La Justicia determinó que un hombre deberá afrontar una pena de 30 días de prisión preventiva efectiva por ayudar a su madre, ligada a una causa, a borrar mensajes de una aplicación de mensajería de un celular secuestrado.

La audiencia imputativa fue realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde Sergio L., técnico de reparación de celulares, fue acusado de participar en el borrado remoto de chats de WhatsApp de Norma Acosta. 

De acuerdo al fiscal Pablo Socca, el hijo de la mujer envuelta en un caso de falso testimonio por orquestar una balacera contra su casa la asistió junto a otros cómplices no identificados.

Según la versión, la información eliminada constituía pruebas en el marco de la causa y se encontraba dentro de un Motorola Edge 30. El dispositivo estaba bajo el análisis de Asuntos Internos y Acosta, quien recuperó la libertad en mayo de 2025, denunció el extravío de su celular para obtener una nueva tarjeta SIM. En este marco, Socca asegura que la imputada y su familiar reactivaron su cuenta de WhatsApp y borraron chats y archivos del teléfono.

El fiscal le atribuyó los delitos de violación de sellos y documentos por sustracción e inutilización de objetos custodiados, en calidad de coautor. El juez Lisandro Artacho dictó prisión preventiva por 30 días.

Un hombre de 36 años que merodeaba los alrededores del Centro de Justicia Penal de Rosario con una réplica de arma de fuego quedó detenido este domingo por la noche.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 en la intersección de Mitre y Rueda, cuando agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que patrullaban por el exterior del edificio judicial detectaron a un sospechoso que, al notar su presencia, trató de esconderse atrás de un árbol en la plazoleta Bernardo Dell'Oro.

Instantes más tarde, lo identificaron como Diego Gerardo E. y, a partir de una requisa, le secuestraron un pistolón de utilería hecho con metal.

El sospoechoso fue aprehendido y lo trasladaron a la Comisaría 5ª.

El caso del crimen de Gian Benjamín Mastrocola, el bebé de un año que fue asesinado de un disparo en la barbería de su padre en zona sur, conmocionó  a la ciudad. Este lunes por la tarde sumará un nuevo capítulo con la realización de la audiencia imputativa a los tres detenidos y una marcha en reclamo de justicia a la que convocaron los seres queridos de la víctima.

Se trata del homicidio que sucedió el pasado jueves en un comercio de Melincué al 6100, en barrio Roque Sáenz Peña. De acuerdo a la versión de Fiscalía, todo comenzó con una discusión previa en la calle entre un familiar del menor y Alan V., un motociclista, que minutos más tarde regresó en compañía de varios cómplices a bordo de un auto y abrieron fuego contra el local. Gian recibió un impacto de bala en el torso mientras estaba en brazos de su padre y murió durante su traslado al Hospital Roque Sáenz Peña. El hombre al que buscaban los gatilleros no estaba en el lugar al momento del ataque.

En cuanto a los aprehendidos, el primero en caer fue Kevin P., un joven de 25 años que fue reducido por un gendarme que vive en el barrio en el lugar del hecho y al que le secuestraron un revólver calibre 38. Luego, tras un procedimiento en Patricias Argentinas y Bacle donde encontraron un Chevrolet Corsa con la luneta rota, aprehendieron a Darío Alberto A. (45) y a Alan V., quien portaba una pistola calibre 11.25. 

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustina Eiris, anticipó que los tres serán imputados por homicidio agravado por uso de arma de fuego en calidad de coautores.

Daniel, abuelo del nene, confirmó esta mañana que habrá una marcha en pedido de justicia por el asesinato de su nieto en la previa a la audiencia. La convocatoria se llevará a cabo a partir de las 15:00 en Sarmiento y Virasoro y los presentes se trasladarán hacia el recinto judicial de Mitre al 2800 a las 16:00. 

Un hombre fue imputado este jueves tras ser señalado por falsificar certificados de control vehicular tales como la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). 

Se trata de Juan Cruz S., de 34 años, a quien los fiscales acusaron de falsificación de documentos públicos por “haber confeccionado y ofrecido para su venta documentos apócrifos consistentes en dos juegos de formularios abrochados, conteniendo cada uno una oblea, un certificado y un formulario de revisión técnica vehicular”.

En ese sentido, la jueza Eleonora Verón le dispuso la prisión preventiva hasta el 18 de diciembre y avaló que se accedan a los múltiples dispositivos que se secuestraron en operativos relativos a la causa. 

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que el caso comenzó a investigarse luego de que observaran que en Facebook se ofrecían certificados RTO falsos.

