El Gobierno nacional puso en funcionamiento un nuevo régimen para mujeres privadas de su libertad consideradas de alto riesgo en cárceles federales. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional y establece criterios diferenciados para las internas que puedan mantener vínculos o funciones dentro de organizaciones criminales desde la prisión.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal será la encargada de implementar el sistema, además de seleccionar y capacitar al personal y asignar los recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios. La resolución establece un plazo de 60 días para elaborar los protocolos y manuales que definirán los procedimientos de seguridad, tratamiento y seguimiento.

El nuevo esquema se basa en un sistema de alto riesgo que funciona desde 2024 para otros detenidos vinculados con organizaciones criminales nacionales o transnacionales. Según la resolución, 78 personas ya fueron incorporadas a ese régimen. Los fundamentos señalan que las mujeres también pueden cumplir funciones como la coordinación, transmisión de mensajes, administración de recursos o continuidad de actividades criminales desde las cárceles.

Entre las modificaciones previstas se encuentran nuevas condiciones de alojamiento, infraestructura y tratamiento, además de medidas relacionadas con la atención de la salud y el mantenimiento de los vínculos familiares.

El personal penitenciario recibirá capacitación específica, que incluirá perspectiva de género, mientras que el funcionamiento del sistema será evaluado cada seis meses mediante informes técnicos del Servicio Penitenciario Federal.

Un total de 380 detenidos ya se encuentran alojados en las celdas de la Unidad Penitenciaria N°9 de Recreo , que fue inaugurada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Así lo confirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa en Santa Fe en la que se refirió a lo ocurrido durante las primeras horas en el penal, ubicado a unos 180 kilómetros de Rosario. 

El lugar de detención cuenta con una capacidad de 891 plazas distribuidas en 475 celdas. El sitio cuenta con un sector para hombres (640) y otro para mujeres (251). En este sentido, la funcionaria mencionó que los reclusos fueron trasladados entre este jueves y viernes desde las comisarías 10°, 7°, 9°, 27° y subcomisaría 2ª de la ciudad capital. 

A su vez, Coudannes recalcó que la obra que conllevó una inversión de 80 millones de dólares “es un pilar fundamental en el plan de seguridad” y destacó la instalación de un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con inteligencia artificial para permiten rastrear los movimientos de los presos.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la cárcel de Recreo, que contará con alrededor de 891 plazas. En ese marco, pidió “terminar con el garantismo bobo". 

Durante su discurso, Pullaro admitió que “los santafesinos estábamos hartos que desde las cárceles controlen la calle y que a esta provincia la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado la provincia del narcotráfico”, por lo cual aseveró que “cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”.

En ese sentido, dijo “no sentir vergüenza” de dar el debate necesario para “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”.

Además, llamó a “combatir ideológicamente y con datos concretos, a ese garantismo bobo que pretende debatir en Santa Fe la política pública de seguridad”.

Un Estado que pone a los delincuentes tras las rejas

El mandatario provincial remarcó que el Estado “cuando se organiza con determinación, decisión y no pacta con los delincuentes, es más fuerte que cualquier organización criminal”, por lo que sentenció: “Que no vengan a hablar de pacto aquellos que fracasaron y nos llevaron a los índices más altos de violencia y de delito en la provincia, porque aquí el Estado, a los delincuentes, los va a buscar a sus casas y con el marco que determina la ley, les rompe la puerta, los detiene y los pone en pabellones de alto perfil”.

Además, resaltó que la unidad penitenciaria inaugurada “es la cárcel más moderna que hay en Argentina, con los muros, las rejas, el personal y la tecnología necesarias para permitirnos tener mejores niveles de seguridad”, y señaló que su plan de seguridad “no llega hasta acá” sino que “nuestro objetivo es que Santa Fe sea la provincia más segura del país”. 

Y en relación a esto, recordó que “el kirchnerismo hablaba de seguridad pública y nos corría todo el tiempo con eso, pero hoy no hablan más. Corrieron de la agenda política y pública la seguridad”, remarcó y sentenció que desde su gestión “no corremos a la seguridad de la agenda pública porque si la sociedad siente que está mucho mejor, nosotros le decimos que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy”.

