Un agente de la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión condicional por un procedimiento irregular realizado en República de la Sexta en diciembre del 2024. 

El suboficial señalado fue identificado como Julián Márquez, de 27 años. La sentencia fue dictada por la jueza Verónica Lamas González luego de que el acusado sea declarado coautor por hechos de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas y lesiones leves calificadas.

Además de su condena, se lo inhabilitó por 10 años a ocupar cargos públicos y tuvo que pagar una multa de 5 millones de pesos. 

El hecho que comenzó la causa que ya tenía otro condenado fue un control a un joven que iba en una moto Yamaha YBR realizado el 7 de diciembre en Esmeralda e Ituzaingó, cuando salió a comprar algo, pero había dejado su documentación -tanto personal como del rodado- y su billetera en la casa de su hermano. 

El procedimiento fue iniciado por Márquez y un compañero al que después se sumaron otros dos. Los agentes le arrebataron el celular al joven y se quedaron con la moto, mientras que los dos agentes que llegaron a reforzar el procedimiento lo acompañaron a la casa del hermano para que muestre la documentación. 

En ese marco, explicó el fiscal Pablo Socca en base al testimonio de la víctima, los policías acusaron al motociclista de querer cerrar la puerta y forzaron su entrada en la vivienda. 

Asustado por el accionar policial, el joven comenzó a gritarles y a filmarlos, hasta que escapó hacia la calle por la terraza, donde agarró su moto que estaba abandonado sin los otros uniformados y la escondió por Ituzaingó y Beruti. Luego se fue a casa de su madre, donde se quedó. 

Aunque logró evadir el irregular procedimiento, el afectado relató que quería “saber qué había pasado con su hermano” pero que cuando salió “llegó la policía motorizada”. Al verlo por la calle, el joven trató de escapar hasta que pudo volver a refugiarse en casa de su madre, donde lo volvieron a detener tras otro allanamiento. 

En medio de ese irregular procedimiento, de acuerdo a la investigación, se constató que de la casa del hermano faltaban 70 mil pesos y un celular Motorola. En tanto, de la casa de la madre, ya no estaban múltiples objetos cosméticos tales como un masajeador de pies, un lipoláser y radiofrecuencia, un asiento masajeador, entre otros. Además de un parlante que no estaba en los informes porque lo robo uno de los involucrados, Bernardino Fernández. 

La detención del joven que iba en moto fue justificada porque cargaba con un revólver calibre .38 que había sido descartado en un techo durante la persecución, pero se comprobó que el arma era de uno de los policía que llevaba de forma ilegal. 

No obstante, el caso no se conoció hasta que la víctima declaró acerca de lo ocurrido tras ser imputada por presuntamente portar un arma de fuego de guerra, resistirse a la autoridad y cohecho activo. Así las cosas, los acusadores precisaron que el acta del procedimiento estaba plagado de irregularidades y autorizaciones para irrumpir en los inmuebles que obligaron a los familiares a firmar. 

Un agente de la Brigada Motorizada fue condenado por haber formado parte de múltiples procedimientos llenos de irregularidades y de haber solicitado un soborno.

Se trata del suboficial de 23 años llamado Rodrigo Ramírez, quien fue sentenciado a tres años de prisión condicional tras declararse culpable de las acusaciones que se le achacaban. 

En ese sentido, la Fiscalía lo señaló por cometer los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada por su condición de funcionario público en calidad de coautor, privación ilegítima de la libertad con autoría mediata (agravada por extenderse más de un mes), e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello en concurso real.

Así las cosas, el juez Carlos Leiva le homologó la condena este jueves que, además, lo dejó inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá pagar en 36 cuotas, una multa de 4 millones de pesos. 

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Pablo Socca, los procedimientos irregulares se realizaron en conjunto con otros agentes llamados Jesús Soria, Lucila B., y Dylan Pérez, cuando en julio del año pasado comenzaron a custodiar una vivienda que había sido atacada tiros en Castagnino al 1200.