Tras la investigación, el lunes pasado un agente se hizo pasar por un comprador, citó al sujeto en Avellaneda y Zeballos y lo detuvieron cuando trató de proseguir con la venta de la documentación falsa. Dichos certificados, aclararon fuentes de la investigación, eran confeccionados por el sospechosos para que parecieran emitidos por una empresa de verificación de la ciudad. 

Tras la detención, el martes se allanó un departamento en Colón y Mendoza del que se secuestraron celulares, computadoras de mano, impresoras, sellos profesionales, documentación de Enargas, de la VTV y de  RTO de Santa Fe y Buenos Aires, entre otros elementos con los que elaboraba los certificados. 

Un joven de 18 años y un menor fue imputado este jueves por haber participado de la balacera contra la casa de Norma Acosta, perpetrada hace alrededor de dos semanas, junto a un menor de edad. Acosta es una mujer renombrada en las crónicas policiales locales por haber denunciado corrupción policial. Además, es viuda del Japo Saboldi, quien murió en el incendio cuando estaba preso en la ex alcaidía en 2013. 

En tanto, la hermana del sospechoso, la suboficial empleada del 911 Luna Robles, quien fue noticia esta semana por filtrar información a su novio preso en la cárcel de Piñero, será sometida a una audiencia este viernes. 

La jueza Eleonora Verón dio lugar a las acusaciones formuladas por el fiscal Pablo Socca, que le achacó al identificado como Nicolás Robles los delitos de portación y abuso de armas y le dispuso seis meses de prisión preventiva efectiva. 

Según la exposición de Socca, el hecho investigado ocurrió el 7 de mayo a las 9.27. cuando el imputado trasladó en bicicleta a un menor de 17 años que disparó en al menos cinco ocasiones contra el domicilio de calle Larguía al 3400 donde reside Acosta. 

Poco después, efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron al menor que ejecutó el ataque en Alem y Biedma mientras escapaba a pie. Fue puesto a disposición del Juzgado de Menores y finalmente liberado.

La misma suerte corrió el imputado, a quien atraparon ese día en una serie de allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Puntualmente, cayó en su casa de calle Convención al 3600 de barrio Tablada.

De acuerdo a lo indicado por el fiscal, los dos atacantes actuaron bajo las órdenes de un barra de Newell´s apodado Monta, que se encuentra prófugo. No obstante, aún no fue esclarecido quién fue el instigador. 

Norma Acosta es una mujer mencionada en las crónicas policiales locales, que en reiteradas oportunidades denunció narcotráfico y corrupción policial. 

Forma parte de una organización de familiares de presos y es viuda de Japo Saboldi, condenado por narcotráfico-delito por el que también fue juzgada-, quien murió en 2013 en un incendio de la Alcaidía de Jefatura de Policía cuando estaba preso. 

Precisamente, se presume que el atentado contra su hogar ocurrió unos días después de que intervinieran la Unidad Regional II por maniobras de malversación de fondos para combustible dado que en febrero, durante un directo en redes sociales, la mujer denunció esos hechos. 

Cabe destacar que Acosta fue allanada por las autoridades el miércoles y se le secuestró su celular dado que declaró que sus atacantes circulaban en un auto blanco, dato que podría ser falso. 

Al mismo tiempo que ocurría la aprehensión del imputado en su domicilio de Convención al 3600, quedó en el centro de atención su hermana, la suboficial Luna Robles, que se desempeñaba en la Central de Emergencias 911, a la cual le secuestraron el teléfono por orden del fiscal Socca.

En ese marco, se descubrió que la agente le filtraba información de las cámaras de seguridad del 911 a su pareja, Kevin Alfredo Ramos, un tiratiros detenido en Piñero desde septiembre de 2024. Fue detenida el lunes pasado mientras lo visitaba en prisión.

Los 17 sospechosos detenidos en el marco de 36 allanamientos realizados en Rosario y la región por malversación de fondos para combustible en la Policía serán llevados a audiencia imputativa la próxima semana, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.

La mayoría de los aprehendidos son miembros de los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Además, hay cuatro civiles que están relacionados a las estaciones y fueron identificados como Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.

