La Cámara de Apelaciones confirmó las condenas impuestas a los exjefes de la policía de la provincia de Santa Fe, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau. La sentencia ratificada establece que ambos lideraron una asociación ilícita dedicada a cometer defraudaciones a la administración pública.

Los ex altos mandos deberán cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión. Adicionalmente, se les impuso la prohibición de ejercer cargos públicos por el lapso de diez años y el pago de una multa.

La decisión fue sostenida por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Odriozola y Grau fueron señalados por la Fiscalía como los líderes de la organización que defraudó las arcas públicas durante 2015 y 2016. Se trata de dos figuras que ostentaron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de cometerse los ilícitos.

El fraude al Estado se vinculó con la reparación de vehículos oficiales, mediante la facturación de arreglos de móviles policiales que nunca se concretaban y la compra de repuestos que resultaron ser inexistentes.

Dentro de este circuito, los exjefes firmaban cheques, avalaban facturas y autorizaban rendiciones de cuentas que permitían disposiciones patrimoniales ilegítimas de fondos estatales.

Odriozola cometió los delitos entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau actuó entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. El entramado involucró a otros funcionarios policiales, contadores y civiles ligados a talleres mecánicos y comercios de repuestos.

La investigación se inició en 2016 tras una denuncia presentada por Maximiliano Pullaro, quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de Seguridad, luego de detectar irregularidades en el área de logística policial, conocida como “D4”.

Los fiscales a cargo de la causa, Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, valoraron la ratificación del veredicto condenatorio de primera instancia. Destacaron que el caso constituye un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción, dada la alta jerarquía de los condenados.

Hasta el momento de la confirmación de estas sentencias, nueve personas ya habían sido condenadas en juicios abreviados. Odriozola y Grau fueron los únicos que llegaron a debate oral. Los fiscales señalaron que evalúan los pasos a seguir en relación con la reparación económica del daño solicitado a los condenados.

La Justicia ratificó la sentencia a prisión perpetua para un ex policía de la Seguridad Vial, llamado Iván Jesús Leguizamón que en 2021 asesinó a su ex pareja en la ruta tras haberla visto arriba de un auto junto a otro hombre. El femicidio ocurrió cerca de la localidad de Elortondo, en General López. 

Lo dispuso la Cámara Penal provincial en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. El tribunal de segunda instancia que estaba conformado por los jueces Juan Pablo Lavini Rosset, Daniel Curik y Alfredo Ivaldi Artacho y tuvieron que volver a tratar el caso por la apelación que presentó la defensa del acusado quienes pedían su absolución al argumentar que durante el juicio oral hubo una valoración parcial y arbitraria de las pruebas.

No obstante, el tribunal sostuvo que “la defensa realizó observaciones que se aprecian insustanciales, incapaces para variar el estado conviccional sobre la autoría de Leguizamón y torcer así su decisión”.

El caso ocurrió el sábado 18 de septiembre del 2021 cuando, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal Julián Cochero, poco antes del mediodía, Leguizamón transitaba por la tura provincial 90 desde Elortondo hacia Chapuy junto a otros dos agentes en un patrullero de Seguridad Vial. 

En ese viaje, el acusado vio a su pareja, Claudia González, junto a otro hombre a bordo de un auto, por lo que comenzó una persecución contra dicho vehículo, que no le quedo otra alternativa más que detenerse en la banquina. 

El femicida, prosiguió el fiscal, obligó al conductor a bajarse del auto, desenfundó su arma y le disparó en la cabeza a la víctima, asesinándola de forma instantánea. El agente trató de ultimar al conductor pero el arma se le trabó, por lo que se produjo un forcejeo entre los dos sujetos, hasta que el civil le sacó el arma e intentó ahorcarlo. 

Ninguno de los dos compañeros de Leguizamón, identificados como Mario Luciano Agüero y Jonatan Matías Rojas intervino durante la secuencia del asesinato, por lo que se los sentenció en 2023 a dos años de prisión condicional y los inhabilitaron en sus funcione por cuatro años al incumplir sus deberes como funcionarios públicos. 

Fernando “Nando” Lagrú fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de Matías Oroño, un joven con problemas de adicción el 18 de septiembre de 2021 en la zona noroeste de Rosario.

Otro de los involucrados, Pablo Soto, fue absuelto como instigador del crimen, del que era sospechoso por ser el encargado del búnker donde la víctima iba a comprar droga en Acevedo al 1200 bis. 

No obstante, se lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión por amenazas coactivas contra la familia de Matías. 

El juicio oral comenzó el 20 de enero, y la fiscal Georgina Pairola, en un principio acusó a Lagrú y Soto de haber llevado a cabo el himicidio sucedido en calles Manuel Acevedo y Juan B. Justo entre las 3.00 y las 3.30. 

De acuerdo a su exposición, Lisandro Vega, otro condenado por el caso como partícipe primario (12 años de cárcel), manejó la motocicleta desde la cual Lagrú asesinó a tiros a Oroño. 

Esa noche, el joven había ido hasta los encargados de vender droga en el barrio para pedir que le fiaran una dosis porque no tenía dinero. 

