El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles por la mañana su primera presentación de un informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Fue en el marco de un clima intenso en el Congreso, con disputas entre legisladores oficialistas y opositores.

El presidente Javier Milei estuvo presente en uno de los palcos del Congreso junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno.

Adorni ingresó a las 10:45 ante el aplauso de un sector del recinto y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le dio la palabra. El discurso se extendió por más de una hora y media, prolongado por una serie de interrupciones por gritos de apoyo de diputados oficialistas y de reclamo por parte de aquellos bloques opositores.

Durante su elocución, el funcionario hizo un balance sobre diferentes aristas de la gestión de Milei, con números sobre la actualidad en materia de economía, salud, justicia y seguridad, apartado en el que mencionó a Rosario.

En este sentido, puso de ejemplo a la ciudad y destacó que "gracias al Plan Bandera se redujeron los asesinatos un 70 por ciento en dos años", estableciendo una comparativa con las estadísticas de 2023. "La Chicago argentina pasó de ser una de la ciudades más violentas del continente a poder recibir cada vez más turistas", agregó.

Otro de los temas que tomó protagonismo durante la sesión en torno a Adorni fueron los cuestionamientos por sus viajes al exterior, el vuelo de su esposa en el avión presidencial, su patrimonio y los presuntos contratos con el periodista Marcelo Grandio. “Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el público, y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. No son comparables, he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que he realizado con mi familia”, aclaró.

En la misma línea, consideró que “las declaraciones que se realizaron son tendenciosas y falsas" respecto a las polémicas, y expresó: "Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública, nunca existió ocultación alguna de mis bienes. Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero”. 

“Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata  sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Han sacado conclusiones equivocadas, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, sentenció el jefe de Gabinete, quien luego responderá preguntas de los diputados presentes.

El presidente Javier Milei tendrá una agenda intensa esta semana con actividades políticas y académicas incluidas. Entre los puntos más destacados aparece su presencia en el Congreso, donde acompañará a Manuel Adorni en la presentación del informe de gestión, en medio de la situación judicial que atraviesa el funcionario.

El lunes 27, el mandatario encabezará una reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los ministros.

Para el martes 28, está prevista su participación en una disertación en el Palacio Libertad, donde expondrá en un debate titulado “Keynes y la Teoría General”, acompañado por economistas y dirigentes de su espacio.

El momento político más relevante será el miércoles 29 en el Congreso de la Nación Argentina, donde Milei se mostrará junto a Adorni durante el informe de gestión ante Diputados, en un gesto de respaldo por parte del presidente.

La semana cerrará el jueves 30 con reuniones en la Quinta de Olivos, enfocadas en el seguimiento de reformas y la planificación económica de cara a mayo.

El Gobierno nacional consiguió la aprobación de la modificación a la Ley 26.639  de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial este jueves por la madrugada, tras la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados.

La votación se produjo en el marco de una sesión que se extendió por casi 12 horas en el Congreso y finalizó a las 2:30, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Entre los bloques que dieron luz verde junto a La Libertad Avanza  figuran los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Unidos y diputados de Adelante Buenos Aires, Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Elijo Catamarca, entre otros.

El proyecto, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei dentro del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), volvió a ser tratado en el recinto después de la media sanción en el Senado del pasado 26 de febrero, cuando obtuvo 40 votos positivos, 31 en contra y una abstención.

Con la reforma de la normativa, sancionada en 2010, el Ejecutivo nacional busca readaptar el alcance de las áreas ambientales protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en zonas periglaciares. De este modo, elimina el blindaje sobre estos sitios y transfiere facultades de determinar los límites de protección a las provincias. También promueve la creación del Inventario Nacional de Glaciares, ente que queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Durante la sesión, se registraron incidentes en las afueras del Congreso entre la policía e integrantes de organizaciones sociales, partidos opositores al oficialismo y manifestantes ambientalistas que reclamaron contra el proyecto frente al Palacio Legislativo. Hubo al menos un detenido.