En cuanto a su identidad y ocupación de los sospechosos, se trata de Davina P, subinspectora y subjefe en Talleres Mecánicos Tarragona; Francisco T., miembro del Cuerpo Infantería; Ramón S., miembro del Comando Radioeléctrico; Mario B., inspector, subjefe de la Sección Perros y Caballería; Rodrigo D., comisario supervisor, Jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la URII; Gerardo R., comisario supervisor, Jefe de Garage de distribución de combustible URII; Nancy P., empleada policial División Personal; Sergio L., subinspector- Comando Radioeléctrico; Juan V., inspector de la Brigada Motorizada; Juan P., comisario, en la Brigada de Orden Urbano; Javier A., subinspector, del Cuerpo Guardia de Infantería; Fernando C., subinspector del Grupo Táctico Multipropósito; Jorge D., sub inspector de la División Logística; Gustavo B., de la División Logística; Franco C., inspector de Policía de Investigaciones; y Fabián F., comisario, jefe en la Sección Perros y Caballería. 

Los procedimientos que desembocaron en sus detenciones fueron impulsados por la Agencia de Control Policial y ordenados por la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional Rosario a cargo del Fiscal José Luis Caterina.

Asimismo, el gobierno de la provincia decidió intervenir a la Unidad Regional II y dispuso durante tres meses a Claudio Romano como interventor.  

El juez Gonzalo López Quintana le dictó la prisión preventiva por un plazo de quince días a dos de los tres sospechosos acusados de hacerle una entradera a un jubilado de 74 años en Funes el pasado 21 de marzo, al que maniataron para robarle. Al acusado restante lo dejó en libertad aunque deberá firmar de forma semanal. 

La acusación había pedido que se les disponga la prisión preventiva por el plazo máximo a los tres imputados, identificados como Valentín A., Bruno B., y Juan M., al achacarles el delito de robo doblemente calificado por la gravedad de las lesiones causadas por el uso de arma blanca, por privación coactiva de la libertad a una víctima mayor de 70 años y haberle producido lesiones graves. No obstante, el juez argumentó que la presentación de la Fiscalía estaba mal hecha. 

Los dos imputados que quedaron presos,  Valentín A. y Bruno B., habían sido detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) el 26 de marzo pasado en Fisherton. 

De acuerdo a los argumentos de los fiscales, el hecho comenzó a gestarse a las 1.27 de la madrugada del 21 de marzo cuando a bordo de una Renault Kangoo Juan M., junto a otros tres acompañantes, siendo dos de ellos los otros acusados, pararon frente a la sede descentralizada de la Fiscalía de Funes, momento en el que  M., le entregó ropa a B., y A., para que se cambien. 

Para las 2.45, el rodado se retiro del lugar y para las 2.48 las cámaras de la zona registraron a Valentín A., y a Bruno B. en camino hacia la casa de la víctima, ubicada en General López al 1700. Domicilio al que arribaron alrededor de las 3.00, sólo para entrar de manera brutal, agredir al hombre de mayor edad hasta provocarle fracturas, heridas cortantes en sus miembros superiores y traumatismos contusos en rostros, tórax y extremidades. 

Tras el ataque, el jubilado fue maniatado dentro del baño y aparte de sustraerle los 80 mil pesos que les había cedido voluntariamente la víctima cuando se lo exigieron, le robaron dos celulares, una notebook y dos relojes. 

En ese marco, según lo expuesto por la acusación, M., fue un cómplice que participó activamente del robo al proporcionar transporte y cambio de vestimenta. Además, argumentaron que la Central de Monitoreo tiene registros en video de su paso por el centro de Funes en una Renault Kangoo en la madrugada del 21 de marzo. 

Este lunes comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio contra la médica obstetra María Cristina Giménez, de 69 años, quien enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones gravísimas en relación con dos casos de partos domiciliarios que derivaron en graves consecuencias para las pacientes y sus bebés.

La médica, cuya defensa está a cargo de un abogado de la defensa pública, es reconocida dentro del ámbito del denominado parto respetado y enfrenta una posible condena de siete años de prisión y una inhabilitación de diez años para ejercer la medicina.

Los hechos por los que se acusa a Giménez ocurrieron en 2015 y 2017, cuando dos de sus pacientes optaron por dar a luz en sus hogares. En ambos casos, las mujeres presentaron complicaciones severas: una de ellas falleció tras ser trasladada de urgencia a un hospital de Rosario, mientras que la otra debió ser sometida a una histerectomía. En ambas situaciones, los bebés murieron.

El tribunal encargado de juzgar a la médica está integrado por los jueces Carlos Leiva, Florentino Malaponte y Paula Álvarez. La acusación, liderada por los fiscales Mariana Prunotto y Matías Edery, sostiene que Giménez actuó con "imprudencia, negligencia e impericia en su arte y profesión, además de la inobservancia de reglamentos y deberes a su cargo". Por ello, solicitaron una pena de siete años de prisión efectiva.

