Funcionarios de la provincia, del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este miércoles de derrumbe del primer búnker de drogas del departamento de Belgrano.

El procedimiento se desarrolló en la ciudad de Las Parejas y se trata de la intervención número 114 que se realiza en todo el terreno provincial, bajo la Ley de Microtráfico que fue promulgada a finales del 2023. 

La aplicación de la medida implica la clausura demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva.

En relación al operativo, el ecretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó: "Este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”.

A su turno, la fiscal Mercedes Banchio brindó detalles acerca de la investigación que se realizó para llevar adelante la desactivación  del lugar. La misma se generó en base a las denuncias realizadas por los vecinos, que permitieron a las autoridades descubrir que en la zona se llevaron adelante al menos siete maniobras relacionadas al consumo de drogas. 

Con esas pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento contra el inmueble, donde se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana.

Así las cosas, la fiscal precisó hay personas identificadas que contaban con un pedido de captura, que hay un adulto detenido y que se investigará si tuvo participación alguna en el robo. En tanto, los menores hallados en esa casa fueron puestos a disposición de la Justicia. 

Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este jueves la inactivación de un búnker de drogas en la ciudad de Pérez.

Se trata del punto de venta de sustancias número 113 desarticulado en todo el territorio santafesino desde que se puso en marcha la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023.

De acuerdo a fuentes de la provincia, el operativo no implicó el derrumbe del inmueble, ubicado en Formosa al 600, sino la clausura de múltiples espacios que funcionaban como puntos de expendio en un mismo pasillo. 

"En este caso no se trata de un derribo, sino de la inactivación de un conjunto de locales. Es un pasillo donde funcionaban varios puntos de venta. Continuamos trabajando con la Ley de Microtráfico mediante intervenciones que permiten anular estos espacios que terminan siendo focos de conflicto y generadores de violencia en la comunidad”, expresó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.

Por su parte, el fiscal Diego Giro, detalló: "Ya hay personas condenadas en esta causa. En los últimos allanamientos pudimos confirmar que el lugar funcionaba como un punto constante de venta de estupefacientes y también como refugio para personas vinculadas a actividades delictivas”.

"Se registraba un flujo permanente de personas, lo que provocaba situaciones de inseguridad y malestar. Los propios habitantes de la zona manifestaron reiteradamente el perjuicio que esto les ocasionaba”, concluyó. 

Un punto de venta de drogas ubicado en Fray Luis Beltrán fue derribado en el marco de la Ley de Microtráfico este viernes por la mañana. Se trata del procedimiento número 112 del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El operativo tuvo lugar en 1° de Mayo al 700, en un punto de barrio Granaderos. Supervisaron las tareas el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la fiscal de Menores, Virginia Gabenara; y el fiscal Franco Carbone.

Según las primeras informaciones, el bunker está ligado a la comercialización de estupefacientes y a un crimen. La fiscal Gabenara afirmó que “venían personas de Rosario” a vender sustancias a la zona, ubicada en el departamento San Lorenzo.

A su vez, un menor de edad fue detenido en el lugar y se encuentra en prisión preventiva por el plazo de ley. También, hay un sospechoso cuya identidad no fue esclarecida.

Santa Fe alcanzó los 110 operativos de inactivación de puntos de venta de drogas este jueves, con el derrumbe de un bunker ubicado en la zona sudoeste de Rosario, el número 74 en la ciudad.

Las acciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial tuvieron lugar esta mañana en Rodríguez al 3800, donde el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, supervisó el derribo de la estructura junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, César Cabrera.

La edificación se desprende de una serie de denuncias de vecinos de la zona por actividades ilícitas y, de acuerdo al fiscal, tenía “una historia previa” vinculada a “un grupo criminal que había tomado posesión del lugar y había sido apresado por hechos violentos”.

A pesar de que el búnker había sido allanado en cuatro ocasiones, con detenidos de por medio, la venta de estupefacientes continuó, motivo por el cual se tomó la determinación de inactivar el lugar bajo el amparo de la Ley de Microtráfico.

