El menor de 16 años detenido como presunto cómplice del crimen de Ian Cabrera en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal fue blanco de un ataque incendiario en la cárcel. Según trascendió, otros presos le prendieron fuego el colchón de su pabellón y resultó ileso.

Se trata de N.C., imputado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, sindicado como un “estrecho colaborador” de Gino C., el tirador de 15 años, también detenido.

De acuerdo al medio Radio 2, el menor que había sido aprehendido en la ruta 11, a la altura de la localidad de Nelson, sufrió un incendio en el colchón donde dormía, dentro del pabellón juvenil de la Cárcel de Las Flores. El hecho fue cometido por otros reclusos. Sólo se registraron daños materiales.

En este contexto, la defensa de C. trabaja para impulsar una medida de relocalización, al considerar el ataque como una situación de riesgo para el adolescente. Cumple con un plazo de prisión preventiva por 90 días, según estableció el juez José Alberto Boaglio en la audiencia de formulación de cargos.

Un juez dictó una pena unificada de 16 años de prisión para Matías Tuttolomondo (39), considerado jefe de una banda narco que operaba búnkeres de comercialización de estupefacientes en la zona norte de Rosario desde el interior de la cárcel de Coronda, según informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por la jueza Patricia Álvarez en una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, tras un procedimiento de juicio abreviado presentado por el fiscal César Pierantoni y aceptado por las defensas de los acusados.

Tuttolomondo fue condenado por asociación ilícita y comercialización de drogas y ya cumplía una pena anterior de 11 años por otro fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 en 2022. A esa pena se sumaron 5 años de prisión efectiva y una multa, lo que determinó la pena total de 16 años de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Según la investigación fiscal, Tuttolomondo coordinaba la logística y distribución de cocaína y marihuana para su banda desde el pabellón 1 del penal de Coronda, incluso mientras estaba detenido.

Junto a él estaba su pareja, Andrea Soledad Alarcón, de 31 años, quien, según la fiscalía, gerenciaba la recepción y distribución de la droga, además de manejar pagos y disponer de bienes vinculados a la actividad criminal. Parte de sus funciones se evidenció en una operación de compraventa de una vivienda por 10 millones de pesos vinculada a su entorno.

Tuttolomondo también mantenía contacto con Maximiliano “Boli” Blanca, otro cabecilla de la banda que se encuentra preso cumpliendo condena por delitos como robos, estafas, usurpaciones y narcomenudeo, de acuerdo con la reconstrucción de la causa fiscal.

Además de la pena para Tuttolomondo, otros cuatro integrantes de la organización recibieron penas de ejecución condicional por su participación en la asociación ilícita:

Brenda Sofía Munaris y Rodrigo Alejandro Udi fueron condenados a 3 años de prisión condicional y multa, con reglas de conducta por un plazo de 2 años. Luz Milena Icazatti y Andrea Soledad Alarcón recibieron 3 años de prisión condicional.

Las resoluciones sobre los demás miembros de la organización implican que, si cumplen con las condiciones impuestas por la justicia, no deberán cumplir prisión efectiva, aunque seguirán sujetas a las reglas de conducta ordenadas por el tribunal.

La causa judicial estuvo centrada en una organización que, además de narcomenudeo, planificaba y ejecutaba extorsiones, amenazas coactivas y uso de armas de fuego en la zona norte de Rosario y barrios como Parque Casas y Nuevo Alberdi Oeste, según la fiscalía.

Dos hombres fueron sentenciados este martes a 10 años de cárcel por haber extorsionado a un comerciante de la zona norte de Rosario mientras estaban apresados en la Unidad Penitenciaria Nº16 junto a otros cómplices.

Los condenados son Ignacio Andrada y Pablo Luján, quienes fueron acusados por el fiscal Ramiro González Raggio de haber cometido el delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. 

El caso se remonta desde el primero de julio de 2022 cuando una banda que operaba desde la cárcel de Pérez comenzó a mandarle mensajes a la víctima a través de whatsapp en la que lo amenazaban de muerte y exigían pagos de 500 mil pesos. 

Como el comerciante hizo caso omiso a las amenazas, los sospechosos atacaron a tiros su local de Cabassa al 1700. De la escena se secuestraron 15 vainas servidas y una nota con un número de teléfono para que se reanuden las conversaciones fraudulentas. 