Según la Fiscalía, en el primer caso, ocurrido el 4 de mayo de 2015, la médica atendió a Mariel Zuñiga, sin realizar estudios de rutina durante todo el embarazo, y sin advertir sobre los riesgos del parto domiciliario. Ese día, al notar un agravamiento en el estado de la paciente durante el trabajo de parto en una vivienda de Soldini, optó por trasladarla en un vehículo particular en lugar de recurrir a una ambulancia. La mujer llegó al Hospital Roque Sáenz Peña sin signos vitales, y los médicos que la asistieron constataron lesiones en su útero, además del fallecimiento del bebé. A pesar del trabajo de los médicos, la madre también falleció.

El segundo caso ocurrió el 7 de marzo de 2017 en Rosario, cuando Giménez asistió a otra paciente en un parto domiciliario que también se complicó. La médica, como en el episodio anterior, decidió trasladar a la mujer en un auto particular sin previa notificación a una institución sanitaria. Al llegar al Hospital Eva Perón, los médicos realizaron una cesárea de urgencia y comprobaron el fallecimiento del bebé. Además, la paciente sufrió daños severos en el útero y tuvo que ser sometida a una histerectomía.

“Su conducta negligente, imprudente e imperita en su arte y profesión, sumada a la inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, se tradujo en que, conociendo los antecedentes médicos de la paciente, quien había tenido un parto anterior con cesárea, le aconsejó, trató y practicó un parto domiciliario, a pesar de que dicha práctica estaba contraindicada por la comunidad médico-científica”, señalaron desde Fiscalía.

En tanto, hicieron hincapié sobre el hecho de que la acusada no realizó las advertencias necesarias a sus pacientes sobre los riesgos reales que conlleva el procedimiento del parto domiciliario y, además, no tomó las medidas de seguridad necesarias. Entre las irregularidades, se encuentran la no contratación de un servicio de traslado de emergencia y la ausencia de notificación a algún centro médico sobre los procedimientos.  

El juez de Garantías, Carlos Vera Barros, le dictó la prisión preventiva efectiva por 90 días a un inspector de tránsito imputado por vender drogas sintéticas. 

También fueron acusados por el mismo delito su pareja, Eliana C., y otro sospechoso identificado como Marcelo V., aunque sólo se les dispuso la prisión domiciliaria. 

De acuerdo a lo expuesto por los fiscales Santiago Alberdi y Franco Benetti, el inspector, llamado Victor C., utilizaba desde septiembre la aplicación de Telegram para organizar la venta de drogas como el éxtasis a través de un perfil falso llamado Willy Wonka. 

Entre las distintas modalidades usadas para la venta, figura el cara a cara durante la celebración de fiestas electrónicas, donde el encargado de la comercialización era Marcelo V.

Además, usaban el delivery. Según la investigación de los agentes federales, tanto el inspector como su pareja establecían un punto de encuentro con los compradores, los subían a un vehículo, daban la vuelta manzana, y bajaban a los clientes en el lugar del encuentro. 

En base a las pruebas presentadas por la fiscalía, las ventas se registraron desde septiembre y se constató que parte de las operaciones se realizaron en un domicilio de la zona oeste de Rosario. 

Victor C. fue detenido el pasado viernes en su casa en medio de un allanamiento donde le secuestraron 2 gramos se cristal, 448 pastillas de éxtasis, y 11 gramos de Mdma. 

Este miércoles fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión un motochorro que fue aprehendido por la policía, luego de detectar su ubicación a través de la geolocalización de un celular robado. El hecho ocurrió en octubre de 2023 en barrio Alberdi y el delincuente fue encontrado con 6 teléfonos móviles que había sustraído horas antes. 

Este miércoles, en el marco de una audiencia imputativa, el sujeto, identificado como Nahuel Luna, recibió la condena mediante un acuerdo de partes presentado por la fiscalía y la defensa, y aprobado por el juez. 

Según el relato del fiscal Rodrigo Urruticoechea, el 25 de octubre de 2023 a las 7:15, Luna junto con otro individuo sustrajeron, a bordo de una moto, el celular Motorola G22 de un hombre que se encontraba en Vila entre Maza y José C. Paz, en la zona norte de Rosario. La Policía logró detener a Luna unas horas más tardes en la calle Godoy Cruz al 1500, gracias al GPS del teléfono. 

En ese momento, los efectivos incautaron una pistola calibre 22 preparada para disparar, el carné de conducir y seis celulares, todos robados en esa misma jornada. 

La sentencia incluye los cargos de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, agravado por poseer antecedentes condenatorios desde 2018.

