el senador Armando Pipi Traferri por acusarlo de integrar una red de juego clandestino.

«Los fiscales supuestamente cuentan con elementos suficientes para llevar adelante el proceso y en Santa Fe los legisladores llevan dos tipos de inmunidades, la de arresto y al de proceso penal. En el sistema federal y en el resto de provincias esa inmunidad se limita a la de arresto, pero puede someterse a proceso como el caso de la actual vicepresidenta de la Nación o la de Julio De Vido», arrancó.

En ese sentido, Erbetta explicó que cualquier persona con cargo político tiene derecho a rechazar un pedido de desafuero: «Para poder someter a un proceso contra un legislador se da el desafuero, la cámara necesita las dos terceras partes de los votos de los presentes en la sesión y resuelva esta cuestión para suspender el privilegio. Cualquiera senador o persona puede renunciar a un desafuero, son elementos renunciables. Son decisiones de cada uno que hace, uno no puede meterse en algo que implica un derecho que está explícito en la Constitución Nacional».

Cuando fue consultado por algunas modificaciones que se dieron este año en la Justicia de la Nación, el funcionario provincial enfatizó: «En el tema nacional yo tengo una opinión que la hice pública y el problema que tiene la Corte Suprema es un problema extremadamente grave porque en sus orígenes comenzó como un tribunal de control de constitucionalidad y de a poco empezó a hacer casación, a revisar por vía pretoriana a través de la doctrina de la arbitrariedad. Lo que se convirtió en un pequeño camino y hoy casi todos los casos son de arbitrariedad y no de controlar como antes».

Por último, Erbetta dejó en claro el deseo que para el 2021 la Corte Suprema pueda cambiar la modalidad de trabajar e inmiscuirse en la era de la digitalización. «Esta cuestión se va a profundizar para el año que viene después de todo este tiempo que tuvimos de pandemia. Vamos a llevar comodidad a los abogados porque en materia penal, civil, comercial y laboral la Corte está trabajando como en la época colonial. Yo planteo la necesidad que ante que se siga invirtiendo en otras cuestiones, se destine para tecnología pero debemos cambiar la manera de trabajar».

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuestionó la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández. El proyecto de ley del Gobierno busca unificar y duplicar los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

«Pocos se animarían sin ponerse colorados a plantear una posición negativa, el tema es cómo reformarla», dijo en primera instancia el ministro. En caso de aplicarse, el cambio impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, que ampliará el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico.

«El camino que se eligió no es el más adecuado, en última instancia mantiene una lógica que es la misma que ha alimentado al sistema de reorganización de la justicia federal de hace más de 100 años, desde esa perspectiva me parece bien que se pretenda resolver un problema puntual de la justicia federal como Comodoro Py, habrá consenso en la política, Comodoro Py no podía seguir funcionando», aseveró Erbetta en diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario.

«El problema no se resuelve creando 46 juzgados federales, esto es armar una burocracia verdaderamente superlativa. Uno de los grandes problemas de la Argentina es su burocratización, el camino más fácil y transparente para resolver este problema era implementar la reforma del Código Procesal Penal que fue sancionada durante el gobierno anterior a Macri y que su implementación fue suspendida», consideró el ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina.

Y agregó: «El juzgado es una estructura que tenemos de 1820 y el sistema de trabajo es el mismo, si uno no advierte que eso es un problema grave y seguimos insistiendo con la misma propuesta de creación tenemos un inconveniente serio. La propuesta de creación de juzgados es totalmente incompatible con la lógica de un sistema acusatorio, de audiencia pública y oral, que es un sistema de no haber expedientes y requiere que haya un procurador legitimado y nombrado, tema que está pendiente. Y requiere de una estructura del Ministerio Público y Fiscal, un sistema totalmente diferente al juzgado».

