El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes en Rosario las bases la política penitenciaria basada en el trabajo y la responsabilidad, una medida que apunta a hacer más eficiente y sustentable la labor de las personas privadas de la libertad dentro del sistema carcelario provincial.

La conferencia se realizó en la Sede de Gobierno y fue encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a su par de Economía, Pablo Olivares, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y la directora del Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), Rocío Zanón.

Cococcioni explicó que la iniciativa surge a partir de un decreto provincial recientemente sancionado, que busca modernizar la estructura administrativa del IAPIP para permitirle operar con mayor eficiencia. “Lo que estamos poniendo en marcha es una reforma estructural del funcionamiento de industrias penitenciarias. El objetivo es que, en lugar de que el Estado solvente la organización para que los presos trabajen, sean los presos, mediante su trabajo, quienes contribuyan a los gastos que demanda mantenerlos en la cárcel”, sostuvo.

El ministro subrayó que el trabajo es un deber dentro del tratamiento penitenciario y que la negativa injustificada a cumplir tareas “coloca al recluso ante la perspectiva de un informe desfavorable en su avance dentro del sistema progresivo”. En ese marco, detalló que actualmente el giro comercial de las industrias penitenciarias “no llega a cubrir sus propios gastos” y que “entre un tercio y la mitad del funcionamiento debe solventarse con fondos del Tesoro provincial”.

Por su parte, Pablo Olivares destacó que la medida tiene dos propósitos: “Por un lado, el fin de justicia, porque el tratamiento penitenciario es parte del proceso judicial; y por otro, la eficiencia económica, ya que las industrias penitenciarias deben regirse por los estándares de una empresa privada”.

El funcionario agregó que el nuevo régimen permitirá “maximizar el trabajo dentro del sistema y reducir el esfuerzo económico que hoy hace la ciudadanía para sostener la manutención de los internos”. En ese sentido, precisó que el costo promedio diario por preso en la provincia asciende a 29.200 pesos.

El Gobierno de Santa Fe llevó a cabo este viernes la apertura de sobres para la adquisición de scanners para el servicio penitenciario.

El acto fue encabezado esta mañana por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Se trata de la licitación de cinco body scanners y cinco scanners de bultos que quedarán a disposición de las cárceles de Coronda, Santa Fe, Piñero y en el Complejo Penitenciario de Rosario.

La inversión estimada del proyecto asciende a los 2.261 millones de pesos y, según afirmó el Ejecutivo provincial, el objetivo será “ reforzar los controles en el ingreso a los establecimientos penitenciarios, tanto de visitas como de personal y proveedores”.

En este sentido, el ministro Cococcioni puntualizó: "Estamos cumpliendo una etapa más de reequipamiento y modernización de nuestras fuerzas, incluyendo al Servicio Penitenciario, que viene teniendo un rol muy importante en esta gestión”. 

A su vez, el titular de la cartera provincial remarcó que los controles en el servicio penitenciario “reducen los riesgos de comunicación con el exterior y las conductas delictivas”. En la misma línea, subrayó: “Un tercio de los homicidios en la provincia eran ordenados desde una celda”.

El Banco Mundial incluyó a Rosario en un reciente informe sobre el crimen organizado y la violencia en América Latina y el Caribe, publicado a comienzos de abril. Dentro del documento del organismo, en un apartado se titula "La intervención en las cárceles de Rosario en 2024", el organismo compartió un análisis de la respuesta estatal frente al avance del narcotráfico.

En este sentido, el informe pone el foco en la evolución de la situación rosarina desde 2013, cuando los índices de criminalidad comenzaron a escalar con una dinámica marcada por enfrentamientos entre bandas rivales, especialmente "Los Monos" y otras organizaciones narco. A pesar del encarcelamiento de gran parte de sus líderes, la violencia persistió y alcanzó una tasa de 22 homicidios cada 100.000 habitantes en 2023, lo que representa cinco veces el promedio nacional.

En esa misma línea, el Banco Mundial resalta que “el endurecimiento de las condiciones de seguridad carcelaria en marzo de 2024 provocó una serie de asesinatos al azar en las calles, ordenados por los líderes encarcelados de Los Monos como protesta”. No obstante, el informe remarca también que “las autoridades respondieron con firmeza, y la tasa de homicidios descendió rápidamente”.

En referencia a este informe, la ministra de seguridad Patricia Bullrich expresó mediante su cuenta de la red social X: "“EL MUNDO NOS RECONOCE. El Banco Mundial destacó el Plan Bandera en Rosario y el nuevo sistema de alto riesgo en las cárceles”.