Como las intimidaciones continuaron tras el atentado, la víctima cedió y les entregó 80 mil pesos en un descampado de Uriarte y Esquivel donde uno de los cómplices de los condenados, identificado como Axel R., pasó a retira los fondos. Asimismo, realizó dos transferencias por un total de 34 mil pesos a una cuenta a nombre de una mujer llamada Alejandrina F., por pedido de los reclusos. 

En ese marco, los investigadores rastrearon desde donde provenían las comunicaciones que recibía el comerciante y determinaron que eran enviados desde celulares en la Unidad Penitenciaria N°16. En un allanamiento, le secuestraron un teléfono que era usado en las amenazas a Andrada. 

Morena Rial se encuentra detenida en el penal de Magdalena, donde fue trasladada hace dos días, y este viernes su abogado, Martín Leiro, dio detalles sobre sus condiciones de alojamiento y compartió una carta escrita por su clienta.

Según explicó, la joven permanece en un sector apartado, con una cama de hormigón, un colchón ignífugo y bajo un régimen de comunicación restringido.

En un mensaje titulado “Yo, More Rial, comunico”, redactado en una hoja de anotador, la hija del conductor televisivo, Jorge Rial, señaló: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.

En esa misma línea, aclaró que no desea que su hijo Mateo la visite en la cárcel: “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, sostuvo, aunque remarcó que sus abogados gestionan la posibilidad de realizar videollamadas para mantener el vínculo.

Leiro, por su parte, relató que pasó cuatro horas con su defendida, a quien encontró “conmocionada y en llanto” luego de una comunicación telefónica con su padre. “Me dijo ‘Es la primera vez que hablo con papá’ desde que fue trasladada”, contó.

El letrado explicó también que Rial se encuentra en una celda que describió como un “monoambiente”, con ventana, frazadas y baño propio, distinta a un “buzón de aislamiento”. Asimismo, confirmó que la joven tuvo una extensa entrevista con la psicóloga del penal y volverá a ser atendida en los próximos días.

“Encontré a una Morena totalmente diferente a la que yo conozco. Estaba más tranquila y contenida”, aseguró Leiro, aunque remarcó que recién ahora la joven “toma real dimensión de lo que significa estar presa”.

El Gobierno de Santa Fe informó este sábado que las obras de construcción de pabellones en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda continúan avanzando y se encuentran en la etapa de hormigonado.

Se trata del proyecto que prevé la colocación de 72 celdas distribuidas en cuatro pabellones de aislamiento en el centro de la cárcel, con una extensión de 1300 metros cuadrados y un presupuesto que asciende a los 4800 millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, habló respecto a los trabajos y explicó: “Una obra compleja porque se desarrolla en el corazón del penal. Por eso se toman los mayores recaudos en coordinación con el personal penitenciario, y se busca dar celeridad a la ejecución”.

Por otro lado, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, afirmó que la obra “responde a una necesidad de seguridad" y subrayó: “Se trata de generar espacios adecuados para el aislamiento de internos que cometan faltas dentro de la cárcel, que sean violentos, que tengan problemas de convivencia o, en algunos casos, que sean de alto perfil”. 

El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó los flamantes uniformes del Servicio Penitenciario que fueron confeccionados por los mismos presos. 

Los ropajes de color gris fueron fabricados en los talleres que habían sido instalados en las cárceles en el marco del programa de “Manos a la Obra” que fue impulsado adentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en octubre del 2024 para que los internos trabajen desde sus lugares de reclusión.

En el acto se presentaron más de 3000 uniformes de los más de 6500 que se han realizado en los penales de Senillosa, Marcos Paz, Santa Rosa, entre otros.

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad precisó: “La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio financiado con el esfuerzo de los argentinos. Cada detenido debe contribuir con tareas productivas. El que no trabaja, no cobra”.

Una mujer fue detenida este mediodía tras intentar ingresar teléfonos celulares de manera oculta a la Unidad de Detención N°3 de Rosario.

Según indicaron las fuentes policiales, el hecho ocurrió en el sector de Seguridad Externa del Instituto Penitenciario ubicado en Zeballos al 2900, en el momento en que Laura Anabel P. fue sometida a una requisa de rutina cuando intentaba visitar a un interno. 

Durante el procedimiento, los agentes descubrieron que llevaba un teléfono celular marca Motorola en la botamanga izquierda de su pantalón. El dispositivo estaba envuelto en un trozo de tela blanca cosido de manera discreta para evitar su detección.

