Dos expolicías del Comando Radioeléctrico acusados de abusar sexualmente de una menor de 15 años el 3 de marzo de 2023 en Roldán fueron condenados este martes en Rosario.

Los detenidos de 28 años, Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano, fueron llevados a juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante el juez de primera instancia Mariano Aliau. Son apuntados por un hecho que tuvo lugar en la ruta A012, a la altura de Carlos Gardel, en la ciudad vecina.

De acuerdo a la versión impulsada por la Fiscalía, el episodio sucedió a las 3:00, cuando la adolescente caminaba sola y, luego de que ambos agentes le ofrecieran llevarla hasta su casa en un patrullero, se desviaron hacia la banquina, donde abusaron de ella utilizando la fuerza. Posteriormente, tras ser interrumpidos por una comunicación radial, la llevaron a su domicilio bajo amenaza de que no cuente el abuso.

El magistrado dictó prisión por 12 años para Álvarez por abuso sexual con acceso carnal agravado por haberlo hecho cuando se encontraba en servicio. Por otro lado, en el caso de Puntano, fue condenado a 8 años por los mismos delitos, como partícipe primario. 

Una mujer de 29 años fue sentenciada a siete años de prisión tras admitir su rol como pieza clave de una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas en centros penitenciarios de la provincia de Santa Fe. La condenada, identificada como Nadia Mariel Carreira, aceptó la pena mediante un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en el abastecimiento de cocaína y marihuana a internos.

Según la investigación judicial, Carreira oficiaba como la encargada de gestionar los estupefacientes en la calle para su posterior ingreso clandestino a la cárcel federal de Coronda y al complejo penitenciario Las Flores.

Las maniobras eran coordinadas desde búnkeres ubicados en el barrio santafesino de Alto Verde, bajo las instrucciones directas de Juan Pedro “Pato” Calderón, quien dirigía la organización desde su lugar de detención.

La causa se inició en junio de 2025, luego de que una denuncia al 911 alertara sobre un preso en Las Flores que estaba siendo amenazado por deudas vinculadas a la compra de drogas dentro del penal.

A raíz de este dato, la Unidad de Delitos Complejos ordenó una serie de allanamientos que se concretaron en septiembre del año pasado en tres puntos de venta de Alto Verde, donde se secuestró material fraccionado y armas de fuego.

La fiscalía determinó que Carreira recibía las sustancias de otros miembros de la banda y rendía cuentas cotidianas de las transacciones al jefe del grupo. Por su parte, la jueza Celeste Minitti homologó el acuerdo tras considerar los agravantes de que los delitos fueron cometidos de forma organizada por más de tres personas y dentro de lugares de detención.

Debido a que la mujer es la única responsable del cuidado de sus tres hijos menores de edad, cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con el control de una tobillera electrónica.

La defensa de Nahir Galarza realizó una nueva presentación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para solicitar la revisión de su condena a prisión perpetua. El recurso busca que la Justicia provincial reexamine el fallo por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

El planteo fue firmado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de la joven a fines del año pasado. La estrategia se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una normativa que habilita la revisión de sentencias firmes ante circunstancias excepcionales.

Según el escrito, existieron irregularidades tanto en la aplicación de la ley penal como en la validez del material probatorio utilizado durante el juicio.

El eje central de la impugnación apunta al desempeño de una perito de la Policía de Entre Ríos, licenciada en Bromatología, quien estuvo a cargo del análisis del teléfono celular de la joven.

La defensa cuestiona este informe de 1.500 páginas, ya que resultó la prueba fundamental para dar por acreditado el noviazgo con la víctima. Esta vinculación permitió a la Justicia imponer la figura de homicidio agravado por el vínculo, lo que derivó en la pena máxima.

Esta nueva instancia judicial surge luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara en julio de 2024 un recurso extraordinario de la representación anterior, dejando firme la sentencia en aquel momento.

Ahora, el nuevo letrado exige verificar si la interpretación jurídica aplicada a la causa fue la adecuada y si el material que fundamentó el fallo es válido.

Una pareja oriunda de Neuquén fue sentenciada en los tribunales de Venado Tuerto tras haber estafado a una mujer de 80 años bajo la modalidad del “cuento del tío”. Como parte del fallo, los involucrados debieron restituir la totalidad del capital que le quitaron a la víctima.