De acuerdo al testimonio de la hermana de la víctima, relató que el que vendía las sustancia llamó a dos protegidos que llegaron en moto y le ordenaron que pagara lo que debía. Acto seguído le dispararon cinco veces, el jove fue encontrado agonizando ala vuelta de su casa y lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ya no pudieron hacer nada para salvarlo. 

En el marco de la causa, primero se estableció que el hecho sería a causa de una deuda que tendría Oroño con Soto, de hasta 500 pesos en ese momento. 

También se reveló que antes del asesinato, la pareja de Soto, Patricia Villarreal, fue quien le ordenó a la víctima que pagara lo que debía y alertó sobre su presencia al acusado. 

Finalmente, aunque Soto había sido imputado como instigador del homicidio y le pidieron 25 años de prisión, lo absolvieron por beneficio de la duda. 

No obstante, lo condenaron a 3 años y 8 mesea de prisión por amenazar, el 28 de agosto del 2021 a la familia de Matías en su vivienda de José Maradona al 1000 bis. 

Francisco Riquelme, un narco rosarino alojado en el penal federal de Marcos Paz como preso de alto riesgo, fue sentenciado a cinco años de prisión tras declararse culpable por amenazar a penitenciarios durante su estadía en la cárcel de Ezeiza. 

El acusado llegó a un acuerdo en su sentencia el 30 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, a cargo del juez Germán Castelli, y en donde intervinieron el fiscal general Rodolfo Marcelo Molina y la defensora Ana María Gil. 

El hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2023 cuando por estar cumpliendo una sanción administrativa, se le rechazó la posibilidad de ver a su pareja. 

Al negarsele la visita de su novia, Riquelme se enfureció y comenzó a amenazar a los alcaides Damián Matosian y Leandro Saucedo y les aseguró que los iba a tirotear. 

En ese sentido, les ordenó: “Prendan la tele hoy a la noche porque van a ver lo que voy a hacer. Los voy a tirotear a todos ustedes”. 

“Acá afuera los voy a matar, voy a cagar a tiros una comisaría en Rosario hoy; Saucedo y Matosian, se van a querer matar”, agregó. 

En ese marco, lo reintegraron a su sector de alojamiento, donde le pidieron que deje de comportarse de forma violenta, pero Riquelme comenzó a ocasionar destrozos en el pabellón D. 

De acuerdo a las pruebas relevadas, el condenado “rompió dos sillas, un microondas y una cámara de video - vigilancia, y arrojó elementos contundentes como palos y escobas hacia la celaduría”. 

Una vez dentro de su celda, según los registros, prosiguió con las amenazas: “Vos sabes como es esto Matosain. Ustedes se cagan de la risa cuando a la visita la verdugean. No pasa nada. Ni Mameluco te va a salvar, sabés cómo te voy a pegar una zarpada bien piola. Se van a querer matar”. 

Por último, se le sindicó como el principal sospechoso de haber incitado a confeccionar una pancarta con amenazas en contra de los penitenciarios, que decía: “Damián Matosian y Saucedo, dejen de verdugear a los presos del módulo 6. Atte: Los Narcos”. 

Esteban Lindor Alvarado recibió este jueves por la mañana una condena de 15 años de prisión efectiva por el delito de narcotráfico. La Justicia Federal lo acusó por el transporte media tonelada de marihuana a Río Negro en 2017. Además, solicitaron una multa de mil unidades fijas. El viernes de la semana pasada fue condenado a perpetua por la instigación de dos homicidios, cinco hechos de lavado de activos, balaceras a edificios judiciales y un atentado a tiro al domicilio de una investigador del MPA.

El fiscal general federal de Rosario, Fernando Arrigo, comenzó este lunes su alegato en el juicio oral que se le sigue por narcotráfico a Esteban Lindor Alvarado, quien el viernes último fue condenado a prisión perpetua en otra causa de la justicia provincial santafesina.

«Traficaba drogas, hacía todo lo que fuera ilícito, tenía tarifado a un sector corrupto de la Policía de Santa Fe y utilizaba sociedades legales para enmascarar la empresa criminal», explicó una fuente de la pesquisa en referencia a lo que se ventiló durante el debate, que comenzó en febrero pasado.

Según explicó, a lo largo de las audiencias quedó en claro que Alvarado organizó el envío de 439 kilos de marihuana desde Rosario a Río Negro, los cuales fueron interceptados por la Policía de esa provincia el 24 de noviembre de 2017 en un camión Scania con un semirremolque Random.

Previo a la lectura del veredicto, Alvarado habló ante el Tribunal y defendió su inocencia. «Soy inocente, nada tengo que ver con el cargamento, no hay nada, estoy tranquilo porque anda tengo que ver”, remarcó y deslizó que se habían «manipuado pruebas».

«Se dijeron cosas que no son, no me voy a hacer cargo de cosas que no hice. Cuando tuve que hacerlo, lo hice. Si me condenan será injusto. Se que hay presión mediática y política, pero no por eso voy a querer que me condenen. En más de 200 allanamientos no pudieron encontrarme ni un porro porque no estoy relacionado con el narcotráfico», manifestó.