En ese lugar, Soria trabó amistad con Sandra Álvarez, vendedora de droga y víctima de la balacera contra su hogar para que le pase información y así falsificar procedimientos. Uno de ellos fue el 18 de noviembre, cuando la mujer le informó que había un conocido apodado como Rana que quería vender dos pistolas con munición.

En base a esos datos, Pérez se hizo pasar por comprador y contactó a Rana para concretar la venta en Fournier y Antequera. Finalmente se hizo la compra, sólo que el vendedor fue detenido junto a un conocido por Ramírez y el resto de los uniformados, quienes se quedaron con las armas y le pidieron dos millones de pesos para liberarlo. No obstante, el procedimiento no se informó de esa manera, sino que los policías solo detuvieron a un sujeto e incautaron una sola pistola. 

Según lo revelado por la investigación, Soria le contó a Álvarez cómo se realizó el hecho: "Lo dejé libre y metí en cana al otro. Aunque nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data. Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, prestó declaración este jueves en los tribunales santafesinos por el juicio contra los exjefes policiales acusados de corrupción, Omar Odriozola y Rafael Grau.

El mandatario formó parte de la audiencia de esta mañana y ofició como testigo en el marco de la causa conocida como “D4", en la que se acusa a los extitulares de la Policía de Santa Fe de liderar una organización ilícita dedicada a defraudar económicamente al Estado utilizando facturas de presuntos arreglos de patrulleros. 

En este sentido, Pullaro, quien fue el denunciante durante sus funciones como ministro de Seguridad en el gobierno de de Miguel Lifschitz, aseguró: "Uno tiene que ser muy claro en estas cosas, cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”.

Por otro lado, el gobernador destacó que “la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta”.

"Acá hay que hacer lo que uno tiene que hacer como funcionario público, porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales. Entonces, parece que la cosa va derecha, pero en realidad va a torcida y cada vez se va torciendo más", analizó el convencional constituyente.

En relación a sus días al frente de la cartera de Seguridad cuando salieron a la luz las irregularidades de la causa, Pullaro expresó: "Me vi muy conmovido con lo que se me anoticiaba a través de un mensaje anónimo muy certero, porque lo que se me informaba era con números de móviles, tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia".

"Yo tenía que hacer esa denuncia, y acompañé ese mensaje anónimo a la Fiscalía con mi firma, que posteriormente derivó en allanamientos, detenciones y varios juicios abreviados", concluyó el mandatario.

Trece policías y cuatro civiles fueron imputados este jueves en el marco de la causa por malversación de fondos para la compra de combustible dentro de las fuerzas policiales de Rosario. 

El juez Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar a las acusaciones formuladas por el fiscal José Luis Caterina y le dispuso para 16 de los 17 imputados la prisión preventiva por el plazo de seis meses, quienes fueron señalados por cometer los delitos de cohecho pasivo, peculado, falsedad ideológica y defraudación.

En tanto, una civil llamada María D. F., empleada administrativa, será puesta en libertad aunque deberá cumplir con distintas medidas de conducta, como confirmar su presencia en la Oficina de Gestión Judicial cada quince días; no acercarse o comunicarse con los demás involucrados; y declarar en qué domicilio reside, el cual no podrá modificar sin que se lo autorice la Justicia por el plazo de la ley.

“Nosotros acordamos la libertad a una administrativa vinculada a la estación, pero para los trece policías detenidos y los otros tres civiles involucrados se resolvió disponerles la prisión preventiva por seis meses hasta noviembre”, indicó Caterina en una rueda de prensa.

En relación a las pruebas recolectadas que comprobaban las maniobras de corrupción, explicó: “Pudimos demostrar con evidencia objetiva, que hubo sobrefacturación en las cargas de combustible y cargas fantasmas. Lo que las califica como dos maniobras defraudadoras, un peculado y una defraudación al Estado”.