Los condenados fueron identificados como Diego Martín Castillo, de 39 años, y Verónica Lucía Churi, de 29, quienes residen actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jueza Mariana Vidal homologó un juicio abreviado donde ambos reconocieron su responsabilidad en el ilícito: Castillo como coautor y Churi como partícipe primaria.

Según la investigación liderada por el fiscal Damián Cassullo, el hecho ocurrió el pasado 27 de marzo. Los estafadores contactaron a la damnificada a través de su teléfono fijo, haciéndose pasar por personal de la Anses.

Mediante engaños, le aseguraron que los billetes de dólares estadounidenses que poseía perderían su valor y debían ser reemplazados por una nueva serie. Bajo esta falsa premisa, Castillo se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de un vehículo registrado a nombre de Churi. Tras ganarse su confianza, logró que la mujer le entregara 9 mil dólares en efectivo.

La posterior investigación incluyó allanamientos en el barrio porteño de Floresta, donde se secuestraron elementos probatorios que comprometieron a la pareja.

Finalmente, la Justicia dispuso una pena de prisión condicional para los implicados. Además de la devolución de los fondos, que la mujer ya recuperó, se les impuso la prohibición de ingreso a la ciudad de Venado Tuerto por un período de dos años y la obligación de fijar un domicilio estable. La víctima manifestó su conformidad con la resolución del caso.

Una investigación de Asuntos Internos por un hecho grave ocurrido en la zona norte de Rosario derivó en la detención de nueve policías este viernes en Rosario. Se trata de agentes sospechados de prender fuego a un hombre de 42 años durante un operativo irregular realizado el 27 de mayo de 2024.

El episodio sucedió en una vivienda de Larrechea al 1.900, en barrio Parque Casas. La versión policial que quedó registrada en el acta de la fuerza indicó que agentes perseguían a un grupo de hombres que trataron de esconder una mochila, hasta que uno de ellos intentó incendiarla y se autolesionó de gravedad. 

No obstante, una revisión de los hechos impulsada por el fiscal Pablo Socca llevó a otra hipótesis, apoyada en el estado de la mochila (estaba intacta) y el testimonio de la víctima, quien estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo a la acusación, un uniformado le roció el rostro al hombre con alcohol etílico y lo prendió fuego con un encendedor.

A más de dos años del hecho, personal de Asuntos Internos detuvo a nueve integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) supuestamente involucrados y secuestró un revólver calibre 22 sin papeles. Entre los aprehendidos aparece Jesús Balais, recluso de Ezeiza condenado a 7 años de prisión por haber robado drogas en un allanamiento ilegal y torturado personas.

Serán llevados a audiencia imputativa este martes. La Fiscalía aseguró que les adjudicará los delitos de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser funcionario policial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de Fernando Báez Sosa. La solicitud, presentada por su defensa, señalaba un supuesto exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva.

Desde la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, se opusieron al planteo al considerar que implicaría un adelanto de pena. Asimismo, remarcaron que el juicio oral se realizó en tiempo y forma y que la condena ya fue confirmada tanto por el Tribunal de Casación Penal como por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En esa línea, también se destacó que fue rechazado el Recurso Extraordinario Federal y que solo resta la resolución de una queja presentada, lo que (según indicaron) garantiza el cumplimiento del principio de doble conforme. A su vez, resaltaron la gravedad del hecho y la necesidad de analizar el caso en su totalidad.

Por último, el tribunal consideró que no se cumplen las condiciones para otorgar la excarcelación. Si bien se señaló que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió peso, se sostuvo que el peligro de fuga continúa vigente e incluso se ve agravado por la condena ya dictada en una causa de alta complejidad.

Agostina Páez, la abogada santiagueña que permanece detenida en Brasil, afrontará una sanción penal por los cargos de injuria racial que se le imputan. Así lo confirmó su defensora, Carla Junqueira, quien reconoció que la joven tendrá que cumplir algún tipo de condena, aunque la estrategia apunta a que el proceso pueda ser transitado en territorio argentino.

La acusada cumple actualmente prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, mientras la fiscalía local solicita una pena de 15 años de cumplimiento efectivo.