Plan de infraestructura carcelaria

Esta nueva Unidad Penitenciaria forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

La UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.

El gobierno provincial confirmó que en mayo de 2027 se inaugurará “El Infierno”, la nueva unidad penitenciaria de máxima seguridad en Santa Fe. La obra se construye en el predio de la Unidad 8 de Piñero con una inversión estatal superior a los 143 mil millones de pesos.

El establecimiento contará con capacidad para alojar a más de 1.150 internos de alto perfil, principalmente sicarios y referentes del narcotráfico. El complejo dispondrá de cuatro módulos integrados por celdas individuales de hormigón premoldeado y un edificio central administrativo.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó: “La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”. Además, valoró que el control estricto de los detenidos impacta directamente en la reducción de la violencia urbana.

La seguridad exterior de la cárcel se reforzará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, custodiado por torreones y una torre principal de 36 metros.

Para impedir la organización de delitos desde el encierro, el diseño maximiza el aislamiento y establece boxes con mamparas para visitas sin contacto físico. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que la infraestructura es un modelo inédito en la región diseñado para resistir ataques externos.

El penal también incluirá helipuerto, sala de conferencias y atención sanitaria propia para evitar el traslado de reclusos fuera del predio. Finalmente, las autoridades resaltaron que esta administración prevé sumar 3.500 nuevas plazas carcelarias durante el actual período de gobierno.

El Gobierno de Santa Fe reveló este martes que se halló una excavación dentro del pabellón de alto perfil de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Fue durante una requisa y se busca identificar a los responsables.

El episodio fue divulgado esta mañana por la portavoz provincial Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa en Santa Fe, donde se mostró un video en el que se aprecian las dimensiones del boquete. Según relató, se trata de “un socavón de 70 centímetros que encontramos en los baños de uno de los patios externos del pabellón de alto perfil”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que la Secretaría de Asuntos Penales “dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, medidas que abarcarán a los reclusos que sean identificados como autores y al personal penitenciario que, de forma intencional o por una falla en los controles, permitieron el avance de la maniobra.

A su vez, en relación al procedimiento que derivó en el hallazgo del pozo dentro de la cárcel, anticipó que "todas estas requisas van a continuar”. Luego, agregó: “Este Gobierno hace que los delincuentes no puedan tener un home office dentro de las cárceles”.

Por otro lado, la vocera se refirió al avance de la obra del Infierno, la flamante cárcel de alto perfil que estará ubicada sobre las rutas nacionales AO12 y 14, mencionó: “Estimamos que en septiembre ya podemos tener ese nuevo espacio, sabemos que necesitamos un lugar con las condiciones adecuadas y el espacio suficiente porque cada vez son más los presos”.

El menor de 16 años detenido como presunto cómplice del crimen de Ian Cabrera en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal fue blanco de un ataque incendiario en la cárcel. Según trascendió, otros presos le prendieron fuego el colchón de su pabellón y resultó ileso.

Se trata de N.C., imputado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, sindicado como un “estrecho colaborador” de Gino C., el tirador de 15 años, también detenido.

De acuerdo al medio Radio 2, el menor que había sido aprehendido en la ruta 11, a la altura de la localidad de Nelson, sufrió un incendio en el colchón donde dormía, dentro del pabellón juvenil de la Cárcel de Las Flores. El hecho fue cometido por otros reclusos. Sólo se registraron daños materiales.

En este contexto, la defensa de C. trabaja para impulsar una medida de relocalización, al considerar el ataque como una situación de riesgo para el adolescente. Cumple con un plazo de prisión preventiva por 90 días, según estableció el juez José Alberto Boaglio en la audiencia de formulación de cargos.

Un juez dictó una pena unificada de 16 años de prisión para Matías Tuttolomondo (39), considerado jefe de una banda narco que operaba búnkeres de comercialización de estupefacientes en la zona norte de Rosario desde el interior de la cárcel de Coronda, según informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por la jueza Patricia Álvarez en una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, tras un procedimiento de juicio abreviado presentado por el fiscal César Pierantoni y aceptado por las defensas de los acusados.