Por su parte, Cococcioni habló al respecto de las 110 inactivaciones en la provincia durante la actual gestión del Ejecutivo santafesino y explicó: “Las políticas de microtráfico las vamos a sostener y las estamos ampliando para que a través de la Fiscalía podamos tomar más investigaciones de estas bandas criminales que tanto mal le hacen a los santafesinos, para devolver tranquilidad".

Un nuevo operativo por la Ley de Microtráfico tuvo lugar este martes por la mañana en la zona sur de Rosario, donde un búnker ligado a una banda narcocriminal fue derrumbado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ya son 109 los procedimientos de este estilo en la provincia.

Se trata de un punto de venta de drogas que funcionaba en Garibaldi y Patricias Argentinas, vinculado a una causa por comercio de sustancias y cuatro balaceras, una de ellas con heridos. 

La fiscal del MPA, Brenda Debiasi, brindó declaraciones al respecto y explicó:  “Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”. La líder de la célula es una mujer conocida como “La Picota”.

La investigación comenzó en distintos sectores de barrio Tablada en septiembre de 2025 y contó con una serie de allanamientos que derivaron en el secuestro de dos armas de fuego, cerca de un kilo de cocaína fraccionada, más de 6 millones de pesos, una máquina contadora de billetes y balanzas, entre otros elementos de interés para la causa.

Según explicaron desde Seguridad, el búnker fue detctado a partir de tareas de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) y se estableció una conexión con otro punto de venta cercano, que ya fue derribado.

Dos puntos de venta de drogas fueron derrumbados este miércoles en la zona oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, ambos están vinculados a la banda de Los Monos y a los mensajes intimidantes que fueron colocados a través de lienzos en múltiples escuelas de la ciudad durante los últimos días.

Las acciones conjuntas del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzaron pasadas las 8:00 en Cisnero al 6400, en barrio La Lagunita. Fueron posibles luego de una investigación por comercialización de estupefacientes, en cuyo marco de realizaron allanamientos que derivaron en detenciones, pedidos de captura y el secuestro de más de 700 dosis de cocaína fraccionada para la venta.

En este marco, el fiscal Diego Giró brindó detalles y mencionó: “En la última etapa se ha podido trabajar con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y, lo que pudimos relevar, es que seguían activos y nos encontramos con lugares no habitados con restos de sustancias”.

“Cuando nos pusimos a analizar el contexto del barrio nos dimos cuenta de que era un foco de conflicto. En diciembre del año pasado hubo un doble homicidio y estaría relacionado a la misma gente que regenteaba estos búnkers”, agregó.

También, Giró confirmó que hay una relación entre las estructuras y las banderas con textos de denuncia que fueron colgados en cuatro establecimientos educativos locales, como las escuelas Nº 1027 “Luisa Mora Olguín” de barrio Ludueña; la N° 84 “José Mármol” de Tiro Suizo; y la N° 825 “Leopoldo Herrera” de Parque Casas y el Colegio del Sur de Regimiento 11 al 1100. 

El fiscal aclaró: “Sabemos que las bandas tienen una dinámica particular, pero estarían vinculados a Los Monos y a personas que han sido referenciadas en mensajes que han sido dejados últimamente en la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereyra, se refirió a los resultados de los 108 operativos por la Ley de Microtráfico que se llevaron a cabo en Santa Fe durante más de un año y explicó: “En el análisis de la estadística y el mapa del delito, queda plasmada la reducción de la violencia de manera inmediata en aquellos lugares donde se desactivan estos puntos de venta”.

Un punto de venta de drogas fue inactivado en la zona noroeste de Rosario este miércoles por la mañana en el barrio La Bombacha y se creará un nuevo espacio público en el lugar. 

Las acciones, realizadas en el marco de la Ley de Microtráfico, fueron llevadas a cabo en un inmueble de García del Cossio y pasaje Tobas. Supervisaron las tareas el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira; el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques; y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone.

El operativo tuvo como objetivo la inactivación de una casa utilizada para reclutar menores de edad, quienes eran insertados en la comercialización de estupefacientes. De acuerdo al fiscal Carbone, en el mismo pasillo se detectaron "alrededor de 100 cartas de incidencia en el último año", incluyendo delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia de armas de fuego.

Por otro lado, se confirmó que próximamente se derrumbará otro de los domicilios linderos, el cual había sido usurpado por bandas criminales y será restituido a su propietaria original.