Para la parte acusatoria, existen pruebas testimoniales y filmaciones que confirman la comisión de tres delitos contra empleados de un bar. No obstante, la defensa sostiene que las imágenes del interior del local son inconclusivas y no registran audios de los presuntos insultos.

Durante una entrevista con un programa de Radio Rivadavia, Junqueira detalló que “no hay pruebas en el expediente que confirme que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos ni con tres delitos distintos”.

El conflicto se habría originado por un desacuerdo respecto al pago de una cuenta. Según la letrada, tras ser impedida de subir a un vehículo, Páez reaccionó con lo que calificó como una “retorsión inmediata” mediante gestos obscenos. Dado que en Brasil no se permite la probation ni tareas comunitarias para casos de racismo, admitió que la sanción mínima será de dos años.

“Agostina estaba alterada, nerviosa, brava, asustada y cuando salió enojadísima, los funcionarios no las dejaron entrar en el auto de unos amigos. Les dijeron que no podían volver porque no pagaron la cuenta y tenían que bajarse del auto. Se enojó, y cuando el de seguridad iba a cruzar la calle, le hizo esos gestos obscenos”, explicó Junqueira.

En la misma línea, agregó: “Ella reaccionó con lo que llamamos de retorsión inmediata. Hizo ese gesto infeliz, que en Brasil es un delito. Fue una retorsión inmediata de un momento de calentura. La pena mínima de un delito como este es de dos años. Vamos a intentar pedirle al juez distintas maneras de cumplirla”.

Por el lado de medidas judiciales, la abogada afirmó que “no hay necesidad de cautelares” y resaltó que la joven podría “ejercer el cumplimiento de la pena en Argentina con monitoreo”.

“Las Supremas Cortes ya se pronunciaron y ante el caso de racismo no podemos hacer la probation. No puede hacer tareas comunitarias. Por lo menos, durante dos años, va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aseveró.

Junqueira concluyó sus declaraciones y dijo: “Hay plenas garantías de que ella puede seguir cumpliendo desde Argentina. Haría campañas de concientización y un montón de cosas que se pueden hacer que no sea el pedido de la fiscalía”.

Un hombre de 34 años acusado de participar del ataque armado contra un chofer de la aplicación de traslados Uber en República de la Sexta quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió el pasado 18 de enero a la madrugada en Cerrito y Esmeralda, cuando la víctima de 29 años, Alexis Galván, recibió un disparo en la cabeza a bordo de su Chevrolet Prisma durante un viaje. De acuerdo a la versión de Fiscalía, el pasajero fue Alexis Ezequiel Coria, de 34 años, quien se subió al auto en Lozzia al 6300 y, durante el recorrido, pidió cambiar el destino para llevar al joven al lugar de los disparos.

Según el relato impulsado por la fiscal Marisol Fabbro, Galván fue abordado por un grupo de personas que estaba en la vereda y, tras resultar herido en el cráneo, chocó contra un árbol mientras Galván huyó del vehículo. Además, agregó que se trató de un intento de asalto.

La jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva y el acusado fue imputado como coautor de tentativa de homicidio agravado y portación de arma de fuego.

Un joven de 19 años que le arrojó una molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario con dos cómplices cuando era adolescente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El detenido, identificado como Agustín Hoyos, fue acusado por la fiscal Laura Riccardo como coautor los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad. El hecho ocurrió en enero de 2024, cuando los agresores le tiraron una botella incendiaria a una unidad de la línea 143 del Transporte Urbano de Pasajeros en Rondeau al 300, sin dejar heridos.

Tras su detención minutos después del episodio, al entonces adolescente le secuestraron una mochila con notas amenazantes dirigidas al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con un celular, dos envases de vidrio vacíos y combustible. Luego, quedó bajo prisión preventiva y, una vez finalizado el plazo legal, la Justicia determinó la extención de la medida.

Ahora, la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión preventiva para Hoyos, mientras continúan otras investigaciones por ataques y amenazas perpetuados durante los primeros meses de 2024.

Un policía que pertenecía a la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión efectiva por formar parte de un operativo ilegal en el que le plantaron un arma a un motociclista y lo detuvieron en el macrocentro de Rosario.

Se trata de Bernardino Fernández, de 25 años, quien recibió la pena este martes en el Centro de Justicia Penal local por decisión del juez de Primera Instancia Lisandro Artacho. El ex agente deberá cumplir también con una inhabilitación absoluta por seis años en materia policial y una prohibición de 10 años para ejercer cargos públicos.