En esa sintonía, agregó: "El resultado es claro: 65% menos homicidios. Narcos aislados. Y una ciudad que dejó de estar en manos del crimen, donde hoy manda la ley y la gente puede vivir en paz”.

No obstante, el informe advierte sobre la persistencia de la corrupción penitenciaria, que permite que algunos jefes criminales mantengan control sobre sus redes desde el encierro. Aun así, el Banco Mundial considera clave el fortalecimiento del sistema carcelario y remarca que "estas intervenciones son desafiantes, pero necesarias".

La población carcelaria registró un incremento durante el primer trimestre de 2025 en cárceles federales de Argentina. El dato se desprende de un informe realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Según el estudio, el número total de internos a nivel nacional es de 11.815,lo que representa un aumento del 1 por ciento respecto a diciembre de 2024.

En detalle, entre enero y marzo de este año, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibió 119 nuevos internos. Además, el reporte asegura que hay una “tendencia de crecimiento constante de la población encarcelada en el lapso de los últimos cuatro años”.

Por otra parte, el relevamiento señaló que hubo una sobrepoblación del 7,4 por ciento para marzo de este 2025, con 813 reclusos que sobrepasan la capacidad de alojamiento de 11.002 plazas.

A su vez, en el primer trimestre del año, la cantidad de personas detenidas sin condena aumentó un 1,4 por ciento, escalando a un total de 4.813 internos, y la de detenidos cumpliendo condena creció un 0,7 por ciento, llegando a 7.000.

Las cárceles federales con mayor cantidad de internos son el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de Villa Devoto, el Complejo Penitenciario Federal VI de Mendoza y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.

En cuanto a la población extranjera encarcelada, creció un 2,9 por ciento en el primer trimestre de 2025; pasando de 1.884 internos en diciembre pasado a 1.938 en marzo último. En este sentido, el 69,3 por ciento de los extranjeros son oriundos de Paraguay, Bolivia y Perú.

El ex presidente Mauricio Macri se sumó al reclamo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, al Gobierno de la Nación por la superpoblación en las comisarías porteñas.

El exmandatario realizó una publicación en sus redes sociales con un reclamo hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este sentido, pidió que tanto el Ministerio de Seguridad como el Servicio Penitenciario Federal asuman su responsabilidad y agilicen los traslados.

"Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", manifestó Macri.

Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las… https://t.co/JDwuzgErzO

En este sentido, la postura del presidente del PRO se alinea con la del jefe de Gobierno porteño, quién se mantiene enfrentado con Bullrich, a raíz de las recientes fugas de presos en seccionales de la ciudad de Buenos Aires.

En esa sintonía, Jorge Macri manifestó: "Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal", sostuvo durante un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde inauguró el ciclo lectivo para policías y bomberos.

El Gobierno nacional anunció que los presos del Servicio Penitenciario Federal de Argentina empezarán a limpiar y hacer labores de mantenimiento en sus establecimientos carcelarios sin recibir remuneración.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, liderado por la ministra Patricia Bullrich. La cartera confirmó que los reclusos tendrán que dedicarle hasta cinco horas diarias a cumplir con tareas de “mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes” de la cárcel.

Además, los presos que se nieguen a cumplir con la reglamentación enfrentarán sanciones, como la pérdida de beneficios penitenciarios.

Previamente, Bullrich había presentado la propuesta en octubre, en el marco del programa Manos a la Obra, cuando detalló: “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”.

En un discurso realizado durante la Entrega de Sables de la Policía Federal Argentina, el presidente Javier Milei anunció que se prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género. 

Este aviso tiene que ver con la presentación de diez hábeas corpus por parte del líder de Los Monos, “Guille” Cantero, quién manifestó autopercibirse mujer con el fin de obtener el permiso "para recibir visitas de hombres".

"Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género", señaló el mandatario nacional. 

"Vamos a impulsar una inciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir. Quienes no adhieran a esta nueva normativa lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito", agregó Milei. 

Por otro lado, el presidente se refirió a los avances en materia de seguridad desde que comenzó su gestión. “Nosotros venimos a girar el timón, en 180 grados. Para nosotros el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública e indelegable, porque el Estado debe garantizar la protección de la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos”, señaló.

