El juez federal Marcelo Bailaque deberá presentarse el próximo 17 de junio ante el Consejo de la Magistratura para que lo evalúen por su desempeño en el cargo luego de que fuera imputado en tres causas por hechos de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato. En caso de no asistir a la cita, tendrá que preparar un escrito con su defensa. 

La medida en contra el magistrado fue avalada por los consejeros Álvaro Maques y Álvaro González, quienes argumentaron: "incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial".

En ese sentido, si Bailaque no logra presentar evidencia que respalde su defensa, la Comisión de Acuerdos del Consejo podría proponer su suspensión o avanzar con un juicio político en su contra. Dichas resoluciones deben contar con el aval de dos tercios de los miembros designados para examinar al juez.

Anteriormente, en mayo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le dispuso 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que el Consejo de la Magistratura apruebe su desafuero.

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en el Salón Blanco de la casa de Gobierno, una actividad para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra cada 9 de diciembre desde el 2003 por una resolución de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En ese marco, Pullaro resaltó que dentro de la provincia, se busca que la “Subsecretaría de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público sea una parte permanente de la estructura del Gobierno provincial para fortalecerlo”. 

Luego, prosiguió: "Como Gobierno nos planteamos el desafío de mostrar lo que estábamos haciendo y lo que pretendíamos llevar adelante. Por eso, comprometidamente trabajamos para poner a Santa Fe en lo más alto en materia de políticas de transparencia, consolidando nuestra presencia como provincia en el Consejo Federal para la Transparencia (CFT) con la meta de contar con estructuras estables en la Argentina que nos permitan combatir a diario la corrupción y lograr mayor transparencia”.

"En estos momentos de la Argentina, la ejemplaridad es fundamental para demostrar hacia qué lugar estamos transitando. Y para eso tenemos que aplicar políticas públicas sólidas y efectivas”, sentenció. 

En relación a este punto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aseguró: "Para el Gobierno de la Provincia la transparencia de los actos públicos es un eje central para lograr la ejemplaridad en momentos de profundos cambios de nuestra sociedad. Los funcionarios públicos debemos actuar de tal manera que nuestros actos sean imitables”.

"Apenas asumimos nuestra gestión se creó la Subsecretaría de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público, e impulsamos la Ley -sancionada por la Legislatura- de Gobernanza de datos y acceso a la información pública (Nº 14256), porque entendemos que la corrupción es una enfermedad que le ocasiona daño a las instituciones democráticas y a la economía”, agregó. 

A su turno, el subsecretario de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Ética del sector público, Marcelo Trucco, aseveró: “Cuando el gobernador Pullaro creó nuestro espacio de trabajo nos indicó poner a Santa Fe en lo más alto en materia de transparencia". 

"A partir del trabajo realizado, nuestra Provincia fue elegida por las demás jurisdicciones provinciales para ejercer la vicepresidencia del Consejo Federal para la Transparencia, ámbito donde se debaten y exponen políticas de transparencia y de cercanía a la ciudadanía para combatir la corrupción”, concluyó.

El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, que ejerció en el cargo desde el 2007 hasta el 2015 en dos mandatos consecutivos, quedó detenido luego de que la Cámara de Casación Penal de Paraná le dictara la prisión preventiva. 

Dicha medida tendrá efecto hasta que quede firme su sentencia por corrupción del año 2022 cuando se lo condenó a ocho años de cárcel, así como la prohibición para ejercer cargos públicos, que fue apelada por la defensa y remitida a la Corte Suprema Nacional. 

La disposición de la Cámara de Casación fue emitira en la mañana de este martes, por lo que Urribarri fue apresado en Concordia y escoltado por personal policial a la Unidad Penal 1 de Paraná. 

Casación sustentó su decisión en el argumento de la Fiscalía que expuso que había riesgo de fuga por parte del ex mandatario provincial. 