En el marco de la causa por juego clandestino, Armando Traferri, senador del Partido Justicialista por el departamento San Lorenzo, fue citado por la justicia para una audiencia imputativa que se llevará adelante el próximo martes 8 de octubre, a las 14:30, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario. 

Se trata de una medida que el propio Traferri solicitó, a fines de 2023, con el fin de poder ejercer su defensa e intentar demostrar su inocencia. La instancia judicial será presidida por la jueza Eleonora Verón y contará con la presencia de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. 

Fue en octubre del año pasado cuando el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó el desafuero de Traferri, que había sido solicitado por el propio senador tras conocerse la denuncia contra Matías Edery, uno de los fiscales de la causa en ese momento, a quién se lo investigo por irregularidades en su vínculo con una informante de “Guille” Cantero, y que fue finalmente suspendido y apartado de la fiscalía.

Luego de que le quitaran los fueros, el senador Armando Traferri solicitó a la Justicia, a través de sus abogados, Oscar Romera y Juan Murray, que lo citaran a una audiencia que, finalmente, se concretará el próximo 8 de octubre. 

En diciembre de 2020, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron quitarle la inmunidad a Traferri, pero el Senado rechazó el pedido e impidió que se avanzara en la investigación. Los fiscales solicitaron un recurso de inconstitucionalidad, llegando finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emitió algunos fallos favorables y otros en contra del pedido de Edery y Schiappa Pietra.

Por su parte, el senador acusado sostuvo que esta situación se trataba de una persecución política por parte del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hecho que intentará demostrar ahora ante la Justicia.

Un supuesto cabecilla de la banda de Los Monos, Jonatan Ezequiel “Peco” Almada, y un ex policía, Darío José “Viejo” Protti, fueron imputados este lunes en el Centro de Justicia Penal por haberle robado un auto y dinero a un hombre en mayo de 2022 a través de amenazas e intimidaciones. 

El juez Gonzalo Fernández Bussy, dispuso para ambos acusados la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. 

En base a lo expuesto por el fiscal Pablo Socca durante la audiencia, el ex agente y el miembro de Los Monos, formaban parte de un grupo dedicado a intimidar personas para obtener beneficios económicos. 

En ese marco, el hecho que se les achaca sucedió el 13 de mayo de 2022, cuando dos sujetos balearon la casa de un hombre en zona oeste y le dejaron una nota amenazante que llevaba escrito un número de teléfono.

La víctima llamó y, del otro lado de la línea, un miembro de Los Monos apodado Marta -que fue imputado por atentar contra jueces e instituciones legales- le exigió un pago de dos millones de pesos. 

Más adelante, las amenazas fueron in crescendo. Los sospechosos comenzaron a enviarle fotos de sus familiares y del frente de su propiedad. 

El hombre cedió y entregó a los delincuentes un vehículo Fiesta One Max y 100 mil pesos, cuyos papeles tuvo que ir a hacer validar a una escribanía, donde lo recibió el policía acusado, el Viejo Protti. 

Asimismo, se comprobó la participación del cabecilla de Los Monos, Peco Almada, debido a que la póliza del seguro del auto sustraído quedó a nombre de su pareja, Magalí Florencia Coronel. 

Por último, el rodado entregado había sido encontrado en agosto de 2022, luego de que la policía allanara la casa de Almada, ubicada en French al 1300. 

Este viernes una mujer de 38 años fue imputada en una audiencia y se le dictó la prisión preventiva al ser acusada de venta de estupefacientes, luego de que el jueves le hicieran un allanamiento a su vivienda en zona suroeste de Rosario. 

La mujer cayó en un allanamiento en su vivienda ubicada en barrio Tío Rolo donde le secuestraron un kilo de marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular. 

En ese sentido, las investigaciones que desencadenaron el allanamiento derivan de una causa que lleva la jueza de familia, María José Campanella, que informó a Microtráfico que un menor podría estar involucrado en la venta de drogas.  

La mujer es madre de tres menores, por lo que la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Negroni surgió en base al pedido de la fiscal Verónica López y el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General que le dieron mayor importancia al caso por la vulnerabilidad de los menores. 

La imputada fue acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, y se dispusieron las medidas necesarias para proteger a los menores. 

La familia de Esteban Brian Fernández, el empleado del supermercado La Reina asesinado hace una semana a puñaladas en Iriondo y 27 de Febrero por un delincuente que le robó la bicicleta, encabezó este viernes un reclamo por seguridad y justicia en la puerta del Centro de Justicia Penal (CJP), precisamente mientras se desarrollaba la audiencia imputativa contra el único detenido por el crimen.

