Una investigación de Asuntos Internos por coimas terminó con dos policías de la Comisaría 15ª detenidos este fin de semana en la zona sur de Rosario. Los descubrieron recibiendo dinero a cambio de no efectuar allanamientos.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando dos hombres fueron demorados y los agentes acusados se comunicaron con un familiar para exigirle 300.000 pesos para no avanzar con procedimientos en las viviendas de los involucrados. Además, prometieron devolver el DNI de uno de los aprehendidos una vez recibido el monto.

A partir de una denuncia por parte de la víctima extorsionada, la fiscal Karina Bartocci de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional ordenó la realización de una entrega controlada del dinero en la seccional policial de Sarmiento al 4300, con billetes de 20.000 pesos marcados.

Los uniformados, identificados como Leonardo B. y Sergio C., recibieron la coima y la ocultaron debajo de una impresora. Fueron detenidos dentro de la comisaría y a uno de ellos le secuestraron una réplica de arma de fuego.

Un automovilista que circulaba bajo los efectos del alcohol por la zona sur de Rosario fue detenido este martes por la madrugada tras un intento de soborno a personal policial del Comando Radioeléctrico.

Ocurrió alrededor de las 2:30 en Alem y 27 de Febrero, cuando efectivos frenaron a un Citroën C3 negro conducido por un hombre, identificado como Ezequiel Alberto C.. De acuerdo al relato policial, el conductor emanaba olor a alcohol y sospecharon que había tomado antes de subirse al vehículo.

Mientras aguardaban una respuesta por parte de Tránsito para llevar a cabo un control de alcoholemia, los agentes realizaron una requisa en el interior del rodado con un testigo y encontraron una pistola de aire comprimido X Action. Al ser consultado por el arma, el sospechoso  dijo que “conoce a un policía” y afirmó que, "si lo llama", lo iban a liberar de inmediato.

Instantes más tarde, le ofreció dinero a los uniformados y dijo que podía llamar a su esposa para que le alcance el monto con tal de que lo dejen ir. Quedó detenido por conducción temeraria, tráfico de influencia y cohecho activo. Lo trasladaron a la Comisaría 4ª y le secuestraron el arma de aire comprimido.

Tres policías de Seguridad Vial de Santa Fe fueron imputados por pedir coimas a conductores en controles este fin de semana.

Se trata de los agentes identificados como P.J.G., M. A. M. y E. E. M., quienes fueron llevados a audiencia este miércoles ante el juez Sergio Carraro de la Investigación Penal Preparatoria por un episodio ocurrido este sábado en la ruta provincial 1, a la altura de la localidad ubicada a 170 kilómetros de Rosario, Los Zapallos.

De acuerdo a la acusación del fiscal Ezequiel Hernández, los uniformados recibieron en un primer caso 200.000 pesos en efectivo y 150.000 por transferencia bancaria a una cuenta que le adjudicaron a “la jueza”. Además, se tomó registro de declaraciones falsas en el libro de guardia.

Luego, los policías recibieron otros 220.000 pesos por parte de los ocupantes de un Fiat Siena con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) caducada. En este sentido, el monto exigido fue camuflado como una multa económica por el valor de 300 litros de combustible premium.

De esta manera, a los involucrados se les adjudicaron los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica en instrumento público.

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, deberá presentarse a indagatoria tras una resolución del fiscal federal Franco Picardi, quien consideró que existe un nivel de sospecha suficiente para imputarlo en el marco de la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria”, sostuvo Picardi.

En su dictamen, el fiscal señaló que “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.

Además del ex funcionario, también fueron citados Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, solicitó este jueves la nulidad de la causa en su contra, tras señalar que los audios que dieron inicio a la investigación por presuntas coimas fueron “fabricados” mediante inteligencia artificial.

“Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”, afirmó Mauricio D'Alessandro, abogado de Spagnuolo, tras la audiencia realizada en Comodoro Py. El letrado indicó que su defendido “asegura que no es su voz” y que aguardarán el levantamiento del secreto de sumario para analizar los registros.