Una amenaza de bomba generó un amplio operativo en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos sospechosos.

En el lugar trabajaron efectivos de los Bomberos de la Policía Federal Argentina, que llevaron adelante una revisión detallada de la zona.

Según explicaron las autoridades, se realizó una inspección que finalmente arrojó resultado negativo. La alerta se originó a partir de una intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles conocido como trunking, lo que derivó en un aviso al 911.

La señal fue detectada inicialmente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dio aviso a la Ciudad y luego a la Policía Federal, ya que el Congreso pertenece a su jurisdicción. El edificio no fue evacuado, ya que la amenaza se refería a un sector exterior del predio.

Las inmediaciones del Congreso de la Nación son escenario de múltiples incidentes entre manifestantes que están en contra de la reforma laboral y la Policía que hizo aplicar el protocolo antipiquetes, en medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Hasta el momento, hubo al menos doce detenciones y el Ministerio de Seguridad impulsó una denuncia contra los causantes de disturbios en el Acceso Oeste en la Ruta Nacional N° 7.

La medida de fuerza de 24 horas que fue llamada por la CGT partía de la premisa que era sin movilización, pues dentro de sus expectativas, estaba la de que “no haya nadie en la calle”. No obstante, otros sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), entre otros, habían adelantado que se iban a concentrar cerca del Palacio Legislativo. 

Llegado el día en el que ya era inminente el tratamiento de la iniciativa oficialista, se destacó la llegada de distintas organizaciones al Congreso, como el Polo Obrero, gremios docentes, el Partido Obrero, entre otros protestantes pertenecientes a agrupaciones o autoconvocados. 

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad, entre las que estaban la Policía de la ciudad de Buenos Aires, la federal y Gendarmería, vallaron los accesos al histórico edificio. 

A lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde hasta las 16, las marchas se desarrollaron en paz y sin intervención de las autoridades. En ese contexto, dirigentes de la CGT lanzaron una conferencia de prensa en la que respaldaron al medida de fuerza.

En ese sentido, destacaron el rol de los gremios que adhirieron: “Han llevado adelante esta medida y este derecho constitucional de los trabajadores de ejercer el derecho a huelga”. A renglón seguido, aseguraron que el cese de actividades había sido ”de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida". 

A pesar del clima de aparente calma en el que se desarrollaba la jornada, pasadas las 16 se registraron los primeros incidentes cuando manifestantes se acercaron a las vallas dispuestas por la Policía y comenzaron a tirar proyectiles como botellas o palos en Rivadavia y Calleo. 

Dichas agresiones desataron la respuesta policial, que atacaron a los manifestantes con los camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Tras esos enfrentamientos, según lo consignado por Infobae, la Policía de la Ciudad bloqueó el acceso a arterias que permitían evacuar la Plaza del Congreso bajo “razones de orden público”, de acuerdo a los argumentos brindados por los uniformados. 

De esa manera, efectivos coparon las calles Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay para que no se pueda acceder desde Rivadavia a Mitre, lo que dificultaba el paso de aquellos que quisieran alejarse de la Plaza del Congreso

Pasadas las 18, se sucedió otro llamativo enfrentamiento cuando manifestantes tiraron dos vallas del operativo, por lo que tuvieron que dispersar a los disidentes con el camión hidrante. A raíz de esos hechos, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Motorizada aplicaron el protocolo antipiquetes, rompieron parte del vallado y comenzaron a dispersar y detener a protestantes. 

Con la intervención de las fuerzas, los manifestantes fueron retirados de la Plaza del Congreso y mediante el avance de la Policía de la Ciudad, los recluyeron hasta la 9 de Julio. 

En medio de ese operativo, los policías detuvieron a cinco sujetos en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo por cometer un robo bajo la modalidad piraña contra una persona en la mencionada plaza. Entre los aprehendidos había dos menores de edad, uno tenía 17 años y era buscado por la Justicia por tentativa de robo en agosto del 2025. 