«Siguen haciendo oídos sordos, seguimos sin seguridad. Lo de Esteban se podría haber evitado», sostuvo Joel, hermano de la víctima en medio de la manifestación en las afueras del edificio de Virasoro y Sarmiento.

Por otra parte, reflexionó acerca de la gran cantidad de efectivos policiales que formaron un cordón en el CJP, epicentro de la protesta. «Hoy veo que estamos rodeados de policías, ¿por qué no mandaron esos policías a los lugares más vulnerables? ¿Por qué no hay uno cada dos cuadras o alguien patrullando en esos lugares», preguntó el hombre.

«Lamentablemente la seguridad la tienen unos pocos cuando se sienten tocados, cuando nos tendrían que estar protegiendo a nosotros que somos laburantes, de quienes nos matan, de quienes se quedan con nuestras pertenencias, con lo que nos cuesta», continuó.

En tanto, se mostró conforme con la detención del único imputado, quien se entregó a pocos días del hecho. «Es una tranquilidad que se haya entregados esta persona. Está casi garantizado que es él y también es un poco de presión para que el juez actúe porque mientras esta persona esté encerrada no va a matar a nadie más. Creemos en la justicia».

Además, remarcó que «Esteban no va a ser el último porque lamentablemente no nos escuchan. Vamos a seguir peleando pero siempre va a a haber otros Esteban, otro hijo asesinado que no vuelve a casa».

«Estamos cansados de que nos roben y nos maten, de tomar tantos recaudos y quienes nos tienen que dar seguridad hoy están sordos y mudos, porque ninguno salió a hablar, a dar la cara», concluyó Joel.

Por su parte, Calribel, exesposa de la víctima afirmó tener mucha tristeza por lo ocurrido, pidió que al acusado «se le dé la pena máxima y seguridad porque no podemos vivir más en un país donde no sabemos si salimos de trabajar y vamos a volver a casa».

Además, se refirió al sospechoso y destacó que, según relatos de los vecinos «venía de una familia problemática, donde eran todos ‘choros’ y  por eso se termina entregando».

Los familiares y amigos de Esteban pintaron una estrella roja en la vereda en memoria del muchacho de 37 años al que le arrebataron la vida por una bicicleta.

Este miércoles, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, tuvo lugar la audiencia imputativa en la cual el Fiscal Dr. Federico Rébola le atribuyó al identificado como Tomás Dilascio los delitos de Tentativa de Robo calificado por el uso de arma de fuego agravado por la participación de un menor de edad.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva del imputado. La Jueza de Primera Instancia Dra. Castelli tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

En carácter de coautor, el fiscal también acusó de tentativa de homicidio calificado por criminis causa agravado por el uso de arma de fuego en carácter de coautor en concurso ideal con lesiones gravísimas agravado por la utilización de un arma de fuego en carácter de autor y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en calidad de autor y en concurso real.

El hecho atribuido por el Dr. Rébola ocurrió el domingo 8 de enero, a las 22.30,, en zona de Cochabamba al 6500, en la zona oeste de la ciudad, en circunstancias en que el imputado en compañía de un menor de 16 años efectúan amenazas hacia la víctima Daniel R. quien terminaba de realizar una compra en el local comercial de dicha zona.

Seguidamente y mediante la exhibición de armas de fuego, habiéndole gatillado con un arma de fuego en el rostro, siendo que no se efectuó el disparo, intentan sustraer su bicicleta no lográndolo, sustrayéndole un neceser de mano conteniendo elementos personales para darse a la fuga del lugar por calle Perú hacia Pellegrini y luego hacia Provincias Unidas.

Circunstancia en que la víctima comenzó a perseguirlos a bordo de su bicicleta, dándoles alcance en inmediaciones de Av. Pellegrini y Ecuador, lugar donde recuperó sus pertenencias.

Al retirarse la víctima y dar media vuelta, T.D le efectuó una detonación, que impacta en zona de su espalda, con el fin de darle muerte por no haber logrado el fin propuesto de sustraer sus pertenencias, ocasionando a la víctima lesiones a nivel dorsal bajo, sin orificio de salida aparente, provocando la pérdida de movilidad en miembros inferiores.

Momentos después, luego de un patrullaje por la zona, personal policial avista al imputado y el menor de edad que lo acompañaba, en momentos que se desplazaban por Colectora Este, al llegar a la intersección con calle Misiones, lugar donde T.D. descarta el revólver calibre 22 largo con el que efectuó la detonación que hirió a la víctima.

