La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, pero incorporó modificaciones que mantienen los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en una sesión en la que el oficialismo necesitó el respaldo de sus aliados para avanzar.

El principal cambio fue la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El capítulo que conserva esa regulación fue aprobado con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, y deja sin efecto la derogación que había dispuesto el artículo 154 del DNU 70/2023.

La modificación llegó después de distintos pronunciamientos judiciales sobre la vigencia de la norma. La Corte Suprema había revocado un fallo que declaró inconstitucional su derogación al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para presentar ese reclamo. Posteriormente, el máximo tribunal suspendió de manera cautelar la derogación en otra causa promovida por una organización ambiental, aunque todavía no resolvió la cuestión de fondo.

El proyecto también introduce cambios en los procedimientos de expropiación: exige una declaración específica de utilidad pública y el pago previo de una indemnización calculada según el valor de mercado del inmueble, incluido el lucro cesante. Además, contempla procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar los desalojos, un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad y modificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble. Debido a los cambios incorporados, el texto deberá volver al Senado para su revisión.

La Cámara de Diputados aprobó con 249 votos el emplazamiento de las comisiones para comenzar a discutir la prórroga de la Ley 27.793, que establece la emergencia en discapacidad, con la intención de extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) destacaron la decisión y volvieron a plantear la necesidad de que el Congreso sostenga las prestaciones y las políticas vinculadas al sector. Su presidenta, Mariel Chapero, resumió el pedido: “La emergencia en discapacidad continúa. Necesitamos el compromiso de legisladores”.

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El debate tendrá una primera instancia informativa conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12. Luego, el 23 de septiembre, está previsto un nuevo encuentro para intentar avanzar con el dictamen. El oficialismo, por su parte, sostiene que la normativa vigente ya está cumplida y que trabaja en una propuesta de carácter permanente.

La misma sesión permitió destrabar el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento de cerca de seis millones de personas. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre y buscarán emitir dictamen el 29.

En cuanto a discapacidad, Chapero remarcó que la ley constituye “un marco legal necesario” y aseveró: “Reivindicamos y solicitamos la prórroga y ampliación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad como garantía de derechos”.

Los diputados nacionales de la UCR por Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, impulsaron una reforma del Código Penal para aumentar las penas por homicidios y lesiones provocados al volante y crear un delito específico para quienes conduzcan con alcohol en sangre.

El proyecto busca separar las infracciones administrativas de aquellas conductas que, por el nivel de riesgo generado, deberían tener una respuesta penal.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia”, explicó Verasay. La propuesta establece además que quienes provoquen muertes o lesiones graves en determinadas circunstancias deberán afrontar penas de prisión efectiva e inhabilitación para conducir, en lugar de condenas que puedan ser cumplidas en libertad.

La iniciativa también apunta a situaciones como la fuga del lugar de un siniestro y el incumplimiento de los límites de velocidad. “Queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, sostuvo la legisladora radical. En la actualidad, según los autores del proyecto, conducir bajo los efectos del alcohol no constituye por sí mismo un delito penal y generalmente queda encuadrado como una infracción de tránsito.

Por último, Verasay y Nieri proponen modificar el régimen de prescripción para evitar que una condena pueda quedar sin efecto mientras es revisada por tribunales superiores. El proyecto establece que una sentencia que confirme la condena interrumpa el plazo de prescripción, para que el paso del tiempo durante las sucesivas instancias judiciales no termine suprimiendo la pena.

La Cámara de Diputados no logró avanzar este martes con la sesión especial convocada para tratar la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.

La oposición reunió 117 legisladores en sus bancas, pero no alcanzó el mínimo de 129 requerido para iniciar el debate, por lo que el encuentro fue levantado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El bloque de Unión por la Patria aportó a sus 93 diputados, mientras que también participaron representantes del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y varios integrantes de Provincias Unidas.

Por otra parte, ningún diputado de La Libertad Avanza ocupó su banca para la sesión. Tampoco lo hicieron los legisladores del PRO, gran parte de la UCR, el MID, Por Santa Cruz y la mayoría de los integrantes de Innovación Federal.