En ese sentido, la vocal Marcela Davite precisó: “Encontrándose acreditada la posibilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”. 

El Tribunal Criminal N°1 de Morón rechazó el pedido de libertad condicional presentado por Julio Cesar Grassi, un cura de 68 años condenado a 15 años de prisión el 10 de junio del 2009 por hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, aunque no fue encarcelado hasta el año 2013 que se ordenó su detención. 

El condenado, que se representó así mismo en la audiencia de este jueves de forma remota desde la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, aseguró que es "inocente", justificó su pedido de excarcelación al citar casos donde se condeno a gente inocente, y expresó que va a “hacer un nuevo proyecto de vida”.  

En ese sentido, el tribunal que fue conformado por los magistrados Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi, y Claudio José Chaminade, decidieron de forma unánime no dar lugar al pedido de Grassi, y recién el 2 de septiembre se conocerá la argumentación detrás de la resolución. 

Al inicio de la audiencia, Grassi insistió con su inocencia y negó haber cometido los delitos que se le achacan. 

“Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, señaló. 

Luego, se excusó con que muchas veces “un error judicial puede llevar a una persona inocente a la cárcel” y aseveró que planea llevar un “nuevo proyecto de vida”. 

“Voy a ser útil a la sociedad, si la Iglesia me lo permite. Solicito la libertad condicional con las condiciones que me imponga el propio tribunal”, subrayó al término de su defensa.

Por otro lado, tanto la fiscalía como la querella se opusieron firmemente a que al hombre se le sea concedida la libertad. 

En ese sentido, el abogado de las víctimas y representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn) Juan Pablo Gallego argumentó que el propio Grassi se complicó sólo en la audiencia. “Vimos a un monstruo que redobló su agresividad. Hoy dio una clase se pedofilia”, agregó. 

En ese marco, sentenció: “Mi postura es la de oponerme al pedido por el daño que podría producir en las víctimas. Su perfil no está en condiciones de ser externado, no acepta haber cometido los delitos, ni acepta ningún tipo de tratamiento psicológico”. 

En una conferencia de prensa realizada este martes en la Municipalidad de Rosario, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó junto al intendente Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la presentación de las jornadas del Foro Anticorrupción. 

En el marco de ese acto, el titular de esa cartera, defendió a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) ante la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de querer adherir a ellas. 

En ese sentido y ante la consulta sobre si se intervendrá a la AFA, Cúneo Libarona expresó: “La palabra intervención no se de dónde la sacaron. La realidad es que se tiene que respetar la ley, se acabaron las gambetas y los beneficios ilegales”. 

Luego, continuó: “Ahora bien, dentro del respeto a la ley, si la AFA tiene un estatuto que está en contra de un decreto del Ejecutivo debe cumplirlo de todas formas. Para eso hay organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ)”. 

“No es válido usar el miedo sobre los clubes para que no les permitan a los socios elegir si quieren una SAD o no en algún porcentaje del club”, apreció acerca del conflicto con la AFA. 

Por último, el ministro de Justicia concluyó acerca de las SAD: “Soy más de fútbol que de derecho penal y si recorres, hay clubes donde las juveniles no tienen agua caliente, camisetas o toallas. Esos clubes, con el aporte de gente común, no necesariamente de grandes magnates, van a poder generar obras, inversiones y empleo”. 

El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción inició su segunda asamblea anual este martes en Rosario.

Con la presencia de representantes nacionales y provinciales, el evento se desarrollará hasta este miércoles en el auditorio del Banco Municipal, en San Martín al 700.

Alejandro Melik, quien está al frente de la Oficina Anticorrupción nacional (OA), brindó declaraciones ante la prensa local y consideró: “Pretendemos levantar los estándares actuales, entendemos en que la sociedad no confía en las instituciones, en los políticos y en el funcionamiento de la Justicia; por eso nuestro compromiso en mejorar esta imagen”.

