La elección para elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se pospuso para el próximo martes 2 de diciembre.

Este martes se había realizado la reunión de Acuerdo del máximo tribunal para determinar quién debía dirigir la corte en 2026, pero de acuerdo a un comunicado de prensa difundido en horas de la tarde, “no se llegó a un común acuerdo”.

De esa manera, el tradicional encuentro pasó a un cuarto intermedio y se prevé que se reanude la próxima semana. 

En ese sentido, desde el cuerpo expresaron: “La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe integrada por su presidente, Roberto Falistocco y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza, informa que la elección de su presidente para el año 2026, pasó luego de la deliberación de sus integrantes, a un cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según lo dispuesto en el Acta N° 44”.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) hizo oficial que tomarán una medida de fuerza para el viernes 29 de agosto, por lo que habrá un paro nacional tras el banderazo de propuesta que realizaron esta semana.

Esta medida traerá un fuerte impacto en los Tribunales Federales de Rosario, donde la adhesión al reclamo fue calificada como de “alta repercusión” por la regional del gremio.

El conflicto está centrado en la falta de oficialización de un aumento del 1,9% correspondiente a julio, así como también la recomposición por la pérdida salarial acumulada desde diciembre.

Cabe destacar que el sindicato denunció una merma del 29,2% en el poder adquisitivo de los salarios bajo el actual gobierno. A su vez, reclaman el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y la defensa del sistema jubilatorio vigente.

En tanto, la Corte Suprema informó al gremio que recibió verbalmente la autorización para aplicar el aumento, pero todavía no fue formalizado. Desde la UEJN espererán hasta el martes para conocer la resolución definitiva y ratificar o levantar el paro del viernes 29.

La conducción sindical anticipó que, en caso de que no se oficialice la suba ni se avance con la recomposición por inflación, la medida será “contundente” en todo el país.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sumó este lunes a su último y séptimo integrante con la asunción de Rubén Weder, el anterior fiscal de Estado durante el gobierno anterior, comandado por Omar Perotti. 

Su juramento como flamante ministro de la Corte se realizó en el salón de actos del máximo tribunal y en ese marco, Weder destacó que el que ahora ocupe dicho puesto fue fruto de “consensos políticos entre múltiples sectores”. 

De esa manera, además de la inclusión del ex fiscal de Estado, la Corte de la provincia quedó formada por Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza. 

Jorge Baclini y Margarita Zabalza juraron el pasado lunes 10 de marzo en la sede de los Tribunales de Santa Fe como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial.

Manuel García-Mansilla juró como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia este jueves al mediodía en Buenos Aires.

El flamante integrante del máximo tribunal de Nación encabezó la ceremonia en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales ante la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosartti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti. También participaron de la jura los secretarios letrados del tribunal y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

Por otro lado, en cuanto al juez Ariel Lijo, su solicitud de licencia extraordinaria será tratada por la Corte el próximo jueves 6 de marzo.

El Gobierno provincial avanza con la ocupación de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe este miércoles.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, firmaron y enviaron los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder a la Legislatura santafesina. 

A dos semanas de la publicación de los nombres y pasado el plazo de 15 días para presentar adhesiones o impugnaciones, el proceso continuará en el ámbito legislativo. Las postulaciones recibieron dos observaciones luego de su presentación. 

Según anticipó el Ejecutivo, está previsto que este jueves por la mañana se realice la apertura de sobres por parte presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdo, Raúl Gramajo. De esta manera, el siguiente paso será la convocatoria de los tres postulantes para sus respectivas entrevistas, en la previa a la firma de un dictamen.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, definió a los tres postulantes que serán evaluados para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de la provincia. Los elegidos por el mandatario provincial fueron Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

En primer lugar, Baclini viene de desempeñarse como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El abogado, oriundo de Rosario, fue sugerido desde el propio Ejecutivo provincial. 

Por otro lado, Weder es el ex fiscal de Estado, ocupando el cargo en el gobierno de Omar Perotti, y también fue abogado relator en la Corte. A su vez, quien cierra la terna es Zabalza, abogada y docente con pasos por la Municipalidad de Rosario y tanto el ministerio de Economía como Seguridad provincial.