Un nuevo inmueble vinculado a episodios violentos fue derrumbado en la zona noroeste de Rosario este jueves, en Mateo Booz al 9000, con la inactivación del aguantadero en el que fue asesinado Lucas Urrutia en enero del año pasado.

El crimen ocurrió el 5 de enero de 2025 en barrio Gráfico, cuando la víctima de 28 años recibió un disparo por la espalda en el marco de una discusión y falleció en el acto. Por el caso fueron detenidos Junior Aquiles G. (18) y Brian Alcides M. (31). Además, un adolescente aparece entre los sospechosos.

Los aprehendidos fueron imputados en junio y septiembre, respectivamente, por homicidio simple agravado por ser cometido con arma de fuego y consumado en calidad de coautores, agravado por la participación de un menor y en concurso real con el delito de portación de arma de fuego de guerra. El juez Aldo Bilbao Benítez dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

En este marco, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzaron con el derribo de la estructura esta mañana, en lo que fue el procedimiento número 105 de la Ley de Microtráfico en la provincia.

El fiscal César Cabrera estuvo presente supervisando el operativo y, acerca de la casa precaria, detalló: “Era una vivienda que no tenía dueño y había sido copada por bandas criminales, después del homicidio siguió involucrada en hechos violentos, recientemente fue usada como aguantadero de un vehículo que había sido robado cerca del predio del Estadio Mundialista de Hockey”.

Un juez dictó una pena unificada de 16 años de prisión para Matías Tuttolomondo (39), considerado jefe de una banda narco que operaba búnkeres de comercialización de estupefacientes en la zona norte de Rosario desde el interior de la cárcel de Coronda, según informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por la jueza Patricia Álvarez en una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, tras un procedimiento de juicio abreviado presentado por el fiscal César Pierantoni y aceptado por las defensas de los acusados.

Tuttolomondo fue condenado por asociación ilícita y comercialización de drogas y ya cumplía una pena anterior de 11 años por otro fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 en 2022. A esa pena se sumaron 5 años de prisión efectiva y una multa, lo que determinó la pena total de 16 años de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Según la investigación fiscal, Tuttolomondo coordinaba la logística y distribución de cocaína y marihuana para su banda desde el pabellón 1 del penal de Coronda, incluso mientras estaba detenido.

Junto a él estaba su pareja, Andrea Soledad Alarcón, de 31 años, quien, según la fiscalía, gerenciaba la recepción y distribución de la droga, además de manejar pagos y disponer de bienes vinculados a la actividad criminal. Parte de sus funciones se evidenció en una operación de compraventa de una vivienda por 10 millones de pesos vinculada a su entorno.

Tuttolomondo también mantenía contacto con Maximiliano “Boli” Blanca, otro cabecilla de la banda que se encuentra preso cumpliendo condena por delitos como robos, estafas, usurpaciones y narcomenudeo, de acuerdo con la reconstrucción de la causa fiscal.

Además de la pena para Tuttolomondo, otros cuatro integrantes de la organización recibieron penas de ejecución condicional por su participación en la asociación ilícita:

Brenda Sofía Munaris y Rodrigo Alejandro Udi fueron condenados a 3 años de prisión condicional y multa, con reglas de conducta por un plazo de 2 años. Luz Milena Icazatti y Andrea Soledad Alarcón recibieron 3 años de prisión condicional.

Las resoluciones sobre los demás miembros de la organización implican que, si cumplen con las condiciones impuestas por la justicia, no deberán cumplir prisión efectiva, aunque seguirán sujetas a las reglas de conducta ordenadas por el tribunal.

La causa judicial estuvo centrada en una organización que, además de narcomenudeo, planificaba y ejecutaba extorsiones, amenazas coactivas y uso de armas de fuego en la zona norte de Rosario y barrios como Parque Casas y Nuevo Alberdi Oeste, según la fiscalía.

Una serie de ocho allanamientos por microtráfico durante este viernes en distintos puntos de Rosario, encabezados por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, concluyó con dos hombres detenidos, el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la detección de un búnker de venta de droga, según informaron fuentes judiciales y policiales.

Los procedimientos fueron ordenados por el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención de los fiscales Alejandra Raigal, César Cabrera y Mercedes Banchio. 