Además, sobre la llegada del evento a la ciudad, el titular destacó que “venir es todo un símbolo de apoyo del Gobierno nacional al provincial”. Luego, en cuanto al mejoramiento del panorama respecto a la desconfianza de la ciudadanía en los organismos, Melik añadió: “Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, desde las pequeñas instituciones a las más grandes, es un deber de todo mejorar esta situación”.

“Va poca gente presa en Argentina por corrupción pero los procesos son largos, hay una cantidad de funcionarios que han sido sometidos a proceso, han tenido su derecho de defensa y han estado condenados; ¿falta? un montón”, concluyó Melik.

Por su parte, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Sergio Rodríguez, señaló: “Si vamos a los números no vamos muy bien porque tenemos muy pocas sentencias condenatorias por hechos de corrupción, pero estamos en franca evolución”. 

También, Rodríguez subrayó que “investigar hechos de corrupción es difícil en cualquier país” y puntualizó que “es probable que la corrupción sea un problema estructural en Argentina”.

La Argentina volvió a empeorar en el Índice de Percepción de la Corrupción, tras un año con diferentes episodios en medio de la pandemia con ribetes escandalosos como el intento del gobierno de reformar la Justicia, el «vacunatorio vip», la foto del cumpleaños de primera dama en Olivos durante la cuarentena estricta y los cuestionamientos por la falta de transparencia en la compra de vacunas.

La noticia poco favorable para el Gobierno surge de la última edición del indicador elaborado por Transparencia Internacional que se hizo público hoy en Berlín (Alemania), desde la sede central de esta organización no gubernamental (ONG) al frente de la lucha contra la corrupción.

El Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, plasmó en el capítulo argentino de Transparencia Internacional que «el resultado para Argentina es malo y se observa que mantiene una caída en la percepción de los consultados sobre el nivel de corrupción en el sector público en nuestro país».

Además, consideró que «este resultado está influenciado por diferentes motivos», marcando que, en primer lugar, están «los intentos de reformas en el sistema de Justicia, especialmente el proyecto que intentó modificar el Ministerio Público Fiscal».

Seguidamente, remarcó «especialmente, el comienzo irregular y discrecional del reparto de vacunas por parte del Poder Ejecutivo» que concluyó con el desplazamiento del ministro de Salud, Ginés González García.

En tercer término, aludió al «acontecimiento de la fiesta privada del Presidente, mientras se establecían restricciones a la circulación y reunión de la ciudadanía».

Además, consideró que por dichas situaciones «entendemos que pueden explicar esta caída en la percepción» del nivel de corrupción, según el pronunciamiento de Secchi.

En ese contexto, durante el segundo año de gestión del Frente de Todos, Argentina obtuvo 4 puntos menos que el 2020 – 38 sobre 100 máximos posibles para el país más transparente – por debajo de la media global de 43.

Por tal motivo, el país retrocedió en 18 lugares y se ubicó en el puesto 96 entre los 180 Estados, dado que en el 2020 la Argentina obtuvo 42 puntos y quedó en el puesto 78 del ranking.

La peor performance fue en 2015, con solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 entre los 168 países, más cerca del final de la tabla que hoy.

En tanto que el mejor score para la Argentina fue en 2019, cuando escaló 19 posiciones y obtuvo su mejor desempeño desde 2012 con 45 puntos, que reflejó la gestión de 2018 de Mauricio Macri, que quedó en el puesto 66, treinta lugares más arriba que el último Índice del 2021.

El nivel de percepción de la corrupción en el sector público se establece de una escala de cero para los muy corruptos, a cien, el máximo puntaje para los menos afectados.

Entre los mejores puntuados con una calificación de 88 están Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, y también se ubican entre los diez mejores puntuados respecto a las libertades civiles según el informe del Índice Democrático.