Los nombres serán evaluados para ocupar los puestos que dejan las renuncias de Maximiliano Netri y María Angélica Gastaldi en la Corte santafesina, además de un tercer lugar agregado a raíz de la reciente ampliación del tribunal.

De esta manera, una vez enviados los pliegos por parte del gobernador, la Legislatura tendrá un plazo de 30 días para requerir antecedentes e informes sobre Baclini, Weder y Zabalza, antes de avanzar a la votación por parte de diputados y senadores provinciales para hacer efectiva la sanción.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno podría designar a una mujer para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que no avancen los pliegos para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El funcionario se refirió al tema durante su presentación del tercer informe de gestión en el Senado. 

"El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el Presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen", manifestó Francos. 

Asimismo, desde el Gobierno no descartaron que el nombramiento de Lijo y García Mansilla se pueda realizar por decreto. “No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”, indicó el jefe de Gabinete. 

En este sentido, Francos había señalado días atrás, en una entrevista realizada en Radio Mitre, que todas son “alternativas que están en análisis”, pero que “todavía no se tomó ninguna decisión al respecto”. 

"Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, afirmó el funcionario.

La Corte Suprema de Justicia Nacional, señaló que la prisión perpetua se aplicó de forma errónea en un caso concreto. 

La medida firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, responde a un caso en que la reclusión perpetua afectaba al derecho a la esperanza de un sospechoso. Asimismo, Ricardo Lorenzetti no avaló la propuesta. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el falló declararía como inconstitucional el artículo 12, inciso 1 del Código Penal, al establecer que condenados por los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal no pueden acceder a la libertad condicional. 

En ese sentido, la perpetua dejaría de serlo como tal ante la posibilidad de poder adquirir la libertad condicional. 

El caso por el que se originó la declaración de inconstitucionalidad es por el asesinato de una policía llamada María Luján Campilongo, ocurrido el 19 de noviembre de 2012, cuando hasta seis delincuentes que iban en dos autos, rodearon el vehículo de la joven y su novio que estaban de vacaciones, para luego disparles 30 veces. 

La cabo de la Policía Federal de 34 años murió de un disparo en la cabeza, mientras que su pareja logró sobrevivir. 

Por la causa había sido condenado por el Tribunal Oral de Menores N2 de Caba a prisión perpetua, un joven identificado como Sebastián Alejandro Guerra, al ser sindicado como coautor responsable de homicidio reiterado en dos oportunidades además de robo con arma de fuego reiterado en cuatro oportunidades. 

Pero la defensa del acusado solicitó que se declare esa pena como inconstitucional, debid a que le impedía acceder a la libertad condicional, pero el pedido fue rechazado por el Tribunal al argumentar que el sospechoso todavía no podía pedir su libertad al no cumplir el tiempo mínimo en su pena. 

Por tal motivo, el mismo pedido lo hicieron llegar a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, donde insistieron que la pena de prisión realmente perpetua aplicada en el caso es incostitucional, al ir en contra del mandato resocializador de la pena a cárcel y la prohibición de imposición de castigos crueles o inhumanos. 

En ese marco, la Sala I de Casación declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y su apliacación en el caso en cuestión. Pero la fiscalía redobló la apuesta y presentó un recurso extraordinario federal para dejar inválido tal pedido. 

En dicho recurso explicaron que la discusión de la legalidad de la norma que habilita las penas perpetuas debería darse cuando el condenado esté en condiciones de poder acceder a la condicional. 

Como el contrapedido de la fiscalía también fue aceptado por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación, el caso giró a la Corte Suprema de la Nación, pero los magistrados antes mencionados no dieron lugar al recurso al no haber rebatido los arguementos de la defensa de Guerra. 

La Cámara de Diputados y de Senadores de la Legislatura santafesina le dio la media sanción este jueves a la tarde a la ley de Reforma Judicial.

Con 34 votos a favor, 12 en contra y una sóla abstención, el oficialismo con apoyo de un sector del partido justicialista comandado por Omar Perotti y el Frente Amplio por la Soberanía, la reforma se dictaminó en el marco de la sesión de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. 

Más entrado a la tarde, el Senado hizo lo propio y avaló la nueva ley en un dictamen que duro pocos minutos con 13 votos a favor, 2 abstenciones y 4 ausencias. 