Luego, argumentó cómo se llevaban a cabo: “Los acusado concentraban las Visa Flota, que son una especie de tarjeta de crédito que tienen todos los móviles policiales, y las aprovechaban para alterar la cantidad de combustible cargada y sobrefacturarla en otros casos, que eran de entre un 15 y 20%”.

“Aunque, descubrimos que en vehículos que estaban a cargo de logística o que eran usados de manera particular, había facturaciones fantasmas sin ningún tipo de contraprestación. En ese sentido, en un mes se defraudaban un millón de pesos por móvil y eso lo hacía un comisario con su rodado”, agregó.

Sobre el rol de los civiles, describió: “Por otro lado, teníamos a los empleados de la estación preparando sobres con dinero para distintos efectivos policiales, a los que mencionan ya sea llamándolos por su nombre, cargo o describiéndolos físicamente". En ese contexto, Caterina destacó el rol que tuvo la unidad de Asuntos Internos en la investigación, encargada de filmar a los sospechosos entrar a la estación al cabo de las quincenas. 

Durante la audiencia imputativa celebrada en el Centro de Justicia Penal, se precisaron, además, los roles y acusaciones especificas para cada imputado.

El Comisario Supervisor Jefe de Garage de la U.R. II, Gerardo R., fue señalado por los delitos de peculado de caudales públicos en calidad de partícipe primario; cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El Comisario Supervisor como Jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, Rodrigo D., por los delitos de Cohecho pasivo y Peculado de caudales públicos en calidad de partícipe primario y cohecho pasivo.

El Comisario como Jefe de la Sección Caballería y Perros de la UR II, Fabián F., por los delitos de peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; Falsedad ideológica.

El comisario y Jefe del Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo P., se lo apuntó por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica ; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El inspector y subjefe de la Sección Caballería y Perros, Mario B., fue acusado por los delitos de  peculado de caudales públicos y Falsedad ideológica y cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El inspector responsable del combustible para la Brigada Motorizada de la UR II, Juan Alberto V., por los delitos de Peculado de caudales públicos; falsedad ideológica; Cohecho pasivo ; Defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

La inspectora Jefa de Sección Ficheros al interior de División Personal,  Nancy P, por los delitos de peculado de caudales públicos en carácter de partícipe primaria; Defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primaria.

El inspector encargado del combustible de la Policía de Investigaciones (P.D.I), Franco C., por los delitos de Peculado de caudales públicos en calidad de coautor; cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El subinspector miembro del Cuerpo Guardia Infantería. (C.G.I.), Javier A., por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos en calidad de coautor, defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario y falsedad ideológica.

El  subinspector encargado del combustible de División Logística, Jorge D., por los delitos de  cohecho pasivo; peculado de caudales públicos en calidad de coautor; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario y falsedad ideológica.

El subinspector  del Grupo Táctico Multipropósito (G.T.M), Fernando C., por los delitos de cohecho pasivo; Peculado de caudales públicos en calidad de coautor, Defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El subinspector numerario de Garage Oficial, Gustavo B., por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos en calidad de coautor , defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

El  subinspector encargado del combustible para el Comando Radioeléctrico de Rosario, Sergio L., por los delitos de Cohecho pasivo; peculado de caudales públicos en calidad de coautor ; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

A Monica B. (civil), por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primaria; defraudación agravada por afectar a una administración pública; y cohecho activo.

A Oscar C. (civil), por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primaria; defraudación agravada por afectar a una administración pública; y cohecho activo.

A Daniel R. (civil), por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primario; defraudación agravada por afectar a una administración pública; y cohecho activo.

Finalmente, a María Fernanda D.F., civil y la única liberada, por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe secundaria; cohecho activo en carácter de partícipe secundaria.

El fiscal José Luis Caterina expuso este martes en la audiencia imputativa contra los trece policías y los cuatro civiles involucrados en las maniobras de malversación de fondos para la compra de combustibles dentro de las fuerzas de la ciudad y explicó cómo se llevaron a cabo. 

