Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por  asociación ilícita, fraude al Estado y sobornos. La decisión se inscribe en la causa por presuntas coimas en la repartición e incluye a otros 18 acusados.

La determinación fue oficializada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le adjudicó al ex funcionario delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco del caso que se destapó a mediados de 2025 a partir de la difusión de un audio.

Spagnuolo encabeza la lista en la que también se encuentran nombres ligados a la agencia como Daniel Garbellin (ex subdirector)i; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian (operadores externos), además de otros empleados. Además, a Spagnuolo le embargarán un total de 202 mil millones de pesos. La misma medida será aplicada al resto de sospechosos y todos seguirán en libertad.

Según el fallo del magistrado, ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.

Por otro lado, Casanello ordenó una serie de indagatorias a personas jurídicas de las droguerías Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA-

El Gobierno de Santa Fe confirmó este martes que será querellante en el marco de la causa federal que investiga al laboratorio HLB Pharma por la distribución de fentanilo contaminado que provocó 53 muertes en el país. 

El Ejecutivo provincial llevará a cabo una presentación a través de la Fiscalía de Estado y con la participación del Ministerio de Salud, desde donde aportarán información obtenida en una investigación propia tras lo ocurrido con los fármacos afectados por las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii.

Por otro lado, desde la gestión santafesina argumentaron la decisión afirmando que la distribución de las ampollas adulteradas provocó una “afectación directa en el sistema sanitario", señalando que hubo pacientes afectados en efectores del territorio provincial. A partir del rol de querellante, la provincia podrá aportar pruebas, solicitar medidas cautelares y recurrir resoluciones judiciales.

A su vez, la cartera de Salud, encabezada por la ministra Silvia Ciancio, efectuó 69 notificaciones al Sistema de Vigilancia de Salud por pacientes sospechosos de infección por exposición al fentanilo contaminado, quienes estaban internados por otras causas. En este contexto, 35 de los casos notificados fueron fatales.

A raíz de la causa, este 4 de julio se llevaron a cabo 22 allanamientos en Rosario, Ramallo, San Nicolás y Buenos Aires.

Ginés González García, ex ministro de Salud de la gestión del ex presidente Alberto Fernández, fue procesado sin prisión preventiva este viernes, por el escándalo del vacunatorio VIP durante la pandemia de coronavirus.

El ex funcionario fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y peculado” en la resolución de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, María Eugenia Capuchetti, quien dispuso un embargo sobre sus bienes por 130 millones de pesos.

A su vez, en la misma resolución fueron procesados Alejando Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo y Graciela Beatriz Torales.

Dicha polémica fue iniciada en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19, y se dio paso a la causa con el foco de investigación puesto en el funcionamiento de un vacunatorio privado paralelo ubicado en el Ministerio de Salud durante la gestión de González García.

El fallo indica que Ginés está acusado por “haber ilegítimamente ordenado, ejecutado, o avalado en infracción a los deberes inherentes a su cargo que el 18/02/2021 se trasladara al Ministerio de Salud un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas con diez dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignadas a dicho establecimiento”.

En el mismo se remarcó fueron vacunados indebidamente a la siguientes personas: Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.

La magistrada explicó que durante esa fecha ninguna de las personas que fueron inoculadas “cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos técnicos de la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020 por González García”, la cual era "complementaria a la ley 27.491 de "Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación", en la medida en que no integraban las categorías de "Personal de Salud" o eventualmente "Personal Estratégico"".

El juzgado civil 36 a cargo de Sebastián Font aceptó intervenir en la causa por las elecciones en el club Boca Juniors, luego de la excusación de dos anteriores y mientras crece la incertidumbre sobre la realización de los comicios.

Este martes, la jueza Analía Romero, quien había sido seleccionada en segundo orden, se excusó ya que informó que es socia activa de Boca y que lo hacía para garantizar la imparcialidad.

Previamente, la primera jueza que intervino, Débora Abrevaya, hizo lo propio porque fue recusada por el oficialismo en Boca luego de ser señalada por «proceder» mal tras hacer lugar a una cautelar pedida por la oposición y suspender las elecciones que debieron tener lugar el pasado fin de semana.

Ahora, la causa quedó a en manos de Font, que aceptó intervenir pero rápidamente tuvo que cerrar sus redes sociales debido a su fanatismo por River y por publicaciones contra Boca y Mauricio Macri.