De esta manera, la Corte Suprema santafesina pasará a tener siete miembros, tribunal que deberá ser conformado de acuerdo a la paridad de género. 

Por otro lado, la nueva norma establece que los magistrados de la Corte no podrán continuar en sus funciones una vez cumplan los 75 años. Aunque podrán durar en el cargo cinco minutos más dependiendo si se aprueban los pliegos correspondientes. 

Otro de los cambios que introduce el texto es el hecho de que la Corte deberá publicar en la página web de la Justicia un informe de gestión del año judicial. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fue reelecto en el cargo este martes.

La votación tuvo lugar esta mañana y, d esta manera, el santafesino continuará como titular en el máximo tribunal del país por tres años más.

En tanto a la decisión, la agencia Noticias Argentinas aseguró que quienes dieron luz verde fueron los ministros Carlos Rosenkrantz, quien continúa como vicepresidente, y Juan Carlos Maqueda. Por otro lado, Ricardo Lorenzetti se abstuvo.

En este sentido, Maqueda dejará su cargo a fin de año por cumplir la edad máxima prevista para el ejercicio de la magistratura, 75 años.

Este jueves juraron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe los nuevos fiscales provinciales, luego de que a finales de junio la Asamblea Legislativa aprobara los seis pliegos que se enviaron para cubrir puestos de fiscales titulares y adjuntos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. 

En ese marco, los fiscales Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo de la unidad de Homicidios Dolosos del MPA pasaron a ser fiscales titulares, luego de que el presidente de la Corte, Rafael Gutíerrez, y sus ministros les tomaran juramento. 

En tanto, tras su juramento pasaron a ser nuevos fiscales adjuntos de Rosario los letrados, Bárbara Glikman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paula Barros. 

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos a integrar la Corte Suprema propuestos por el Gobierno nacional, tendrán que presentarse a audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado los días 21 y 28 de agosto, respectivamente. 

En ese sentido, ambos candidatos deberán defender en esas audiencias el por qué son adecuados para integrar la Corte. 

Los edictos con la convocatoria a las audiencias públicas, serán publicados el 19 y 22 de julio, con el fin de activar los plazos. Por otro lado, el periodo que permite presentar impugnaciones será desde el 23 hasta el 29 del mismo mes. 

Los puestos a ocupar serán para reemplazar a la jueza Elena Higton de Nolasco, que dejó su lugar en la Corte en octubre de 2021; y al Ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, que deberá abandonar su lugar debido a que cumplirá 75 años, el máximo de edad establecido por la Constitución para ser magistrado del máximo tribunal. 

El Gobierno Nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, según informaron fuentes judiciales.

La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona.

“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora”, indicaron los abogados de la PTN según informó Télam.

Al respecto, los letrados señalaron que “tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”. El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de “necesidad y urgencia” a las que recurrió el Ejecutivo para no pasar la mentada reforma por el Congreso de la Nación.

“El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, remarcaron los jueces de la Cámara Federal del Trabajo en el momento que dejaron sin efecto el capítulo 4 del DNU.

En su escrito de casi 40 páginas, los abogados de la PTN también cuestionaron los criterios que utilizó de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral. “Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado”, sostuvieron los representantes legales del Estado nacional. Y agregaron: “A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, dispararon.

Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que “la excepcionalidad, que no es emergencia” es “un concepto de valoración meramente política y no jurídica” como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.

A criterio de la representación legal del Estado, sostuvo que estos conceptos son “ajenos” para “la práctica constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. La valoración política de la emisión del DNU corresponde exclusivamente el Poder Legislativo”.

La Cámara Nacional del Trabajo declaró el 30 de enero último la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del DNU 70/2023 del Gobierno con motivo de una presentación realizada por la CGT. El tribunal sostuvo que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado era contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La norma establece que el Ejecutivo nacional “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”, pero que “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”.

La CGT se movilizó el pasado 27 de diciembre pasado a los Tribunales para reclamar que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del DNU que Milei había anunciado a la población una semana antes por cadena nacional. El 24 de enero último, la central obrera llevó adelante un paro nacional por 12 horas de extensión y una manifestación esta vez frente al Congreso para sostener el reclamo y rechazar las medidas económicas del Gobierno nacional. Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el DNU que firmó el presidente Milei son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

El Gobierno salió al cruce la Corte Suprema por la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán con una dura crítica al tribunal, al considerar que los fallos representan una «clara intromisión en el proceso democrático».

