El laboratorio rosarino Ladece S.A. fue inhibido este miércoles por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y no podrá comercializar una serie de productos en Argentina a causa de irregularidades sanitarias en sus medicamentos.

Así lo confirmó el Gobierno nacional a través de la Disposición 22/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana. Se trata de la planta ubicada en Suipacha al 200, que recientemente fue sujeta a inspecciones del Ministerio de Salud de Santa Fe,  que revelaron incumplimientos.

En primer lugar, Anmat consideró que Ladece S.A. “elaboró, liberó y comercializó productos que no se encontraban autorizados o reinscriptos”, además de utilizar “áreas no habilitadas” para su elaboración. Las faltas fueron detectadas en alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta lasar, alcohol boricado al 5 por ciento y pomada estearato de amonio.

En consecuencia, quedó prohibido el uso, la comercialización y distribución en todo el país de los productos mencionados. Además, los responsables deberán recuperar los que ya lanzaron al mercado y acreditar el procedimiento ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de Anmat. También se les abrió un sumario sanitario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender el plazo de adhesión al plan de pagos destinado a contribuyentes con deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5808/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La prórroga pretende fomentar la regularización voluntaria de obligaciones tributarias y aduaneras, brindando más tiempo a empresas y particulares para ordenar su situación fiscal. Con esta modificación, la fecha límite para adherir al régimen será el 31 de marzo de 2026.

Originalmente, el plan de facilidades de pago había sido establecido por la Resolución General Nº 5.711 y posteriormente modificado por la Nº 5.777. En ese marco, el plazo inicial de adhesión vencía el 30 de diciembre de 2025, pero ahora se extiende por un trimestre adicional.

El esquema permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo intereses y multas correspondientes.

La medida comenzó a regir desde su publicación y forma parte de la estrategia del organismo recaudador para facilitar el cumplimiento fiscal, en un contexto en el que tanto empresas como contribuyentes individuales mantienen dificultades para normalizar su situación tributaria.

El Gobierno nacional anunció este miércoles la desregulación del mercado de cabotaje marítimo en el país y señaló que realizó cambios porque "la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer".

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de las carteras nacionales.

El Ejecutivo declaró la "navegación por agua marítima y/o fluvial" como servicio esencial, avanzó con la habilitación para operar buques extranjeros con matrícula argentina y flexibilizó la normativa vigente sobre la composición de las tripulaciones. 

A su vez, extendió el período para que buques internacionales hagan cabotaje y se redujeron restricciones para reparar e inscribir flota en el territorio nacional.

Según explicó el Gobierno en el DNU, las modificaciones están pensadas para “adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.

Por otro lado, la gestión encabezada por Milei detalló que los cambios tienen que ver con un “contexto en el cual la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer” y consideró que "se generará un beneficio inmediato para la economía nacional, para el sector armatorial, para el comercio exterior y para el nivel de los fletes”.

El gobierno nacional oficializó este jueves el cierre de 155 oficinas de Registros del Automotor en todo el país, de acuerdo a la resolución 19/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

En la provincia de Santa Fe, la medida afectará a nueve delegaciones, distribuidas de la siguiente manera: tres en Rosario, una en Santa Fe Capital, una en Santo Tomé, dos en San Jorge y dos en Gálvez.

De acuerdo a la publicación oficial, el cierre se concretará "una vez que se encuentren dadas las condiciones técnicas para su materialización".

Asimismo, la normativa faculta a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Registrales, a establecer plazos y mecanismos necesarios para concretar el cierre de las delegaciones afectadas.

De esta manera, los registros del automotor que cierran en el territorio provincial son los siguientes:

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 3 (21015).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 12 (21050).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Rosario Letra “B” (45033).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Santa Fe Letra “B” (45043) ubicado en Av. Gdor. Freyre 1.465

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Santo Tomé (21071) ubicado en Avenida 7 de Marzo 1.415

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Gálvez Letra “A” (45008)

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Gálvez (71009).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Jorge Nº 2 (21064)

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de San Jorge Letra “B” (45042).

La Superintendencia de Servicios de la Salud anunció este lunes a través de una publicación en el Boletín Oficial, que avanzará con un procedimiento para dar de baja a 56 prepagas acusadas de ser empresas fantasmas. 

Según el organismo, la medida busca reordenar el sistema de salud en el país, en línea con los planteos del Ministerio de Salud Nacional, y de esa manera, ofrecerle a la ciudadanía un mercado de coberturas mucho más transparente. 

Por ello, comunicaron que al menos 56 empresas de medicina prepaga tienen un plazo de quince días para acreditar la documentación correspondiente según el cumplimiento de las normativas. 

De no presentarse documentación tal como planes de cobertura, el padrón de usuarios, cuadros tarifarios, entre otras cuestiones, la institución conducida por Gabriel Oriolo aseguró que “se darán de baja y se le cancelará la inscripción provisoria” a dichas compañías. 