Tuttolomondo fue condenado por asociación ilícita y comercialización de drogas y ya cumplía una pena anterior de 11 años por otro fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 en 2022. A esa pena se sumaron 5 años de prisión efectiva y una multa, lo que determinó la pena total de 16 años de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Según la investigación fiscal, Tuttolomondo coordinaba la logística y distribución de cocaína y marihuana para su banda desde el pabellón 1 del penal de Coronda, incluso mientras estaba detenido.

Junto a él estaba su pareja, Andrea Soledad Alarcón, de 31 años, quien, según la fiscalía, gerenciaba la recepción y distribución de la droga, además de manejar pagos y disponer de bienes vinculados a la actividad criminal. Parte de sus funciones se evidenció en una operación de compraventa de una vivienda por 10 millones de pesos vinculada a su entorno.

Tuttolomondo también mantenía contacto con Maximiliano “Boli” Blanca, otro cabecilla de la banda que se encuentra preso cumpliendo condena por delitos como robos, estafas, usurpaciones y narcomenudeo, de acuerdo con la reconstrucción de la causa fiscal.

Además de la pena para Tuttolomondo, otros cuatro integrantes de la organización recibieron penas de ejecución condicional por su participación en la asociación ilícita:

Brenda Sofía Munaris y Rodrigo Alejandro Udi fueron condenados a 3 años de prisión condicional y multa, con reglas de conducta por un plazo de 2 años. Luz Milena Icazatti y Andrea Soledad Alarcón recibieron 3 años de prisión condicional.

Las resoluciones sobre los demás miembros de la organización implican que, si cumplen con las condiciones impuestas por la justicia, no deberán cumplir prisión efectiva, aunque seguirán sujetas a las reglas de conducta ordenadas por el tribunal.

La causa judicial estuvo centrada en una organización que, además de narcomenudeo, planificaba y ejecutaba extorsiones, amenazas coactivas y uso de armas de fuego en la zona norte de Rosario y barrios como Parque Casas y Nuevo Alberdi Oeste, según la fiscalía.

Dos hombres fueron sentenciados este martes a 10 años de cárcel por haber extorsionado a un comerciante de la zona norte de Rosario mientras estaban apresados en la Unidad Penitenciaria Nº16 junto a otros cómplices.

Los condenados son Ignacio Andrada y Pablo Luján, quienes fueron acusados por el fiscal Ramiro González Raggio de haber cometido el delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. 

El caso se remonta desde el primero de julio de 2022 cuando una banda que operaba desde la cárcel de Pérez comenzó a mandarle mensajes a la víctima a través de whatsapp en la que lo amenazaban de muerte y exigían pagos de 500 mil pesos. 

Como el comerciante hizo caso omiso a las amenazas, los sospechosos atacaron a tiros su local de Cabassa al 1700. De la escena se secuestraron 15 vainas servidas y una nota con un número de teléfono para que se reanuden las conversaciones fraudulentas. 

Como las intimidaciones continuaron tras el atentado, la víctima cedió y les entregó 80 mil pesos en un descampado de Uriarte y Esquivel donde uno de los cómplices de los condenados, identificado como Axel R., pasó a retira los fondos. Asimismo, realizó dos transferencias por un total de 34 mil pesos a una cuenta a nombre de una mujer llamada Alejandrina F., por pedido de los reclusos. 

En ese marco, los investigadores rastrearon desde donde provenían las comunicaciones que recibía el comerciante y determinaron que eran enviados desde celulares en la Unidad Penitenciaria N°16. En un allanamiento, le secuestraron un teléfono que era usado en las amenazas a Andrada. 

Morena Rial se encuentra detenida en el penal de Magdalena, donde fue trasladada hace dos días, y este viernes su abogado, Martín Leiro, dio detalles sobre sus condiciones de alojamiento y compartió una carta escrita por su clienta.

Según explicó, la joven permanece en un sector apartado, con una cama de hormigón, un colchón ignífugo y bajo un régimen de comunicación restringido.

En un mensaje titulado “Yo, More Rial, comunico”, redactado en una hoja de anotador, la hija del conductor televisivo, Jorge Rial, señaló: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.

En esa misma línea, aclaró que no desea que su hijo Mateo la visite en la cárcel: “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, sostuvo, aunque remarcó que sus abogados gestionan la posibilidad de realizar videollamadas para mantener el vínculo.