En esa misma línea agregó: “Nuestra administración se ha abrazado a tres pilares fundamentales, en primer lugar ‘el que las hace las paga’, es decir el delito hay que castigarlo en todo momento y en todo lugar; dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pilar número 2: el orden público es sagrado. La calle es de todos; no la pueden secuestrar un puñado de inadaptados para tener de rehén a todos los argentinos. Desde el 10 de diciembre, el que corta no cobra y - en consecuencia - se terminaron los piquetes. Pilar número 3: los buenos son los de azul; los malos son los delincuentes. Dicho de otro modo, el Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el programa "Manos a la Obra", cuya finalidad es que todos los presos del país trabajen ocho horas diarias en las cárceles. “Nosotros queremos reinserción, pero no con base en la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”, indicó la funcionaria.

En este sentido, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, en una entrevista realizada en el programa Camino a Casa, que se emite por Radio Mitre Rosario, señaló: “Los presos por ley tienen que trabajar haciendo un cuidado del lugar donde ellos residen y por eso no cobran sueldo. Pero, también, hay trabajos que hacían los presos para mejorar su condición, como colaborar en la cocina, en la peluquería o en alguna limpieza, por los cuales algunos jueces les dieron el mismo sueldo que una persona que trabaja en el exterior, incluidas vacaciones y aguinaldo”. 

En este sentido, Soto sostuvo que algunos internos están inscriptos como voluntarios para realizar estos trabajos, pero no cumplen con sus tareas y, aún así, perciben un salario. “Se va a hacer un control porque muchos cobran más que un jubilado y no trabajan”, manifestó. 

En referencia a esta situación, el funcionario indicó que el sueldo de un preso suele ser el mínimo vital móvil, pero que a veces “juntan subsidios” y de esa forma incrementan sus ingresos llegando, en algunos casos, a cifras que superan los 700 mil pesos. 

En este punto, Soto remarcó que los presos no deberían percibir esos beneficios porque están cumpliendo una condena y es el Estado el que les provee techo y comida. “Nos parece un disparate, el mundo al revés. Por eso, se va a hacer control biométrico para que cumplan con sus tareas y si no trabajan, van a tener sanciones”, aseveró.

En esa misma línea, Soto expresó que estos controles, que actualmente no se ejercen, van a implementarse en las cárceles federales. “Recordemos que nuestra Constitución tiene un sistema federal, es decir que cada gobernador tiene sus sistemas con un servicio penitenciario, Congresos provinciales, Poder Judicial provincial. En este caso se aplicará en las cárceles federales, que existen en muchas provincias”, explicó. 

En ese mismo sentido, el funcionario opinó que lo que corresponde es indemnizar a las víctimas con parte del sueldo que perciben los presos. “Un porcentaje tiene que ser para la víctima, si hay un condenado con una sentencia firme, es porque hay una víctima. Al menos el 80% de los delitos son contra la propiedad, es decir que hay personas afectadas”, remarcó.

SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLASEl plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia dispuso mediante el decreto 008/2024, que los presos de alto perfil comiencen a usar uniformes de color naranja.

En ese sentido, la medida que está contemplada en la Ley de Ejecución Penal, que fue aprobada en diciembre, comenzará a regir en las unidades penitenciarias santafesinas a partir de la próxima semana.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial, la iniciativa tiene el objetivo de identificar, controlar y dilucidar los movimientos y acciones de los reclusos dentro de los distintos penales.  

A principios de año, y en diálogo con medios de la provincia, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó: “El uniforme te sirve para ver a cada preso dentro de la dinámica carcelaria; el que puede pasar esa puerta para ir a un taller o la escuela; uno tiene que poder visualizarlo”. 

“El tema del color no es por motivos de estigmatización, sino para visualizar y segmentar la población penal. Si usted está subido a una garita en el perímetro, tiene que poder ver que se mueven los puntitos anaranjados y si uno se sale de su vista, activa un protocolo”, concluyó el ministro acerca del uso de los uniformes entre reclusos.   

Este miércoles a la noche en el Teatro La Comedia, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin presentaron el Acuerdo Rosario, el plan de obra pública para la ciudad y otras localidades. 

De esta manera, el ministro de Obra Pública provincial, Lisandro Enrico, explayó cuáles serán las obras comprendidas para el periodo 24/2027 y destacó a varias de ellas. 

Al principio, el funcionario mencionó la construcción del memorial de Salta 2141 próximo a inaugurarse en agosto, en el marco del aniversario de la tragedia. 

Luego, puntualizó acerca de los proyectos previstos para realizarce en relación a la seguridad provincial, apartado en el que resaltó las obras previstas para el complejo penitenciario Rosario y la edificación de la nueva cárcel para presos de alto perfil en Piñero. 