En tanto que Somalia y Siria, con 13 puntos, y Sudán del Sur, con 11 sobre 100, repiten las puntuaciones más bajas del Índice, mientras que Siria es el último país en materia de libertades civiles.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó el nivel de vacunación contra el coronavirus en Argentina y le exigió al presidente Alberto Fernández que viaje a Estados Unidos “para pedir perdón y traer las dosis”.

“Hubo incapacidad y corrupción. La vacuna Pfizer no se compró por corrupción”, denunció, en diálogo con Súper Mitre. “Querían que haya intermediarios argentinos para buscar un rédito económico. Que hoy tengamos este nivel de muertes es porque el gobierno privilegió un negociado por sobre la salud de los argentinos”.

Con fuertes declaraciones, la dirigente arremetió contra la gestión de Fernández: “Provocaron siete veces más muertos de lo que ponían al gobierno de Mauricio Macri”. Además, afirmó que en el Gobierno anterior “nunca hubiera priorizado un negociado como Pfizer a cambio de la salud de los argentinos”.

“Los argentinos tienen que hacerse una pregunta. ¿”Por qué no hay vacunas? Porque priorizaron un negociado”, agregó Bullrich y siguió: “No pueden hacer grandes hazañas y quedarse con la plata. Este gobierno ha tirado por la ventana las vacunas Pfizer y Cansino”.

A su vez, la ex ministra de Seguridad de la Nación manifestó: “Queremos que tenga un plan y que nos digan cuando traen las vacunas”. También le pidió a Alberto Fernández que viaje a Estados Unidos y “le pida perdón a Pfizer” y le reclamó al Gobierno que presente una denuncia por incumplimientos de Astrazeneca. “Los contratos tienen clausulas, donde las partes se comprometen traer la mercadería en tanto tiempo. La Unión Europea denunció la falta de cumplimiento de Astrazeneca”, añadió.

Sobre las medidas del nuevo confinamiento, indicó: “Las tomé con la resignación que significa no haber podido solucionar este problema de una manera correcta, con la empatía con la gente. Lo tomo con un nivel de angustia e impotencia por un gobierno que nos llevó a la peor cuarentena del mundo. Seguirán empobreciendo a las generaciones que vienen con estas decisiones de cerrar un año y dos meses las escuelas”.

“El Gobierno tiene que dar una ayuda efectiva que han dejado en la total soledad por no ayudar a las empresas y a los trabajadores”, pidió la líder del PRO, que consultada acerca de si la oposición está dispuesta a colaborar con el presidente, respondió: “El 27 de abril le mandaron una carta diciéndole que estábamos dispuestos a colaborar en un comité de emergencias que discutiera seriamente qué hacer en el país. El Gobierno dijo que la quería hacer sola y lo mismo hizo con las vacunas”.

Por último, Bullrich afirmó: “El presidente perdió su oportunidad, tiene su palabra devaluada. Ha perdido la oportunidad de conducir este momento, con diálogo. Cristina tuvo el traje de presidente para defender lo que ella quería. Tuvo una parcialidad en las decisiones que a ella le interesa, por eso el país está con esta incertidumbre”.

La Cámara de Senadores de Santa Fe, en la sexta sesión extraordinaria que se llevó a cabo este jueves, aprobó la creación de una comisión «de estudio, investigación, seguimiento y evaluación» de los fiscales y de la Defensa Pública. La misma estará conformada por seis legisladores.

Cabe destacar que la creación de esta nueva comisión se da en medio de la disputa entre fiscales y representantes de la Cámara alta por la negativa de los legisladores de permitir que se pueda imputar al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, en la causa que investiga el juego clandestino en la provincia.

En su momento, los fiscales solicitaron al cuerpo legislativo que autoricen que se quiten los fueros a Traferri para poder avanzar con la investigación, algo que fue rechazado por la mayoría de los legisladores, salvo por los senadores justicialistas que responden al gobernador Omar Perotti.

