La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el pedido de "per saltum" que había presentado el gobierno nacional para que intervenga de forma directa en la pelea judicial por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. De esta manera, la discusión seguirá su curso en las instancias inferiores.

El recurso había sido impulsado por la Procuración del Tesoro del Tesoro después de que distintos fallos judiciales pusieran en duda la validez de varios artículos clave de la denominada Ley de Modernización Laboral. Desde la Casa Rosada buscaban acelerar una definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejar sin efecto las medida cautelares que frenaron parte de su aplicación, entre ellas una presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales para dar lugar al per saltum, una herramienta reservada para situaciones de extrema urgencia o gravedad institucional. En una breve resolución, el máximo tribunal declaró “inadmisible” la presentación del gobierno.

Ahora, la causa continuará en el fuero contencioso administrativo, luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones ordenara trasladar el expediente desde el fuero laboral y estableciera que la discusión sobre la competencia ya quedó resuelta.

Tras una sesión que duró más de seis horas, el Senado de la Nación rechazó los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos habían sido propuestos por el presidente Javier Milei, pero la falta de consenso truncó sus postulaciones.

El debate en la Cámara Alta se llevó adelante en un contexto de fuertes críticas hacia el procedimiento utilizado para la designación de los magistrados. Legisladores de distintas bancadas criticaron al Ejecutivo por la manera en que propuso a los candidatos, que ocurrió mediante un decreto en el mes de febrero.

Tras un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo, el Senado logró alcanzar el quórum necesario para debatir los pliegos. No obstante, la oposición en su conjunto consideró que las postulaciones no contaban con el respaldo suficiente para ser aprobadas.

El debate comenzó pasadas las 14:15 con la senadora kirchnerista Silvia Sapag presidiendo la sesión, en reemplazo de Victoria Villarruel, quien no participó debido al viaje de Milei a Estados Unidos. Tampoco estuvo presente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien evitó dar quórum.

En total, 38 senadores habilitaron el inicio de la discusión. Entre ellos, Alfredo De Angeli y Victoria Huala del PRO, así como Martín Lousteau y Pablo Blanco de la UCR. Además, se sumaron Francisco Paoltroni y 33 legisladores del kirchnerismo. La mayor parte del radicalismo se mantuvo al margen, con la excepción de Lousteau y Blanco.

El pliego de Ariel Lijo obtuvo 27 fotos a favor, 43 en contra y una abstención. Por su parte, la postulación de García-Mansilla fue rechazada con 51 votos negativos y 20 afirmativos. Ambos requerían el apoyo de dos tercios de los senadores presentes para ser aprobados, número que no lograron alcanzar. 

La designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto emitido por el presidente Javier Milei generó una discusión en torno a si la medida era constitucional o no.

En diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, el abogado y exvicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf se refirió a esta situación y afirmó que el decreto emitido por el presidente es constitucional. "Ese tema lo definió la Corte", aseguró el ex funcionario, y alegó que "en la República Argentina los actos jurídicos son constitucionales o no según lo determine la Corte Suprema de Justicia".

Ruckauf señaló que el juramento tomado al Dr. Manuel García Mansilla por parte de la Corte confirma la validez del decreto, y aclaró que "no hay otro organismo que pueda definir la constitucionalidad en Argentina que no sea la Corte Suprema". En tanto, la toma de juramento de Ariel Lijo está pendiente debido a su pedido de licencia, cuestión que la Corte deberá definir si se le otorga o no.

Sobre el rol del Congreso en este proceso, detalló que su función es de "revisión" y que para cualquier decisión sobre miembros de la Corte o el procurador general se requieren dos tercios del Senado. "Si no se toma una decisión por dos tercios, el 10 de diciembre estos dos jueces cesan y el presidente puede nombrar a otros", remarcó.

En este sentido, Ruckauf puso como ejemplo lo ocurrido durante el mandato de Mauricio Macri como presidente, cuando designó por decreto a dos ministros de la Corte. "Macri designó por a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz por decreto. Luego, en un acuerdo con el kirchnerismo obtuvieron los dos tercios en el Senado", finalizó. 

Uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, denunció este viernes que en el máximo tribunal de justicia “se han creado oficinas sin sentido y cargos como nunca hubo” desde que el Gobierno anunció su intención de impulsar a dos nuevos jueces para completar al Poder Judicial, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. 

Sus declaraciones las hizo en el marco de la designación de Juan Pablo Lahitou como flamante Secretario de Desarrollo Institucional y la delegación de facultades de los magistrados de la corte al Secretario General del Cuerpo. Ambas resoluciones las firmó en disidencia. 

A través de un comunicado, expresó: “Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte”. 

Dicha fijación de reglas generales, continuó, tienen el objetivo de que las "causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”. 

En ese sentido, afirmó que la “ambición desmedida” de la Corte implicó “que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos”. 

“Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades”, señaló. 

Luego, afirmó que la implementación de esas medidas se constituyeron como “una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población”. 

"Es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró. 

Por otro lado, apuntó contra los otros magistrados, y comunicó que se dictaron nuevas medidas que afectan a las facultades de los mismos “en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no ha sucedido en toda la historia del Tribunal”. 

"La acordada referida a los conjueces, tiene la misión de que muchos casos no sean resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; es algo que nunca existió en toda la historia del Tribunal. Afectará la seguridad jurídica de los precedentes, porque al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además, motivará presentaciones de nulidades”, consignó. 

Por último, concluyó: “La acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.

La Corte Suprema de la Nación dispuso, este jueves, que la reelección indefinida a gobernador en la provincia de Formosa es inconstitucional.

La medida fue impulsada luego de que el partido opositor al gobernador Gildo Insfrán (Confederación Frente Amplio Formoseño), presentara un amparo contra el mandatario por desarrollar su octavo mandato consecutivo.

Los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, dispusieron por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Carta Magna formoseña. 

En ese sentido, tanto Rosatti, como Maqueda y Lorenzetti propusieron que se haga una reforma en Formosa para modificar ese artículo. 

En tanto, Rosenkrantz, argumentó que Insfrán no debió seguir siendo habilitado a presentarse a elecciones pero con el objetivo de respetar a las instituciones de la provincia, “el actual gobernador podrá terminar el mandato que culminará el 10 de diciembre de 2027”. 

Este jueves juraron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe los nuevos fiscales provinciales, luego de que a finales de junio la Asamblea Legislativa aprobara los seis pliegos que se enviaron para cubrir puestos de fiscales titulares y adjuntos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. 

En ese marco, los fiscales Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo de la unidad de Homicidios Dolosos del MPA pasaron a ser fiscales titulares, luego de que el presidente de la Corte, Rafael Gutíerrez, y sus ministros les tomaran juramento. 

En tanto, tras su juramento pasaron a ser nuevos fiscales adjuntos de Rosario los letrados, Bárbara Glikman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paula Barros. 

La Corte Suprema levantó hoy la prohibición de realizar las elecciones en la provincia de Tucumán, como consecuencia del anuncio de Juan Manzur de desistir de su candidatura.

Por mayoría, el alto tribunal dispuso hoy que “dada la renuncia a la candidatura impugnada –aceptada por la Junta Electoral Provincial- corresponde admitir el pedido de levantamiento efectuado por la Provincia de Tucumán”.

En consecuencia, Tucumán quedó en condiciones de votar y la fecha y la modalidad la decidirá la Justicia Electoral local.

La parte resolutiva del fallo dispuso “el levantamiento de la suspensión de la elección a gobernador y vicegobernador de la Provincia de Tucumán”.

La medida fue adoptada en el marco del Juicio Originario 687/2023, impulsado por el Partido por la Justicia Social, a través de “Germán Enrique Alfaro, en su carácter de consejero y presidente de la Mesa Ejecutiva” de esa fuerza.

El planteo objetaba la postulación de Manzur en la fórmula para gobernador y vice, pero ante el nuevo escenario la Corte resolvió habilitar los comicios.

“La Provincia de Tucumán puso en conocimiento del Tribunal que el postulante al cargo de vicegobernador por el Partido Político Frente de Todos por Tucumán para el período 2023-2027, Juan Luis Manzur, renunció a dicha candidatura en los términos que surgen de la nota presentada ante la Junta Electoral Provincial el 11 de mayo del corriente año y solicitó el levantamiento de la medida cautelar”, señaló el tribunal.