Leiro, por su parte, relató que pasó cuatro horas con su defendida, a quien encontró “conmocionada y en llanto” luego de una comunicación telefónica con su padre. “Me dijo ‘Es la primera vez que hablo con papá’ desde que fue trasladada”, contó.

El letrado explicó también que Rial se encuentra en una celda que describió como un “monoambiente”, con ventana, frazadas y baño propio, distinta a un “buzón de aislamiento”. Asimismo, confirmó que la joven tuvo una extensa entrevista con la psicóloga del penal y volverá a ser atendida en los próximos días.

“Encontré a una Morena totalmente diferente a la que yo conozco. Estaba más tranquila y contenida”, aseguró Leiro, aunque remarcó que recién ahora la joven “toma real dimensión de lo que significa estar presa”.

El Gobierno de Santa Fe informó este sábado que las obras de construcción de pabellones en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda continúan avanzando y se encuentran en la etapa de hormigonado.

Se trata del proyecto que prevé la colocación de 72 celdas distribuidas en cuatro pabellones de aislamiento en el centro de la cárcel, con una extensión de 1300 metros cuadrados y un presupuesto que asciende a los 4800 millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, habló respecto a los trabajos y explicó: “Una obra compleja porque se desarrolla en el corazón del penal. Por eso se toman los mayores recaudos en coordinación con el personal penitenciario, y se busca dar celeridad a la ejecución”.

Por otro lado, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, afirmó que la obra “responde a una necesidad de seguridad" y subrayó: “Se trata de generar espacios adecuados para el aislamiento de internos que cometan faltas dentro de la cárcel, que sean violentos, que tengan problemas de convivencia o, en algunos casos, que sean de alto perfil”. 

El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó los flamantes uniformes del Servicio Penitenciario que fueron confeccionados por los mismos presos. 

Los ropajes de color gris fueron fabricados en los talleres que habían sido instalados en las cárceles en el marco del programa de “Manos a la Obra” que fue impulsado adentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en octubre del 2024 para que los internos trabajen desde sus lugares de reclusión.

En el acto se presentaron más de 3000 uniformes de los más de 6500 que se han realizado en los penales de Senillosa, Marcos Paz, Santa Rosa, entre otros.

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad precisó: “La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio financiado con el esfuerzo de los argentinos. Cada detenido debe contribuir con tareas productivas. El que no trabaja, no cobra”.

Una mujer fue detenida este mediodía tras intentar ingresar teléfonos celulares de manera oculta a la Unidad de Detención N°3 de Rosario.

Según indicaron las fuentes policiales, el hecho ocurrió en el sector de Seguridad Externa del Instituto Penitenciario ubicado en Zeballos al 2900, en el momento en que Laura Anabel P. fue sometida a una requisa de rutina cuando intentaba visitar a un interno. 

Durante el procedimiento, los agentes descubrieron que llevaba un teléfono celular marca Motorola en la botamanga izquierda de su pantalón. El dispositivo estaba envuelto en un trozo de tela blanca cosido de manera discreta para evitar su detección.

Ante la evidencia, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Matías Ocalis, quien ordenó la aprehensión de la mujer y el secuestro de dos teléfonos celulares en total. Posteriormente, Laura Anabel. P. fue trasladada a la Comisaría 2da, donde quedó a disposición de la Justicia. 

Personal de la Gendarmería Nacional realizó este martes otro allanamiento en la cárcel de Las Flores. En el procedimiento se secuestraron drogas como la cocaína o la marihuana, más de 30 celulares, entre otros elementos. 

La prisión ya había sido requisada el jueves de la semana pasada cuando encontraron más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio interno del lugar. Dicho evento causó que el Ministerio de Justicoa y Seguridad de Santa Fe la interviniera y desplazara a funcionarios de la cúpula, además de pasar a disponibilidad a seis celadores. 

Los procedimientos se realizaron en los pabellones 2,3,4,6 y 7 y en la Alcaldía transitoria. 

