La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La propuesta obtuvo media sanción con el respaldo de todos los presentes, incluidos los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, y ahora deberá ser debatida en Diputados para convertirse en ley.

El texto, elaborado por los ministerios provinciales de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública, propone un sistema de evaluación que clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar el riesgo se considerarán factores como amenazas de muerte, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento e incumplimientos de restricciones previas.

Según la gravedad de cada caso, la Justicia podrá disponer restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar, dispositivos de alerta y otras medidas de protección. En situaciones de riesgo alto o crítico, se establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y el agresor, además del posible retiro preventivo de armas y la aplicación excepcional de arrestos temporales ante determinados incumplimientos.

La iniciativa también busca simplificar las denuncias, garantizar la vigencia inmediata de las medidas de protección y crear un registro digital unificado para compartir información entre organismos estatales. Además, contempla asistencia jurídica, equipos interdisciplinarios especializados, protección para niños y adolescentes expuestos a la violencia y un fondo de emergencia para cubrir gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal y cambios de cerraduras.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la modificación del régimen de Zona Fría y dejó sin efecto el beneficio general que alcanzaba a Rosario y otras localidades del país incorporadas al esquema en 2021. La iniciativa fue sancionada por 38 votos a favor y ocho en contra y establece un nuevo esquema de acceso al descuento en las facturas de gas.

Con la reforma, el beneficio vuelve a concentrarse en las regiones históricamente incluidas en el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En Santa Fe, la medida impacta sobre Rosario y los departamentos General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano, con más de 550 mil hogares alcanzados por la quita según los datos consignados en el proyecto.

En el caso de Rosario, el impacto alcanza a 388.919 hogares. Si se consideran los siete departamentos del sur provincial incluidos en el esquema, el universo supera los 550 mil usuarios, equivalente a aproximadamente 1,76 millones de personas, mientras que desde sectores de la oposición cuestionaron el impacto que tendrá la modificación sobre las facturas de gas.

El nuevo esquema mantiene el beneficio para determinados hogares vulnerables, entre ellos aquellos cuyos ingresos se encuentren por debajo del límite establecido por la normativa, usuarios vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia. Para el resto de los usuarios que pierdan el descuento automático, el acceso a una tarifa diferencial quedará sujeto a los nuevos criterios de focalización.

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que establece sanciones para los cuidacoches en la vía pública y rechazó las modificaciones introducidas por Diputados, por lo que quedó vigente la versión aprobada originalmente.

La iniciativa alcanza a quienes, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezcan lugares para estacionar a cambio de dinero u otro beneficio, o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos.

El proyecto fue impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, quien sostuvo que la iniciativa surgió de los reclamos recibidos durante los últimos años. “Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas. De todos los nos dijeron ‘hagan algo con esto’”, afirmó. “No es una ley que nos hace felices, pero sí es dejar de ignorar el pedido de los santafesinos. Por eso esta ley la construimos, sobre todo escuchando”, agregó.

Seisas explicó que la norma no establece una prohibición automática para toda la provincia, sino que les da herramientas a los municipios que decidan avanzar en ese sentido. “La ley le dice a cada municipio: la provincia los acompaña. Ordenen su espacio y establezcan reglas, en respeto a sus autonomías. Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad. Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela”, señaló. Y remarcó: “Con esta ley no se termina nada, lo dijimos desde un principio, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación”.

Las sanciones previstas incluyen entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención. En caso de reincidencia, habrá arrestos de diez a veinte días, mientras que las penas se duplicarán cuando existan violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento tarifado, inmediaciones de eventos masivos o determinados sectores públicos y comerciales. Además, cuando exista organización o acuerdo previo entre dos o más personas habrá arresto, con un agravamiento para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores.

El senador también destacó que la ley contempla medidas para quienes llegaron a la actividad por una situación de necesidad. “La ley no le da la espalda a nadie que entró a este circuito por necesidad. Al contrario. Incluye una obligación al Poder Ejecutivo de implementar un abordaje integral de prevención, inclusión real y abordaje de consumos problemáticos”, sostuvo. Sobre el cambio que, según su punto de vista, tuvo la actividad en los últimos años, afirmó: “Lo que empezó como una changa de gente mayor buscando un rebusque sin molestar a nadie, hoy mutó a bandas organizadas que extorsionan e intimidan a vecinos profesionalizando el delito”.

Javier Milei encabezará este martes por la tarde una reunión en la Casa Rosada con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para defenir la estrategia parlamentaria de cara a una semana determinante para el oficialismo.

