El juicio oral por el asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central atacada tras el clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023, entra en su etapa final este lunes a las 13:00 con la lectura de la sentencia a los tres acusados Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel.

La decisión irá por cuenta del tribunal integrado por los jueces Juan Ignacio Rodríguez, Natalia Benvenuto y Rodrigo Vico Jimena en la sede del Centro de Justicia Penal. Los tres hombres enfrentan la acusación de coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, a raíz del hecho registrado tres años atrás en la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo.

En el alegato de clausura, las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari solicitaron la pena de 30 años de prisión para cada uno de los imputados, junto con la inhabilitación perpetua para la concurrencia a los estadios Gigante de Arroyito y Coloso Marcelo Bielsa. Por su parte, la representación de la querella requirió una condena de 33 años de cárcel.

Durante la jornada  se movilizarán familiares, allegados y amigos de la víctima, quienes instalaron  una pantalla gigante en la plaza contigua al edificio de las calles Virasoro y Mitre, espacio donde se transmitirá la audiencia en vivo, para conocer la resolución judicial.

María Luz Hidalgo, de 42 años, y Daniel David Ramírez, de 28, recibieron este viernes la pena de prisión perpetua por el asesinato del bombero retirado José Coelho De Sousa De Melo, de 84 años, ocurrido el 21 de agosto de 2023 en una vivienda de Pérez. 

El tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Rafael Coria y Paola Aguirre los declaró responsables del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, en línea con la acusación del fiscal Ignacio Hueso. Hidalgo había trabajado como empleada doméstica de la víctima durante aproximadamente un año y medio, pero la relación se deterioró hasta que fue despedida.

Horas antes del crimen, cerca de las 20.30, un móvil policial había intervenido en una discusión frente a la casa de Rivadavia al 900. Coelho explicó que no había llamado a la Policía y que no quería presentar una denuncia, mientras que Hidalgo aseguró que había ido a buscar su ropa y otras pertenencias. Los agentes identificaron a la mujer, que proporcionó datos falsos, y se retiraron. Poco después, la pareja atacó al jubilado dentro de la vivienda: lo golpeó en la cabeza y lo estranguló con un cable HDMI y una media. Luego se llevó dos televisores, un celular y documentación.

El homicidio se descubrió al día siguiente, cuando un vecino advirtió que las luces de la casa seguían encendidas y alertó al hijo de la víctima. En medio de las primeras tareas investigativas, un remisero aportó un dato que permitió reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos. El hombre contó que la noche anterior había trasladado a una mujer vestida con pupera y calza negra, junto a un joven de contextura robusta y pelo corto, después de que ambos retiraran dos televisores de la vivienda de Coelho. El destino del viaje fue la zona de Vélez Sársfield y Fraga.

El testimonio del chofer, sumado al cruce de registros policiales y comunicaciones de la Central 911, orientó a los investigadores hacia el domicilio de Ramírez, ubicado en Vélez Sársfield al 6400, en el barrio Ludueña de Rosario. Allí, la pareja fue detenida días después. Otro elemento decisivo surgió de la declaración de una familiar de Hidalgo, quien aseguró que la mujer la llamó después del crimen y le confesó: “Tengo que decirte algo: matamos al viejo”. Para la Fiscalía, esas pruebas permitieron reconstruir el ataque y sostener la acusación que culminó con la condena a prisión perpetua.

Condenaron a los tres responsables del crimen de Lucía Carpanetto, la joven que fue asesinada de un disparo en la cabeza en diciembre de 2022. El tribunal integrado por Ana Julia Milicic, Carlos Leiva y Pablo Pinto homologó el acuerdo de partes alcanzado en la causa y estableció penas diferentes para cada uno de los involucrados.

Darío Varela, quien estaba detenido al momento del homicidio, recibió 28 años de prisión como instigador del crimen. Valentín Rodríguez fue condenado a 32 años como el autor material del asesinato, luego de haber citado a la víctima bajo engaños, mientras que Silvia Varela recibió una pena de 15 años como partícipe primaria.