La causa comenzó en agosto luego de que se filtraran grabaciones en las que Spagnuolo describía presuntamente un esquema de retornos del 3 % en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. En esos audios también se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El fiscal federal Franco Picardi se opuso al planteo y pidió que la investigación continúe. La defensa, por su parte, denunció un posible caso de espionaje ilegal con “ramificaciones internacionales” y reclamó la nulidad total del expediente por violación de la privacidad de su cliente.

El caso está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, mientras que la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Roberto Boico y Martín Irurzun, deberá resolver si hace lugar o no al pedido de anular la investigación.

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el comunicador y militante libertario Fernando Cerimedo aseguró ante la Justicia que Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, le contó que informó personalmente a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre los manejos irregulares en la compra de medicamentos.

El testimonio de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario y complica aún más a Spagnuolo, que quedó en el centro de la causa luego de la filtración de audios y del hallazgo de una importante suma en efectivo en su poder.

De acuerdo con la declaración, Spagnuolo le aseguró a Cerimedo que el presidente se mostró sorprendido e indignado cuando le transmitió lo que ocurría en la ANDIS, pero que ya estaba al tanto porque él mismo se lo había contado antes a Pettovello.

Cerimedo no solo confirmó los audios que se habían filtrado sino que agregó un elemento más sensible: mencionó a Eduardo “Lule” Menem como la figura que garantizaba el control político del negocio. Según su relato, Spagnuolo le dijo que una droguería le comunicó que el porcentaje de retorno había subido: del 5 al 8 por ciento, con la explicación de que “el 3 va directo a la Rosada”.

Las autoridades allanaron propiedades del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y en la sucursal de un banco, encontraron 80 mil euros y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a su nombre.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal a cargo del caso, Franco Picardi, y también fueron objeto de las mismas propiedades de un ex funcionario de ANDIS llamado Daniel Garbellini, 

El hallazgo de los fondos sin declarar no fue el único revés que sufrió Spagnuolo, sino que según Infobae, sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron por motivos personales. 

La causa está bajo secreto de sumario y ninguno de los acusados, entre ellos los dueños de la droguería Suizo Argentina mencionada en los audios, está imputado. 

Asimismo, la defensa de la familia a cargo de la empresa mencionada, los Kovalivker, hicieron un pedido de nulidad al cuestionar que los audios filtrados constituyan una prueba valida para llevar a cabo la causa. En ese sentido, afirmaron que el inicio del proceso estuvo marcado por el oscurantismo y la desinformación, por lo que se ampararon en que existe una vulneración al derecho a la intimidad. 

El juez federal Sebastián Casanello todavía no resolvió el pedido de nulidad debido a que espera las argumentaciones del fiscal y la ONG Poder Ciudadano, a cargo de la querella.  

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le pidió al Gobierno nacional que “dé respuestas” ante las denuncias por coimas y cuestionó los pedidos de allanamientos contra periodistas por los audios filtrados. "Si no existiera la prensa libre, Argentina retrocedería muchos siglos”, afirmó. 

El mandatario estuvo presente este martes por la mañana en La Fluvial de Rosario, lugar donde se está desarrollando Santa Fe Business Forum, y brindó declaraciones luego de la publicación de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde señaló: “En el día de los 80 años de Clarín quiero dejar claro que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, una bandera de todos los argentinos. Sin libertad de prensa no hay ciudadanos libres, no hay instituciones y no hay paz social”.

En el día de los 80 años de Clarín quiero dejar claro que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, una bandera de todos los argentinos.Sin libertad de prensa no hay ciudadanos libres, no hay instituciones y no hay paz social.

En este sentido, explicó su tweet y contextualizó: “Ando muy preocupado por las denuncias que llevó adelante ayer el Gobierno nacional. Lamentablemente aún no ha dado respuesta cuando de manera escandalosa se escucha a un funcionario hablar de corrupción y coima”.

Luego, Pullaro se refirió a la denuncia de Nación, firmada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por presunto “espionaje ilegal”; hecho que derivó en una solicitud de allanamiento a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así también como del canal de streaming Carnaval. “Sentí un poco violenta la presentación que hizo el Gobierno y por eso es que hablé de libertad de expresión, siempre tenemos que salir a respaldar cuando vemos estos hechos que lamentablemente golpean al sistema democrático”, remarcó el gobernador. 