El fiscal Pablo Socca le adjudicó al hombre los delitos en concurso real de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado por ser funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

De acuerdo al relato de Fiscalía, Fernández participó del hecho el 7 de diciembre de 2024 junto a otros policías, cuando demoraron a Milton P., un motociclista que circulaba sin DNI ni documentación del vehículo. Según la versión, la víctima fue obligada a que los llevara a su casa en Esmeralda al 2000 sin autorización judicial, golpearon a los presentes y se retiraron con dinero y celulares. También se llevaron bienes de otros domicilios linderos.

Por otro lado, Socca afirmó que los autores del falso procedimiento le plantaron un revólver calibre 38 a la víctima y manipularon actas policiales para justificar la detención por portación ilegal de arma, resistencia a la autoridad y cohecho activo.

Condenaron a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación para ejercer la medicina al anestesiólogo Mauricio Krause, por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que murió en julio de 2024 durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro.

El tribunal determinó que el menor ingresó para una operación programada de hernia diafragmática y falleció como consecuencia de encefalopatía hipóxico-isquémica, provocada por la obstrucción del tubo endotraqueal que le suministraba oxígeno. La falta de ventilación generó un daño cerebral irreversible y un paro cardíaco. El niño murió una semana después.

El juez consideró probado que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo, al no controlar de manera constante la respiración ni los signos vitales del paciente, una tarea que era de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, se acreditó que el monitor de oxígeno estaba desenchufado y que el médico utilizó su celular durante la intervención.

Para el magistrado, la muerte del niño pudo evitarse y el anestesiólogo abandonó su rol de garante de la vida en el quirófano. Además de la condena, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como presentarse mensualmente ante la Justicia y no cometer nuevos delitos.

Un tribunal oral de Rosario condenó a prisión perpetua a Miguel Alejandro Martínez por el asesinato de su compañero de trabajo José Sofiudin Jahri, ocurrido en diciembre de 2022 en una panadería de zona sur.

Los jueces entendieron que el acusado actuó con alevosía al atacar a la víctima mientras dormía con un balde lleno de grasa a más de 100 grados, sacada de una freidora. El contenido fue volcado sobre la cabeza y el cuerpo de Sofiudin Jahri, sin darle oportunidad alguna de defenderse. Luego, el atacante escapó en motocicleta.

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permaneció internado durante más de dos semanas, hasta que falleció el 24 de diciembre como consecuencia de infecciones y fallas orgánicas provocadas por la gravedad de las quemaduras.

El agresor fue identificado rápidamente a partir del seguimiento de la motocicleta utilizada en la fuga y del análisis de las cámaras de seguridad. Martínez fue detenido en febrero de 2023 en la zona sudoeste de Rosario, tras un operativo policial.

Además del homicidio, la condena incluyó hechos de amenazas coactivas contra una expareja los días 17, 21 y 31 de enero de 2023 del acusado mientras permanecía prófugo.

Un hombre de 32 años fue condenado a 15 años de prisión por cometer abusos sexuales contra cinco niñas de su entorno familiar en la provincia de Santa Fe.

Se trata de Milton David Sotelo, quien reconoció los hechos cometidos durante un período de cinco años en viviendas del barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, en el que se acreditó que los abusos ocurrieron en un contexto de convivencia y vínculo cercano con las víctimas. La juez Norma Senn determinó que Sotelo es penalmente responsable por una serie de delitos que incluyen abuso sexual simple y gravemente ultrajante, varios de ellos agravados por la convivencia preexistente y por haber sido encargado de la guarda de menores, en hechos reiterados.

La causa se inició luego de que una de las víctimas relatara lo sucedido ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, lo que derivó en la denuncia formal y la posterior detención del acusado. Tras la investigación, Sotelo admitió su responsabilidad y recibió la condena de cumplimiento efectivo.

El delincuente que asaltó una verdulería del macrocentro de Rosario y abusó sexualmente de una empleada fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP).

Se trata de Ariel Alejandro Romero, a quien se lo acusó por el hecho ocurrido el 19 de diciembre por la mañana en un comercio de barrio Parque.

La fiscal Manuela Dalcol le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por uso de arma y robo calificado por uso de arma. 