En ese marco y ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, sostuvo que el caso comenzó a investigarse diez meses atrás, el 10 de julio del 2024, cuando recibieron una comunicación por correo postal sobre los movimientos de corrupción en torno a los fondos que debían usarse para recargara de combustible a las unidades que se gestaban en las sombras de la Unidad Regional II.

De esa manera, la unidad de Asuntos Internos comenzó a investigar los informes sobre verificaciones en la sección de Garage Oficial, que era encabezada por uno de los principales imputados, Gerardo Ramírez.

Desde ese momento detectaron que los móviles del Comando Radioeléctrico realizaban cargas de combustible inconsistentes, por lo que se rastreó a los patrulleros por GPS y se constató que los mismos iban a cargar a una estación de servicio en horarios distintos a los indicados en las facturas.

No sólo se comprobaron los desfasajes en los horarios en las cargas, prosiguió el fiscal, sino que también se detectó que los vehículos consumían más de lo habitual por la cantidad de kilómetros recorridos y que otros que ya no se usaban más aparecían en las facturaciones. En una ocasión, se siguió un Fiat Cronos que hacía de patrullero y los datos arrojaron que consumió 170 litros más de los necesarios para el recorrido que hizo,

Así las cosas, se detectaron cobros diarios de entre 20 mil y 30 mil pesos por cargas de combustibles a más de ochenta patrulleros que no se habían puesto en circulación. 

13 de los 17 acusados son agentes pertenecientes a distintas fuerzas del entramado del entramado policial del departamento Rosario. Entre ellos están, el subcomisario de Garage, Gerardo Ramírez (anteriormente mencionado en el sector que se comenzaron a detectar las cargas irregualres); el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el jefe de la sección Caballería y Perros, Fabián Darío Fantín; el subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi. También están implicados Sergio Darío López del Comando Radioeléctrico; Javier Arce del Cuerpo Guardia de Infantería; Juan Alberto Villordo a cargo del combustible del Comando Radioeléctrico y Nancy Plomer, jefa de la sección Ficheros al interior División Personal. Asimismo, están complicados el subinspector Franco Cuesta, a cargo de las cargas de la Policía de Investigaciones; ; Jorge Delgado, responsable de combustible de la División Logística; Gustavo Bazán de Garage Oficial y Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito.

En el caso de los policías, se presentaron escuchas pertenecientes a Ramírez, López y su pareja, Plomer, en las que se revelaron que López elaboraba planillas de combustible que presentaba en la estación y trascendieron frases como “termine de firmar los papelitos" y “¿cuánto le juntaste?”.

En tanto los civiles imputados junto a los uniformados trabajaban para una empresa de gas que era gestionada por la marca a cargo de la estación de servicio implicada. Se tratan de Mónica Bianconi, presidenta del directorio de la firma, Oscar Coullery, director suplente, un encargado llamado Daniel Reynoso y una empleada del área de administración identificada como María Fernanda De Franco.

Por el lado de los civiles, las autoridades vigilaron las oficinas de la estación ligada a las maniobras de corrupción y se fotografiaron múltiples entradas y salidas de Fantín, Brest, Pigozzi, Villordo, Arce, Ramírez, Ceballos, Delgado y Cuesta, con sobres de papel madera o incluso cajas. 

En ese contexto, pidió que a 16 de los imputados se les disponga la prisión preventiva efectiva por cometer los delitos de cohecho, peculado, falsedad ideológica y defraudación. La audiencia continuará este miércoles a las 14 con la exposición de la defensa.

Los 17 sospechosos detenidos en el marco de 36 allanamientos realizados en Rosario y la región por malversación de fondos para combustible en la Policía serán llevados a audiencia imputativa la próxima semana, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.

La mayoría de los aprehendidos son miembros de los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Además, hay cuatro civiles que están relacionados a las estaciones y fueron identificados como Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.