Luego, anunció las intenciones del gobierno provincial de construir una nueva planta potabilizadora en de agua en Granadero Baigorria y la realización del acueducto Gran Rosario. 

Más adelante, se centró plenamente en las construcciones y mejoras edilicias de edificios educativos y habló sobra la remodelación y posterior ampliación de la escuela técnica Juramento a la Bandera de Sarmiento y Arijón. 

En ese sentido, sumó la edificación de una escuela primaria de Nuevo Alberdi y del nuevo edificio para la Escuela de Enfermería. 

Por último, también aportó que se construirá un espacio destinado al tomógrafo en el Hospital de Niños, se mejorará y refaccionará el Museo Gallardo y se tiene previsto agregarle un tercer carril a la autopista Rosario- Santa Fe para el tramo Rosario - San Lorenzo. 

El Ministerio de Seguridad de la provincia, a través del Servicio Penitenciario, dispuso el cambio de las autoridades de las cárceles de Coronda, Las Flores, Cárcel de Mujeres Santa Fe, Rosario, Piñero y Complejo Penal Rosario. El director general del Servicio Penitenciario, Gabriel Leegstra, puso en funciones esta semana a los siguientes directoras y directores: Alejandro Silva en la cárcel de Coronda; Mauricio Miriani y Alfredo Sánchez como director y subdirector, respectivamente, en Rosario; Alejandro Brondetta (director) y Martín Vivas (subdirector) en Piñero; Gabriela Tarnowski en la Dirección de Capacitación; Paola Suárez en el Complejo Penal Rosario; Natalia Castillo en la Cárcel de Mujeres de Santa Fe; Rodrigo Godoy (director) y Sergio Alvelo (subdirector) en Las Flores; y Gisela Pasini (directora) y Gustavo Tavisi (subdirector) en la Alcaidía de Santa Fe.

Al respecto, Leegstra expresó: “Estos cambios tienen que ver con un reordenamiento de personal y funciones que hacemos en la mayoría de las unidades. El objetivo es doble: por un lado que el personal, que son alcaides mayores en su mayoría, sigan aprendiendo, tomando experiencia con nuevos conocimientos en distintas unidades, perfilándolos para su próxima jerarquía que será pertenecer a la plana mayor; y por el otro lado, darle ritmo con conducciones nuevas, en diferentes lugares, con mandatos distintos. Son directoras, directores y también subdirectores los que decidimos asuman a los largo y ancho del servicio penitenciario provincial”.

Asimismo, respecto de las mejoras en las que se viene trabajando en materia de seguridad, Leegstra explicó que “hay nueva tecnología para control de ingreso, eso requirió una logística y una reorganización de funciones y horarios, y metodologías para amoldarnos a eso. Paleta, body scanner, escáner de bolsos y detector de metales. Todo eso el Ministerio de Salud lo autorizó junto con la Dirección de Radiofísica”. En ese sentido, agregó que “hemos detectado infinidad de elementos que no se podían encontrar, sobre todo porque venían en las zonas íntimas de la mujer. Droga, teléfonos, partes. Eso es parte de nuestro trabajo y así está funcionando”, concluyó.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, estuvo presente este martes por la mañana junto al gobernador Omar Perotti el acto de licitación de la segunda etapa de la construcción de avenida Jorge Newbery y, al término del mismo, tomó contacto con la prensa para referirse a la situación de inseguridad y la ola de violencia en la ciudad.

«El 95 por ciento de los hechos de inseguridad que pasan se originan desde las cárceles. Tenemos que lograr de una vez por todas que el ministro de Justicia de la Nación se entere que Rosario forma parte de la Argentina porque los presos de alto perfil están en los penales federales y ahora me entero que a Marcos Paz le están poniendo fibra óptica y eso implica que haya más muertos en la ciudad», arremetió el funcionario.

Y agregó: «Pedimos que al menos no les aceleren la comunicación de los presos de alto perfil que cranean los asesinatos desde los penales»

Cuando fue consultado por las cárceles de la provincia de Santa Fe, Javkin expresó: «Ahora resulta que le ponemos tecnología a las cárceles. Nosotros tenemos el deber de defender a Rosario y la región. Les pedimos a los organismos que controlen en tráfico de armas y se está armando algo como si nuestra ciudad estuviese fuera del país».

«No queremos que la generación que viene de abajo vivan las cosas que los jóvenes están viviendo como la situación de calle, de alto consumo de drogas. Queremos terminar con todo esto pero necesitamos la ayuda de todos los sectores y que controlen todo lo que está mal», concluyó.