Ante la evidencia, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Matías Ocalis, quien ordenó la aprehensión de la mujer y el secuestro de dos teléfonos celulares en total. Posteriormente, Laura Anabel. P. fue trasladada a la Comisaría 2da, donde quedó a disposición de la Justicia. 

Personal de la Gendarmería Nacional realizó este martes otro allanamiento en la cárcel de Las Flores. En el procedimiento se secuestraron drogas como la cocaína o la marihuana, más de 30 celulares, entre otros elementos. 

La prisión ya había sido requisada el jueves de la semana pasada cuando encontraron más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio interno del lugar. Dicho evento causó que el Ministerio de Justicoa y Seguridad de Santa Fe la interviniera y desplazara a funcionarios de la cúpula, además de pasar a disponibilidad a seis celadores. 

Los procedimientos se realizaron en los pabellones 2,3,4,6 y 7 y en la Alcaldía transitoria. 

En esta ocasión, las autoridades secuestraron 34 teléfonos celulares, 12 chips, 13 pendrives, 884 elementos cortantes, 55 gramos de cocaína, 131 gramos de marihuana y semillas de la misma droga, 54 pipas artesanales, además de una planta de cannabis sativa. 

Personal de la Policía de Acción Táctica detuvo este lunes a un hombre y una mujer que arrojaron una bolsa con objetos a la cárcel de mujeres en la zona oeste de Rosario. 

La pareja se desplazaba en moto y fue aprehendida cerca de la Unidad Penitenciaria N°5, ubicada en Avenida 27 de Febrero al 7800. 

Tras las detenciones, los efectivos ingresaron a la cárcel para recuperar los objetos arrojados y comprobaron que la bolsa tenía un celular sin chip o tarjeta de memoria y dos zapatillas. 

Los sospechosos, identificados como Cristian G., y Mariel G., fueron trasladados a la Comisaría 32°. También se les secuestró la moto Honda Wave roja con la que se dirigieron al penal. 

El Gobierno de Santa Fe anunció que la Cárcel de Las Flores, ubicada en la capital provincial, fue intervenida luego de que encontraran marihuana en el patio de uno de los pabellón.

La medida fue tomada esta semana a raíz de una requisa encabezada por grupos de búsqueda y rastreo del Servicio Penitenciario santafesino, procedimiento que terminó con el hallazgo de una importante cantidad de estupefacientes dentro del penal.

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con la intervención del establecimiento penitenciario y apartó de sus funciones a su respectiva cúpula. Además, hay 6 celadores investigados que fueron pasados a disponibilidad.

Intervino en el caso la división de Asuntos Internos Penitenciarios.

Un recluso de la cárcel de Coronda oriundo de Rosario, identificado como Nicolás Emanuel Amarilla, fue imputado por extorsionar a comerciantes desde un celular entre noviembre del 2024 y enero de este año. 

Asimismo, su pareja, Yoana Fernández, fue imputada porque le brindaba información sensible de las víctimas al preso para llevar a cabo las amenazas. La misma había sido detenido durante un allanamiento en barrio Las Flores días atrás. 

En ese sentido, la jueza Melania Carrara le dispuso la prisión preventiva al recluso de 26 años, quien ya cumple una sentencia a seis años de prisión efectiva desde agosto de 2023.

En ese marco, el fiscal Federico Rébola argumentó la acusación sobre la base de múltiples escuchas telefónicas, entrevistas y entrecruzamientos de información. 

Una de las primeras extorsiones fue el 18 de noviembre fue a un local de barrio las Flores sur donde mediante una llamada le dijeron “que tenían a los pibitos afuera de la casa” para que les paguen entre 100 y 200 mil pesos por protección. 

Las amenazas se movieron al primero de diciembre cuando escogieron como blanco a una mujer de barrio Ludueña, a la que Amilla llamó haciendose pasar por miembro de una banda relacionada con Los Monos. 

En dicha llamada le dijeron que iba a tener que empezar a pagar porque el barrio era una zona “dominada” por la banda, pero la mujer le cortó la llamada. 

El último hecho ocurrió el 23 de enero cuando el recluso le recriminó a un comerciante de Funes por presuntamente haber echado a su pareja. 