Por último, el mandatario santafesino le pidió “reflexión" al Gobierno nacional y sentenció: "Entiendo el nerviosismo que puede tener en función de lo que puede salir, pero me gustaría escuchar una respuesta muy clara sobre este tema”.

El presidente Javier Milei calificó como una “operación” la revelación de los audios en los que se denunciaban presuntas coimas en Discapacidad Nacional y se refirió al ataque a piedrazos que sufrió su caravana en plena campaña electoral el miércoles en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

Durante una exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y ante políticos y empresarios, Milei expresó: “Ayer un grupo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras”.

En ese sentido, apuntó  contra el sector político y el Círculo Rojo: "Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”.

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”, continuó. 

Luego, se pronunció sobre el accionar judicial en torno al escándalo de las coimas: “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.

Por último, sostuvo que fue “emocionante” recibir al ataque a piedrazos junto a su hermana, Karina Milei y el diputado José Luis Espert: "Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rompió el silencio sobre las acusaciones de coimas contra el Gobierno nacional y aseguró que a la corrupción “hay que condenarla siempre”.

El mandatario estuvo presente en Rosario esta mañana en el marco de la inauguración del 4º Congreso Internacional del Maíz en el Salón Metropolitano. El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Al ser consultado sobre las presuntas coimas adjudicadas a Nación a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, Pullaro puntualizó: “Esperamos que rápidamente se pueda esclarecer lo que está sucediendo en el orden nacional, no hay corrupción buena ni corrupción mala, es corrupción y hay que condenarla siempre”.

En la misma línea, el gobernador afirmó que “Argentina nos da una oportunidad de administrarla bien y continuar por el camino correcto de las cosas que se han hecho bien". Luego, agregó: "Se han corregido los niveles de inflación y ahora a lo que tenemos que apuntar es el desarrollo”.

Por otro lado, el convencional constituyente hizo referencia a la gestión de Javier Milei y remarcó que el país “sería distinto si miráramos al Interior productivo, el desarrollo y la infraestructura que nos hace falta”.

Este martes continuó la audiencia en contra de los seis efectivos de la Brigada Motorizada, una médica de las fuerzas y otros seis policías por coimas y presuntas vinculaciones al negocio de la venta de droga.

En ese marco, el juez Hernán Postma le dispuso la prisión a los uniformados Lucila Bellizzi, Ricardo Font, Rodrigo Ramírez, Marcelo Borovachi, Jesús Soria, y Dylan Pérez, señalados por armar causas y procedimientos irregulares en beneficio de Sandra Álvarez para la venta de drogas en Parque Casas frente a organizaciones contrarias.

Asimismo, fueron imputados en libertad tras ser acusados por encubrimiento un policía mas de la Brigada Motorizada, Oscar Pérez, una médica policial llamada Mara Romano, el comisario Mario Humberto Trejo, dos subcomisarios, Alejandro Marcelo Medini y Amador Pablo Ferrer, y la suboficial Fátima Aldana Bustamante.

El caso comenzó a gestarse en 2024 con el ataque a tiros contra un domicilio de la acusada, Sandra Álvarez en calle Castagnino al 1200. Ese suceso ocasionó que la vivienda fuera incluida en un régimen de custodias a manos de las autoridades, por lo que le fue delegada la Brigada Morotizada, momento en que aprovechó de hacerse amigo de Soria, uno de los imputados. 

De esa manera, uno de los hechos por los que se los acusa de armar procedimientos irregulares tuvo lugar el 18 de noviembre cuando Álvarez le proporcionó a los uniformados datos de que un sujeto vendía pistolas con su respectiva munición por la zona. Haciendo uso de esa información, Pérez se hizo pasar por comprador, le tendió una trampa al vendedor y lo detuvieron junto a los agentes Soria, Ramírez y Bellizi, que además se apropiaron de las armas y pidieron un soborno al detenidos de dos millones de pesos por su liberación.

Este viernes por la tarde la Justicia ordenó el allanamiento del despacho de Edgardo Kueider en el Senado. Agentes de Gendarmería Nacional llevaron adelante el procedimiento, que se enmarca en la investigación por el presunto cobro de coimas a la empresa de seguridad privada Securitas, cuando el legislador era titular de la empresa estatal Enersa de la provincia de Entre Ríos, durante la gobernación de Gustavo Bordet. 