La investigación, encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, permitió reconstruir un plan criminal que, según la acusación, fue organizado desde el interior de la cárcel de Piñero. El conflicto habría comenzado por una disputa entre Carpanetto y su expareja, Ramiro C., a quien la joven había denunciado previamente por violencia de género y abuso sexual.

De acuerdo con la investigación, Silvia Varela, pareja de Ramiro C., coordinó con su hermano Darío el ataque y le proporcionó información sobre la víctima a través de un teléfono celular ingresado ilegalmente al penal. Finalmente, Rodríguez contactó a Carpanetto y la citó en Muñoz al 700 durante la madrugada del 14 de diciembre de 2022, donde le disparó en la sien y le sustrajo el teléfono. Las condenas fueron dictadas por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque el tribunal excluyó los agravantes de género contemplados durante la investigación penal preparatoria.

Una mujer de 52 años, identificada como V. M., fue condenada este miércoles a 10 años de prisión por facilitar la corrupción de menores agravada por el vínculo en perjuicio de su hija. El fallo fue dictado en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez, luego del debate oral que comenzó el 9 de septiembre.

La investigación se inició el año pasado a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 137. A partir de esa alerta, la fiscal Abi Luz Cabrera solicitó un allanamiento en la vivienda de la acusada y la víctima fue trasladada para una revisión médica, donde se detectaron lesiones de vieja data compatibles con situaciones de abuso sexual.

Durante la investigación se realizaron distintas medidas para intentar identificar a los responsables materiales de los abusos. El Ministerio Público de la Acusación puso el foco en dos hombres sospechosos, pero las pericias realizadas sobre ellos dieron resultado negativo y hasta el momento no se logró determinar quiénes fueron los autores ni durante cuánto tiempo se produjeron los ataques.

La fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión, pero el magistrado estableció una condena de 10 años. Al mismo tiempo, resolvió que la mujer continúe cumpliendo la pena bajo prisión domiciliaria, modalidad que ya había sido dispuesta durante etapas anteriores del proceso.

Agustín López Gagliasso, el joven de 21 años que atropelló y mató a Tania Gandolfi (40) y Agustina García (17) en la costanera central de Rosario, fue condenado este martes a 16 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir, un veredicto que significa un nuevo máximo histórico en la historia jurídica de Santa Fe para un siniestro vial.

Se trata del fallo por el episodio ocurrido el 21 de enero de 2025 en Presidente Roca y el río, cuando el automovilista embistió a las víctimas oriundas de Córdoba a bordo de su Peugeot 206 gris. Las pruebas confirmaron que llegó a circular a 120,7 kilómetros por hora tras salir del túnel Arturo Illia, luego de una discusión de tránsito con un motociclista y mientras iba acompañado por Giovanna Romero. Sobrevivieron Diego García, padre de la familia, y su hija Victoria.

Las magistradas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez dictaron en unanimidad la pena por el delito de doble homicidio simple con dolo eventual. Es dos años menor al pedido de 18 que efectuaron las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, junto al abogado querellante y defensor de la familia de las víctimas, Claudio Puccinelli.

Por otro lado, a pesar de que el lapso de inhabilitación para manejar es menor al del tiempo en cárcel debido a que iguala el máximo previsto por el Código Penal, la sanción para manejar se aplicará una vez que quede en libertad.

Diego García, viudo de Tania y padre de Agustina, brindó declaraciones desde Córdoba tras la audiencia esta tarde en El Puente de Radio Mitre Rosario y afirmó: “Siento tranquilidad, ya hemos llegado a esta instancia y escuché el veredicto. Me quedé conforme con que va a estar muchos años preso”.

El juicio oral y público contra Agustín López Gagliasso, el joven de 21 años que el 21 de enero de 2025 atropelló y mató a Tania Gandolfi (41) y su hija Agustina García (17) en Presidente Roca y el río, llega a una instancia clave este martes con la revelación de la condena. 