En cuanto a su identidad y ocupación de los sospechosos, se trata de Davina P, subinspectora y subjefe en Talleres Mecánicos Tarragona; Francisco T., miembro del Cuerpo Infantería; Ramón S., miembro del Comando Radioeléctrico; Mario B., inspector, subjefe de la Sección Perros y Caballería; Rodrigo D., comisario supervisor, Jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la URII; Gerardo R., comisario supervisor, Jefe de Garage de distribución de combustible URII; Nancy P., empleada policial División Personal; Sergio L., subinspector- Comando Radioeléctrico; Juan V., inspector de la Brigada Motorizada; Juan P., comisario, en la Brigada de Orden Urbano; Javier A., subinspector, del Cuerpo Guardia de Infantería; Fernando C., subinspector del Grupo Táctico Multipropósito; Jorge D., sub inspector de la División Logística; Gustavo B., de la División Logística; Franco C., inspector de Policía de Investigaciones; y Fabián F., comisario, jefe en la Sección Perros y Caballería. 

Los procedimientos que desembocaron en sus detenciones fueron impulsados por la Agencia de Control Policial y ordenados por la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional Rosario a cargo del Fiscal José Luis Caterina.

Asimismo, el gobierno de la provincia decidió intervenir a la Unidad Regional II y dispuso durante tres meses a Claudio Romano como interventor.  

La provincia dispuso la intervención de la Policía de Rosario a partir de este lunes en el marco de la investigación por malversación de fondos vinculada al desvío de partidas que debían ser utilizadas para la compra de combustibles de los patrulleros. 

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, en conjunto con el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo y el fiscal que encabeza la causa, José Luis Caterina, quienes además brindaron más detalles acerca de los procedimientos. 

En tanto, el interventor de la Unidad Regional II será Claudio Romano y cumplirá esas funciones durante tres meses. La medida se tomó luego de que, tras la serie de procedimientos realizados durante la jornada, se desplazara al titular Daniel Acosta y otros funcionarios de relevancia.

Por el caso, las autoridades realizaron hasta 38 allanamientos en Rosario y la región y se detuvieron a 20 sospechosos, entre los cuales hay civiles y policías.

En diálogo con la prensa desde la Sede de Gobierno, el titular de la cartera de Seguridad provincial brindó detalles acerca de los procedimientos: "Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”.

A su turno, Matías Merlo agregó: “Se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero”.

“Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible", sostuvo.

Dichos operativos fueron realizados por personal de la Agencia de Control Policia en las Oficinas ubicadas en Av. Ovidio Lagos al 5200 de Rosario (Oficina de División Logística de la Unidad Regional II); la Oficina correspondiente a la Sección Garage de la Unidad Regional II,; la Oficina del Grupo Táctico Multipropósito de la Unidad Regional II; Oficina del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Unidad Regional II; la Oficina de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II; la Oficina de la Policía Motorizada de la Unidad Regional II; la Oficina de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II; Oficinas vinculadas a la Sección Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II; y sus dependencias inmediatas; y oficinas personales. 

Otras requisas fueron realizadas en la División Logística del Departamento Operativo de la Región II de Rosario de la Policía de Investigaciones, ubicada en calle Lamadrid al 500; como así también en Sede de la Brigada de Orden Urbano, de calle San Luis al 3200; y la Sección Caballería y Perros ubicada en Calle 1209 y esquina Francia de Rosario.

Paralelamente irrumpieron en inmuebles ubicados en calle Chaparro al 900, Alsina al 3600, Bolivia al 1100, Carranza al 1200, Ameghino al 1500, Pasco al 400, Corrientes al 2400 (2 viviendas), Gaboto al 1800 y Ovidio Lagos al 3900, todos ubicados en la ciudad de Rosario.