El encuentro se desarrollará desde las 17:30 y tendrá como principal objetivo alinear al oficialismo frente a los compromisos legislativos de los próximos días.

En la Cámara de Diputados, LLA y sus aliados buscarán avanzar este miércoles con al reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras propuestas acordadas con los bloques dialoguistas. El oficialismo necesita reunir los votos para conseguir la media sanción de los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

En el Senado, en tanto, el oficialismo convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. Entre los temas previstos aparecen varios tratados internacionales y 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal, entre los que se destacan Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para integrar la Cámara Federal porteña, que interviene en causas vinculadas a corrupción.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantiene negociaciones con los sectores aliados para garantizar los votos, aunque distintos bloques reclaman ampliar el temario. Con la reunión de este martes, Milei buscará ordenar y mantener el control de la agenda parlamentaria.

El oficialismo volvió a postergar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada en el Senado, tras no conseguir los votos necesarios para avanzar con uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa: la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, solicitó reprogramar el debate para la sesión del próximo 6 de agosto.

La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acumuló una serie de modificaciones desde la firma del dictamen, el  20 de mayo de este año. Durante las negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales circularon numerosas versiones del texto, aunque continuaron las diferencias tanto con los aliados como con el propio Gobierno respecto del alcance de la reforma.

Aunque La Libertad Avanza logró reunir el quórum mínimo de 37 senadores para comenzar la sesión, no obtuvo el respaldo suficiente para aprobar el proyecto. La principal controversia se vincula a la reforma de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la cantidad de hectáreas que pueden adquirir personas o empresas extranjeras y prohíbe la venta de terrenos con recursos hídricos estratégicos.

El último borrador mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras y establece que las empresas con participación estatal de otros países solo podrán hacerlo con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional. Ese mismo requisito se aplicaría para las compras en zonas de frontera, donde además regiría el mecanismo de silencio administrativo si las autoridades no responden dentro del plazo previsto.

La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que jurará este viernes como senadora nacional, se reunió este jueves con los legisladores libertarios que integrarán el nuevo bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. La funcionaria quedará al mando del espacio parlamentario a partir del 10 de diciembre, en lugar del jujeño Ezequiel Atauche.

Tras la amplia victoria del 26 de octubre pasado, Bullrich compartió en redes sociales una foto de la reunión con un contundente mensaje: “El 10 de diciembre cambia la fuerza, cambian las prioridades y empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos”.

Reunión del próximo bloque de Senadores de LLA.El 10 de diciembre cambia la fuerza, cambian las prioridades y empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos. pic.twitter.com/WOMKn6uZfC

La designación de la ex ministra de Seguridad, llega en un clima tenso dentro del Senado, donde la conducción de Victoria Villaruel es cuestionada. La vicepresidenta es acusada por sectores del oficialismo por alejarse de las directivas políticas de la Casa Rosada.

El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos que el presidente Javier Milei había impuesto sobre la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. La negativa ya había sido respaldada en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei había centrado su justificación sobre la aplicación de los vetos en el "riesgo de desequilibrio fiscal" que presuntamente significaban ambas normas para la economía.

La ley de emergencia pediátrica, que apunta principalmente al hospital Garrahan, prevé la reasignación prioritaria de partidas hacia la salud infantil. El texto incluye fondos para la compra de insumos, mejoras de infraestructura hospitalaria y aumentos en la remuneración de médicos y residentes. En la votación de este jueves obtuvo un fuerte respaldo con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

Por su parte, la ley de financiamiento universitario garantiza la actualización de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales en base a la inflación acumulada en 2023 y 2024, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes retroactiva a diciembre pasado en línea con el IPC. La insistencia del Senado logró 58 votos positivos, 7 en contra y 4 abstenciones.

Al superar en ambas cámaras la mayoría de dos tercios requerida, los proyectos quedan firmes y el veto presidencial pierde validez. Ahora resta que el Poder Ejecutivo los promulgue y libere los fondos destinados tanto a las universidades como al sistema pediátrico.

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con 56 votos positivos, ocho en contra y dos abstenciones. 

La iniciativa propone que los DNU tendrán un plazo de corrido de 90 días para ser aprobados sin excepción y con mayoría absoluta por parte del Senado y Diputados. Asimismo, los decretos perderían validez si una de las Cámaras los rechaza.

Otro de los detalles que se desprende del texto es que los decretos propuestos tendrán que referirse a un área en particular para evitar la mezcla de distintos temas en una sola propuesta. 