Amarilla fue acusado por extorsiones en grado de tentativa y amenazas simples calificadas por ser anónimas. Por su parte, a Yoana Fernández se la imputó por extorsión en tentativa. 

A ambos se les fue dispuesta la prisión preventiva. A Amarilla sin plazos a Fernández por el plazo de la ley. 

A pesar de que el viernes 20 de diciembre se había inaugurado la cárcel federal de Coronda en un acto encabezado por la Ministra de seguridad Patricia Bullrich. El ministro santafesino de esa cartera, Pablo Cococcioni, precisó que el penal no dispone de reclusos y que los traslados recién comenzarán en marzo. 

El ministro provincial se refirió al traslado de los reclusos luego de que, tras mantener una reunión con el intendente de Santa Fe, Juan Carlos Poletti, le consultaran desde los medios sobre si los presos ingresados en la inauguración de la cárcel, permanecían retenidos. 

En ese marco, Cococcioni sostuvo: “Las conversaciones que mantuvimos incluían la particularidad de que la inauguración era formal. Después, sea cual haya sido la estrategia comunicacional de la Nación, y si la comparta o no, es cuestión se ellos”. 

“Pero se ha cumplido con la inauguración, con la idea de que la puesta en funciones va a darse alrededor de marzo; previa gestión de una serie de servicios y de cuestiones de infraestructura, logística, personal y demás. Ellos lo comunicaron de esa manera y de esa manera entendemos que sigue el plan”, precisó. 

En relación a los reclusos, aseveró que la prioridad será que la mayor cantidad de presos sean de la provincia de Santa Fe. Sólo si sobrara capacidad de alojamiento considerarían, se alojarán presos federalea de otras provincias. 

No obstante, señaló que no ven posible esa medida debido a que la nueva prisión sólo tiene una capacidad para 462 reclusos, cuando la provincia tiene hasta 680 presos federales. 

Personal del servicio penitenciario del Gobierno de la Provincia realizó requisas sorpresa en diferentes penales de Rosario y Santa Fe, derivando en el hallazgo de múltiples celulares y armas blancas.

En el marco de la época de Navidad y Año Nuevo, los procedimientos iniciaron este martes 24 de diciembre en la cárcel de Las Flores, donde se encontraron cuatro celulares con chip y trece elementos punzantes de fabricación casera en el pabellón  N°5. También se incautaron 20 litros de una bebida fermentada a base de frutas.

A su vez, días más tarde en la Unidad 6 de Rosario, el personal penitenciario halló este jueves 19 celulares, un pendrive y dos elementos punzantes. Luego, en la Unidad 3 de Zeballos y Richieri, se encontraron dos chip de teléfono, seis litros de una bebida, cuatro cuchillos y una resortera. Por último, en la Unidad Penitenciaria N°12 de Rosario también aparecieron 26 celulares, un reloj inteligente, un elemento punzante, otra resortera y 30 litros de la misma bebida a base de frutas que apareció en los demás establecimientos.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, habló al respecto de las acciones y explicó: “Con tantos feriados por el fin de año decidimos realizar este operativo sorpresivo y profundo para prevenir incidentes dentro del establecimiento durante las festividades”.

En la misma línea, la funcionaria consideró que “estas requisas forman parte de un plan estratégico que se lleva adelante de manera periódica para detectar y neutralizar cualquier amenaza, no solo buscamos preservar el orden en los establecimientos penitenciarios, sino también prevenir delitos que puedan ser organizados desde el interior de las cárceles”. 

Un hombre sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra de ampliación de una cárcel de la zona oeste de Rosario. 

El hecho ocurrió en el Complejo Penitenciario Rosario ubicado en 27 de Febrero al 7800, alrededor de las 15.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se generó cuando el hombre realizaba tareas de excavación dentro del predio para la edificación de cuatro pavellones destinados a contener 320 reclusos. 

Tuvo que ser atendido por una ambulancia del Sies y fue ingresado de urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por quemaduras en la cara y sus dos brazos. 

La hija de Roberto Rosales, un interno de la Cárcel de Coronda, denundió que su papá había fallecido y que fue enterrado sin que la institución penitenciaria les avisase lo que ocurrió. 

En el marco de la denuncia, se pide que se aclare cuál fue la causa del fallecimiento y el por qué los familiares no fueron informados de lo sucedido. 