En esta ocasión, las autoridades secuestraron 34 teléfonos celulares, 12 chips, 13 pendrives, 884 elementos cortantes, 55 gramos de cocaína, 131 gramos de marihuana y semillas de la misma droga, 54 pipas artesanales, además de una planta de cannabis sativa. 

Personal de la Policía de Acción Táctica detuvo este lunes a un hombre y una mujer que arrojaron una bolsa con objetos a la cárcel de mujeres en la zona oeste de Rosario. 

La pareja se desplazaba en moto y fue aprehendida cerca de la Unidad Penitenciaria N°5, ubicada en Avenida 27 de Febrero al 7800. 

Tras las detenciones, los efectivos ingresaron a la cárcel para recuperar los objetos arrojados y comprobaron que la bolsa tenía un celular sin chip o tarjeta de memoria y dos zapatillas. 

Los sospechosos, identificados como Cristian G., y Mariel G., fueron trasladados a la Comisaría 32°. También se les secuestró la moto Honda Wave roja con la que se dirigieron al penal. 

El Gobierno de Santa Fe anunció que la Cárcel de Las Flores, ubicada en la capital provincial, fue intervenida luego de que encontraran marihuana en el patio de uno de los pabellón.

La medida fue tomada esta semana a raíz de una requisa encabezada por grupos de búsqueda y rastreo del Servicio Penitenciario santafesino, procedimiento que terminó con el hallazgo de una importante cantidad de estupefacientes dentro del penal.

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con la intervención del establecimiento penitenciario y apartó de sus funciones a su respectiva cúpula. Además, hay 6 celadores investigados que fueron pasados a disponibilidad.

Intervino en el caso la división de Asuntos Internos Penitenciarios.

Un recluso de la cárcel de Coronda oriundo de Rosario, identificado como Nicolás Emanuel Amarilla, fue imputado por extorsionar a comerciantes desde un celular entre noviembre del 2024 y enero de este año. 

Asimismo, su pareja, Yoana Fernández, fue imputada porque le brindaba información sensible de las víctimas al preso para llevar a cabo las amenazas. La misma había sido detenido durante un allanamiento en barrio Las Flores días atrás. 

En ese sentido, la jueza Melania Carrara le dispuso la prisión preventiva al recluso de 26 años, quien ya cumple una sentencia a seis años de prisión efectiva desde agosto de 2023.

En ese marco, el fiscal Federico Rébola argumentó la acusación sobre la base de múltiples escuchas telefónicas, entrevistas y entrecruzamientos de información. 

Una de las primeras extorsiones fue el 18 de noviembre fue a un local de barrio las Flores sur donde mediante una llamada le dijeron “que tenían a los pibitos afuera de la casa” para que les paguen entre 100 y 200 mil pesos por protección. 

Las amenazas se movieron al primero de diciembre cuando escogieron como blanco a una mujer de barrio Ludueña, a la que Amilla llamó haciendose pasar por miembro de una banda relacionada con Los Monos. 

En dicha llamada le dijeron que iba a tener que empezar a pagar porque el barrio era una zona “dominada” por la banda, pero la mujer le cortó la llamada. 

El último hecho ocurrió el 23 de enero cuando el recluso le recriminó a un comerciante de Funes por presuntamente haber echado a su pareja. 

Amarilla fue acusado por extorsiones en grado de tentativa y amenazas simples calificadas por ser anónimas. Por su parte, a Yoana Fernández se la imputó por extorsión en tentativa. 

A ambos se les fue dispuesta la prisión preventiva. A Amarilla sin plazos a Fernández por el plazo de la ley. 

A pesar de que el viernes 20 de diciembre se había inaugurado la cárcel federal de Coronda en un acto encabezado por la Ministra de seguridad Patricia Bullrich. El ministro santafesino de esa cartera, Pablo Cococcioni, precisó que el penal no dispone de reclusos y que los traslados recién comenzarán en marzo. 

El ministro provincial se refirió al traslado de los reclusos luego de que, tras mantener una reunión con el intendente de Santa Fe, Juan Carlos Poletti, le consultaran desde los medios sobre si los presos ingresados en la inauguración de la cárcel, permanecían retenidos. 