Se definirá en Diputados la aprobación o rechazo de esta ley, que modifica la 26.122 que había impulsado Cristina Kirchner en 2006, que establece que con sólo el respaldo de uno de los cuerpos quedaría firme un DNU. 

La Cámara de Senadores rechazó este jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad del presidente Javier Milei con 63 votos positivos y siete negativos. 

El texto aprobado establece la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 con la posibilidad de extenderla hasta el 2027. Además, la norma actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En cuanto a las pensiones por invalidez laboral vigentes, pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un plan de atención médica. Asimismo, la ley plantea la regularización de deudas del sistema de salud con los prestadores.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),  la medida implicaría un impacto fiscal  del 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, dado que Diputados no logró insistir con el aumento de las jubilaciones. 

El Senado rechazó cuatro decretos del Gobierno ligados a la desregulación de organismos públicos y otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ya habían sido previamente desactivados en Diputados la semana pasada. 

Cuatro de las cinco medidas rechazadas habían sido impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, e implicaban modificaciones en el Banco Nacional de Datos Genéticos; al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y de Vialidad Nacional.  

En tanto, el DNU proponía profundos cambios en la Marina Mercante, que fue desactivado con 55 votos en contra, 13 a favor y tres abstenciones. 

En ese sentido, las modificaciones sobre el Banco de Datos Genéticos fueron rechazas con 58 votos a favor, 12 en contra y una abstención. 

La disolución de Vialidad Nacional fue rechazada con 50 votos, sólo apoyada con 10, más una abstención.

En tanto, los cambios en el INTI y el INTA tuvieron 60 votos en contra de la medida de Nación, nueve a favor y una sola abstención. 

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional. La iniciativa obtuvo 55 votos afirmativos y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto contempla una serie de medidas referidas a derechos, accesibilidad y asistencia integral a personas con discapacidad, en un contexto marcado por recortes presupuestarios y demoras en los pagos de prestaciones en distintas áreas del sistema de salud y protección social.

“Esta ley de emergencia en discapacidad mínimamente busca darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento” afirmo el senador Luis Juez durante el debate, y agregó: "alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir”.

En esa misma línea, el legislador señaló: "El problema es que los hijos son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, señalando la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo”.

Juez relató el caso de su hija Milagros, quien tiene parálisis cerebral y advirtió sobre las dificultades que se afrontan para acceder a los tratamientos aun contando con una prepaga.

La sanción de la emergencia fue celebrada por  organizaciones de la sociedad civil, familiares y referentes del sector, que desde hace meses advierten sobre una situación de desprotección crítica. Entre los reclamos figuran demoras en pagos a transportistas, prestadores de apoyo y terapias, además de dificultades en el acceso a insumos y tratamientos básicos.

Bloques opositores en el Senado lograron dar quórum para habilitar una sesión y así tratar múltiples proyectos de ley relativos al aumento de las jubilaciones o la declaración de emergencia en discapacidad. 

La sesión especial fue habilitada alrededor de las 14.00 con la presencia de 42 legisladores. No obstante, la convocatoria fue repudiada por el oficialismo debido a que la reunión fue llamada por los opositores y no tuvo el aval de la presidente de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel. 

Desde el Gobierno aseguraron que para que exista una auto convocatoria se debe dar un quórum especial con la presencia de los dos tercios de los Senadores. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la medida como un “golpe institucional” en nombre del Gobierno. 

"Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”, aseguró.

En contrapunto, el senador opositor José Mayans argumentó que sólo con la mitad más uno de los presentes se podía iniciar el debate al tratarse de una sesión ordinaria, y que sólo se necesita la mayoría especial para el tratamiento sobre tablas de los distintos proyectos. 

Así las cosas, tras más de una hora de debate, desde la oposición avanzaron con el debate del proyecto para aumentar las jubilaciones con una mayoría simple. 

En tanto, La Libertad Avanza advirtió que impugnaran los textos que se aprueben y que derivarán todo a la Justicia.

Este jueves, la Legislatura santafesina llevó adelante su tradicional sesión preparatoria para definir las autoridades parlamentarias. En Diputados, Clara García (Unidos-Partido Socialista) fue revalidada como presidenta, acompañada de José Corral (Unidos-UCR) como vicepresidente primero y Sonia Martorano (PJ) en la vicepresidencia segunda.

Durante la sesión en Diputados, el bloque Somos Vida y Familia, encabezado por Amalia Granata, votó en contra de las designaciones. "Las minorías no son escuchadas y no se respeta el voto popular", expresó la legisladora en su intervención, al tiempo que planteó que su espacio debía ocupar la vicepresidencia segunda.