Quien resuelva el asunto de la realización de los comicios finalmente será la Cámara Nacional en lo Civil. En tanto, La Sala E del Tribunal aceptó intervenir en los planteos contra la primera de las juezas que por hora sigue separada, hasta que la Cámara la confirme o no en la causa.

Matías Morla, representante y apoderado de Diego Armando Maradona declaró este lunes en su primera vez en fiscalía. Dijo que fue una locura el traslado del 10 de la Clínica de Olivos donde había sido sometido a una neurocirugía, a la casa de Tigre, en la que muró el pasado 25 de noviembre. Aseguró que fue una decisión familiar.

«Yo entendí que la elección de una casa distinta a la que ya tenía era una locura (…) No tenía por qué ir a una casa cuando los médicos decían que debía estar en una clínica», aseguró el letrado al retirarse de la Fiscalía General de San Isidro, donde declaró como testigo en la causa durante varias horas.

Según Morla, «los propios médicos que lo atendieron dijeron que no estaba en condiciones de ser trasladado». «Desde que Diego tuvo la última aparición pública, yo me corrí, dejé a la familia que se encargue de estas cuestiones, por eso no participé de la junta médica ni la elección (de la casa). Fue un tema de familia», aclaró.

Morla contó la última vez que lo vio a Maradona. Fue el 16 de noviembre en la casa en Tigre. «Estaba con una voz robótica, lo que me llamó poderosamente la atención. Me acabo de enterar que esa voz robótica era la cantidad de agua que tenía el cuerpo retenida».

Luego, manifestó la última vez que habló con el «Diez». Fue el sábado anterior a su muerte, quedó en ir a verlo al día siguiente, pero cuando estaba yendo le informaron que no se despertaba y, por eso, no lo llegó a ver. Por último, consultado sobre cómo describiría el tratamiento médico que recibió Maradona en los últimos días: «Malísimo, por eso está muerto».

Nicolás Italiano es un preparador físico que en los meses previos a la muerte de Maradona intentó hacer entrenar al 10 cuando vivía en un country de la localidad bonaerense de Brandsen. Este martes declarará en la causa por el fallecimiento del astro.

Fue citado a declarar este martes a las 12 a la sede de la Fiscalía General de San Isidro, ubicada en la calle Acassuso 476. Este testigo fue mencionado por Luciano «Lucho» Strassera, un abogado exnovio de Gianinna Maradona, que el mes pasado declaró ante los fiscales que entre agosto y octubre del año pasado había sido convocado por el propio «10» para que lo ayudara a entrenarse.

Italiano era el preparador físico que iba junto a Strassera al country de Brandsen en el que en ese momento vivía el por entonces DT de Gimnasia, para que hiciera ejercicio.

En su testimonial, Strassera contó fue imposible hacer entrenar a Maradona por las dificultades que tenía para caminar y porque además estaba deteriorado cognitivamente, al punto que dijo que el excapitán de la selección argentina «no conectaba» y que ello coincidió con un «cambio de medicación» que habían hecho sus médicos.

Dalma y Gianinna Maradona solicitaron que la causa por la muerte de su padre, Diego Maradona, no se «agote» con las responsabilidades en la parte médica. Piden que se continúe con la investigación para saber si había alguna razón por la que su papá “debía morir” y que se cite a declarar a cinco miembros del “entorno”, entre ellos, el exapoderado Matías Morla.

Fuentes judiciales informaron que todos estos pedidos fueron expuestos en un escrito presentado el martes en la Fiscalía General de San Isidro por los abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, quienes representan en la causa a las hijas del “10” como particulares damnificadas.

“Una vez más nos preguntamos, no por qué Diego Armando Maradona murió, sino por qué debía morir”, afirman los abogados de las hijas mayores del excapitán de la selección argentina.

“Luce por un lado el óbito como hecho médico, y en una dimensión superadora, el homicidio del Sr. Maradona”, señalan los abogados y se preguntan: “¿Ha sido la mala atención médica, el seguimiento del paciente, un control externo, etc, la causa exclusiva de la muerte, o en su defecto se ha producido en calidad de última y fatal consecuencia?”.