El tribunal compuesto por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez dará a conocer el veredicto alrededor de las 12:30 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a ocho días del inicio del debate en el que declaró el detenido, la joven que lo acompañaba en el Peugeot 206 gris, testigos, familiares de las víctimas y  un representante del municipio, quien aportó el material de las cámaras de la ciudad.

Las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto consideran junto al abogado Claudio Puccinelli, querellante y defensor de la familia de las víctimas, que se trató de un homicidio simple con dolo eventual por el riesgo de muerte que generaba la conducción a más de 120 kilómetros por hora a la salida del túnel Arturo Illia. En este marco, piden una condena de 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta para conducir.

En cuanto a la defensa del imputado, el abogado Carlos Varela sostiene que e delito en el que incurrió fue un homicidio culposo y aclaró ante la prensa: “Nosotros no procuramos la impunidad de Agustín, debe pagar por lo que hizo”.

López Gagliasso declaró a través de Zoom la semana pasada y, tras disculparse por el grave hecho, alegó que aceleró y, pensando que tenía el control del vehículo, derrapó y terminó en la vereda. 

Una mujer de 34 años fue condenada a 14 años de prisión por señalar a dos jóvenes que luego fueron baleados en la zona noroeste de Rosario el 30 de mayo de 2015, a raíz de una acusación por un presunto robo de droga. Una de las víctimas falleció y la otra resultó herida.

Se trata de Rocío "Maga" Parra Zalazar, quien con 23 años estuvo involucrada en un ataque armado ocurrido en Urquiza al 9.300 y recibió la pena dictada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en la instancia encabezada por las juezas de Primera Instancia Hebe Marcogliese, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic. 

De acuerdo a la versión de la Fiscalía, expuesta por el fiscal Franco Tassini, la acusada primero llegó a su vivienda de Urquiza al 8.500 y notó que desconocidos habían cometido un escruche, en el que se llevaron dinero, estupefacientes y otras pertenencias. Luego, le relató lo sucedido a Víctor Alfredo A. y Jorge Matías G., condenados que fueron señalados como proveedores, quienes fueron a buscar a dos jóvenes marcados por Zalazar: Emanuel Miño y Jonatan A. Tras una discusión, abrieron fuego e hirieron a ambos objetivos. 

Miño murió horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) producto de múltiples lesiones ocasionadas en el ataque. Por su parte, A. fue atendido en el Policlínico San Martín por un impacto de bala en el brazo.

De esta manera, más de una década después del hecho, el tribunal dictó 14 años de prisión efectiva, por ser considerada coautora de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de partícipe necesaria, todo en concurso real. Los tiradores fueron detenidos en octubre de 2025 y ya fueron condenados.

Un joven de 28 años acusado de asesinar a un jubilado de 84 durante un asalto en el barrio Echesortu de Rosario fue condenado este miércoles a 20 años de prisión efectiva. Fue en el marco de un procedimiento abreviado.

Se trata de Víctor Almaraz, quien está señalado como responsable del crimen de Miguel Rafael Majlin perpetrado el 3 de febrero de 2024. El agresor abordó a la víctima fatal cuando trataba de subirse a su camioneta Ford EcoSport estacionada en Río de Janeiro y Mendoza. Adentro del vehículo, estaba su esposa. 

De acuerdo a la versión respaldada por los fiscales Patricio Saldutti y Agustina Eiris, el delincuente forcejeó con el conductor, lo golpeó, subió al rodado rodado y arrancó con la mujer de 81 años sentada en el asiento del acompañante. Majlin quedó debajo del auto y, como consecuencia de una caída tras la pelea, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La mujer de 81 años fue empujada por el ladrón a los pocos metros y resultó herida.

A Majlin lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde lo diagnosticaron con un traumatismo craneoencefálico grave que derivó en su fallecimiento horas más tarde.

A su vez, a Almaraz se le adjudicó participación en el hurto de un Volkswagen Surán el 19 de enero de 2024 en Sucre y Marcos Paz. El vehículo luego fue utilizado en una balacera a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en Rouillón al 1.900, el día siguiente.