La oposición rechazó el levantamiento de la prohibición de celebrar las elecciones, pero el fallo sostiene que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron”.

“En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento”, destacó la Corte.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia «se salieron con la suya» al dictar «cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán» y reclamó que «dejen votar a los tucumanos y tucumanas en paz»,

En una publicación desde su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner denunció además que los integrantes del máximo tribunal «taparon el escándalo de (el titular de la Corte Horacio) Rosatti y su enriquecimiento ilícito».

«Ya se salieron con la suya, hicieron la doble: 1. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán; 2. Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales», escribió en un tuit.

La Vicepresidenta cuestionó de ese modo el fallo del último martes del máximo tribunal judicial del país con el que se hizo lugar a medidas cautelares y se suspendieron las elecciones de gobernador en San Juan y Tucumán que debían realizarse el próximo domingo.

Anoche, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, declinó su candidatura a la vicegobernación de la provincia para el próximo período y anunció que el postulante para ese cargo, acompañando en la fórmula a Osvaldo Jaldo, será el ministro de Interior de ese distrito, Miguel Acevedo.

Manzur dijo que se bajó de la postulación pues adujo «respetar» la resolución de la Corte que suspendió las elecciones para esa categoría en Tucumán, ante la posibilidad de que su candidatura no respete la alternancia reglamentada por la Constitución provincial.

«Ahora ya no tienen excusas. Dejen votar a Tucumán. Dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz YA», sostuvo la Vicepresidenta en su posteo de esta mañana tras conocerse la decisión de Manzur.

Cristina Fernández se refirió además a las denuncias que se investigan en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra los jueces de la Corte Suprema y en particular contra su presidente Rosatti por desmanejos en la obra social del Poder Judicial

El exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi declaró esta semana que su desplazamiento estuvo vinculado a que se «negó a encubrir» a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), Mariano Althabe.

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy un pedido de la provincia de Tucumán para revisar el fallo que suspendió las elecciones a gobernador que estaban pautadas para el próximo domingo.

A la vez, en otra resolución, los jueces rechazaron un reclamo de Juntos por el Cambio de San Juan, que pretendía que también se suspendieran los comicios de intendente, legisladores provinciales y concejales, por lo que ratificó su realización.

En el fallo al que tuvo acceso Noticias Argentinas sobre Tucumán, el máximo tribunal expresó: «Que la Provincia de Tucumán interpone recurso de reposición contra la resolución del Tribunal que dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y ordenó suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de dicha provincia del próximo 14 de mayo, hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo».

«Que el recurso debe ser rechazado, ya que al decretarse la medida cautelar impugnada se efectuó una rigurosa evaluación de los antecedentes de la causa y, sobre la base de ellos, y de los precedentes citados en la decisión que se intenta recurrir, el Tribunal consideró que se encontraban configuradas las razones que justificaban su procedencia», enumeró la Corte.

En tercer lugar, afirmó: «Que los argumentos vertidos por el Estado provincial distan de constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que se considera equivocada (arg. arts. 239 y 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, por ende, no alteran esa decisión en lo que respecta a la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora y a la configuración del peligro en la demora que este Tribunal hizo mérito para el dictado de la medida cautelar en cuestión (arg.Fallos: 327:4850; causa CSJ 277/2012 (48-T)/CS1 «Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza», pronunciamiento del 17 de diciembre de 2013)».

Por ello, el alto tribunal resolvió «rechazar el recurso de reposición interpuesto» por las autoridades tucumanas para restablecer las elecciones del domingo que fueron suspendidas este martes.

La decisión de la Corte respondió a una medida cautelar contra el gobernador Juan Manzur, que se postula a vicebergonador, pero está cuestionado porque -según la oposición- ya excedió la cantidad de períodos en el poder que le permite la Constitución provincial.

En el caso de San Juan, también suspendió por una presentación similar que hicieron contra el gobernador Sergio Uñac, que buscaba la reelección.

En ninguno de los dos casos la Corte Suprema resolvió la cuestión de fondo, es decir, que todavía no se expresó sobre si tanto Manzur como Uñac podrán volver a ser candidatos al Ejecutivo de sus distritos este año.