Las hijas del Diego, solicitaron «como medidas de prueba» que se cite a declarar a Morla, a su cuñado Christian Maximiliano Pomargo, quien era secretario personal de Maradona y convivía con él; al sobrino del exfutbolista Jonathan Esposito, quien también vivía en la casa de Tigre; a la contadora Andrea Verónica Trimarchi; y a la escribana Sandra Verónica Iampolsky.

Un exnovio de Gianinna Maradona que se acercaba a Diego Maradona como personal trainer y un médico serán los nuevos testigos que a partir de este martes que comenzarán a declarar en la causa en la que se investiga la muerte del astro futbolístico.

Las declaraciones serán tomadas en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476, en forma presencial y ante los fiscales de la causa: Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra. El primero, será Luciano «Lucho» Strassera, un abogado que entre 2013 y 2015 fue novio de Gianinna Maradona, la menor de las dos hijas que el «10» tuvo con Claudia Villafañe.

Fuentes judiciales indicaron que Strassera era un allegado que continuaba frecuentando a Maradona y que incluso lo entrenaba como personal trainer en la casa del country de Brandsen hasta unos días antes de la operación por un hematoma subdural que, luego, derivó en la internación domiciliaria en Tigre.

También este martes, fue citado el Rodolfo Benvenutti, director y jefe de cirugía del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, y que es un médico de confianza que el abogado Víctor Stinfale llevó a la Clínica Olivos el 3 de noviembre pasado para supervisar la neurocirugía a la que fue sometido Maradona.

El jueves 16, será el turno de Rocío Geraldine Oliva, la expareja de Maradona, que ya había sido citada para el 1° de septiembre, pero su declaración fue postergada porque para esa fecha estaba haciendo aislamiento preventivo por el coronavirus, a raíz de haber regresado de un viaje que hizo al exterior.

Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, admitió ante la Justicia haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de «un infortunio y un accidente», mientras que los abogados de las víctimas adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como «coautora» del doble homicidio en grado de tentativa, informaron fuentes judiciales.

Durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas, Buzali, que se encuentra detenido desde el viernes, fue indagado por la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputa el delito de «doble homicidio en grado de tentativa» en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

La indagatoria

La fiscal Di Lorenzo, consultada por Télam acerca de la declaración indagatoria, dijo que el imputado «se ubica en el lugar, da su relato de cómo pasó y que los atropelló (a los dos jóvenes)», aunque sobre ese punto radican las diferentes posiciones, ya que «para el Ministerio Público fue una tentativa de homicidio» y para la defensa es un hecho «culposo».

Al retirarse de los tribunales platenses tras la diligencia, la funcionaria dijo a los medios de prensa que el esposo de Píparo refirió «que no estaba alcoholizado» al momento del hecho, y al ser consultada sobre si hay elementos para sostener una posible imputación a la legisladora dijo que «por el momento no» aunque «la causa sigue investigándose (…) con testimoniales y con elementos de pruebas para agregar».

Buzali ingresó cerca de las 9.30 a la sede judicial situada en calle 54, entre 6 y 7 de La Plata, sin hacer declaraciones a la prensa, esposado y custodiado por dos agentes policiales que lo trasladaron desde su lugar de detención en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, adonde fue nuevamente conducido tras la indagatoria.

«Cómo se puede pensar que una persona quiere matar cuando sale a seguir a unas personas llamando al 911. Cómo voy a querer matar a alguien cuando lo que queríamos es que llegara la policía con un operativo cerrojo y se detenga a las personas que seguimos», dijo Buzali en un tramo de la declaración a la que accedió Télam.

El esposo de Píparo aseguró que «lo que pasó fue un infortunio y un accidente», que «jamás» quiso «lastimar a nadie», y que, al momento del suceso, estaba «nervioso, abrumado y temeroso», aunque «no enojado»

La causa

El hombre fue detenido en su domicilio particular del country Grand Bell de la localidad platense de City Bell y, según precisó a Télam una fuente cercana a la investigación, para que la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenara su arresto «fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que Buzali embistió a los motociclistas desde atrás de lleno».

Fernando Burlando, uno de los abogados que representa al imputado, dijo a la prensa que ya «realizó dos pedidos de excarcelación» y que su cliente «reconoció que había actuado mal», que se trató de un «error» y que está «compungido y arrepentido por la situación y todo lo sucedido».

Por su parte, los abogados de los dos jóvenes atropellados por el esposo de Píparo adelantaron que pedirán la imputación de la diputada bonaerense como «coautora» por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa.