Los jueces de Primera Instancia Paula Álvarez, Pablo Pinto y Valeria Pedrana dictaron la pena de dos décadas por los delitos de homicidio en ocasión de robo y lesiones leves, ambos en carácter de autor; hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública; e intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Dos expolicías del Comando Radioeléctrico acusados de abusar sexualmente de una menor de 15 años el 3 de marzo de 2023 en Roldán fueron condenados este martes en Rosario.

Los detenidos de 28 años, Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano, fueron llevados a juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante el juez de primera instancia Mariano Aliau. Son apuntados por un hecho que tuvo lugar en la ruta A012, a la altura de Carlos Gardel, en la ciudad vecina.

De acuerdo a la versión impulsada por la Fiscalía, el episodio sucedió a las 3:00, cuando la adolescente caminaba sola y, luego de que ambos agentes le ofrecieran llevarla hasta su casa en un patrullero, se desviaron hacia la banquina, donde abusaron de ella utilizando la fuerza. Posteriormente, tras ser interrumpidos por una comunicación radial, la llevaron a su domicilio bajo amenaza de que no cuente el abuso.

El magistrado dictó prisión por 12 años para Álvarez por abuso sexual con acceso carnal agravado por haberlo hecho cuando se encontraba en servicio. Por otro lado, en el caso de Puntano, fue condenado a 8 años por los mismos delitos, como partícipe primario. 

Una mujer de 29 años fue sentenciada a siete años de prisión tras admitir su rol como pieza clave de una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas en centros penitenciarios de la provincia de Santa Fe. La condenada, identificada como Nadia Mariel Carreira, aceptó la pena mediante un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en el abastecimiento de cocaína y marihuana a internos.

Según la investigación judicial, Carreira oficiaba como la encargada de gestionar los estupefacientes en la calle para su posterior ingreso clandestino a la cárcel federal de Coronda y al complejo penitenciario Las Flores.

Las maniobras eran coordinadas desde búnkeres ubicados en el barrio santafesino de Alto Verde, bajo las instrucciones directas de Juan Pedro “Pato” Calderón, quien dirigía la organización desde su lugar de detención.

La causa se inició en junio de 2025, luego de que una denuncia al 911 alertara sobre un preso en Las Flores que estaba siendo amenazado por deudas vinculadas a la compra de drogas dentro del penal.

A raíz de este dato, la Unidad de Delitos Complejos ordenó una serie de allanamientos que se concretaron en septiembre del año pasado en tres puntos de venta de Alto Verde, donde se secuestró material fraccionado y armas de fuego.

La fiscalía determinó que Carreira recibía las sustancias de otros miembros de la banda y rendía cuentas cotidianas de las transacciones al jefe del grupo. Por su parte, la jueza Celeste Minitti homologó el acuerdo tras considerar los agravantes de que los delitos fueron cometidos de forma organizada por más de tres personas y dentro de lugares de detención.

Debido a que la mujer es la única responsable del cuidado de sus tres hijos menores de edad, cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con el control de una tobillera electrónica.

La defensa de Nahir Galarza realizó una nueva presentación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para solicitar la revisión de su condena a prisión perpetua. El recurso busca que la Justicia provincial reexamine el fallo por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

El planteo fue firmado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de la joven a fines del año pasado. La estrategia se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una normativa que habilita la revisión de sentencias firmes ante circunstancias excepcionales.

Según el escrito, existieron irregularidades tanto en la aplicación de la ley penal como en la validez del material probatorio utilizado durante el juicio.

El eje central de la impugnación apunta al desempeño de una perito de la Policía de Entre Ríos, licenciada en Bromatología, quien estuvo a cargo del análisis del teléfono celular de la joven.

La defensa cuestiona este informe de 1.500 páginas, ya que resultó la prueba fundamental para dar por acreditado el noviazgo con la víctima. Esta vinculación permitió a la Justicia imponer la figura de homicidio agravado por el vínculo, lo que derivó en la pena máxima.

Esta nueva instancia judicial surge luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara en julio de 2024 un recurso extraordinario de la representación anterior, dejando firme la sentencia en aquel momento.