Mientras tanto, Adorni mantuvo una reunión con el bloque de senadores libertarios para coordinar la estrategia parlamentaria ante los intentos opositores de avanzar con una interpelación también en la Cámara alta.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles por la mañana su primera presentación de un informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Fue en el marco de un clima intenso en el Congreso, con disputas entre legisladores oficialistas y opositores.

El presidente Javier Milei estuvo presente en uno de los palcos del Congreso junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno.

Adorni ingresó a las 10:45 ante el aplauso de un sector del recinto y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le dio la palabra. El discurso se extendió por más de una hora y media, prolongado por una serie de interrupciones por gritos de apoyo de diputados oficialistas y de reclamo por parte de aquellos bloques opositores.

Durante su elocución, el funcionario hizo un balance sobre diferentes aristas de la gestión de Milei, con números sobre la actualidad en materia de economía, salud, justicia y seguridad, apartado en el que mencionó a Rosario.

En este sentido, puso de ejemplo a la ciudad y destacó que "gracias al Plan Bandera se redujeron los asesinatos un 70 por ciento en dos años", estableciendo una comparativa con las estadísticas de 2023. "La Chicago argentina pasó de ser una de la ciudades más violentas del continente a poder recibir cada vez más turistas", agregó.

Otro de los temas que tomó protagonismo durante la sesión en torno a Adorni fueron los cuestionamientos por sus viajes al exterior, el vuelo de su esposa en el avión presidencial, su patrimonio y los presuntos contratos con el periodista Marcelo Grandio. “Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el público, y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. No son comparables, he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que he realizado con mi familia”, aclaró.

En la misma línea, consideró que “las declaraciones que se realizaron son tendenciosas y falsas" respecto a las polémicas, y expresó: "Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública, nunca existió ocultación alguna de mis bienes. Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero”. 

“Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata  sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Han sacado conclusiones equivocadas, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, sentenció el jefe de Gabinete, quien luego responderá preguntas de los diputados presentes.

El Gobierno nacional consiguió la aprobación de la modificación a la Ley 26.639  de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial este jueves por la madrugada, tras la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados.

La votación se produjo en el marco de una sesión que se extendió por casi 12 horas en el Congreso y finalizó a las 2:30, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Entre los bloques que dieron luz verde junto a La Libertad Avanza  figuran los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Unidos y diputados de Adelante Buenos Aires, Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Elijo Catamarca, entre otros.

El proyecto, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei dentro del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), volvió a ser tratado en el recinto después de la media sanción en el Senado del pasado 26 de febrero, cuando obtuvo 40 votos positivos, 31 en contra y una abstención.

Con la reforma de la normativa, sancionada en 2010, el Ejecutivo nacional busca readaptar el alcance de las áreas ambientales protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en zonas periglaciares. De este modo, elimina el blindaje sobre estos sitios y transfiere facultades de determinar los límites de protección a las provincias. También promueve la creación del Inventario Nacional de Glaciares, ente que queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Durante la sesión, se registraron incidentes en las afueras del Congreso entre la policía e integrantes de organizaciones sociales, partidos opositores al oficialismo y manifestantes ambientalistas que reclamaron contra el proyecto frente al Palacio Legislativo. Hubo al menos un detenido.

Con el comienzo del nuevo período legislativo, el diputado provincial Martín Rosúa asume la Presidencia de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, dando inicio a una etapa orientada a consolidar una agenda de trabajo firme, responsable y enfocada en resultados.

La seguridad pública constituye uno de los desafíos más relevantes para la provincia y exige una conducción institucional activa, capaz de promover reformas, evaluar políticas vigentes y generar herramientas legislativas acordes a la complejidad del contexto actual.

Desde la Presidencia, Rosúa propone fortalecer el rol de la Comisión como ámbitoestratégico dentro del proceso legislativo, impulsando iniciativas que articulen prevención, modernización normativa y coordinación interinstitucional. El objetivo es avanzar en políticas públicas sostenibles, con perspectiva territorial y basadas en evidencia.

Asimismo, se promoverá una dinámica de trabajo abierta y técnicamente sólida, convocando a especialistas, representantes de fuerzas de seguridad, autoridades judiciales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de enriquecer el debate parlamentario y fortalecer la calidad normativa.