En base a la información brindada por la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, la denuncia realizada por la hija fue hecha cuando familiares se enteraron de lo que pasó con el recluso por intermedio de otra persona. 

En ese sentido, la causa está siendo tramitada por la Unidad fiscal de Violencia Institucional, que ya solicitó informes y la recolección de testimonios. 

Según el Servicio Penitenciario, la institución trató de comunicarse con la familia mediante tres líneas telefónicas, para hacer la entrega del cuerpo pero al no podes contactarse, intervinó Defensoría y se lo enterró en Coronda. 

El recluso fue arrestado el mes pasado, más especificamente el 13 de junio, en Superí al 1900, adentro de un inmueble por personal de la Comisaría 10° donde también secuestraron una moto robada el 9 de junio en Juan B. Justo y Sánchez de Loria, en barrio 7 de Septiembre. 

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich arribó este lunes a Santa Fe para supervisar las obras en la cárcel de Coronda y afirmó que estarán finalizadas para diciembre.

En diálogo con la prensa, la ministra se refirió a las tareas y adelantó: “La posibilidad de terminar esta cárcel será para el mes de diciembre”. 

En ese sentido, afirmó: “Las obras realizadas en este penal serán un aporte muy importante para mejorar la situación que venimos llevando adelante el Gobierno nacional y provincial en la lucha contra el crimen organizado”.

Luego, habló acerca de cómo será la ubicación de los reclusos en los distintos penales: “Es un aspecto que se discute a diario teniendo en cuenta que las condiciones que se presenten para mantener a los detenidos y que estos no delincan en las cárceles”. 

En ese marco, expresó que lo importante de las obras es que el “Gobierno puso en marcha una obra paralizada” y que “todo aquello que es necesario se está llevando adelante y que es "importante que la provincia tenga este penal para diciembre”. 

Más adelante, ahondó en que las obras que se llevan a cabo también podrán mejorar los procesos de rehabilitación: “Además de poder contar con un establecimiento penitenciario con todas las condiciones, esto nos va a permitir rehabilitar a todas aquellas personas en posición de reinsertarse en la sociedad”. 

Los trabajos en el único penal federal de la provincia prevén la construcción de una unidad capaz de alojar a 462 reclusos, en un predio alambrado que contará con calles internas asfaltadas que conectarán los distintos edificios externos e internos. 

Por otra parte, también se hará la edificación de edificios complementarios en los que funcionarán puestos de control, recintos de depósitos de agua y asistencia educativa, entre otras funciones. 

El Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, presentó junto a funcionarios de la cartera ante la Asociación Empresaria de Rosario (AER) el nuevo proyecto para construir una Cárcel de Alto Perfil. 

El ministro fue recibido por integrantes de Consejo Directivo, referentes de los Centros Comerciales Abiertos de Rosario y el presidente de AER, Ricardo Diab. 

En el marco del encuentro, Diab expresó: “Hace muchísimos años que desde la Asociación Empresaria nos preocupa y ocupa la seguridad”. 

“En los últimos tiempos, la ciudad vivió momentos de extrema gravedad por la inseguridad, en los cuales, por supuesto el sector que representamos se ha visto afectado”, agregó. 

Tras recibir el agradecimiemto del sector empresarial, Cococcioni, ahondó en el tipo de políticas de seguridad que se llevaron a cabo durante la gestión y señaló qué objetivos tiene el gobierno provincial acerca de la materia. 

Junto a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri y el secretario de la Unidad Ejecutora, Diego Leone, se brindaron detalles de la nueva cárcel próxima a construirse en Piñero. 

La unidad podrá alojar a 1152 reclusos, repartidos por 4 minipenales de 288 celdas cada uno. 

Según apuntaron, la edificación del complejo se hará en dos partes y la licitación comenzará en diciembre y se estima que la lbra dure entre 18 y 20 meses. 

Para finalizar, Diab relevó los puntos más importantes de la reunión y sentenció: “Observamos los resultados del inicio de la gestión de este Ministerio y si bien sabemos que los resultados concretos se verán en dos o tres años, entendemos que es de suma importancia conocer su rumbo y fundamentos y qué respuestas procuran dar a los problemas de la sociedad general”. 

La Justicia ordenó la prisión preventina para Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien continuará detenido como acusado por los delitos de amenazas, privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos víctimas y tenencia de estupefacientes.