En ese marco, Cococcioni sostuvo: “Las conversaciones que mantuvimos incluían la particularidad de que la inauguración era formal. Después, sea cual haya sido la estrategia comunicacional de la Nación, y si la comparta o no, es cuestión se ellos”. 

“Pero se ha cumplido con la inauguración, con la idea de que la puesta en funciones va a darse alrededor de marzo; previa gestión de una serie de servicios y de cuestiones de infraestructura, logística, personal y demás. Ellos lo comunicaron de esa manera y de esa manera entendemos que sigue el plan”, precisó. 

En relación a los reclusos, aseveró que la prioridad será que la mayor cantidad de presos sean de la provincia de Santa Fe. Sólo si sobrara capacidad de alojamiento considerarían, se alojarán presos federalea de otras provincias. 

No obstante, señaló que no ven posible esa medida debido a que la nueva prisión sólo tiene una capacidad para 462 reclusos, cuando la provincia tiene hasta 680 presos federales. 

Personal del servicio penitenciario del Gobierno de la Provincia realizó requisas sorpresa en diferentes penales de Rosario y Santa Fe, derivando en el hallazgo de múltiples celulares y armas blancas.

En el marco de la época de Navidad y Año Nuevo, los procedimientos iniciaron este martes 24 de diciembre en la cárcel de Las Flores, donde se encontraron cuatro celulares con chip y trece elementos punzantes de fabricación casera en el pabellón  N°5. También se incautaron 20 litros de una bebida fermentada a base de frutas.

A su vez, días más tarde en la Unidad 6 de Rosario, el personal penitenciario halló este jueves 19 celulares, un pendrive y dos elementos punzantes. Luego, en la Unidad 3 de Zeballos y Richieri, se encontraron dos chip de teléfono, seis litros de una bebida, cuatro cuchillos y una resortera. Por último, en la Unidad Penitenciaria N°12 de Rosario también aparecieron 26 celulares, un reloj inteligente, un elemento punzante, otra resortera y 30 litros de la misma bebida a base de frutas que apareció en los demás establecimientos.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, habló al respecto de las acciones y explicó: “Con tantos feriados por el fin de año decidimos realizar este operativo sorpresivo y profundo para prevenir incidentes dentro del establecimiento durante las festividades”.

En la misma línea, la funcionaria consideró que “estas requisas forman parte de un plan estratégico que se lleva adelante de manera periódica para detectar y neutralizar cualquier amenaza, no solo buscamos preservar el orden en los establecimientos penitenciarios, sino también prevenir delitos que puedan ser organizados desde el interior de las cárceles”. 

Un hombre sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra de ampliación de una cárcel de la zona oeste de Rosario. 

El hecho ocurrió en el Complejo Penitenciario Rosario ubicado en 27 de Febrero al 7800, alrededor de las 15.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se generó cuando el hombre realizaba tareas de excavación dentro del predio para la edificación de cuatro pavellones destinados a contener 320 reclusos. 

Tuvo que ser atendido por una ambulancia del Sies y fue ingresado de urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por quemaduras en la cara y sus dos brazos. 

La hija de Roberto Rosales, un interno de la Cárcel de Coronda, denundió que su papá había fallecido y que fue enterrado sin que la institución penitenciaria les avisase lo que ocurrió. 

En el marco de la denuncia, se pide que se aclare cuál fue la causa del fallecimiento y el por qué los familiares no fueron informados de lo sucedido. 

En base a la información brindada por la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, la denuncia realizada por la hija fue hecha cuando familiares se enteraron de lo que pasó con el recluso por intermedio de otra persona. 

En ese sentido, la causa está siendo tramitada por la Unidad fiscal de Violencia Institucional, que ya solicitó informes y la recolección de testimonios. 

Según el Servicio Penitenciario, la institución trató de comunicarse con la familia mediante tres líneas telefónicas, para hacer la entrega del cuerpo pero al no podes contactarse, intervinó Defensoría y se lo enterró en Coronda. 

El recluso fue arrestado el mes pasado, más especificamente el 13 de junio, en Superí al 1900, adentro de un inmueble por personal de la Comisaría 10° donde también secuestraron una moto robada el 9 de junio en Juan B. Justo y Sánchez de Loria, en barrio 7 de Septiembre.