El inicio de esta nueva etapa reafirma el compromiso de ejercer la Presidencia con responsabilidad institucional, promoviendo consensos amplios y decisiones que contribuyan a mejorar la capacidad del Estado provincial y así dar continuidad al excelente trabajo realizado durante la presidencia de Ximena García.

La Cámara de Diputados aprobó en general este viernes por la madrugada la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, tras una extensa sesión en el Congreso de la Nación. Ahora, el proyecto vuelve al Senado con la posibilidad de ser sancionado definitivamente.

Una semana después de la media sanción por parte de los senadores, los legisladores de la Cámara Alta dieron quórum este miércoles desde las 14:00 y pusieron en marcha un debate que se extendió hasta pasada la medianoche. En la votación, hubo 135 votos a favor que se impusieron a los 115 en contra. No hubo abstenciones.

La sesión se llevó a cabo en el marco de un nuevo paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), complementado por manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales en el exterior del edificio legislativo, así también como en otros puntos del país.

De esta manera, la reforma laboral quedó a un paso de la sanción. El Senado deberá ratificar o rechazar la eliminación del artículo 44, el cual proponía que, en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50 o 75 por ciento de su salario. Finalmente, el Ejecutivo nacional rectificó y la desestimación de la normativa demorará el proceso una instancia más.

Las inmediaciones del Congreso de la Nación son escenario de múltiples incidentes entre manifestantes que están en contra de la reforma laboral y la Policía que hizo aplicar el protocolo antipiquetes, en medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Hasta el momento, hubo al menos doce detenciones y el Ministerio de Seguridad impulsó una denuncia contra los causantes de disturbios en el Acceso Oeste en la Ruta Nacional N° 7.

La medida de fuerza de 24 horas que fue llamada por la CGT partía de la premisa que era sin movilización, pues dentro de sus expectativas, estaba la de que “no haya nadie en la calle”. No obstante, otros sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), entre otros, habían adelantado que se iban a concentrar cerca del Palacio Legislativo. 

Llegado el día en el que ya era inminente el tratamiento de la iniciativa oficialista, se destacó la llegada de distintas organizaciones al Congreso, como el Polo Obrero, gremios docentes, el Partido Obrero, entre otros protestantes pertenecientes a agrupaciones o autoconvocados. 

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad, entre las que estaban la Policía de la ciudad de Buenos Aires, la federal y Gendarmería, vallaron los accesos al histórico edificio. 

A lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde hasta las 16, las marchas se desarrollaron en paz y sin intervención de las autoridades. En ese contexto, dirigentes de la CGT lanzaron una conferencia de prensa en la que respaldaron al medida de fuerza.

En ese sentido, destacaron el rol de los gremios que adhirieron: “Han llevado adelante esta medida y este derecho constitucional de los trabajadores de ejercer el derecho a huelga”. A renglón seguido, aseguraron que el cese de actividades había sido ”de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida". 

A pesar del clima de aparente calma en el que se desarrollaba la jornada, pasadas las 16 se registraron los primeros incidentes cuando manifestantes se acercaron a las vallas dispuestas por la Policía y comenzaron a tirar proyectiles como botellas o palos en Rivadavia y Calleo. 

Dichas agresiones desataron la respuesta policial, que atacaron a los manifestantes con los camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Tras esos enfrentamientos, según lo consignado por Infobae, la Policía de la Ciudad bloqueó el acceso a arterias que permitían evacuar la Plaza del Congreso bajo “razones de orden público”, de acuerdo a los argumentos brindados por los uniformados. 

De esa manera, efectivos coparon las calles Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay para que no se pueda acceder desde Rivadavia a Mitre, lo que dificultaba el paso de aquellos que quisieran alejarse de la Plaza del Congreso

Pasadas las 18, se sucedió otro llamativo enfrentamiento cuando manifestantes tiraron dos vallas del operativo, por lo que tuvieron que dispersar a los disidentes con el camión hidrante. A raíz de esos hechos, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Motorizada aplicaron el protocolo antipiquetes, rompieron parte del vallado y comenzaron a dispersar y detener a protestantes. 