Asimismo, continuando la fuga por calle Misiones al Oeste, lugar en que el menor descarta un revolver de quebrar calibre 38 corto sin marca ni numeración visible, dándoles alcance personal de la PAT a los pocos metros hacia el Oeste por calle Misiones.

Este sábado se concretó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, a Fernando C. (45 años) y Lautaro C. (19), a quienes se les atribuyeron haber participado del ataque criminal del 23 de julio en barrio Parque del Mercado. Cabe recordar que producto de la balacera murió Claudia Deldebbio (58) y fue herida de gravedad su hija Virginia Ferreyra (32).

En la brutal emboscada, de Isola y Maestros Santafesinos, también balearon a un menor de edad.

“Estas personas habían recibido un pago de dinero para cometer el hecho y otros más, cuyas investigaciones permanecen abiertas. Estamos tratando de determinar su participación en otros homicidios de la zona”, indicó el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, a cargo de la investigación.

En el marco de la audiencia, el fiscal Saldutti les atribuyó a ambos actuar motivados por una promesa de pago -luego saldada-, junto con otras tres personas, perpetrar el ataque del sábado 23 de julio, para lo cual previamente se distribuyeron los roles.

Según la investigación, esa fatídica tarde, irrumpieron en Maestros Santafesinos e Isola a bordo de un Peugeot 308 de color negro, conducido por Fernando C. En la esquina detuvieron la marcha del auto y Lautaro C. junto a los demás sicarios aún no identificados, abrieron fuego contra la Torre 11.

No conformes con eso, también abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la parada de colectivos ubicada en la esquina de Isola y Maestros Santafesinos: así, fueron acribillados Claudia Mercedes Deldebbio; su hija Virginia Ferreyra y un menor de edad.

“Al parecer participan dos vehículos en el hecho. En uno de ellos circulaban cinco personas y dos fueron los que imputamos. Uno manejaba el auto negro y el otro descendió para disparar”, sostuvo el fiscal Saldutti sobre el accionar de los delincuentes.

“El ataque no estaba dirigido hacia las personas que fueron las víctimas. Aún no tenemos certezas al respecto, pero la teoría de la Fiscalía es que el móvil del hecho era la promesa de pago con el fin de causar temor en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena a algún tipo de conflicto”, amplió.

Claudia Deldebbio falleció en el lugar, mientras que Virginia Ferreyra y la víctima menor de edad debieron ser trasladados de urgencia al Heca. En tanto, los agresores abordaron nuevamente el Peugeot 308 conducido por Fernando C. y se dieron a la fuga por Maestros Santafesinos en dirección a calle Gutiérrez.

Vale señalar que el fiscal Saldutti aseguró que la Fiscalía tiene acreditados que ambos imputados integran la banda del Brujo Ungaro: “Con la información que tenemos, formarían parte de esa organización. Por lo tanto, avanzaremos en la investigación para sumar nuevas imputaciones”.

El juez Román Lanzón llevó adelante la audiencia imputativa y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos. Fernando y Lautaro C. fueron acusados por los delitos de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de personas en grado consumado, tentativa de homicidio calificado, portación y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento.

Las calles que rodean el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario quedaron este miércoles por la mañana parcialmente libres de vallas y volvieron a transitar los vehículos. La decisión de las autoridades provinciales trajo alivio a los vecinos y los comerciantes que durante casi dos años vieron complicadas sus rutinas debido al operativo de seguridad en la zona por distintas balaceras.

Desde que se dispuso la restricción total al paso de vehículos por razones de seguridad, las ventas registraron una caída de entre un 40 y 50 por ciento. Pero hay que remarcar un detalle. Las vallas que impedían la circulación de todo tipo de vehículos no fueron retiradas del todo, lo que indicaría que de ser necesario podrían volver a colocarse sobre la calle.

La decisión de coloca vallado al Centro de Justicia Penal se dio en el marco de los atentados a balazos que tuvieron como blanco ese edificio ubicado en la plaza delimitada por Sarmiento, Rueda, Mitre y Rueda. E incluso se reforzó en ocasión de los juicios y audiencias que tuvieron como protagonistas a los delincuentes más peligrosos de la provincia.

El titular del local gastronómico contó que “durante la pandemia lo sobrellevamos, pero todo este proceso fue tremendamente desfavorable. Yo alquilo y las ventas bajaron al menos un 40 ó 50 por ciento. En algún momento pensé en cerrar el local, pero qué haría después. Yo confiaba en que esto se iba a terminar en algún momento. Me comentaron que las vallas van a quedar acá”.