De acuerdo a la acusación, el asaltante ingresó al comercio, amenazó a la víctima con una cuchilla y le quitó el celular a la trabajadora que cumplía su turno antes de maniatarla en un baño y forzarla a realizarle sexo oral. Luego, la dejó encerrada y huyó.

En este contexto, el juez Aldo Bilbao Benítez le dictó prisión preventiva por el plazo de ley. 

En una audiencia realizada este martes en los Tribunales Federales de Rosario, el juez con funciones de Garantía, Román Lanzón, homologó un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas, mediante el cual condenó al funcionario de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Santiago Hernán Romero a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo.

La sentencia lo declaró coautor de abuso de autoridad y hurto agravado por haber sido cometido por un funcionario público, y autor de coacciones. El fallo se enmarca en un juicio abreviado, figura que agiliza los procesos penales cuando las partes acuerdan la pena.

El fiscal federal Federico Reynares Solari, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, fue quien llevó adelante la acusación. Según la investigación, el hecho ocurrió el 22 de julio de 2025, a las 22.45, en inmediaciones de Bouchard y Servellera, en la zona noroeste de Rosario.

Aquella noche, Romero junto a los también gendarmes Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales, detuvieron sin motivo legal a una familia —una pareja y sus dos hijos de seis años y siete meses—, los hicieron descender del vehículo y lo requisaron, pese a que ya habían sido identificados. Según la fiscalía, ese accionar constituyó un abuso de autoridad que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.

Durante la requisa, uno de los gendarmes sustrajo dinero del interior del vehículo y luego el grupo regresó a la camioneta oficial, retirándose del lugar “con el producto del ilícito”. Las víctimas denunciaron el hecho en un puesto de la GNA ubicado en Sorrento y Cullen, y horas después reconocieron a los uniformados cuando estos regresaron a la base de la fuerza en el Club Atlético Sparta, en Machain y Maciel.

El agravante fue que Romero intentó coaccionar a la familia: según el legajo, ofreció devolver el dinero a cambio de que desistieran de radicar la denuncia formal.

Por el mismo hecho, Pacheco, Santillán y Torales también fueron condenados en otro acuerdo abreviado a 2 años de prisión condicional y doble inhabilitación, como coautores de abuso de autoridad y hurto agravado.

Además, los cuatro deberán abonar $50.000 a las víctimas en concepto de reparación económica y cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de acercarse o contactar a las víctimas por cualquier medio.

Inicialmente, el expediente había sido tramitado en la Justicia Provincial, pero el MPF logró que se reconociera la competencia federal. En una audiencia realizada el 5 de agosto, el juez provincial de Garantías remitió el caso al fuero federal, tras la solicitud del fiscal Reynares Solari.

El fiscal destacó que este fallo representa “un cambio de temperamento institucional”, al señalar que “el Ministerio Público Fiscal va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”.

De este modo, el caso no solo pone en evidencia una grave violación a los deberes de funcionario público, sino que también abre un precedente sobre la intervención del fuero federal en casos de corrupción y abuso cometidos dentro de las fuerzas de seguridad.

El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de revisar los protocolos de actuación y control interno dentro de la Gendarmería, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones depende, más que nunca, de la transparencia y la rendición de cuentas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de José Alperovich y dejó firme su sentencia a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual.

El fallo fue avalado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la presentación y confirmaron la negativa a concederle la excarcelación al ex gobernador de Tucumán.

Alperovich había sido condenado hace más de un año por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que lo declaró culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado ocurridos entre 2017 y 2018. La víctima fue su sobrina, quien trabajaba para su campaña política.

En aquello jornada, se ordenó su inmediata detención. La fiscalía señaló que el ex mandatario disponía de suficientes recursos económicos y vínculos de poder como para intentar fugarse.

En tanto, la defensa recurrió a distintas instancias, alegando vulneración de presunción de inocencia y ausencia de riesgo procesal, pero tanto la Cámara de Casación como la Corte descartaron estos planteos.

Los dos pilotos extranjeros que habían abandonado una avioneta en Estación Díaz, localidad ubicada a 90 kilómetros de Rosario, fueron condenados a cinco años de prisión efectiva.