A través de este proyecto, entre las principales funciones que tendrá la nueva comisión  de seguimiento de fiscales y defensores, está el conocer el estado de causas, requerir o recibir testimoniales, y denunciar penalmente o ante Acuerdos «si se advirtiera infracciones o delitos» por parte de los representantes del poder Judicial.

Por lo tanto, ahora los senadores podrán investigar a los fiscales que los venían investigando y conocer en detalle cada una de las causas judiciales en las que se encuentran trabajando, fundamentalmente la de juego clandestino.

Durante la misma jornada, los Senadores votaron a sus representantes ante el Consejo de Servicio Público provincial. Este órgano oficia como un espacio consultivo del gobierno para designar, controlar y desplazar a los defensores públicos de Santa Fe, quedando elegidos Felipe Michling, como titular y el propio Traferri, como suplente.

#SesiónExtraordinaria Para integrar el concejo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se designan a los dos senadores que representarán en calidad de titular y suplente a @ArmandoTraferri y @felipemichlig respectivamente.

— Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) February 25, 2021

El ex fiscal Regional Patricio Serjal terminó detenido tras la audiencia imputativa en su contra realizada este martes en el Centro de Justicia Penal. Está acusado de recibir coimas por parte del empresario Leonardo Peiti a cambio de protección en una causa que investigaba a una banda criminal por juego clandestino y extorsión.

Serjal trabajaba de forma coordinada con el otro fiscal detenido, Gustavo Ponce Asahad, a quien también le dictaron prisión preventiva efectiva por 90 días la semana pasada. En la audiencia contra Serjal, los fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentaron las pruebas para culpar al exfiscal. Según los acusadores, Serjal cometió cuatro delitos puntuales.

Patricio Serjal, con la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti, a cambio se comprometían «a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso y/o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Leonardo Peiti», indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Para cumplir ese objetivo llevaron a cabo distintos hechos:

Patricio S. acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Gustavo Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde al menos diciembre de 2018. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de Capital Federal donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar la que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma. «En cumplimiento de ese acuerdo Ponce tuvo encuentros en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante», precisaron los fiscales. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio, cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que serían entregados U$S10mil dólares ese día por la tarde. Dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18hs, Peiti y Ponce. En otras oportunidades Ponce se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza y recibía el dinero acordado.

El 16 de junio, Serjal concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA, oportunidad en la cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Leonardo Peiti. Al otro día, el 17 de Junio, concurrió a ese lugar nuevamente, acompañado por el Gustavo Ponce Asahad. y volvieron a ver esa investigación. El 30 junio Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que tenía como sospechoso al empresario y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono, lo cual motivó que Peiti dejara de utilizar la línea que se encontraba intervenida desde la fecha 22 de junio. Además le pide U$100mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y lograr que se lo tratara como una víctima de lo sucedido.

Por su parte, Nelson Ugolini, empleado de Ponce, transmitió información a Peiti sobre causas en trámite en Fiscalía que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad informó al empresario sobre la causa que tenía como sospechosos a dos personas, las cuales habían sido detenidas el 8 de enero por portar armas de fuego sin la debida autorización legal. «Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación WhatsApp», revelaron desde el MPA.

El 18 de febrero, Nelson Ugolini le envía a Peiti un mensaje informándole sobre las causas que podrían tenerlo como sospechoso (causas de juego clandestino, correspondiente a los distritos judiciales de la 2da circunscripción de Rosario y en aquellas causas que investigaba el Fiscal Dr. Edery a esa fecha). El 6 de marzo, Ugolini le remitió información sobre los domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino, a esa fecha Gustavo Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal”.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos revelaron que Serjal, Ponce y Ugolini obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino a cargo de Matías Merlo, fiscal de Melincué que llevaba como imputado a Peiti y otros. Los acusados le informaron a Peiti la existencia de la investigación y la solicitud de los allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

Además, en la audiencia revelaron que a sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. «Esto les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos», denunciaron.