Con la intervención de las fuerzas, los manifestantes fueron retirados de la Plaza del Congreso y mediante el avance de la Policía de la Ciudad, los recluyeron hasta la 9 de Julio. 

En medio de ese operativo, los policías detuvieron a cinco sujetos en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo por cometer un robo bajo la modalidad piraña contra una persona en la mencionada plaza. Entre los aprehendidos había dos menores de edad, uno tenía 17 años y era buscado por la Justicia por tentativa de robo en agosto del 2025. 

Asimismo, se supo que la PFA detuvo a dos hobres y dos mujeres, mientras que la Policía de la Ciudad arrestó a tres hombres por causar daños y resistirse a la autoridad. En total, hay al menos doce detenidos. 

Finalmente, se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación denunció ante la Justicia Federal lo ocurrido en el Acceso Oeste sobre la Ruta Nacional 7, en el distrito de Moreno. Allí un grupo de militantes se apoderó de la vía pública y comenzó a quemar neumáticos y ocupar la traza con rodados. 

Según la cartera dirigida por Alejandra Monteoliva, la protesta dificultó la libre circulación en uno de los accesos más importantes de Argentina, lo que implica la incurrencia en múltiples delitos como entorpecimiento del transporte terrestre, daño agravado, entre otros. En ese marco, pidieron que se identifique a los responsables y que se resguarden a las fuerzas federales. 

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y amplía las facultades de la SIDE.

Según señalaron, el decreto fue dictado sin que existan razones de necesidad y urgencia, ya que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar. En este sentido, sostuvieron que una reforma tan relevante requiere debate parlamentario y control institucional.

El DNU, publicado el 31 de diciembre, introduce cambios a la Ley 25.520 y habilita a los agentes de inteligencia a realizar detenciones, una atribución que actualmente corresponde a las fuerzas policiales bajo orden judicial.

En su presentación, los legisladores argumentaron que la norma viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y advirtieron que legislar sobre facultades penales mediante un DNU está expresamente prohibido.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación por el caso de fentanilo contaminado, que causó la muerte de 173 pacientes en Argentina, presentará este martes el informe final. Los legisladores darán a conocer el documento de unas 40 páginas  que contiene conclusiones y recomendaciones legislativas, tras tres meses de trabajo. 

El grupo de funcionarios, presidido por la exintendenta de Rosario, Mónica Fein, compuesto por 31 diputados, fue creado el 24 de septiembre con el objetivo de abordar “el registro de casos confirmados y sospechosos como la determinación de responsabilidades de laboratorios, organismos estatales y privados en la producción, distribución y control de medicamentos”. 

Durante ese recorrido expusieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, especialistas varios y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todas las instancias participaron familiares de fallecidos y damnificados.

El fármaco fue producido por Laboratorios Ramallo y se distribuyó por HLB Pharma. El caso es considerado por familiares como la tragedia sanitaria más importante de la historia argentina. En ese sentido, allegados a las víctimas exigen medidas como una ley de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo; la elaboración de un registro individual de cada unidad de producción y seguimiento hasta la administración al paciente; la obligación de laboratorios, droguerías y hospitales de informar en tiempo real cada movimiento del medicamento, con auditoría pública y judicial.

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto que actualiza la legislación sobre el control del tabaquismo y amplía su alcance al uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, prácticas que son cada vez más frecuentes en jóvenes y adolescentes.

La iniciativa fue elaborada por la diputada Sonia Martorano e introduce modificaciones a la Ley N°12.432 del año 2005. Con la actualización, la norma se adapta a las nuevas formas de consumo, con el fin de fortalecer las políticas preventivas y el tratamiento de las adicciones.

“El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”, explicó Martorano durante el debate.

Entre los principales cambios propuestos se destacan la prohibición de usar dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público, la venta restringida a mayores de 18 años, y la ampliación de los límites a la publicidad, promoción y patrocinio de productos vinculados al tabaco o al vapeo.

El texto también establece que los ministerios de Salud y Educación deberán implementar campañas de prevención, realizar talleres en escuelas, producir materiales educativos y disponer de una línea gratuita de asesoramiento. Además, se reconoce la adicción al tabaco y al vapeo como una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada dentro de los sistemas sanitarios.