La resolución judicial reavivó la pelea entre la Casa Rosada y el alto tribunal, que decidió dejar en suspenso los comicios de dos provincias con gobernadores peronistas a cinco días de su realización.

«En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo», expresó Presidencia en un comunicado.

Tras la decisión del máximo tribunal, el Gobierno enfatizó: «Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar».

«Ayer el ex presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal», afirmó la administración que encabeza Alberto Fernández.

Sobre los dicho del líder del PRO, el Gobierno consideró que «este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia Argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia».

«Esos tristes conceptos de un ex presidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos», apuntó.

Luego de que la Corte Suprema decidiera suspender las elecciones de San Juan y Tucumán que estaban previstas para el próximo domingo, el Gobierno sostuvo que «es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo».

«La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos», agregó.

Alberto Fernández anunció que pedirá el juicio político del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. La decisión se dio a conocer mediante un comunicado que el mandatario publicó en redes sociales y la misma será impulsada en conjunto por un grupo de gobernadores.

El jefe de Estado, quien este domingo viaja a Brasilia para estar presente en la asunción de Lula da Silva, emitió un mensaje reflexivo en torno al comienzo de 2023 en su cuenta oficial de Twitter, en el que expresó: «Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos».

Debajo del mensaje, el presidente adjuntó un texto alusivo donde explicó: «He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones».

Luego, agregó: «También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”.

Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos. pic.twitter.com/rsHKFc2BvI

— Alberto Fernández (@alferdez) January 1, 2023

«Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado» añadió Fernández.

Por último, el mandatario concluyó: «Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución. Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes».

La Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó este martes el acuerdo firmado por el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe para el pago de la deuda por $ 151.873 millones a favor de la provincia. Se trata del cumplimiento del fallo del máximo tribunal que en 2015 declaró inconstitucional la detracción del 15% de coparticipación para financiar a la Ansés.

El gobernador Omar Perotti destacó en su cuenta oficial de Twitter que la homologación del acuerdo de ejecución de sentencia cierra «un proceso largamente esperado por todos los santafesinos».

Explicó que el monto actualizado de la deuda es de $ 160.000 millones, al que se descuenta el monto adelantado por Nación a partir del Consenso Fiscal 2017 mediante un bono. El monto final se acerca a los $ 152.000 millones, coparticipables a municipios y comunas.

«A partir de esta homologación, corren 30 días hábiles para que el gobierno nacional entregue la totalidad de títulos públicos a la provincia y se transfiera el remanente del bono del Consenso Fiscal a la Nación», explicó.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Perotti firmaron el 29 de junio en la Casa Rosada el acuerdo para saldar la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe por la coparticipación.

El proceso lo inició administrativamente el ex gobernador Jorge Obeid, y el ex gobernador Hermes Binner se presentó en la Corte Suprema.

El acuerdo fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para que sea refrendado, ya que el mismo proviene de un fallo del alto tribunal emitido en 2015, cuando falló por una deuda en ese momento de 86 mil millones de pesos.

Días después de la firma, en una conferencia de prensa en la Casa Gris, Perotti explicó que el gobierno nacional pagará la deuda de $ 151.873 millones que tiene con la provincia con bonos y letras ajustadas por inflación, que vencerán en forma escalonada a los largo de diez años. Con una duración promedio de 3,5 años por instrumento, el Estado santafesino recibirá en los primeros dos años unos $ 50 mil millones.

Este cobro será coparticipado a municipios y comunas, y tendrá como destino el financiamiento de gasto de capital. Los activos son transferibles pero la idea no es venderlos sino capturar los pagos que devengarán, en la mayoría de los casos, dos veces al año.

El gobernador reivindicó la estrategia elegida para firmar el acuerdo. «Podríamos haberlo cerrado antes pero elegimos esperar el fallo de actualización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ganamos $ 60 mil millones», dijo.

Daniel Erbetta, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, fue víctima de un intento de robo en pleno centro de la ciudad de Rosario. El funcionario fue abordado este miércoles al mediodía, en Paraguay al 600. Por fortuna, el atacante no pudo sustraer sus pertenencias.