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en diferentes zonas de la ciudad. Las diligencias incluyeron domicilios ubicados en Tucumán al 7300, Blomberg al 2600, Batlle y Ordóñez al 1200 (dos domicilios), Cafayate al 1200 (dos inmuebles), Cafayate sin número y Campbell al 1200.

Como resultado de las medidas judiciales, fueron aprehendidos dos hombres de 44 y 57 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a dependencias de la PDI. Ambos aguardarán la audiencia imputativa, prevista para los próximos días.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 15 teléfonos celulares, una tablet, 53 envoltorios con cocaína, con un peso aproximado de 23,7 gramos, y 311 mil pesos en efectivo, además de otros elementos considerados de interés para la causa. Todo el material incautado fue remitido al Ministerio Público de la Acusación para su análisis e incorporación al expediente.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores identificaron un búnker de venta de droga, lo que permitió reforzar la hipótesis de comercialización de estupefacientes al menudeo en el marco de la investigación en curso.

La causa se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico del MPA, en el marco de las políticas de persecución penal orientadas a desarticular puntos de venta de drogas en la ciudad. La investigación continúa para determinar posibles vínculos, responsabilidades y la eventual existencia de otros involucrados en la red detectada.

Un nuevo derribo de un punto de venta de drogas fue llevado a cabo este jueves en Vicente Medina al 6900, en la zona sudoeste de Rosario, en lo que fue el 104° procedimiento de la Ley de Microtráfico en la provincia.

La medida impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue efectuada esta mañana en una de las dos estructuras que fueron descubiertas por la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General a partir de la inactivación de un inmueble en barrio Tío Rolo a mediados de 2025.

La fiscal Brenda Debiasi estuvo presente durante el operativo y confirmó que lograron esclarecer cómo funcionaba la estructura delictiva. “Profundizamos la investigación y logramos determinar quiénes operaban el lugar y obtenían los mayores réditos económicos de la actividad ilícita”, mencionó.

En este marco, la causa avanzó con cuatro imputados, quienes permanecen bajo prisión preventiva, y hay cuatro sospechosos con pedido de captura activo. Por otro lado, Debiasi reveló que quienes controlaban el punto de venta tenían conexiones con la banda de Los Menores.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que se llevaron a cabo unos 70 allanamientos en la provincia durante las últimas 24 horas y derribó un nuevo búnker en Villa Gobernador Gálvez.

Así lo anunció este viernes por la mañana el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, en el marco de un operativo por la Ley de Microtráfico en pasaje Netris al 2600, en la ciudad vecina.

En primer lugar, el funcionario habló sobre la inactivación N° 103 en el territorio provincial y explicó: “No solamente estamos hablando de un punto de venta de drogas, sino de un lugar que estaba siendo utilizado como un refugio de delincuentes que, como en todos estos casos, provocaban múltiples delitos que empeoraban la vida de los habitantes del barrio”.

En este marco, el titular de la cartera mencionó que “entre ayer y hoy también estamos completando un total de 70 allanamientos de los cuales seguramente van a surgir nuevos derribos, nuevos lugares para inactivar, tanto relacionados con circulación de violencia altamente lesiva, como con microtráfico y sus delitos circundantes”.

Por otro lado, la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló que el derrumbe del búnker en Villa Gobernador Gálvez está vinculado a la banda de Gerónimo Bogado y corresponde a una investigación que incluyó 102 allanamientos por grupos delictivos que operaban en el territorio . "Se logró la detención de todas las personas que estaban identificadas hasta ese momento, más de 50”, aclaró.

“Pudimos constatar a través de escuchas y pericias de teléfonos celulares que este lugar funcionaba como un aguantadero al que los miembros de la asociación se dirigían cuando no querían ser localizados por el personal policial. No tiene baño, cocina, mobiliarios, no tiene absolutamente nada, por ende, sostenemos que la única función era funcionar como aguantadero”, agregó Debiasi.

Un búnker de drogas vinculado a la organización criminal Los Monos fue derribado este miércoles en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento, el número 102 en la provincia, tuvo lugar en un inmueble ubicado en pasaje 528 al 6400 y contó con la supervisión del secretario de Seguridad Pública santafesino, Omar Pereira, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), César Pierantoni.