Las elecciones legislativas de este domingo en todo el país definieron a los candidatos que ocuparán las 127 bancas que se renuevan de la Cámara de Diputados de la Nación. Santa Fe ya tiene a sus nueve flamantes representantes que asumirán el 10 de diciembre. 

La provincia fue uno de los 16 distritos en los que se impuso La Libertad Avanza. La lista encabezada por Agustín Pellegrini obtuvo el 40,67 por ciento de los votos y se quedó con cuatro diputados. Además del vicepresidente del bloque en Santa Fe, llegarán a la Cámara baja Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

En segunda posición, el frente Fuerza Patria alcanzó un 28,70 por ciento de los votos en La Bota y se hizo de tres bancas. En este caso, los nuevos diputados serán la concejala rosarina de Ciudad Futura, Caren Tepp, junto con Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta.

Por su parte, la tercera fuerza fue Provincias Unidas, con el 18,32 por ciento de los votos y le corresponden dos legisladores. Estos serán la vicegobernadora Gisela Scaglia y el abogado Pablo Farías.

Cabe destacar que ninguno de los nueve diputados que terminan su mandato este año renovó su banca este domingo en las urnas. Los vigentes legisladores que figuraron en la boleta única fueron Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad) y Melina Giorgi (Democracia para Siempre). A su vez, no se postularon a la renovación Mario Barletta de Unidos; Mónica Fein de Encuentro Federal; Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina del PRO; Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli de Unión por la Patria; y Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe.

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fracasó este miércoles por falta de quórum. Los funcionarios habían comunicado que no asistirían por motivos de agenda.

Las citaciones fueron impulsadas por la oposición para que los funcionarios brinden explicaciones sobre las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos por un préstamo de 20 mil millones de dólares y por las denuncias de presuntas coimas en la compra de medicamentos. Sin embargo, a las 12.30 el presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la primera sesión con apenas 12 diputados presentes.

Más tarde, una segunda convocatoria también fue levantada por la misma razón. Entre los legisladores que se presentaron estuvieron representantes de la Coalición Cívica, la UCR, la Izquierda y el bloque Innovación Federal.

Tras las ausencias, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre pidieron reprogramar las interpelaciones. “Exigimos que la Presidencia reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, manifestó el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez.

Desde el Gobierno, Caputo explicó que se encuentra en una misión oficial en el exterior; Lugones alegó compromisos impostergables; y Karina Milei informó que no podía concurrir “por cuestiones de agenda previamente asumidas”.

José Luis Espert dejará de presidir y formar parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tras presentar este lunes su renuncia a la candidatura como legislador nacional por la provincia de Buenos Aires. 

El diputado formalizó su decisión a través de una nota que envió al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. “Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta honorable Casa”, precisa el comunicado. 

La salida de Espert se da en medio de la polémica que se desató a raíz de sus vínculos con Fred Machado, un empresario detenido en Río Negro, que está acusado de narcotráfico y en proceso de extradición a los Estados Unidos. 

Una de las pruebas que complicó al legislador fue la difusión de un libro contable elaborado por el Bank of America que revela que recibió un pago por 200 mil dólares a través de una de las empresas del sospechoso. 

En ese marco, este domingo el economista ya había renunciado a su candidatura. En una publicación a través de la red social X, sostuvo que las acusaciones en su contra eran una “operación”.

“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, sostuvo. 

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…

La Cámara de Diputados rechazó en la sesión de este miércoles los vetos de Milei a la ley que declaraba la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario

Los legisladores aseguraron la continuidad del proyecto de emergencia pediátrica con 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención. En tanto, los fondos para las casas de estudio fueron aprobados con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. 

El primero de los proyectos establece la entrega de fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y la recomposición salarial en base a la inflación para profesionales de la salud. 

En cuanto a la ley de financiamiento universitario, ordena la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudios al “1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, con subas bimestrales.

Asimismo, Nación deberá mejorar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el primero de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no debe ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período, de forma remunerativa y bonificable.