«Estoy sorprendido por la propuesta, porque es un problema que no se va a resolver de la mejor manera», concluyó.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Erbetta, dialogó con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario y se refirió a las declaraciones del juez de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien había propuesto limitar la cuarentena y había manifestado que «los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales». El funcionario provincial también dio sobre postura sobre la denuncia de la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra la anterior administración, causa en la que se vio involucrado el expresidente Mauricio Macri.

«La Constitución en términos de razonabilidad ha tomado medidas que apuntan a preservar la salud de todos los ciudadanos argentinos. Los abogados no estamos formados para tomar las determinaciones ante este hecho sin precedentes. El Gobierno nacional tiene la potestad de ir prolongando el aislamiento obligatorio y cada gobernador va tomando las decisiones según en la situación en la que está inmerso», dijo sobre las declaraciones de Lorenzetti.

Erbetta también se refirió a la denuncia de Cristina Camaño, actual interventora de la AFI, quien acusó de espionaje ilegal al extitular del organismo, Gustavo Arribas, quien habría actuado bajo el presunto aval de Macri y dirigido las escuchas contra dirigentes de la por entonces oposición y también a quienes militaban dentro PRO o sus aliados más estrechos como referentes de la UCR.

«No creo que sea una práctica muy ortodoxa, algunos jueces federales empezaron a utilizar a la AFI como una suerte de auxiliar en procesos penales. Es una especie de policía de investigación. La actual titular del organismo ha prohibido que se desempeña en la labor jurisdiccional. Esto debe ser llevado a cabo por los fiscales y los policías que dependen de ellos. No puede intervenir en cuestiones patrimoniales y de corrupción, se ha distorsionado un poco la cuestión. Nosotros tenemos que tratar de pensar que en una república que todos los poderes del Estado deben actuar con total transparencia», expresó.

En medio de la pandemia del coronavirus, uno de los sectores que también se vio afectado por la falta de actividades en sus respectivos edificios es la Justicia. El trabajo en Tribunales provinciales fue prácticamente nulo en todo este tiempo y en la Argentina se abrió la polémica por los distintos procesos judiciales que quedaron en stand by.

«La Justicia santafesina ha avanzado gradualmente. Como novedad hemos resuelto un paso más adelante con respecto a que los abogados puedan celebrar vía digital audiencias en procesos civiles en caso que estén todos los expedientes en condiciones de ser llevados a cabo y la posibilidad de presentar los alegatos. En segunda instancia se van a tramitar todos los recursos de apelaciones incluso hasta llegar hasta la Corte de Justicia provincial tanto en la materia civil como laboral. La idea es avanzar en una mesa de entrada virtual que va a permitir recibir demandas sin comprometer a la concentración y circulación de gente en espacios de los edificios del Poder Judicial», explicó el funcionario provincial.

Y agregó: «La Justicia Laboral también ha tenido un trabajo enorme. Se llevan pagados más de 600 millones de pesos en toda la provincia. El objetivo sigue siendo ir normalizando las actividades en la Justicia santafesina».

Erbetta también se refirió a cómo se comportó la provincia en general frente a la pandemia del Covid-19: «Tenemos que destacar que en la provincia de Santa Fe se ha trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario, se han tomado medidas importantes tanto en la ciudad de Rosario como en la capital. Con esto no debemos confiarnos demasiados, esto es un virus que se transmite muy fácil y debemos seguir evitando las manifestaciones de muchas personas».

La polémica se instaló este jueves tras la masiva movilización de choferes de colectivos en Rosario, quienes marcharon por las calles de la ciudad para pedir cobrar la totalidad de los salarios de abril. Fueron casi 2 mil trabajadores los que se manifestaron pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sobre una posible medida judicial que se pueda tomar ante el rompimiento del confinamiento, Erbetta sentenció: «La Justicia podría actuar de oficio frente a cualquier hecho que implique un incumplimiento de pago. Lo que ocurre es que estamos atravesando una situación muy excepcional donde hay que ponderar los intereses en juego y hay que tener bastante criterio».