Ahora, el nuevo letrado exige verificar si la interpretación jurídica aplicada a la causa fue la adecuada y si el material que fundamentó el fallo es válido.

Una pareja oriunda de Neuquén fue sentenciada en los tribunales de Venado Tuerto tras haber estafado a una mujer de 80 años bajo la modalidad del “cuento del tío”. Como parte del fallo, los involucrados debieron restituir la totalidad del capital que le quitaron a la víctima.

Los condenados fueron identificados como Diego Martín Castillo, de 39 años, y Verónica Lucía Churi, de 29, quienes residen actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jueza Mariana Vidal homologó un juicio abreviado donde ambos reconocieron su responsabilidad en el ilícito: Castillo como coautor y Churi como partícipe primaria.

Según la investigación liderada por el fiscal Damián Cassullo, el hecho ocurrió el pasado 27 de marzo. Los estafadores contactaron a la damnificada a través de su teléfono fijo, haciéndose pasar por personal de la Anses.

Mediante engaños, le aseguraron que los billetes de dólares estadounidenses que poseía perderían su valor y debían ser reemplazados por una nueva serie. Bajo esta falsa premisa, Castillo se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de un vehículo registrado a nombre de Churi. Tras ganarse su confianza, logró que la mujer le entregara 9 mil dólares en efectivo.

La posterior investigación incluyó allanamientos en el barrio porteño de Floresta, donde se secuestraron elementos probatorios que comprometieron a la pareja.

Finalmente, la Justicia dispuso una pena de prisión condicional para los implicados. Además de la devolución de los fondos, que la mujer ya recuperó, se les impuso la prohibición de ingreso a la ciudad de Venado Tuerto por un período de dos años y la obligación de fijar un domicilio estable. La víctima manifestó su conformidad con la resolución del caso.

Una investigación de Asuntos Internos por un hecho grave ocurrido en la zona norte de Rosario derivó en la detención de nueve policías este viernes en Rosario. Se trata de agentes sospechados de prender fuego a un hombre de 42 años durante un operativo irregular realizado el 27 de mayo de 2024.

El episodio sucedió en una vivienda de Larrechea al 1.900, en barrio Parque Casas. La versión policial que quedó registrada en el acta de la fuerza indicó que agentes perseguían a un grupo de hombres que trataron de esconder una mochila, hasta que uno de ellos intentó incendiarla y se autolesionó de gravedad. 

No obstante, una revisión de los hechos impulsada por el fiscal Pablo Socca llevó a otra hipótesis, apoyada en el estado de la mochila (estaba intacta) y el testimonio de la víctima, quien estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo a la acusación, un uniformado le roció el rostro al hombre con alcohol etílico y lo prendió fuego con un encendedor.

A más de dos años del hecho, personal de Asuntos Internos detuvo a nueve integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) supuestamente involucrados y secuestró un revólver calibre 22 sin papeles. Entre los aprehendidos aparece Jesús Balais, recluso de Ezeiza condenado a 7 años de prisión por haber robado drogas en un allanamiento ilegal y torturado personas.

Serán llevados a audiencia imputativa este martes. La Fiscalía aseguró que les adjudicará los delitos de tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser funcionario policial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de Fernando Báez Sosa. La solicitud, presentada por su defensa, señalaba un supuesto exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva.

Desde la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, se opusieron al planteo al considerar que implicaría un adelanto de pena. Asimismo, remarcaron que el juicio oral se realizó en tiempo y forma y que la condena ya fue confirmada tanto por el Tribunal de Casación Penal como por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En esa línea, también se destacó que fue rechazado el Recurso Extraordinario Federal y que solo resta la resolución de una queja presentada, lo que (según indicaron) garantiza el cumplimiento del principio de doble conforme. A su vez, resaltaron la gravedad del hecho y la necesidad de analizar el caso en su totalidad.