Tras más de 30 allanamientos realizados este jueves en Rosario y el sur de Santa Fe, cayó una importante banda narco, que además tenía acceso a las cámaras de seguridad de un comercio en barrio La Lata, de la ciudad.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fueron ordenados por causas vinculadas al narcotráfico y violencia por la Justicia Federal de Venado Tuerto.

Vale señalar que la mitad de los 30 involucrados se encuentran alojados en cárceles provinciales y federales, y de ellos, los principales investigados son Nahuel Novellino y Lucía Uberti, detenidos en la cárcel federal de Rawson y la UP5 de Rosario, respectivamente, desde done administraban los negocios ilícitos.

Asimismo, la joven ya fue condenada por los atentados del Poder Judicial.

De acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal Arzubi Calvo, se determinó que se proveían de droga en Córdoba y que además controlaban las cámaras de un comercio, ubicado en barrio La Lata de la ciudad, desde sus celulares.

Dos exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán indagados este viernes en el comienzo de una nueva ronda de declaraciones en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri que tramita en Lomas de Zamora.

Los interrogatorios a los exmiembros del SPF AnÍbal Meza y Matías Fernández, previstas para las 10 y las 12, respectivamente, se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual Zoom ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación.

La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado «legajo 9», en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Para esta tanda están previstas 25 declaraciones indagatorias entre las que sobresalen la de los exjefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, previstas para el 9 y 10 de diciembre, y la del extitular del SPF, Emiliano Blanco, convocado para el 30 de noviembre.

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el «trabajo operativo» y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje” respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», sostuvieron los fiscales cuando solicitaron las indagatorias.

Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».

Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juán Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También fueron convocados el procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros: los dos últimos plantearon la nulidad de sus citaciones bajo el pretexto de haber sido convocados por el solo hecho de reenviar un documento que contenía información sobre personas privadas de su libertad.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezezia como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.

Uno de las polémica que se generó en las últimas horas en medio de la pandemia del coronavirus tuvo que ver con la decisión que tomó el Poder Judicial en liberal más de 2 mil presos con el fin de no correr un alto riesgo de contagio en los centros penales de Argentina.

Amalia Granata, diputada de la provincia de Santa Fe, dialogó este jueves con el programa Los Ángeles de la Mañana que conduce el periodista de espectáculos Ángel De Brito, y dio su parecer sobre qué considera que debería hacer el Gobierno nacional.

«Yo no voy a decir, así como dijo Cinthia que todos tiene que ir al paredón y morir hacinados en la cárcel. Yo no quiero que se mueran ahí adentro, quiero que el Estado haga un plan para que esta gente sigan estando presa en otro lugar con las medidas sanitarias adecuadas», expresó la rosarina.

Mirá el video:

"Amalia Granata":Porque habló en #LAMpic.twitter.com/EjeRGZwToF

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 30, 2020

Luego de los violentos motines en tres cárceles de la provincia, que se llevó la vida de cinco reclusos, se confirmó que sólo se dispondrán medidas para reestablecer las estructuras edilicias. El secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia en diálogo con Radio Mitre Rosario, confirmó que no habrá medidas extras de seguridad en las cárceles de la provincia, luego de los sangrientos motines ocurridos el pasado lunes en los penales de Las Flores, Coronda y Piñeiro que dejaron el saldo de cinco reclusos fallecidos. En relación a ello Somaglia informó que «los operativos dispuestos solo serán para reestablecer las estructuras materiales dañadas en los diferentes penales». «Los daños son cuantiosos en lo que hace a las prestaciones esenciales como la del suministro de agua, y la de mampostería rota y quemada. Por lo tanto debemos actuar rápidamente y atender las cuestiones edilicias en pos de la seguridad», afirmó el secretario. Por otro lado, Somaglia confirmó que las muertes fueron producto de peleas violentas entre los mismos reclusos. ‘’En el caso de las cuatro víctimas del penal de Las Flores se trató de ataques ocurridos al pabellón de internos de conductas sexuales, mientras que la víctima de Coronda se trató de una disputa interna entre los mismos presos’’, respondió. Por último el funcionario descartó ante diferentes rumores, que el ex boxeador Carlos «El Tata» Baldomir fuese uno de los presos fallecidos en la fatídica jornada.

Motines en Coronda, Piñero y Las Flores: ascienden a cinco las personas fallecidas tras los disturbios