El funcionario aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente. «Ya aporté los elementos a la Fiscalía. Es importante que las víctimas denuncien para construir algún tipo de esquema focalizado en la repetición de estos hechos en los mismos lugares», expresó en una entrevista radial con Radio 2.

«Hay una absoluta y permanente ausencia en la presencia policial. Ya presencié en el último año no menos de tres arrebatos en ese lugar. Siempre es lo mismo: un chico en la vereda que apunta a la víctima y se comunica con uno que anda en moto, que es el que consuma el hecho», continuó el ministro de la Corte Suprema santafesina.

Por último, Erbetta se refirió al ataque del último domingo a la parrilla El Establo: «La Policía llegó a los 40 minutos, la moto se fue a contramano en dirección adonde está la comisaría. No se dispuso un cuadrante de contención que es de manual, de protocolo, hasta dos horas después. ¿Qué tengo que pensar como ciudadano?».

La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia al cargo a parir del próximo 1 de noviembre, según publicó oficialmente el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Dra. Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación https://t.co/tt3iU2uGr4

— Centro de Información Judicial (@cijudicial) October 5, 2021

La única jueza mujer del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.

Hasta el 30 de setiembre pasado, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte.

«Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año», expresó la jueza en una misiva dirigida a Alberto Fernández, fechada el pasado 30 de septiembre.

La carta fue publicada en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Ese día, el 30 de septiembre, se produjo la votación -de la que ella no participó- en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal.

Highton de Nolasco quedó ofuscada por el procedimiento y por la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que se postergara la votación, habida cuenta de que su colega y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el Acuerdo Extraordinario.

Hasta ese día, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz.

La única jueza mujer del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.

Esa permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto con Rosenkrantz; el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, y el ex asesor presidencial en material judicial del ex presidente Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

Pese al hermetismo en su vocalía, fuentes de la Corte explicaron que en la decisión de Highton de Nolasco influyeron no sólo esos cuestionamientos sino también un pedido familiar a raíz de situaciones privadas.

La Corte Suprema de Justicia admitió este martes el ‘per saltum’ y prohibió por el momento reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. De esta forma, el Consejo de la Magistratura no podría realizar cambios hasta tanto se analice el fondo de la cuestión

Más temprano, Alejandro Carrió, abogado de Bruglia y Bertuzzi, aseguró en CNN Radio que los miembros del máximo tribunal “deberían tomar nota” del reclamo de la sociedad en torno al caso de los traslados de los jueces anulados por el Senado.

“No sé si (se sienten) presionados. Me parece bien que tomen nota. Los jueces leen los diarios. Tienen que estar atentos a los temas que despiertan interés de la sociedad”, dijo el letrado en Café con Pepe.

Desde el lunes se realiza frente a Tribunales una marcha, acampe y vigilia para respaldar a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

En su diálogo con el periodista Pepe Gil Vidal, Carrió resaltó “el hecho de que la gente esté expectante” de este caso y expresó: “Ojalá que lo tomen en buen sentido”.

Carrió dijo estar “gratamente sorprendido” por la vigilia frente a Tribunales y destacó la importancia de que “la sociedad tome conciencia de que los poderes del Estado son tres y cuando dos están desoyendo mandatos de la Constitución” es “muy saludable que la gente salga a la calle y se pronuncie” en contra.

A su juicio, “Argentina es un país que en general no ha tenido gran conciencia de la importancia de las libertades. Me parece muy saludable que (la gente) también salga a la calle cuando se siente atacada en sus instituciones”.

Para Carrió, “los jueces fueron trasladados con mecanismos razonables” y precisó que “es el mecanismo legal que se ha usado por una cuestión que funciona muy mal”.

Al respecto, señaló que “el Consejo de la Magistratura está muy influenciado por la política” y señaló que el último concurso “duró 10 años”.

“Si usted piensa que uno de estos organismos funciona de manera tan inefectiva se producen varias vacantes y se llenan con traslados de jueces de la misma jerarquía”, indicó.

Y acotó: “Esas vacantes había que llenarlas de alguna manera y se llenó con estos traslados y fueron convalidados con una acordada”.