Asimismo, se supo que la PFA detuvo a dos hobres y dos mujeres, mientras que la Policía de la Ciudad arrestó a tres hombres por causar daños y resistirse a la autoridad. En total, hay al menos doce detenidos. 

Finalmente, se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación denunció ante la Justicia Federal lo ocurrido en el Acceso Oeste sobre la Ruta Nacional 7, en el distrito de Moreno. Allí un grupo de militantes se apoderó de la vía pública y comenzó a quemar neumáticos y ocupar la traza con rodados. 

Según la cartera dirigida por Alejandra Monteoliva, la protesta dificultó la libre circulación en uno de los accesos más importantes de Argentina, lo que implica la incurrencia en múltiples delitos como entorpecimiento del transporte terrestre, daño agravado, entre otros. En ese marco, pidieron que se identifique a los responsables y que se resguarden a las fuerzas federales. 

Una nueva movilización de jubilados y organizaciones sociales derivó este miércoles en momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde la presencia policial fue amplia mientras la Cámara de Diputados realizaba la sesión preparatoria.

El operativo fue encabezado por la Policía Federal Argentina, que ocupó los dos anillos más cercanos al Parlamento, y la Policía de la Ciudad, que conformó un tercer cordón de seguridad sobre las calles de acceso.

Mientras que en el interior del Palacio Legislativo los diputados prestaban juramento, afuera la tensión y los forcejeos con las fuerzas de seguridad complicaron aún más la situación. En medio de los empujones y el uso de gas pimienta por parte de efectivos policiales, cinco jubilados se descompensaron y debieron ser asistidos.

Además, dos manifestantes de mayor edad sufrieron heridas que requirieron atención médica inmediata en el lugar.

Tras los momentos de mayor tensión y ya con parte del operativo disminuido, las organizaciones iniciaron lentamente la desconcentración.

El Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso desde el 10 hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo a lo consignado por TN, el oficialismo buscará aprobar durante la prórroga el Presupuesto para el año 2026 y, en segunda instancia, las reformas del Código Penal, laboral y tributaria. De ahí que analiza la posibilidad de extender el plazo hasta enero y febrero. 

Durante la jornada del martes, el Ejecutivo consiguió un dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para debatir el texto que fija los fondos de los que dispondrá el Estado Nacional y los gastos previstos para el siguiente año. 

No obstante, desde la Casa Rosada esperaran hasta el 10 de diciembre para promover el debate de la “ley de leyes”. También ese día asumirán los 127 nuevos diputados y 24 senadores que fueron electos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. 

En ese contexto, el presidente Javier Milei se reunió este miércoles con más de 100 legisladores en la Casa Rosada para delinear estrategias de cara al futuro. 

La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 7,2% más un bono de entre 70 y 110 mil pesos. 

La iniciativa impulsada desde los espacios opositores fue aprobada con 52 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. En tanto, el oficialismo se ausentó de la votación. 

El proyecto será debatido artículo por artículo y deberá volver a ser sometido a una votación que en caso de avalarse, podrá ser convertida en ley. 

El debate comenzó en medio de una tensa sesión auto convocada por los sectores contrarios a la administración nacional. Detalle que, desde el Gobierno, aseguran invalida la sesión, porque que para que exista se debe dar un quórum especial con la presencia de los dos tercios de los Senadores.

Esta tarde, como cada miércoles, se realizó la marcha de jubilados en la plaza frente al Congreso de la Nación y, nuevamente, terminó con incidentes.

Esta tarde, las fuerzas de seguridad desplegaron el protocolo antipiquetes para liberar las arterias bloqueadas por manifestantes, lo que derivó en empujones, agresiones físicas y el uso de gas lacrimógeno.

El foco del conflicto se desató pasadas las 16 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, donde un grupo de manifestantes interrumpía completamente la circulación.

En medio de la intervención de las fuerzas de seguridad, dos fotógrafos se vieron afectados por el gas lacrimógeno, entre ellos Antonio Becerra, el fotógrafo que retrató tiempo atrás a Santiago Caputo y fue increpado por el asesor presidencial.