Se trata de un lugar utilizado como aguantadero en el que se almacenaban estupefacientes, municiones y vehículos pertenecientes a los integrantes de la banda delictiva.

El sitio fue allanado en reiteradas ocasiones, incluyendo una vez en marzo de 2025, cuando los agentes incautaron 2 kilos de cocaína y 700 gramos de marihuana, entre otros elementos de interés para la causa.

En este sentido, Pierantoni brindó detalles sobre la investigación y aclaró: "No estaba habitada (la vivienda), estaba destinada a la guarda de elementos vinculados al delito. Lo importante es que parte de la gente investigada, integrantes de la familia Cantero, viven a unos 500 metros de este lugar".

A su vez, sobre la titularidad del terreno, el fiscal subrayó que “no hay movimientos registrales desde la década de 1980”. En la misma línea, agregó: "Se hizo un seguimiento bastante minucioso por parte de Fiscalía para tratar de localizar a los verdaderos propietarios o poseedores del inmueble de buena fe, y no existen".

El Gobierno de Santa Fe avanzó este viernes con el derrumbe de un punto de venta de drogas en la zona norte de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El procedimiento, el número 101 llevado adelante en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizó en un inmueble de calle Hipólito Yrigoyen al 1300. 

La fiscal de la Unidad de Microtráfico del MPA, Mercedes Banchio, confirmó que el puesto de comercialización de estupefacientes fue detectado a raíz de la detención de un sospechoso con drogas. "No había luz, ni agua, ni gas, no hay baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”, agregó.

En la causa ya se desarrollaron más de 20 allanamientos y nueve personas fueron imputadas, algunas están alojadas en la cárcel de Piñero. Además, hay un prófugo con pedido de captura. De acuerdo a Fiscalía, los sospechosos están ligados a una fracción de la banda de Los Menores.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, estuvo presente en el operativo y consideró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”. 

Luego, agregó: “Atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial derrumbó un nuevo punto de venta de drogas este lunes por la mañana en la zona noroeste de Rosario. 

Se trató de un inmueble ubicado en Magaldi 8729, que se destruyó en un operativo por la Ley de Microtráfico que fue supervisado por el secretario de Análisis y Gestión, Esteban Santantino, y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandra Raigal.

El lugar, que está ligado a distintas balaceras y un homicidio, fue allanado previamente a partir de múltiples llamados al 911 y agentes secuestraron estupefacientes. En este marco, hay dos detenidos con prisión preventiva que tenían antecedentes por amenazas, tenencia de armas de guerra y robo.

El funcionario habló sobre los derrumbes que se llevaron a cabo en el territorio santafesino durante el último año y mencionó: “Es una política que está dando resultados concretos en la reducción de la violencia altamente lesiva que se vivía en las calles, en un contexto marcado por la sensación de impunidad”.

Con este procedimiento,  en total, se efectuaron 97 inactivaciones en toda la provincia y 58 en Rosario.

La provincia derribó este viernes un búnker de drogas en Cañada de Gómez. Ya han desactivado 91 construcciones de este tipo en toda la provincia. 

El procedimiento se realizó en la localidad mencionada, en el departamento de Iriondo, en un inmueble de Rawson al 700 y fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación y autoridades del municipio. 

El fiscal Franco Miatello brindó detalles del búnker derribado: “Tras el trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía se desbarató la venta de estupefacientes en el domicilio”.

“Se secuestraron armas de fuego y se detuvo a una persona que está en prisión preventiva camino a un juicio oral y público por venta de drogas en el marco de una investigación que implica otros domicilios usados por el narco donde hubo más detenidos”, agregó. 

En ese sentido, destacó que este tipo de operativos comenzaron a raíz de la "participación de vecinos que, de manera anónima, denunciaron en el buzón de la vida actividades ilícitas en distintas casas de esta localidad”. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe llevó adelante una nueva demolición de un punto de venta de drogas este jueves, ubicado en una cuadra de la zona sur de Rosario donde se registraron múltiples asesinatos ligados al narcomenudeo.