Cabe recordar que las oficinas de Kueider se encontraban clausuradas desde hace varios días por pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado, orden que fue ejecutada por la Dirección de Seguridad del Senado, con el fin de proteger las potenciales evidencias hasta que se realizara el allanamiento. 

En esa misma sintonía, la magistrada ordenó realizar alrededor de veinte allanamientos en domicilios de personas físicas y jurídicas sospechadas de tener una vinculación con la investigación por corrupción que la Justicia lleva adelante sobre Kueider. 

De acuerdo a lo informado por el medio Infobae, el procedimiento comenzó cerca de las 18 de este viernes cuando “los efectivos de Gendarmería comenzaron a revisar biblioratos, cajones del escritorio, y a desenchufar computadores para retirarlas” con el objetivo de “llevarse información que pueda ser de interés para la causa, documentación, pendrives, posibles llaves de una caja fuerte o las que se usan en criptominería, como la que tenía en su poder cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar”.

Asimismo, Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en el marco de la causa contra el ex senador por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero, pedido que incluye a su secretaria Iara Guinsel Costa, que se encuentra detenida junto a Kueider en Paraguay. 

Además, solicitó el secuestro de sus teléfonos móviles y el allanamiento del departamento donde se cumplen con prisión domiciliaria.

Un hombre y una mujer quedaron detenidos e intentaron coimear a la policía este miércoles por la tarde en el macrocentro de Rosario.

El confuso episodio inició pasadas las 13:30 en Francia y pasaje Noruega, cuando una mujer llamó al 911 para avisar que hubo un robo en el lugar. Tras la llegada del personal de la Brigada Motorizada, los agentes empiezan a hablar con la denunciante y detectan que un hombre que estaba junto a ella estaba armado.

Cuando los efectivos intentaron identificar al sujeto, la mujer de 38 años empezó a golpearlos con golpes de puño, mientras el sospechoso intentó correr para huir de la situación. Sin embargo, los uniformados alcanzaron al hombre de 48 años y lo detuvieron junto con la agresora. Además, los policías secuestraron una pistola calibre 40, municiones, dos autos y 70.000 pesos.

Minutos más tarde, una vez que los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª, el hombre intentó sobornar al personal del establecimiento policial con 10 millones de pesos a cambio de omitir el hecho de que fue detenido mientras portaba un arma de fuego. 

Luego, el masculino redobló la apuesta y ofreció 15 millones de pesos para que los agentes mientan y den constancia de que la pistola había sido encontrada en la calle, fuera de su alcance.

La causa por juego ilegal y extorsiones de Rosario por la que fue allanada la vivienda del fiscal Gustavo Ponce Asahad reveló que le entregaba “entre cuatro y cinco mil dólares” mensuales al funcionario judicial desde hace un año, habría sido corroborada por “evidencia objetiva”, según fuentes de la investigación. En la misma causa también estaría involucrado el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.

A raíz de ello el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, pidió al fiscal regional Patricio Serjal, involucrado en las denuncias por pedido de coimas a cambio de impunidad en Rosario, que dé un paso al costado mientras avanzan las investigaciones.

“Es lo que corresponde porque es muy crítico lo que está pasando”, dijo Baclini este viernes a la tarde en rueda de prensa.

Baclini reveló que le pidió a Serjal que “evalúe la situación adecuadamente” porque es “sumamente grave”.

“Hablé luego de la audiencia con Serjal sobre lo problemático y crítico que es para la institución –por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)– que él esté a cargo de la fiscalía regional más importante de la provincia, con los delitos más importantes”, señaló.

A pesar de todo, todas las denuncias se elevarán a la Legislatura, encargada de nombrar y eventualmente remover al fiscal regional.

Por lo pronto, Serjal está de licencia hasta el 11 de agosto por haber estado en contacto con un funcionario que dio positivo de coronavirus.