Como consecuencia del operativo, 18 personas fueron detenidas, cuatro de ellas en medio de las protestas y las restantes en los accesos a los trenes.

La tensión aumentó cuando los manifestantes intentaron bloquear la intersección de Montevideo y Rivadavia, lo que motivó la formación de un cordón de Gendarmería para impedir el corte total de la avenida. El protocolo fue aplicado también sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se concentró el grueso del despliegue.

La situación es similar a la registrada la semana pasada, cuando también se produjeron enfrentamientos durante una jornada de protesta. Desde las organizaciones convocantes advierten que mantendrán sus reclamos en la calle, mientras que desde el Gobierno insisten en aplicar el protocolo de manera estricta.

El plenario de comisiones que integran Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez, Juventudes y Justicia se reunirá el martes de la próxima semana, tras varios encuentros suspendidos por los feriados y el fallecimiento del papa.

En ese marco, el Gobierno buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ley propuesto por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de seguridad, Patricia Bullrich, para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el oficialismo se aseguraría las firmas para habilitar el tratamiento del texto en el Congreso haciendo modificaciones al borrador original como el subir a los 14 años el mínimo de edad para que un menor sea punible.

La norma aun vigente es la ley 22.278 que fue sancionada un 25 de agosto de 1980 durante la última dictadura militar y establece en su primer artículo que «no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación».

Anteriormente, los ministros se refirieron a la iniciativa y explicaron que no sólo se busca que los delitos cometidos por menores tengan sanciones, sino que también les permita a los mismos alejarse de la delincuencia. 

Por consiguiente, de entre los puntos más importantes se destacan la privación de la libertad, que será en establecimientos especiales o secciones separadas de las unidades penitenciaras, a cargo de personas preparado. 

Se le será comunicado a los padres del menor imputado toda información relativa a los procesos legales. Se protegerán a las víctimas, pues tanto jueces como el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela de los derechos de las mismas. 

Por otra parte, las penas computadas serán de 3 a 6 años, siempre y cuando no exista la muerte de la víctima del delito, no se imponga sobre las mismas una grave violencia física o psicológica, las penas podrán reemplazarse por: amonestaciones, prohibición para acercarse a la víctima y sus familiares, entre otras sanciones. Asimismo, las penas impuestas tras un procesamiento tendrán un máximo de 20 años. 

Legisladores debaten este miércoles en la Cámara de Diputados el decreto que busca conseguir un nuevo préstamo del FMI, enviado por el presidente Javier Milei, entre otras iniciativas. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se congregaron manifestantes para protestar por las políticas previsionales en medio de un fuerte operativo de seguridad. 

Dentro del recinto se generaron enfrentamientos entre dirigentes oficialistas y opositores. Además, se registraron conflictos al interior de La Libertad Avanza. 

Uno de los principales cruces se dio entre la diputada Marcela Pagano y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cuando la periodista le recriminó que había dado instrucciones a los legisladores vía audio de Whatsapp acerca de cómo debían comportarse en el debate. 

Según lo constatado por Infobae, Menem expresó: “Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico, Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia".

Luego, Pagano le recriminó que desconoció su autoridad en la titularidad de la Comisión de Juicio Político por el oficialismo: “Usted me presionó durante un año para que desconociera ese acto”. 

En medio del cruce y ante los cortes de micrófono que sufría durante su exposición, la legisladora  increpó al titular de Diputados con un megáfono. 

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, comunicó que reforzarán las medidas de seguridad y aplicarán sanciones a quienes provoquen conflictos el miércoles en el Congreso de la Nación por la marcha en favor de los jubilados. 

Como la movilización habitual de los jubilados de los días miércoles contarán con la presencia de las hinchadas de múltiples clubes, la cartera de Seguridas la calificó como la “Marcha de las Barras Bravas”. 

En ese sentido, informaron desde el Gobierno: "Ante la posible participación de hinchadas del fútbol argentino en la marcha prevista para el día miércoles 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional informa que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública”

Luego, continuaron: “Se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida”. 

"Asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país”, agregaron. 

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A renglón seguído, recordaron las penas que les caben a aquellos que ocasionen situaciones violentas: “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público, garantizando el bienestar de toda la población. En este sentido, no se tolerarán hechos de violencia en manifestaciones o eventos de cualquier índole y se aplicará estrictamente lo establecido en el artículo 194 del Código Penal, que establece, que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Finalmente, la cartera de Seguridad pidió: “Invitamos a todos los participantes de la marcha a expresarse de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó a través de su vocera, Julie Kozack, que Argentina podrá acceder a los fondos extra asignados en el futuro acuerdo que se firme con el organismo, sin necesidad de que el Congreso apruebe un proyecto de ley para avalarlo. 

En ese sentido, la portavoz aclaró: “Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina. Y al mismo tiempo, por supuesto, como acabo de señalar, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa". 

No obstante, agregó: "Las preguntas relacionadas con el proceso específico para lograr o buscar el apoyo del Congreso deben dirigirse realmente a las autoridades argentinas porque es una cuestión de derecho interno”,

Por último, concluyó: “Desde nuestro lado, las negociaciones continúan de manera constructiva. En términos del proceso desde el lado del FMI, una vez que se completen las negociaciones, como con cualquier programa del FMI o programa propuesto, los documentos requerirán la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”. 

El Gobierno de la Nación se reunió este martes con los sectores dialoguistas en diputados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Piden hasta febrero para iniciar formalmente con las sesiones extraordinarias.

La reunión se realizó en el Salón de los Escudos de las oficinas de la Vicejefatura y fue encabezada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y otros funcionarios. 

A la reunión asistieron el ex titular del bloque por la Libertad Avanza, Oscar Zago, ahora del Movimiento para la Integración y el Desarrollo (MID); el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni; en representación del PRO, estuvo Cristian Ritondo; y por parte de la UCR, asistió Rodrigo de Loredo. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el oficialismo espera tratar en sólo dos sesiones los 7 proyectos que introdujeron en el temario de las extraordinarias. 

En ese sentido, buscan que entre el 4 y el 5 de febrero se hagan las reuniones en las Comisiones de Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas más controversiales, como la iniciativa para eliminar las PASO. 

En ese sentido avanzarían formalmente con la primera sesión del año 2025 el 6 de febrero. 

Así las cosas, Francos sostuvo que acordaron que a partir de la semana que viene, los presidentes de bloque y de comisiones se reunirán para establecer una agenda se trabajo. 

El Gobierno de la Nación llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso. Las mismas se harán desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero. 

Así lo anunció a través de la red social X el vocero presidencial, Manuel Adorni, que ademáa confirmó el temario de proyectos a tratar en las sesiones, que van desde la reforma electoral hasta los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema: “Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias”. 

“El temario incluye la “Ley Antimafias”, modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación”, agregó. 

A poco menos de tres días de que dos diplomáticos rusos se negaran a hacerse un control de alcoholemia, Argentina suma un nuevo y extraño episodio en sus relaciones con el país extranjero, cuando este sábado dos ciudadanos de Rusia pidieron en el Congreso si podían recuperar un dron que habían extraviado. 

En ese marco, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, a cargo de la Seguridad del Palacio Legislativo, requirió a la Policía Federal para que se haga un operativo en todo el edificio. 

En ese sentido, la Cámara de Diputados autorizó la requisa policial, que rastrillaron las terrazas y patios del establecimiento para ver si el objeto verdaderamente voló por la zona y este domingo a la madrugada lo encontraron. 

De acuerdo a Infobae, el dron era de marca DJI, modelo Mavic minio PRO4, con una memoria Samsung, capaz de tomar imágenes como de grabar audio. 

La Justicia Federal intervinó en el caso y se abrió una causa. En tanto, se presentaron a una comisaría, con intención de recuperar el dispositivo, tres ciudadanos rusos de los cuales uno tenía un DNI argentino, el cual fue emitio en octubre al momento de concederle la residencia permanente. 