El operativo tuvo lugar en Garibaldi al 200, en barrio Tablada. Se trata del procedimiento número 56 en la ciudad por la Ley de Microtráfico. A nivel provincial, ya son 90 las inactivaciones. 

El inmueble  fue identificado como lugar de comercialización y fraccionamiento de estupefacientes vinculado a un sector del clan Funes. Además, desde el Ejecutivo santafesino revelaron que guarda relación con las dos estructuras unidas por un agujero que fueron derribadas este miércoles en Villa Manuelita.

El ministro Pablo Cococcioni supervisó las tareas este jueves  y detalló que la investigación “comenzó por una intervención de las fuerzas federales". En este sentido, explicó que la necesidad de llevar adelante el operativo está ligada a que, entre 2020 y 2023, hubo seis crímenes en la misma cuadra "vinculados a la circulación de estupefacientes”.

A su vez, el fiscal César Pierantoni del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también estuvo presente y confirmó que el lugar está englobado “en una causa que llevó unos ocho meses de trabajo y culminó en una primera etapa con 19 allanamientos”, realizados este 19 de octubre. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con el derribo de dos puntos de venta de drogas en el barrio Villa Manuelita, de la zona sur de Rosario este miércoles.

Las acciones tuvieron lugar en Spiro al 300 bis y contaron con la supervisión del secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Giro.

Se trató de dos inmuebles conectados a través de un agujero y, según indicios, podrían estar vinculadas a la banda criminal conocida como Los Funes. Además, se confirmó que la investigación inició a raíz de denuncias anónimas al 911 que alertaron sobre operaciones de venta de estupefacientes en la zona.

Pereira se refirió a los operativos y detalló: “En pasillos como este hemos tenido algunos casos similares de interconexión donde usurpan viviendas que están conectadas para poder tener salidas rápidas y escaparse ante la posibilidad de algún procedimiento policial".

Por su parte, el fiscal Giro subrayó que ya hubo derrumbes por la Ley de Microtráfico en el barrio y agregó: "Llegamos a realizar allanamientos y a encontrar material estupefaciente en ambos lugares, cocaína puntualmente, y hoy tenemos seis personas privadas de la libertad en prisión preventiva vinculadas a esta causa”.

De esta manera, ya son 55 los procedimientos de inactivación en Rosario y 89 en toda la provincia.

La provincia desactivó otro búnker de drogas en la zona norte de Rosario y configura el procedimiento número 53 que se realiza en la ciudad.

El operativo se realizó en la Zona Cero, en una vivienda de Bello al 4000. Se contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino y de fiscales del Ministerio Público de la acusación (MPA), que supervisaron las actuaciones. 

El fiscal Diego Giro relató a la prensa que la casa utilizada como punto de venta de drogas pertenecía a una familia que fue echada por uno de sus miembros, por lo que no la derribaron en caso de que los dueños originales quieran reclamarla. 

En ese sentido, detalló: “Un familiar expulsó a su propia familia de la casa y la convirtió en un puesto de venta. Se decidió no afectar los derechos de los titulares del domicilio, teniendo en cuenta que familiares pueden reclamar que han vivido aquí”. 

Un punto de venta de droga ligado a una causa de extorsión y mercado ilegal de armas fue inactivado este viernes en la zona oeste de Rosario.

Las tareas conjuntas entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tuvieron lugar en Solís al 3100, donde quedaron bloqueadas las puertas y ventanas del lugar con ladrillos.

La medida fue ordenada por el Colegio de Jueces Penales y supervisadas por el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

En este marco, el funcionario se refirió al trasfondo del lugar, donde se llevaron a cabo allanamientos con detenidos y hay dos prófugos con pedido de captura activo. “No es algo de una banda del pasado, sino que es parte del presente, de personas que hoy son prófugas de alto perfil en la provincia de Santa Fe, que seguimos buscando”, aclaró.

Por su parte, la fiscal del MPA Juliana González señaló que los aprehendidos fueron imputados y amplió: "En este domicilio se secuestró gran cantidad de estupefacientes, 400 dosis de cocaína que se encontraron fraccionadas y que estaban destinadas directa a la venta al menudeo”.

De esta manera, Rosario alcanzó los 52 operativos por la Ley de Microtráfico, los cuales integran un total de 82 realizados en la provincia.