La solicitud había sido realizada por el fiscal Raúl Villalba y fue concedida por el juez de garantías Gabriel Castro, al considerar que “subsisten los riesgos procesales”, según informaron fuentes judiciales.

A su vez, explicaron que esta resolución con la ampliación por tenencia de estupefacientes, «no modifica ni obstruye en forma alguna el instituto de la excarcelación extraordinaria oportunamente concedida».

Una semana atrás, el cantante de cumbia 420 recibió el beneficio de la excarcelación extraordinaria en suspenso con una caución de 20 millones de pesos, pero la fiscalía apeló alegando que la liberación del artista podría entorpecer la investigación de la causa.

Otra vez la violencia se apoderó de Rosario este miércoles al mediodía tras conocerse que la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario fue atacada a balazos. Según trascendió, el edificio conocido como Order, dos sicarios pasaron en moto y abrieron fuego frente a la cárcel y huyeron sin ser detenidos.

El atentado contra la institución ocurrió mientras salía un móvil de traslados del Servicio Penitenciario. No hubo heridos por las balas, aunque una mujer sufrió heridas por los vidrios que estallaron en el sector de oficinas y se constataron al menos cuatro impactos de bala contra la pared del lugar.

Vecinos de la zona contaron que se escucharon entre cinco y ocho tiros. Hasta el momento no se encontró ningún mensaje escrito intimidaroria, como ya ocurrió en otros hechos de estas características.

La Policía trabaja en el lugar en busca del material balístico. También fue comisionado personal de la Agencia de Investigación Criminal por orden del Ministerio Público de la Acusación.

A días de que se conozca la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, en las últimas horas trascendió que los ocho rugbiers serían trasladados a la cárcel de Sierra Chica.

De todas maneras, el abogado de los imputados Hugo Tomei habría pedido de manera extraoficial que sus defendidos sean derivados al penal de Campana, a la unidad 57, ya que se trata de una cárcel para jóvenes adultos, menores de 22 años en su mayoría.

También y como se mencionó en un comienzo del juicio oral, allí está alojado un joven Pertossi acusado de robo lo que permitiría que los familiares solo hagan un viaje y además tener a un conocido dentro del penal permitirá un mayor respaldo.

El nombre oficial es Unidad Penal N° 2, un establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Es una de las cárceles más antiguas del país ya que fue inaugurada antes de que se construya la localidad, el 4 de marzo de 1882.

Aloja unos 3.000 presos distribuidos en tres Unidades: N° 2, N° 38 (régimen semiabierto) y N° 27 (régimen semiabierto y abierto). Tiene forma de panóptico y posee 12 pabellones, con capacidad para 140 presos cada uno, y otros 4 que alojan hasta 60 internos.

Tiene talleres y cursos para que los presos puedan aprender y desempeñar un oficio: automotores, chapa y pintura, mecánica, herrería en general, carpintería metálica, recuperación de equipos informáticos, construcción de cepillos, talabartería, re tapizado de asientos de automóviles, fábrica de bloques y de baldosas, tapicería y carpintería.

Las celdas son de 3,75 metros de largo por 1,80 de ancho y 3,60 de alto. Son ocupadas por dos internos y tienen un inodoro. Estos últimos datos son interesantes ya que en el penal de Melchor Romero, donde estuvieron presos los rugbiers hasta el juicio oral tiene la mismas características.

Este miércoles 25 comenzaron los pedidos de condena por parte de la Querella y la Fiscalía. En esta ocasión al tratarse de una solicitada idéntica se estableció que los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, parte del equipo defensor de los papás de la víctima, expongan el mismo día.

Se pudo saber que ambos letrados pedirán prisión perpetua para los ocho acusados por igual motivo por el que se estima que los alegatos de esta fecha se extienda por varias horas.

El jueves 26 es el turno de la Defensa a cargo de Hugo Tomei. En esta ocasión el abogado pondrá sobre la mesa que el crimen de Fernando ocurrió durante una pelea motivo por el cual pedirá que las imputaciones sean «homicidio en riña o agresión».

Para este caso la condena va de seis años de cárcel como máximo y tres como mínimo. Asimismo se espera que Tomei pida la absolución para al menos uno de los acusados.

Después de la lectura de alegatos el Tribunal tiene cinco días para debatir. Se cree, según lo anunciado previamente, que la sentencia se dará a conocer el próximo martes 31 de enero.