Asimismo, se allanaron domicilios de otras localidades, como los emplazados sobre Calle 2 al 4500 y Curupay al 2200, de la localidad de Funes. En la localidad de Alvear se requisaron casas de calle La Yerra N° al 6500; mientras que en Villa Gobernador Gálvez se investigaron inmuebles de las zonas de Jacarandá al 6300, en calle Caseros al 1800,Tartagal al 3200, Alvear al 1600.

El material secuestrado es de interés para la investigación y los 20 detenidos, entre los cuales hay policías y civiles, serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.

A renglón seguído, Caterina precisó cómo se originó la investigación por corrupción: “Todo inició con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos”.

"La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”, concluyó.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó nuevamente el edificio del barrio porteño de Barracas en el que fue detenido el pasado martes el ex policía vinculado a Los Monos, Juan José Raffo. 

En el marco de esa causa, se encontraron máquinas de impresión de entradas de Boca y River. También se detuvieron a otros cinco sospechosos relacionados a una investigación sobre el uso de dinero obtenido mediante el narcotráfico. 

Las requisas lideradas por la Policía de la ciudad de Buenos Aires y Gendarmería Nacional tuvieron lugar en cuatro departamentos de Avenida Regimiento de Patricios al 1000, mismo lugar en el que detuvieron a Juan José Raffo. 

En una vivienda del segundo piso, los uniformados encontraron un depósito con una gran cantidad de zapatillas y ropa de marca. El material será donado a la víctimas del temporal de Bahía Blanca. 

En otro departamento del quinto piso se secuestró una máquina para imprimir entradas para partidos de Boca y River, además de cuatro entradas para ver a los conjuntos jugar. 

Entre todos los domicilios allanados, se incautaron más de medio kilo de marihuana; 7 gramos de Tusi y pasta base; mapas detallados del río Paraná, Uruguay, los canales de salida con indicadores de los gps y radares para evitar pasos controlados; joyería de oro; tres tarjetas de memoria micro SD; dos celulares; dos pendrives; 97 perfumes importados; más de un millón de pesos; 19 mil dólares y 370 euros. 

A raíz del hallazgo de la indumentaria -que se presume son falsificaciones- la impresora de entradas, y los perfumes, se investigará si funcionaban como un medio para lavar el dinero generado por el narcotráfico. 

El ex subjefe policial de la Unidad Regional V (URV – Departamento Rafaela) Ariel Palomeque fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber incumplido sus obligaciones como funcionario público y por peculado –malversación de fondos públicos–.

Asimismo, debió abonar los gastos procesales generados a partir de su conducta ilícita y donar un millón de pesos al Hospital de Rafaela.

La investigación que llegó a la condena estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En tanto, la sentencia fue dictada por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio abreviado.

“Palomeque cometió los ilícitos mientras cumplía funciones en dos dependencias policiales: cuando fue jefe de la División Logística de la Unidad Regional V entre marzo de 2016 y octubre de 2019, y cuando fue subjefe de toda la Unidad Regional V entre diciembre de 2019 y octubre de 2020”, precisó la fiscal Lema.

Y seguido agregó que “en la investigación que realizamos pudimos comprobar que cuando estaba al frente de Logística, Palomeque sustrajo para provecho propio algunos de los efectos que estaban depositados en esa división policial”. En tal sentido, indicó que “el 10 de octubre de 2020, se apoderó ilegítimamente de electrodomésticos, herramientas y 28 baldes de aceite. Los cargó en un trailer que remolcó con un automóvil y los retiró del lugar”.

“El condenado -continuó la funcionaria del MPA- tampoco cumplió con sus deberes de funcionario público porque omitió registrar los bienes de uso de Logística y de la URV, no dejó asentado el movimiento de esos bienes, omitió asignarlos a las diferentes unidades de Orden Público y no distribuyó equipos de protección para los grupos tácticos de la policía”.

Palomeque fue condenado por la autoría de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. El imputado y su abogado defensor aceptaron la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. Además, Palomeque admitió su culpabilidad y responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía y la pena que se le impuso.