Carrió sostuvo que “si los mecanismos” jurídicos “hubiesen funcionado de manera efectiva a lo largo de los años” no se producirían este tipo de hechos.

“Cuando usted tiene un sistema en el cual el Consejo de la Magistratura, que está dominado más por la clase política, empantana concursos durante tantos años, eso provoca que haya muchas vacantes y se ha apelado al mecanismo de traslados”, aseveró.

Juntos por el Cambio acusó al gobierno de impulsar y lograr la anulación de esos traslados porque los jueces llevan adelante causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Ellos no tienen el acuerdo del Senado para el exacto puesto. Por eso se ha apelado a traslados y en algún momento eso llegó a la corte. O la cámara federal funciona con jueces de igual jerarquía o tenemos que empezar concursos de 10 años y tenemos la Cámara paralizada. Probablemente se ha optado por el mal menor”, enfatizó.

Alejandro Carrió, abogado de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aseguró este martes en CNN Radio que los miembros de la Corte Suprema de Justicia “deberían tomar nota” del reclamo de la sociedad en torno al caso de los traslados de los jueces anulados por el Senado.

“No sé si (se sienten) presionados. Me parece bien que tomen nota. Los jueces leen los diarios. Tienen que estar atentos a los temas que despiertan interés de la sociedad”, dijo el letrado en Café con Pepe.

Desde el lunes se realiza frente a Tribunales una marcha, acampe y vigilia para respaldar a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

La Corte Suprema de Justicia debe tratar este martes, en el marco de un “acuerdo extraordinario”, el pedido de “per saltum” presentado por estos tres magistrados cuyos traslados fueron revocados por la cámara alta por impulso del oficialismo y ante el rechazo de la oposición.

En su diálogo con Pepe Gil Vidal, Carrió resaltó “el hecho de que la gente esté expectante” de este caso y expresó: “Ojalá que lo tomen en buen sentido”.

“Yo confío en que la Corte va a resolver bien” la causa, enfatizó.

Carrió dijo estar “gratamente sorprendido” por la vigilia frente a Tribunales y destacó la importancia de que “la sociedad tome conciencia de que los poderes del Estado son tres y cuando dos están desoyendo mandatos de la Constitución” es “muy saludable que la gente salga a la calle y se pronuncie” en contra. Y añadió: la sociedad “espera que (la Corte) se pronuncie por el poder más débil que es el Poder Judicial”.

A su juicio, “Argentina es un país que en general no ha tenido gran conciencia de la importancia de las libertades. Me parece muy saludable que (la gente) también salga a la calle cuando se siente atacada en sus instituciones”.

Para Carrió, “los jueces fueron trasladados con mecanismos razonables” y precisó que “es el mecanismo legal que se ha usado por una cuestión que funciona muy mal”.

Al respecto, señaló que “el Consejo de la Magistratura está muy influenciado por la política” y señaló que el último concurso “duró 10 años”.

“Si usted piensa que uno de estos organismos funciona de manera tan inefectiva se producen varias vacantes y se llenan con traslados de jueces de la misma jerarquía”, indicó.

Y acotó: “Esas vacantes había que llenarlas de alguna manera y se llenó con estos traslados y fueron convalidados con una acordada”.

Carrió dijo que “si los mecanismos” jurídicos “hubiesen funcionado de manera efectiva a lo largo de los años” no se producirían este tipo de hechos.

“Cuando usted tiene un sistema en el cual el Consejo de la Magistratura, que está dominado más por la clase política, empantana concursos durante tantos años, eso provoca que haya muchas vacantes y se ha apelado al mecanismo de traslados”, aseveró.

Juntos por el Cambio acusó al gobierno de impulsar y y lograr la anulación de esos traslados porque los jueces llevan adelante causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Ellos no tienen el acuerdo del Senado para el exacto puesto. Por eso se ha apelado a traslados y en algún momento eso llegó a la corte. O la cámara federal funciona con jueces de igual jerarquía o tenemos que empezar concursos de 10 años y tenemos la Cámara paralizada. Probablemente se ha optado por el mal menor”, enfatizó.

Finalmente, Carrió dijo que “si la Corte llegara a la conclusión de que estos jueces estuvieren bien removidos es una decisión que hay que aceptar”.