Filtraciones de datos en Fiscalía: «Es un daño terrible», dijo el Fiscal General Jorge Baclini

La causa que lleva adelante la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos contra una banda de extorsionadores vinculada con el juego ilegal, que tiene como principal acusado al líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero, tuvo derivaciones que involucran a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Este viernes, el Fiscal General Jorge Baclini fue el encargado de confirmar las acusaciones del empresario Leonardo Peiti contra el fiscal Gustavo Ponce Asahad de haber mantenido 30 reuniones con él y entregarle entre cuatro y cinco mil dólares por mes para evitar ser investigado.

«Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) esto es un daño terrible, un golpe muy fuerte, pero por otro lado es importante destacar que todas las actuaciones las pusimos en evidencia y las sacamos a la luz pública, más allá del dolor que nos pueda provocar», remarcó Baclini, titular de ese organismo encargado de investigar delitos en Santa Fe.

«Peiti menciona que hace un año lo contactó un fiscal y le solicitó la entrega mensual de un dinero para no perseguirlo por actividades de juego ilegal. Inicialmente se pactó una entrega mensual de dinero estimado en cuatro o cinco mil dólares», reveló el fiscal en conferencia de prensa.

Y continuó: «Esto fue así hasta que hace unos 10 días, el doctor Ponce Asahad observó y detectó que había una investigación mas detallada contra el señor Peiti y le pidieron una suma mayor de dinero, por lo que la semana pasada se hizo una entrega de 10 mil dolares».

«Sus dichos son corroborados por su abogado, que manifestó que tuvo una reunión con el fiscal y también por un testigo que lo acompañaba a las entregas de dinero. Están corroborados por el chequeo de cámaras al menos dos de los encuentros. También hay mensajes de WhatsApp que habría enviado el empleado de Fiscalía que trabajaba para Ponce, además del cruce de llamados», agregó Baclini.

Por otro lado, reveló que en la declaración se involucra también al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal. «Peiti menciona dos encuentros con él, uno en un hotel de Buenos Aires y otro hace poco tiempo para aumentar la cuota mensual de dinero. No había extorsiones a Peiti sino pedidos de dinero por parte de Ponce Asahad, con quien dice que en el ultimo año se reunieron en 30 ocasiones».

«Cuando Ponce Asahad y Serjal son informados de la investigación que se estaba llevando con Peiti hace pocos días, lo que él dice es que le dieron aviso y le dijeron que destruya los teléfonos, y la invervención telefónica sobre él se cayó al día siguiente», sumó Baclini al tiempo que subrayó que «para la Fiscalía es un daño terrible, un golpe muy fuerte».

Dos jueces catamarqueños fueron denunciados ante la justicia provincial luego de que se viralizara un video en el que se los ve aceptando el supuesto pago de una coima para revocar un pedido de prisión preventiva de un detenido, informaron fuentes judiciales.

Se trata de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, quienes comenzaron a ser investigados por el fiscal de Catamarca Facundo Barros, acusados por el delito de «cohecho pasivo agravado».

Es que ambos quedaron filmados en un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se los ve recibiendo el pago de más de 800 mil pesos por parte de una tercera persona, supuestamente a cambio de revocar un pedido de prisión preventiva a un detenido.

Ante esta situación, la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Vilma Molina, «convocó hoy a una reunión a los integrantes del jury de enjuiciamiento y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se resolverían las acciones que se llevarían adelante contra los acusados», informó una fuente judicial a Télam.

«No podemos adelantar absolutamente nada en estas circunstancias, simplemente hemos tenido acceso a la información y pasamos a un cuarto intermedio hasta el día viernes», dijo a la prensa la diputada provincial y miembro del jury, Juana Fernández.

Por su parte, otro de los miembros del jury, el diputado provincial Augusto Barros, señaló que «más allá de lo que la sociedad puede sentir, somos parte de un sistema que nos impide opinar hasta tanto tengamos la información precisa y resolvamos. Cualquier opinión puede ser incómoda para la función que cumplimos».

Finalmente, el representante legal del juez Morales, Luciano Rojas, señaló este martes que se trata de un “video editado” y que su cliente se presentó espontáneamente ante el fiscal Barros.

«Se trata de un video editado que de ninguna forma constituye una prueba válida. Una vez que el señor fiscal en su caso resuelva promover la acción penal en contra de mi defendido y formular una acusación es cuando nosotros vamos a elegir una estrategia de defensa”, dijo Rojas a la prensa.