Es que se acusa a esas 56 empresas de haberse inscripto en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero que no habían presentado ningún tipo de documentación ante la Supeintendencia. 

Anteriormente ya se habían dado de baja otras 58 empresas de medicina prepaga. 

Las auditorías realizadas en el sector relevaron que de las 661 empresas inscriptas, sólo 10 tenías su inscripción completa; mientras que el resto sólo tenía inscripciones transitorias, o ni siquiera habián presentado la documentación requerida. 

Asimismo, antes de avanzar con los procesos de eliminación, una gran cantidad de las empresas no le respondieron al Gobierno los pedidos para regularizar su situación legal. 

El Gobierno nacional oficializó este lunes la declaración del transporte aéreo como servicio esencial en Argentina tras los paros que afectaron el sector.

El presidente Javier Milei firmó los decretos 825 y 831, los cuales fueron publicados esta mañana en el Boletín Oficial. También rubricaron el texto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo.

El escrito apunta a solicitar un “servicio mínimo” en rubros cuyas huelgas "pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.

Según argumentó la gestión nacional, los paros en aeropuertos repercuten "en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo”.

En este sentido, los decretos puntualizan que las partes involucradas tienen 24 horas para “ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto”. Además, la medida señala que el servicio mínimo no puede ser inferior al 50 por ciento de la actividad en su prestación normal.

A través de la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno liberó el precio de las garrafas de gas al desregular todo el mercado del gas licuado de Petroleo (GLP), por lo que las propias empresas podrán fijar el precio del producto. 

En ese sentido, la normativa avalada por el Boletín dispone que con el propósito de “liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar Precios Máximos de Referencia, para el fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas”. 

En tanto, sólo se fijaran Precios de Referencia, sin un máximo específico, para que así no se obstruya la variación real observada en los costos de la producción del gas. 

Así las cosas, afirmaron que la “desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión al producir una mejora progresiva en la competencia que elevará al mercado de GLP local a estándares globales". 

De esta manera, al ser eliminados los precios máximos, se determinarom cuáles serán los nuevos montos de referencia dispuestos por el Gobierno. 

Una garrafa de 10 kilogramos estaría en $8500; una de 12 kg en $10200; y una de 15 kg en $12750. 

Por último, aunque la medida también alcance a los subsidios, la Nación seguirá manteniendo la tarifa social vigente, llamada Programa Hogar, que se encarga de cubrir un 80% del valor de una garrafa de 10 kg. 

El Gobierno confirmó, mediante el Boletín Oficial, el incremento de salarios para el personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales, a partir del 1° de junio. La resolución, firmada por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Defensa, Luis Petri, brinda detalles de las nueva escala de haberes.

La resolución 33/2024, fechada el 31 de mayo, destaca la necesidad de ajustar los salarios para garantizar "una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”.

De acuerdo al articulo 3° del comunicado, se conoció que estos aumentos se solventaran a través de "los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa".

Así quedaron las escalas salariales: 

FUERZAS ARMADAS

Teniente General, Almirante, Brigadier General $1.962.041General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $1.749.708General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $1.594.159Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $1.396.344Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.214.052Mayor, Capitán de Corbeta $956.472Capitán, Teniente de Navío $792.148Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $704.569Teniente, Teniente de Corbeta $635.192Subteniente, Guardiamarina, Alférez $575.276Suboficial Mayor $981.021Suboficial Principal $869.696Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $770.998Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $678.178Sargento, Cabo Principal $608.851Cabo Primero $546.407Cabo, Cabo Segundo $505.732Voluntario 1ª, Marinero 1ª $460.653Voluntario 2ª, Marinero 2ª $426.291

POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES

Comisario Inspector $604.822Comisario $580.534Sub Comisario $539.977Oficial Principal $470.935Oficial Inspector $428.418Oficial Subinspector $358.308Oficial Ayudante $296.798Oficial Subayudante $261.029Subescribiente $426.214Sargento Primero $321.990Sargento $308.553Cabo $247.415Agente de Primera $239.146Agente de Segunda $235.275 

El Gobierno creó la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, a cargo del Ministerio de Seguridad. La medida fue oficializada mediante la Resolución 19/2023, publicada este lunes por la mañana en el Boletín Oficial.

El objetivo de este nuevo cuerpo será detectar y prevenir las manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional, estando bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Según las primeras informaciones reveladas, la unidad focalizará en «zonas calientes», determinadas por los relevamientos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. El procedimiento permitirá trabajar en informes pertinentes a través de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, comprendida por un titular designado por la secretaría, representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; de la Dirección de Investigación de Delitos Federales; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

También habrá miembros de las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales y otras entidades cuya fundación se relacione con la problemática de fondo. Según lo detallado en el Boletín Oficial, los integrantes de la unidad recién fundada deberán obrar «sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna».

Además, el Gobierno aseguró en la resolución: «Los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras».