Por último, tendrán que convocar a paritarias un mes después de sancionada la ley y dicho llamado tendrá que ser cada tres meses. En este aspecto, las cifras negociadas no deben ser menores a la inflación.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

La iniciativa en contra de la medida adoptada por el Gobierno nacional cosechó en el recinto 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. 

Los legisladores de los bloques de Unión Por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda apoyaron la negativa. A ellos se le sumaron cinco diputados del PRO; dos de Futuro y Libertad; dos del Movimiento de Integración y Desarrollo; otros tres que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; los oficialistas Carlos D' Alessandro y Marcela Pagano, entre otros.  Ahora la  decisión quedó en manos de la la Cámara de Senadores. 

La iniciativa que se discute en el Congreso de la Nación propone declarar en emergencia a discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027.

De este modo, el gobierno deberá asegurar el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para mejorar las prestaciones a las personas afectadas por una discapacidad, lo que permite el acceso a un régimen regularizado de deudas tributarias. 

Asimismo, se deberá garantizar de forma sostenible una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones y asegurar una compensación por los mismos. 

Por último, el texto establece que la Agencia nacional de Discapacidad (Andis) y los múltiples programas de atención médica que ofrece, deberán recibir inversiones sostenidas en el tiempo

En una sesión especial convocada por la oposición, la Cámara de Diputados debatirá este miércoles una iniciativa que busca destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda Libra, paralizada desde su creación por la imposibilidad de elegir las autoridades.

El proyecto, plasmado en un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, introduce una metodología para la resolución de los empates en las votaciones. De acuerdo al documento que elaboro Maximiliano Ferraro, en caso de igualdad de votos la presidencia se le otorgará al candidato respaldado por el conjunto de bloques con mayor cantidad de bancas en la Cámara.

En este sentido, la oposición se garantiza el control de la conducción, ya que reúne al menos 136 diputados. La vicepresidencia quedará en manos del segundo bloque más votado y la secretaría corresponderá al mismo grupo que designe al presidente.

La comisión, que fue creada para investigar la eventual participación del presidente Javier Milei en la megaestafa de Libra, nunca pudo iniciar su trabajo debido a la falta de acuerdo en la designación de autoridades. El nuevo esquema funcionará como una "fe de erratas" del proyecto original.

Además, el texto fija un plazo hasta el 10 de noviembre para la presentación del informe final de la investigación.

La Cámara de Diputados le otorgó la media sanción a otra propuesta para aumentar y garantizar el financiamiento universitario.

La iniciativa, similar a la vetada por Javier Milei en el año 2024, obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, en una sesión en la que hubieron 19 ausencias. 

El texto avalado en Diputados, que contó con el apoyo de sectores políticos tales como Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, entre otros, fue elaborado por el bloque de Democracia para Siempre junto a rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Dicha propuesta tiene como eje la actualización por inflación de forma automática de los gastos de funcionamiento de los establecimientos, los hospitales universitarios y de las partidas para investigación. Además, establece que dentro de tres meses se llame a paritarias al sector docente y no docente. 

El bloque socialista de la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto para que la Cámara Baja repudie la designación del postulante a embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Además, la iniciativa apunta a que el presidente Javier Milei rechace su plácet y cartas credenciales.

El proyecto surge tras las declaraciones de Lamelas durante su audiencia ante el Senado estadounidense, cuando expresó que "el problema de Argentina es que tiene 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas" e hizo hincapié en el caso de China.

En este sentido, el postulante a embajador añadió: “Trabajaré para garantizar que los recursos de la Argentina, su energía y sus minerales críticos, beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de la Argentina en su reapertura a los mercados globales”.

Asimismo, Lamelas sostuvo que sus objetivos como embajador serán mantenerse firme “contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región” y, también, garantizar que Cristina Kirchner “reciba la justicia que se merece”.

Ante esas expresiones, Mónica Fein, diputada nacional por Santa Fe, publicó el texto del proyecto en su cuenta de X y remarcó: "Las declaraciones del nominado Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, constituyen una inadmisible injerencia en nuestra soberanía y una pretensión intervencionista sobre nuestro país".

En esa misma línea, agregó: "El presidente Javier Milei debe rechazar oportunamente su plácet y cartas credenciales".

Las declaraciones de Peter Lamelas:

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