Por último, el tribunal consideró que no se cumplen las condiciones para otorgar la excarcelación. Si bien se señaló que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió peso, se sostuvo que el peligro de fuga continúa vigente e incluso se ve agravado por la condena ya dictada en una causa de alta complejidad.

Agostina Páez, la abogada santiagueña que permanece detenida en Brasil, afrontará una sanción penal por los cargos de injuria racial que se le imputan. Así lo confirmó su defensora, Carla Junqueira, quien reconoció que la joven tendrá que cumplir algún tipo de condena, aunque la estrategia apunta a que el proceso pueda ser transitado en territorio argentino.

La acusada cumple actualmente prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, mientras la fiscalía local solicita una pena de 15 años de cumplimiento efectivo.

Para la parte acusatoria, existen pruebas testimoniales y filmaciones que confirman la comisión de tres delitos contra empleados de un bar. No obstante, la defensa sostiene que las imágenes del interior del local son inconclusivas y no registran audios de los presuntos insultos.

Durante una entrevista con un programa de Radio Rivadavia, Junqueira detalló que “no hay pruebas en el expediente que confirme que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos ni con tres delitos distintos”.

El conflicto se habría originado por un desacuerdo respecto al pago de una cuenta. Según la letrada, tras ser impedida de subir a un vehículo, Páez reaccionó con lo que calificó como una “retorsión inmediata” mediante gestos obscenos. Dado que en Brasil no se permite la probation ni tareas comunitarias para casos de racismo, admitió que la sanción mínima será de dos años.

“Agostina estaba alterada, nerviosa, brava, asustada y cuando salió enojadísima, los funcionarios no las dejaron entrar en el auto de unos amigos. Les dijeron que no podían volver porque no pagaron la cuenta y tenían que bajarse del auto. Se enojó, y cuando el de seguridad iba a cruzar la calle, le hizo esos gestos obscenos”, explicó Junqueira.

En la misma línea, agregó: “Ella reaccionó con lo que llamamos de retorsión inmediata. Hizo ese gesto infeliz, que en Brasil es un delito. Fue una retorsión inmediata de un momento de calentura. La pena mínima de un delito como este es de dos años. Vamos a intentar pedirle al juez distintas maneras de cumplirla”.

Por el lado de medidas judiciales, la abogada afirmó que “no hay necesidad de cautelares” y resaltó que la joven podría “ejercer el cumplimiento de la pena en Argentina con monitoreo”.

“Las Supremas Cortes ya se pronunciaron y ante el caso de racismo no podemos hacer la probation. No puede hacer tareas comunitarias. Por lo menos, durante dos años, va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aseveró.

Junqueira concluyó sus declaraciones y dijo: “Hay plenas garantías de que ella puede seguir cumpliendo desde Argentina. Haría campañas de concientización y un montón de cosas que se pueden hacer que no sea el pedido de la fiscalía”.

Un hombre de 34 años acusado de participar del ataque armado contra un chofer de la aplicación de traslados Uber en República de la Sexta quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió el pasado 18 de enero a la madrugada en Cerrito y Esmeralda, cuando la víctima de 29 años, Alexis Galván, recibió un disparo en la cabeza a bordo de su Chevrolet Prisma durante un viaje. De acuerdo a la versión de Fiscalía, el pasajero fue Alexis Ezequiel Coria, de 34 años, quien se subió al auto en Lozzia al 6300 y, durante el recorrido, pidió cambiar el destino para llevar al joven al lugar de los disparos.

Según el relato impulsado por la fiscal Marisol Fabbro, Galván fue abordado por un grupo de personas que estaba en la vereda y, tras resultar herido en el cráneo, chocó contra un árbol mientras Galván huyó del vehículo. Además, agregó que se trató de un intento de asalto.

La jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva y el acusado fue imputado como coautor de tentativa de homicidio agravado y portación de arma de fuego.

Un joven de 19 años que le arrojó una molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario con dos cómplices cuando era adolescente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El detenido, identificado como Agustín Hoyos, fue acusado por la fiscal Laura Riccardo como coautor los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad. El hecho ocurrió en enero de 2024, cuando los agresores le tiraron una botella incendiaria a una unidad de la línea 143 del Transporte Urbano de Pasajeros en Rondeau al 300, sin dejar heridos.