La Corte Suprema suspendió mediante sendas medidas cautelares las elecciones provinciales del próximo domingo en Tucumán y San Juan.

Lo hizo para evitar la posibilidad de que fueran electos los candidatos Sergio Uñac, en San Juan, y Juan Manzur, en Tucumán, cuyas postulaciones fueron objetadas por la oposición, que sostiene que se están presentando para un cuarto mandato sucesivo.

La medida, a la que accedió Noticias Argentinas, fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, en tanto que Ricardo Lorenzetti no suscribió ninguna de las dos decisiones.

Del texto del fallo parece adelantarse que, finalmente, la Corte no permitirá las candidaturas de Uñac y Manzur, puesto que sostiene que “cuando el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato”.

El texto habla de “cuarto mandato”, que es justamente lo que argumenta la oposición para oponerse a la nueva candidatura de Manzur y Uñac

“Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar”, sostuvieron los jueces de la Corte.

Pese a que las elecciones provinciales forman parte de las facultades previstas en las constituciones locales, la Corte interpretó que puede fallar en ambos casos.

“Dado que es parte demandada una provincia y que el actor ha planteado ante esta Corte de manera seria una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda al justificar su intervención.

“La inminencia de las elecciones previstas para el próximo 14 de mayo y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986”, también conocida como ley de “Acción de Amparo”.

Los jueces enmarcaron la acción en lo que establece el artículo ocho de esa normativa para “abreviar los plazos para integrar el contradictorio”, por lo que requirieron a ambas provincias que en cinco días presente “el informe circunstanciado” que establece la norma previo a resolver.

Así, la Corte podría autorizar la realización de las elecciones en ambas provincias en un plazo perentorio.

La ley prevé que “cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije”.

Los cinco días fijados por la Corte vencerán el próximo miércoles. Superado ese plazo, “se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo”.

De tal forma, la Corte podría resolver la semana próxima la habilitación de las elecciones y, en ese marco, si Uñac y Manzur pueden ser candidatos. ,

La Corte citó como antecedente de los casos de Tucumán y San Juan lo que resolvió en 2019 respecto de Santiago del Estero: “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar —en algunos casos hasta hacerlos desaparecer— los principios republicanos que establece nuestra Constitución”.

“Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia a quien ya lleva doce años ininterrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional”, sostuvo el tribunal en sus fundamentos, en un virtual adelanto de lo que resolverá sobre el fondo de la cuestión.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda iniciada contra la Nación por la coparticipación que le quitó un decreto del presidente Alberto Fernández en 2020.

El máximo tribunal dictó una medida cautelar con voto unánime y ordenó que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y remarcó que esas transferencias deben realizarse en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

De esta manera, los magistrados dispusieron la suspensión de la Ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado en 2020 por el presidente Alberto Fernández, quien así redireccionó fondos hacia la Provincia de Buenos Aires: en esos momentos, el gobernador Axel Kicillof enfrentaba una fuerte protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales.

Según supo NA, la Casa Rosada ya recibió el fallo y se encontraba analizándolo para poder definir los pasos a seguir en Tribunales.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti es el nuevo presidente del alto tribunal, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que quedará como vicepresidente.

Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y por tal motivo, Elena Highton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de tres votos para elegir el nuevo titular del máximo tribunal.

La reunión virtual se inició a las 12, como estaba previsto, pero los ministros dejaron constancia en el acuerdo de selección del nuevo presidente que «a las 10.34 horas del día de hoy el ministro Ricardo Lorenzetti comunicó que se encuentra imposibilitado de asistir al presente acuerdo extraordinario convocado para el día de la fecha en virtud de estar participando de las reuniones del Unidroit y en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council».

A renglón seguido, la acordada 18/2021, señaló que «a las 11.15 horas del día de hoy la ministra Elena Highton de Nolasco solicitó la postergación del acuerdo extraordinario por no estar presente el ministro Ricardo Lorenzetti».

A este pedido, el mismo Rosenkrantz definió que «en virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado».

De este modo, con la presencia de tres de los cinco miembros del tribunal, Maqueda propuso el binomio Rosatti-Rosenkrantz para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, fórmula que fue aceptada por los involucrados.