Por otra parte, el Senado provincial confirmó la continuidad de Felipe Michlig (UCR-Unidos) como Presidente Provisional, secundado por Osvaldo Sosa, del departamento Vera, como vicepresidente primero, y Leticia Di Gregorio, de General López, como vicepresidenta segunda.

Asimismo, se definieron los días y horarios de las sesiones ordinarias: serán los jueves a las 15 y los viernes a las 10.

También, la Legislatura definió la fecha para la primera sesión ordinaria del año, que será el próximo 1° de mayo a las 9:30. Ese mismo día, a las 10:30, tendrá lugar la Asamblea Legislativa con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, quien expondrá su mensaje de apertura del nuevo período.

Tras una sesión que duró más de seis horas, el Senado de la Nación rechazó los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos habían sido propuestos por el presidente Javier Milei, pero la falta de consenso truncó sus postulaciones.

El debate en la Cámara Alta se llevó adelante en un contexto de fuertes críticas hacia el procedimiento utilizado para la designación de los magistrados. Legisladores de distintas bancadas criticaron al Ejecutivo por la manera en que propuso a los candidatos, que ocurrió mediante un decreto en el mes de febrero.

Tras un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo, el Senado logró alcanzar el quórum necesario para debatir los pliegos. No obstante, la oposición en su conjunto consideró que las postulaciones no contaban con el respaldo suficiente para ser aprobadas.

El debate comenzó pasadas las 14:15 con la senadora kirchnerista Silvia Sapag presidiendo la sesión, en reemplazo de Victoria Villarruel, quien no participó debido al viaje de Milei a Estados Unidos. Tampoco estuvo presente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien evitó dar quórum.

En total, 38 senadores habilitaron el inicio de la discusión. Entre ellos, Alfredo De Angeli y Victoria Huala del PRO, así como Martín Lousteau y Pablo Blanco de la UCR. Además, se sumaron Francisco Paoltroni y 33 legisladores del kirchnerismo. La mayor parte del radicalismo se mantuvo al margen, con la excepción de Lousteau y Blanco.

El pliego de Ariel Lijo obtuvo 27 fotos a favor, 43 en contra y una abstención. Por su parte, la postulación de García-Mansilla fue rechazada con 51 votos negativos y 20 afirmativos. Ambos requerían el apoyo de dos tercios de los senadores presentes para ser aprobados, número que no lograron alcanzar. 

La Cámara de Senadores de la Nación comenzó a este jueves a las 14 una sesión especial para debatir sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia que fueron propuestos por el Gobierno.

El debate comenzó luego de que 37 senadores dieran el quórum. De entre esos legisladores, 32 pertenecen a la oposición; dos a la Unión Cívica Radical, que son Martín Lousteau y Pablo Blanco; los otros dos, Alfredo De Angeli y María Victoria Huala, son del PRO, y Francisco Paoltroni, anteriormente afiliado a La Libertad Avanza. 

Los pliegos necesitan la aprobación de al menos dos tercios de los senadores para prosperar en caso de que estuvieran todos los legisladores en sus bancas; y sólo 25 votos negativos para que sus candidaturas sean rechazadas. 

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó de manera definitiva un proyecto que impide la designación de familiares en cargos públicos por herencia. La norma busca erradicar el nepotismo y garantizar mayor transparencia en la administración estatal.

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena Sola, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 2024. Posteriormente, el gobernador Maximiliano Pullaro habilitó su tratamiento en sesiones extraordinarias y, tras dos preferencias en el Senado, finalmente obtuvo sanción definitiva.

Durante el debate legislativo, el senador Felipe Michlig destacó la importancia de esta medida al afirmar que "este proyecto representa un paso significativo hacia una administración pública más justa y transparente".

La nueva ley establece que no se podrá otorgar cargos preferenciales a familiares directos de empleados públicos que fallezcan o se jubilen. Con esta regulación, se busca eliminar beneficios que permitieron la asignación de puestos sin un proceso de selección basado en el mérito y la capacidad.

"Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen y atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", manifestó Sola.

En este sentido, la norma pone fin a cláusulas de convenios colectivos de trabajo, como la de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que garantizaba el ingreso automático de familiares directos de los empleados. 

La Cámara de Senadores, tras impedir que se creara una comisión para investigar la polémica del presidente Javier Milei con la criptomoneda $LIBRA, sancionó el proyecto que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO), para este 2025. 