Peiti estaba siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de Maximiliano ‘Cachete’ Díaz y allegados a él. Díaz, actualmente detenido, integraba la banda delictiva que se dedicaba a este tipo de hechos y la que está acusada de organizar el ataque al Casino City Center. Los integrantes de la organización le reclamaban dinero a cambio de no dañar a Peiti o a su familia. Según los fiscales, Serjal, Ponce y Ugolini omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores. «Para ello Serjal y Ponce se reunieron con una fiscal y le dieron indicaciones precisas de no realizar medidas de investigación, y que no cite a la víctima afirmando que se había comunicado con el abogado de la misma y éste le había informado que estaba fuera de la ciudad», detallaron en la audiencia.

Serjal viajó a Buenos Aires el miércoles 13 de noviembre y regresó el jueves 14 de noviembre de 2019, oportunidad en la que se encontró con Peiti alojándose en el “Hotel Etoile”. «El imputado viajó acompañado de un amigo y dicho viaje tuvo fines exclusivamente recreativos y se realizó en días laborables, en ese momento se trasladó en el vehículo oficial Toyota Corolla conducido por el chofer oficial asignado para el cumplimiento de sus funciones, habiendo solicitado a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923 pesos de Buenos Aires, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a nombre de Serjal por las cifras requeridas», concluyeron.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video que prueba el encuentro entre el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a quien le dictaron prisión preventiva efectiva durante 90 días, y el abogado de Leonardo Peiti, empresario que declaró como arrepentido en una causa contra una banda delictiva acusada de extorsión y juego clandestino y reconoció haber entregado dinero al fiscal a modo de coima para su beneficio personal.

El testimonio de Peiti generó un verdadero cimbronazo en la Justicia y política santafesina, porque en el hecho también fue señalado Patricio Serjal, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como fiscal Regional de Rosario pero renunció tras el escándalo y también abandonó este lunes el Ministerio Público de la Acusación.

El video fue exhibido como prueba en la audiencia imputativa realizada este martes contra Ponce Asahad y en las imágenes se observa como el abogado espera en el interior del estacionamiento ubicado en calle Jujuy entre Alvear y Balcarce hasta que momentos posteriores arriba Ponce Asahad.

Según denunció Peiti y detalló Fiscalía en el comunicado oficial emitido este martes, en aquel encuentro ocurrido el pasado viernes 24 de julio por la noche, el fiscal le sugirió que no lo nombre a él ni a otras personas en su declaración. Sin embargo, siete días más tarde, Peiti lo señaló a él y a Patricio Serjal.

La olla a presión se destapó en el Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Gustavo Ponce Asahad, que integraba la Unidad Especial Covid-19, quedó en el ojo de la tormenta al ser acusado de filtrar información de Fiscalía a una banda criminal. Ángelo Rossini, abogado defensor de Leonardo Peiti, empresario acusado de integrar esa organización delictiva, habló en Radio Mitre Rosario y contó que su cliente quedó en libertad tras declarar como arrepentido ante la jueza Valeria Pedrana.

El letrado hizo fuertes acusaciones que ponen en jaque a la justicia y política santafesina: Peite mantuvo reuniones con Ponce Asahad para beneficios personales a cambio de dinero bajo el aval del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien había calificado como «gravedad institucional enorme» la filtración de información de Fiscalía.

En diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario, Rossini adelantó que Peiti quedó en libertad tras una caución que asciende a los 10 millones de pesos, fijación de domicilio, prohibición de salir del país y firma semanal en una institución judicial.

La información de filtración desde Fiscalía a delincuentes fue denunciada hace dos semanas por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en la audiencia imputativa contra la banda criminal integrada por Alejandro Torrisi, policía retirado, Maximiliano ‘Cachete’ Díaz, detenido acusado de planificar el ataque al Casino City Center en enero de este año —que provocó la muerte de un hombre que se encontraba en la sección de fumadores— y Otniel Almonte De León, dominicano arrestado acusado de matar al ex integrante de la Policía de Investigaciones, Cristian Ibarra.