La Comisión de Seguimiento e Información de la causa penal que investiga a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y al empleado judicial Nelson Ugolini se reunió este martes con Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, dos de los fiscales que integraron el equipo acusador de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y con la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. «Queremos conocer a fondo la relación entre el delito organizado y los fiscales», señaló el diputado provincial socialista Joaquín Blanco, quien preside la Comisión, tras el cónclave.

“En esta primera reunión, se solicitó a los funcionarios un detallado informe de todo lo actuado en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Rosario. También sobre la audiencia imputativa y la declaración testimonial del ex jefe de la Policía de Santa Fe Víctor Sarnaglia, cuyo pedido de licencia y posterior renuncia consideramos hechos de relevancia, y sobre cuáles son los próximos pasos a seguir en una causa que tiene un alto impacto institucional. Queremos acompañar el trabajo de los fiscales aportando elementos, que puedan ser importantes para que la opinión pública conozca lo que ha sido el entramado de las relaciones entre el delito organizado y la Fiscalía Regional de Rosario”, afirmó Blanco.

La Comisión tiene previsto citar para la semana que viene al ex Jefe de Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, y a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Ceclia Vrancich, para continuar recavando voces en este proceso. El fiscal Schiappa Pietra explicó: «Es una investigación que tiene varias aristas: la de los fiscales Serjal y Ponce Asahad, la del juego clandestino en sí y la de las extorsiones. Estamos en una etapa de análisis de todo el material que hemos secuestrado en los allanamientos y diversas medidas para luego poder determinar las responsabilidades e imputaciones”.

Por su parte, Edery afirmó: “Tenemos la intención de colaborar con legisladores en la investigación de un hecho que tiene una repercusión institucional muy importante en la provincia de Santa Fe. Acompañamos la preocupación de la Legislatura y nos ponemos a disposición para aportar todo lo que necesiten. Es una preocupación muy válida y nos alienta a seguir investigando”.

Con rango constitucional, la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los fiscales Serjal y Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino está integrada por legisladoras y legisladores de todos los bloques políticos.

La presidencia está a cargo de Blanco, mientras que Carlos del Frade (Frente Social y Popular-Ciudad Futura) y Mónica Peralta (FPCyS-GEN) se desempeñan como vicepresidentes; y Cándido (FPCyS-UCR), como secretario. Se completa con Lionella Cattalini (FPCyS-Socialistas), Maximiliano Pullaro (FPCyS-UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Mónica Peralta (FPCyS-GEN), Gabriel Real (FPCyS-PDP), Ximena Sola (Juntos por el Cambio-UCR) y Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino).

A cinco años de la muerte de Alberto Nisman, aniversario que se cumple hoy, la causa que se sigue sobre el deceso del fiscal cuenta con cinco imputados y la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano profundiza la investigación con distintas medidas de prueba antes de su elevación a juicio oral.

Los procesados a esta fecha son el técnico informático Diego Lagomarsino, como partícipe necesario de la muerte de Nisman, y los cuatro custodios del fiscal, Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

La elevación a juicio podría ser solicitada por Taiano al magistrado federal Julián Ercolini en tandas, primero los custodios y luego, Lagomarsino, aunque en la investigación no hay acusados como autores materiales del crimen.

Al momento, restan analizarse resultados de las comunicaciones de Nisman y huellas dactilares de su departamento, entre otras medidas.

A continuación, un detalle de las tareas realizadas y encargadas por la Fiscalía:

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– Se peritaron unos 200 equipos aproximadamente, entre computadoras, teléfonos celulares, discos externos y otros elementos.

– El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó un peritaje psicológico tendiente a determinar los patrones de personalidad de Nisman.

– Secuestro de elementos relacionados con el control de accesos del complejo Le Parc de Puerto Madero al momento de ocurrido el fallecimiento de Nisman. El análisis de esos elementos (100 aproximadamente) fue elevado en diciembre de 2019 por la División Ciberdelito de la Gendarmería Nacional Argentina y se encuentra actualmente bajo estudio.

– Se analizaron las cámaras de filmación del complejo Le Parc y se logró acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad contenidas en los DVR que se encontraban bloqueados y que, por tal motivo, no habían sido analizados por la fiscal y la jueza del fuero ordinario, Viviana Fein y Fabiana Palmaghini, respectivamente.