La iniciativa prosperó en el Senado con 43 votos a favor -de los 37 que necesitaba-, mientras que obtuvo 20 en contra y 6 abstenciones. 

A nivel nacional, los ciudadanos deberán votar solamente en las elecciones generales de octubre. No obstante, en la provincia de Santa Fe, se deberá asistir a los comicios tanto a las primarias y convencionales reformadoras de la Constirución del 13 de abril como a las generales del 29 de junio. 

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Alejandra de Vigo de Córdoba, esgrimió los argumentos en los que se basó el oficialismo para impulsar la eliminación o suspensión de las PASO. 

Entre ellos, se expuso que la no realización de esta clase de comicios significan un ahorro de 150 millones de dólares. A su vez, los partidos políticos tendrán total libertad para depurar sus internas, aunque es un accionar que ya contempla la Ley de Partidos Políticos actual. 

Pablo Bensusán, del Frente de Todos, precisó que a su parecer el Congreso le está errando al tratar la suspensión de dichas elecciones: “¿Les parece que con la crisis que están viviendo los argentinos, estemos tratando la suspensión de las PASO en extraordinarias?”, se cuestionó. 

Maximiliano Abad, reconoció que a su parecer hay que reconsiderar el uso de las PASO ante ausencia de competencia en los partidos y bajar el gasto. No obstante, se manifestó en contra de la iniciativa oficialista porque “circunscribir el debate al plano económico implica ponerle precio a la democracia”.

“Remover un sistema que funciona y legitima la representación política colocando a los electores en el centro de la escena, nos deja en un panorama de retroceso en términos institucionales”, sostuvo.. 

Por su parte, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, apuntó: “Desde 2011 sólo hubo diez agrupaciones que derimieron internas políticas: el 40% sólo obtuvo el 1,5% para calificar a las Generales, es un abuso del sistema y ningún otro país de la región tiene PASO”. 

La Cámara de Senadores, en medio de una tensa y maratónica sesión por la suspensión de las PASO, rechazó la conformación de una comisión para investigar la polémica con la criptomoneda $LIBRA en la que se vio envuelto el presidente Javier Milei. 

En un principio, la propuesta fue presentada por parte de la Unión Cívica Radical, a través del senador Pablo Blanco, y del Pro, mediante Guadalupe Tagliaferri. La misma obtuvo su aprobación para tratarla en el recinto con 53 votos a favor y 17 en contra. 

A pesar del apoyo inicial que recibió la iniciativa, que fue acompañada por la oposición, al punto de que José Mayans, del Partido Justicialista por Formosa aclaró sobre la comisión: “Que se sepa que ya está conformada”. En un suceso inédito, legisladores que aprobaron el tratamiento de la medida, luego votaron en contra y evitaron que la creación de la comisión no prosperara, al sólo obtener 47 votos positivos contra 23 negativos. 

Entre ellos se encontraba Eduardo Vischi, titular de la UCR, cuyo voto habilitó el debate del proyecto mas no acompañó en la sanción de la mismo. 

El proyecto para la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y podrá debatirase la próxima semana en el recinto. 

Entre el oficialismo y los opositores dialoguista se alcanzaron once de las 19 firmas posibles entre los legisladores presentes para lograr el aval. No obstante, tres de esos once votos fueron en disidencia. 

Para que la ley pueda debatirse con propiedad en la Cámara Alta se deberá lograr la aprobación de 37 senadores y la misma cantidad de votos para la media sanción al tratarse de una ley electoral. 

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este miércoles con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, junto a bloques dialoguistas de la Cámara Alta para definir el temario a tratar en las sesiones extraordinarias. 

En ese sentido, de acuerdo a lo constatado por Infobae, Francos precisó que el Gobierno tiene como máxima prioridad a tratar en esas sesiones, la eliminación o suspensión de las PASO. 

Según un miembro partícipe de dicha reunión, por los tiempos, el proyecto sobre las PASO es lo “más importante para el Gobierno”. No obstante, subrayó que “hay una postura más cercana a la suspensión que a la eliminación". 

En la agenda también incluyeron para tratar proyectos como el de Ficha Limpia, que debe volvera ingresar a Diputados o la Ley Antimafias, que ya fue aprobada por los legisladores de la Cámara Baja. 

Además del Jefe de Gabinete y la Vicepresidenta, asistieron funcionarios del Gobierno y los legisladores Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Pablo Blanco de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Goerling y Alfredo De Ángeli del PRO, y Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza (LLA).