Tras su detención minutos después del episodio, al entonces adolescente le secuestraron una mochila con notas amenazantes dirigidas al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con un celular, dos envases de vidrio vacíos y combustible. Luego, quedó bajo prisión preventiva y, una vez finalizado el plazo legal, la Justicia determinó la extención de la medida.

Ahora, la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión preventiva para Hoyos, mientras continúan otras investigaciones por ataques y amenazas perpetuados durante los primeros meses de 2024.

Un policía que pertenecía a la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión efectiva por formar parte de un operativo ilegal en el que le plantaron un arma a un motociclista y lo detuvieron en el macrocentro de Rosario.

Se trata de Bernardino Fernández, de 25 años, quien recibió la pena este martes en el Centro de Justicia Penal local por decisión del juez de Primera Instancia Lisandro Artacho. El ex agente deberá cumplir también con una inhabilitación absoluta por seis años en materia policial y una prohibición de 10 años para ejercer cargos públicos.

El fiscal Pablo Socca le adjudicó al hombre los delitos en concurso real de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado por ser funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

De acuerdo al relato de Fiscalía, Fernández participó del hecho el 7 de diciembre de 2024 junto a otros policías, cuando demoraron a Milton P., un motociclista que circulaba sin DNI ni documentación del vehículo. Según la versión, la víctima fue obligada a que los llevara a su casa en Esmeralda al 2000 sin autorización judicial, golpearon a los presentes y se retiraron con dinero y celulares. También se llevaron bienes de otros domicilios linderos.

Por otro lado, Socca afirmó que los autores del falso procedimiento le plantaron un revólver calibre 38 a la víctima y manipularon actas policiales para justificar la detención por portación ilegal de arma, resistencia a la autoridad y cohecho activo.

Condenaron a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación para ejercer la medicina al anestesiólogo Mauricio Krause, por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que murió en julio de 2024 durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro.

El tribunal determinó que el menor ingresó para una operación programada de hernia diafragmática y falleció como consecuencia de encefalopatía hipóxico-isquémica, provocada por la obstrucción del tubo endotraqueal que le suministraba oxígeno. La falta de ventilación generó un daño cerebral irreversible y un paro cardíaco. El niño murió una semana después.

El juez consideró probado que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo, al no controlar de manera constante la respiración ni los signos vitales del paciente, una tarea que era de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, se acreditó que el monitor de oxígeno estaba desenchufado y que el médico utilizó su celular durante la intervención.

Para el magistrado, la muerte del niño pudo evitarse y el anestesiólogo abandonó su rol de garante de la vida en el quirófano. Además de la condena, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como presentarse mensualmente ante la Justicia y no cometer nuevos delitos.

Un tribunal oral de Rosario condenó a prisión perpetua a Miguel Alejandro Martínez por el asesinato de su compañero de trabajo José Sofiudin Jahri, ocurrido en diciembre de 2022 en una panadería de zona sur.

Los jueces entendieron que el acusado actuó con alevosía al atacar a la víctima mientras dormía con un balde lleno de grasa a más de 100 grados, sacada de una freidora. El contenido fue volcado sobre la cabeza y el cuerpo de Sofiudin Jahri, sin darle oportunidad alguna de defenderse. Luego, el atacante escapó en motocicleta.

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permaneció internado durante más de dos semanas, hasta que falleció el 24 de diciembre como consecuencia de infecciones y fallas orgánicas provocadas por la gravedad de las quemaduras.

El agresor fue identificado rápidamente a partir del seguimiento de la motocicleta utilizada en la fuga y del análisis de las cámaras de seguridad. Martínez fue detenido en febrero de 2023 en la zona sudoeste de Rosario, tras un operativo policial.

Además del homicidio, la condena incluyó hechos de amenazas coactivas contra una expareja los días 17, 21 y 31 de enero de 2023 del acusado mientras permanecía prófugo.