Tras el violento ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal ocurrido este miércoles por la noche, el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, manifestó la «preocupación» que genera este hecho y aseguró que «constituye un desafío a las autoridades de los tres poderes del Estado». También hizo hincapié en que la balacera se registró en vísperas al inicio del juicio, este viernes a las 7.30, contra Guille Cantero, líder de Los Monos, sospechados de organizar desde la cárcel ataques similares contra el Poder Judicial en 2018.

“Desde el Colegio de Magistrados queremos manifestar nuestra preocupación, es una reiteración de hechos que creíamos que ya no los íbamos a tener que tolerar en esta instancia. Estamos a 48 horas de comenzar un juicio donde se va a definir la responsabilidad de personas que organizaron y llevaron adelante los ataques intimidatorios en 2018 a magistrados, a fiscales que en aquel momento estaban investigando distintos delitos de criminalidad organizada”, comenzó Salvador en rueda de prensa.

A su vez, reiteró la trascendencia que esta balacera se dé tan próxima a comenzar el juicio contra el cabecilla de Los Monos:  “A 48 horas de empezar a definir la responsabilidad de estas personas, se comete un nuevo hecho de ataque, de amedrentamiento, en este caso al edificio de Justicia Penal y no es la primera vez, es el tercer hecho que sucede en ese edificio y nos lleva a pensar que esto constituye un desafío a las autoridades de los tres poderes del Estado”.

Consultado sobre si esto influirá en cómo actúen los magistrados que llevarán adelante el proceso contra Cantero, Salvador señaló: “En aquella oportunidad los ataques fueron contra magistrados, contra fiscales, contra edificios, y los juicios se llevaron adelante y se sentenció con condenas. Obviamente esto tiene un intento de amedrentamiento e intimidación, por eso este repudio que estamos oficializando, pero no me cabe la menor duda que esto no hace mella en el ánimo de los magistrados que tienen que llevar adelante estos procesos”.

“Los distintos operadores del Poder Judicial ya lo hemos puesto de relieve, la fiscal regional hizo hincapié en esta situación, los fiscales a cargo de la Unidad de Balaceras también hicieron hincapié en los distintos medios de comunicación, y lo que no hay que hacer es naturalizar estos hechos tan graves, no solo los que se cometen contra edificios o autoridades del Poder Judicial, sino también contra toda la sociedad civil. Cuando lo naturalicemos es porque estamos muy mal como sociedad”, finalizó el titular del Colegio de Magistrados.

Un violento ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal se registró en la noche de este miércoles, en vísperas del juicio contra Guille Cantero, líder de Los Monos, que comenzará este viernes. Dos disparos perforaron el vidrio del frente del edificio ubicado en Sarmiento y Rueda, aunque no hubo ningún herido.

La balacera ocurrió pasadas las 23 y los autores serían dos hombres a bordo de una moto 125cc que llevaban casco negro y tras efectuar varias detonaciones de arma de fuego huyeron a toda velocidad por Sarmiento hacia el sur. Además de constatar los dos impactos en las ventanas del frente del lugar, la Policía recogió siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

El hecho tuvo lugar a menos de 48 horas que inicie el juicio, previsto para el viernes a las 7.30, contra el cabecilla Los Monos, quien está sospechado de ordenar desde la cárcel varios ataques a tiros contra el Poder Judicial en los últimos años: dos en 2018 y otro en 2020.

Según las primeras líneas investigativas, se cree que esta balacera no sería una mera coincidencia sino que estaría relacionada con el juicio que afrontará Guille Cantero. Desde antes que se registrara este episodio, estaba previsto organizar un operativo de seguridad en inmediaciones a Sarmiento y Rueda.

Una mujer de 32 años resultó herida este jueves por la noche tras quedar en medio de un tiroteo en inmediaciones al Centro de Justicia Penal en circunstancias poco claras. Se trataría de un enfrentamiento entre delincuentes y policía de civil. La víctima, que recibió un disparo en su pierna, fue asistida por el Sies y está fuera de peligro.

El hecho ocurrió pasadas las 20 en Rueda al 900 y según describió un hombre que trabaja en un puesto de comida callejera cerca de la zona, los agresores se movilizaban en una camioneta blanca y luego del tiroteo lograron huir.

Personal policial recogió del lugar del hecho varias vainas de posible calibre 9 milímetros y realizó un perímetro para intentar detener a los atacantes, pero no tuvieron éxito. Intervino el Dr. Cabrera de la Fiscalía de Flagrancia en turno.