En base a ello, se realizó un análisis completo sobre las cámaras de seguridad del complejo, determinando ubicación de cada una y sus puntos ciegos. El objetivo es establecer con exactitud la identidad de la totalidad de las personas que ingresaron al complejo el fin de semana en que falleció Nisman.

– Se dispuso el inventario, traslado y resguardo de todos los elementos tecnológicos secuestrados en el departamento de Nisman, los cuales se encontraban en el Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, y fueron remitidos para su debida preservación y control a la Gendarmería Nacional (Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina).

– Hubo exhortos a compañías prestadoras de servicios de correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería instantánea (Whatsapp) y a entidades bancarias con sede en Estados Unidos a fin de obtener información relacionada con Nisman y con actividades que pudiera haber realizado en los días previos a su fallecimiento. Algunos de ellos aún se encuentran en trámite, mientras que los registros de los correos electrónicos ya fueron remitidos.

– Está en curso un análisis de comunicaciones y entrecruzamiento tendiente a aportar el mayor número de indicios (sólo se cuenta con comportamiento comunicacional, no con contenido de las conversaciones) para identificar la posibilidad de que otras personas pudieran haber ingresado al departamento de Nisman. Se trata de un estudio total de 45 mil comunicaciones aproximadamente.

– Se profundizaron las medidas sobre las huellas dactilares halladas en el departamento en el que fue encontrado sin vida Nisman, «muchas de las cuales aún no habían sido cotejadas».

– Declararon más de 25 empleados de la UFI-AMIA.

– Se les recibió declaración testimonial a la totalidad de los vecinos que residen en las tres torres del complejo Le Parc.

La concreción de esta medida significó convocar a prestar declaración testimonial a más de 400 personas, lo cual se materializó principalmente durante noviembre y diciembre de 2016.

– Prestaron declaración testimonial agentes y ex agentes de inteligencia de distintos organismos estatales (Agencia Federal de Inteligencia, Prefectura Naval Argentina) y periodistas que estuvieron en contacto con Nisman las horas y días previos a su muerte, entre ellos Damián Patcher, quien fue el primero en informar sobre la muerte del fiscal.

– Declararon como testigos funcionarios como la ex procuradora General Alejandra Gils Carbó, la ex ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Fabián Saín y el diputado Leopoldo Moreau, entre otros.

– También dieron testimonio personal de empresas que prestaban servicios en el complejo Le Parc (limpieza y seguridad, entre otros) y los miembros de Swiss Medical que concurrieron al departamento la noche en la que fue hallado sin vida el fiscal.

La Justicia platense definía este martes la situación de «Exequiel», el adolescente de 17 años que había desaparecido tras el crimen de su madre, su padrastro y su pequeña sobrina en la localidad de Melchor Romero, y que fue encontrado el pasado lunes cuando caminaba por la banquina de la Autovía 2.

Tras el hallazgo del menor, el fiscal Marcelo Martini, que había intervenido en el estremecedor caso, al entender que tiene sospechas sobre su participación en el hecho, se excusó y dio lugar a que sea la jueza de Garantías Marcela Garmendia quien convalide la decisión de que «Exequiel» sea investigado. Esa decisión daría lugar a que el menor sea indagado por la fiscal de menores Carmen Ibarra.

No obstante, a pesar de que la hipótesis que manejaban los investigadores es que el menor sería el único responsable de los asesinatos, se esperaban los resultados de pericias, como los de los tipos de sangre encontrados en la escena del triple crimen.

El 1° de enero fueron encontrados tres cuerpos en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, de la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el oeste del partido de La Plata.

Allí estaban los cuerpos de la niña de 5 años llamada Alma Manino, que estaba descuartizada dentro de una bolsa; de su abuela, Graciela Holsbak; y el de su pareja, Raúl Marino, que estaba decapitado y envuelto en una frazada.

Tras una intensa búsqueda, que incluyó rastrillajes «casa por casa» y en zonas descampadas, «Exequiel» fue hallado este lunes por la Policía Vial cuando caminaba a la vera de la Autovía 2, a la altura del kilómetro 68,5, en una zona de barrios cerrados.

El menor admitió que no tenía documentos, dijo su nombre de pila y que se dirigía a la costa, tras lo cual fue detenido y alojado en un centro de recepción.