El Juzgado Federal N°2, según lo constatado por Infobae, identificó a los sospechosos aunque no tomó ninguna medida en su contra. Están a la espera de que se puedan establecer las razones del por qué un dron vigilaba al Congreso Nacional. 

La Cámara de Senadores expulsó del cuerpo al legislador Edgardo Kueider, quien fue detenido el miércoles 4 de diciembre en la frontera con Paraguay junto a su secretaria mientras trataba de ingresar 200 mil dólares sin declarar. 

La medida que prevaleció fue la de la oposición (a diferencia del oficialismo que pedía la suspensión), que superó los dos tercios requeridos para promoverla. 

En ese marco, obtuvieron sesenta votos positivos, seis disposiciones negativas y una abstención. 

Por otro lado, tras la expulsión de Kueider, la reunión pasó a tratar el otro pedido de expulsión pendiente contra Oscar Parrilli, acusado de traición a la patria. 

Sin embargo, la iniciativa impulsada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, no prosperó, al sólo conseguir, 34 votos positivos, 31 negativos y una sóla abstención (de Parrilli). 

La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, convocó a una sesión para este jueves, en la que tratarán la supensión, expulsión o el pedido de licencia del legislador Edgardo Kueider, que fue detenido junto a su secretaria el pasado miércoles 4 de diciembre en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. 

Mediante una publicación en su cuenta de X, Villarruel afirmó: "Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso nuestro país de rodillas". 

En ese sentido, agregó: “Para no dilatar los tiempos, junto al presidente Provisional Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider”.

Para no dilatar los tiempos, junto al presidente Provisional Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider, y que exponen una vez más la hipocresía del kirchnerismo. Lo de Kueider es sin dudas un… pic.twitter.com/pFuMkRdKoz

“Lo de Kueider es sin dudas un bochorno que merece recibir un castigo ejemplar, aunque al kirchnerismo lo único que le importa es quedarse con su banca (sí, Kueider entró en la boleta de Cristina) y así entorpecer la tarea de nuestro Gobierno”, señaló. 

Asimismo, la titular del Senado precisó que trató de incluir la expulsión del legislador Oscar Parrilli por estar acusado de traición a la patria por el pacto con Irán, pero la iniciativa no prosperó al haber poco consenso entre los senadores. 

Desde el oficialismo y los sectores opositores abiertos al diálogo buscan impulsar para este jueves una sesión en el Senado para suspender hasta el primero de marzo, al legislador Edgardo Kueider, apresado en la frontera con Paraguay junto a su secretaria con 200 mil dólares sin declarar. 

Anteriormente, el bloque de Unión por la Patria (UxP) había pedido a la Cámara Alta “la expulsión del senador Edgardo Darío Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional por inhabilidad moral sobreviniente dada por la gravedad de los hechos de público conocimiento”. 

Como la iniciativa para inhabilitar o expulsar al senador apuntado no tiene dictamen, la sesión debería alcanzar los dos tercios de la Cámara para tratar la medida, sino la misma se caerá. 

Asimismo, Kueider había pedido un periodo de licencia, por lo que esa propuesta, de llegar a ponerse en discusión deberá conseguir la mayoría simple en el Senado. 

El Gobierno impulsará, entre el 5 y 27 de diciembre, las sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir hasta seis proyectos, entre los cuales no se encuentra el Presupuesto 2025. 

De acuerdo a lo anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las propuestas a discutir en las Cámaras de legisladores son la reforma electoral, la reforma política, el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del presidente, y la reforma de los fueros en la política. 

Entre las mas prioritarias para el Ejecutivo a tratar en el Congreso, a través de la reforma electoral, se busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), para reducir el costo fiscal. 

En cuanto a la reforma de la política, el texto busca que se cambie la forma en la que se financiaban los partidos electorales y los requisitos que deben cumplir para presentarse a los comicios.