El abogado de Peiti negó que su cliente esté vinculado a esa banda: «La supuesta maniobras de apriete fue un malentendido y eso lo vamos a demostrar que es mentira». «Mi cliente es un empresario que se dedica al juego limpiio, tiene licencias en la provincia de Formosa, Misiones, Santa Fe y en Paraguay. Son hechos que vamos a defender en un futuro juicio oral», agregó.

Sobre su defendido, Rossini explicó: «Peiti es un empresario que tiene diversas empresa en Rosario y en todo el país, que estaba siendo acusado por distintos hechos. Él tuvo un contacto con el fiscal Ponce Asahad y con otro miembro de Fiscalía. Declaró en calidad de arrepentido, esto al afecto de aportar información a fiscalía (Edery y Schiappa Pietra) de los diversos encuentros que tuvo con el fiscal Ponce Asahad».

Según precisó el abogado Ángelo Rossini, Leonardo Peiti se reunía con Ponce Asahad para pedir «una suerte de protección e información a cambio de dinero». «Nuestro cliente declaró que hay una relación con el fiscal regional Patricio Serjal, trabajan juntos, el fiscal regional le dijo a Peiti ‘de ahora en más tratá con él’ (por Ponce Asahad)», dijo en diálogo con el periodista Andrés Cánepa.

La vivienda del fiscal Ponce Asahad fue allanada este viernes, en lo que significó un fuerte cimbronazo al Ministerio Público de la Acusación.

«Entregó su teléfono celular y la clave del mismo para que los fiscales hagan las pericias necesarias. Dio un montón de datos circunstanciados donde dio líneas de investigación, algunas de ellas fueron corroboradas y como consecuencia de esa corroboración hoy (por este viernes) se allanó la casa de Ponce Asahad», señaló Rossini.

La fiscalía regional de la ciudad de Santa Fe pidió la prisión para dos exjefes de la policía provincial considerados como líderes de una organización que facturaba falsas reparaciones de patrulleros.

Se trata de Rafael Grau como Omar Odriozola a quienes se les solicita una condena a nueve años de cárcel. Además se solicitó una inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Dicha presentación del Ministerio Publico de la Acusación está ligada con la investigación del funcionamiento del Departamento de Logística de la fuerza

De acuerdo al argumento de los fiscales Ezequiel Hernández y Marial Jiménez. Ambos funcionarios policiales fueron fundamentales dentro de esta organización de corrupción policial con el fin de defraudar a Estado provincial y además eran personas que manejaban información fehaciente dentro de la estructura ya que era parta de la jerarquía de ese momento.

A Odriozola se le atribuye una pérdida de $ 1.058.664,20 entre enero y agosto de 2015. El comisario presentó su renuncia en septiembre de ese año y Grau asumió como su sucesor luego de ser designado por el ministro de Seguridad provincial Raúl Lamberto, actual defensor del pueblo. En el caso de este último exjefe, la Fiscalía estimó que el perjuicio para las arcas estatales hasta febrero de 2016 fue de 958.385 pesos.

Ambos jefes, argumentan los fiscales, sostenía la misma practica para la emisión de facturas por reparaciones y compras de repuestos para vehículos oficiales. Aunque nada de eso ocurría realmente, la rendición de cuentas falsas perduró en el tiempo con cheques firmados y otros trámites administrativos de rigor.

La situación procesal de ambos ex uniformados se complicó el año pasado tras un procedimiento abreviado en el que se condenó a Facundo José Testi a 3 años de prisión condicional. Considerado como organizador de las maniobras en las que sus familiares  participaban como proveedores de la policía, el arrepentido dio cuenta de que buena parte del dinero que cobraba iba a parar a los bolsillos de los conductores de la fuerza.