Así lo dictó el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz después de la firma de un acuerdo entre el fiscal federal Jorge Onel y los abogados de los acusados. Se trata de Milton Carlos Arévalo Estrada (54) y Mikjail Zabala Rodríguez (30), de nacionalidad peruana y boliviana respectivamente, quienes realizaron un aterrizaje de emergencia en un Cessna 182 Skylane el 3 de junio pasado en la provincia.

De acuerdo a la versión de Fiscalía, a los hombres se les atribuye ingresar al país de manera ilegal con 30.500 dólares, evitando el control aduanero, a bordo de una aeronave con la matrícula adulterada. Los imputados habrían dejado el vehículo abandonado en un campo del departamento San Jerónimo y fueron detenidos por agentes de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, se dio a conocer tras tareas investigativas que la avioneta pudo haber partido desde Bolivia, destino que aparecía dos veces en la hoja de ruta hallada por efectivos. Además, se estima que los tripulantes tuvieron que descender en territorio santafesino por un aparente desperfecto mecánico.

Una mujer fue condenada a 17 años de cárcel por el crimen de un jubilado de 78 años ocurrido en mayo del 2022. 

La pena en su contra fue dictada por un tribunal conformado por los jueces Ismael Manfrín, Carlos Leiva y Gonzalo López Quintana. 

Se trata de Maite Anabel Fernández, de 32 años, acusada por acusación de haber cometido como autora el delito de homicidio en ocasión de robo, por matar a Carlos Luciano González el 11 de mayo del año referido, con un cuchillo Tramontina y otro de tipo carnicera.

De acuerdo a lo indicado por el fiscal Lisandro Artacho, Fernández habría actuado junto a un cómplice a la hora de cometer el crimen.

En ese sentido, indicó Artacho, durante el juicio la acusada "pidió perdón a los familiares de la víctima; explicó que estaba en una situación de vulnerabilidad”.

Es que la defensa de la mujer precisó que atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad pues padecía de una adicción a la cocaína y ejercía la prostitución.

No obstante, los acusadores tenían los registros de las cámaras de seguridad que mostraron como la mujer ingresaba y salía del domicilio del jubilado, cuyo cuerpo se encontró cuatro días después de ocurrido el crimen tras alertas de vecinos de la zona que comenzaron a quejarse por el mal olor que emanaba el inmueble. 

La imputada había sido detenida el 2 de septiembre de 2022 en Pasaje 1.115 al 4800 en Villa Banana tras un allanamiento de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). 

La expresidenta Cristina Kirchner habló este viernes luego de la ratificación de su condena y aseguró que se presentará en los tribunales de Comodoro Py este 18 de junio.

La imputada publicó un texto esta mañana a través de su cuenta oficial de X, en el cual habló sobre su situación y puso a disposición de los usuarios el escrito que presentaron sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2, pidiendo prisión domiciliaria.

En primer lugar, la mandataria acusó a la Corte Suprema de Justicia de ponerle “un cepo al voto popular” y confirmó que su defensa envió una solicitud para afrontar la condena en el barrio porteño de Monserrat.

Luego, la figura política argumentó: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”. Por otro lado, Kirchner justificó su pedido en base al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre del 2022.

Por último, la condenada agregó: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…

Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que, una vez notificada la sentencia, Kirchner contaba con cinco días hábiles para ser detenida en el marco de la causa Vialidad.

La expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner habló tras conocerse la confirmación de la condena en su contra por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que implica la prisión por seis años.

La ex mandataria criticó el fallo al que calificó de un "cepo al voto popular" y a los tres miembros del máximo tribunal como "monigotes" del poder.

"Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome. Porque esta tranquilidad de un dólar pisado y miles de millones de dólares anuncian la crónica de una muerte final. El poder económico necesita que cuando este monigote que tenemos de Presidente (Javier Milei) se caiga pretenden que la oposición no pueda organizarse", afirmó.

"Esta Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos. El Partido Judicial le hizo un cepo al voto popular. La Corte Suprema es un triunvirato de impresentables"   , enfatizó ante una multitud de militantes.

"Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso: un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la PBA, sale el fallo. Lo mismo que hicieron en 2019", agregó Fernández.

“Esto no tiene finales felices. Cuando este Presidente que tenemos de monigote finalmente se caiga, pretenden que el campo nacional y popular no pueda organizarse”, disparó Cristina contra el actual mandatario.