Tras más de dos años de pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional volvió a actualizar las recomendaciones de cuidados para evitar nuevos contagios y eliminó eliminó el distanciamiento social obligatorio. La medida se informó a través de la Resolución 705/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo que se precisó en el documento, firmado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se establecieron “recomendaciones de cuidado generales para la prevención de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas”.

En primer lugar, se aclaró que continuará vigente “el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público”. Asimismo, permanecen los consejos por parte de las autoridades sanitarias de “asegurar la ventilación de los ambientes” y “mantener la higiene adecuada y frecuente de manos.

Sin embargo, se dejó sin efecto dos medidas que formaron parte del protocolo prácticamente desde que inició la pandemia: se trata del “distanciamiento social de 2 metros” y “la obligatoriedad del autorreporte de síntomas en la aplicación ‘Cuidar’”.

El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Etiquetado Frontal mediante la cual en los envoltorios de alimentos con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros, se deberá advertir a la población.

La norma recibió la media sanción del Senado en octubre del 2020, sin embargo, estuvo nueve meses esperando que Diputados la discuta hasta que el dictamen fue favorable. Este viernes, la promulgación de la Ley 27642 de Promoción de la Alimentación Saludable fue publicada en el Boletín Oficial.

De esta forma, los alimentos y bebidas sin alcohol (analcohólicas) envasados (la ley dice que “es todo alimento contenido en un envase, cualquiera sea su origen, envasado en ausencia del cliente, listo para ofrecerlo al consumidor”) tendrán la obligación de llevar en la cara principal un sello negro de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso: azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Es decir, pueden llevar uno o más sellos negros.

Según corresponda dirá: “Exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales” y “exceso en calorías”. Estas leyendas deberán estar en octógonos negros, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara frontal del envase.

Esta ley establece la prevención para los casos de valores superiores en cafeína y alertar sobre los edulcorantes que no son recomendables para niños y adolescentes. En estos casos deben llevar las leyendas “contiene cafeína, evitar en niños/as” y “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”, respectivamente.

La medida alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación de alimentos y bebidas. Aclara que la obligación se extiende a cajas, cajones y cualquier otro tipo de empaquetado. Quedan exceptuados el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos y la sal común de mesa.

El Gobierno formalizó la séptima ronda del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con nuevas especificaciones, topes y montos respectos de los beneficios. Lo hizo a través de la decisión administrativa 1954/2020 publicada en el Boletín Oficial, que acepta las recomendaciones del Acta 23 del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP.

La misma postuló que se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante octubre.

También propuso que reciban el beneficio del Salario Complementario, aquellas empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de las actividades afectadas en forma crítica.

En este caso, el Comité estableció como modalidad de cálculo para octubre, que el salario neto resulte equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en setiembre, exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondientes a dicho período.

También indicó que el Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto.

El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a 1,25 salario mínimo vital y móvil ni superior a la suma equivalente a dos SMVM, es decir, entre $23.625 y $37.800.

El Comité estableció que la suma del Salario Complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente a setiembre.

Por el lado de las empresas, el ATP7 contempla que aquellas de sectores no críticos cuya variación interanual de la facturación nominal esté entre -100% y -0,1% pasarán a tener un crédito a una tasa de interés de 27% anual, con tres meses de gracia, por hasta $20.000 por trabajador, a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas.

Este crédito podrá ser reintegrado total o parcialmente al final del pago de las cuotas si la empresa cumple con metas de creación de empleo en 2021.

Estas empresas también continuarán con el beneficio vigente de la postergación del pago de contribuciones patronales, y se aclaró que este beneficio será independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa.

En tanto, las empresas pertenecientes a sectores críticos y no críticos que tengan variación interanual nominal positiva en su facturación de hasta 35%, podrán acceder al beneficio del crédito reconvertible en subsidio.

Aparte de esta nueva instancia, se dispuso que el tope de facturación positiva para acceder al crédito se reduzca del 40% al 35%.

La tasa, en estos casos, será del 33% anual, con tres meses de gracia, con garantía estatal.

Este beneficio será únicamente para empresas de hasta 800 trabajadores, en sectores tanto críticos como no críticos.

El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre próximo la vigencia del programa Ahora 12, e incorporó a las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras. Lo hizo a través de la Resolución 201/2020 de la Secretaría de Comercio Interior publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma precisa que el programa mantendrá su vigencia para las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras o no, y de plataformas de pago digital. También, indica que se podrán ofrecer pagos en 3, 6, 12 y 18 cuotas, y las compras de los artículos incluidos se podrán realizar cualquier día de la semana.

El programa comprende productos de línea blanca; indumentaria; joyería y relojería; calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción; muebles; bicicletas; motos hasta un valor de $ 180.000. También incluye al rubro turismo dentro del territorio nacional; y a colchones; libros de impresión nacional y anteojos recetados, adquiridos en ópticas, hasta $ 10.000.

La medida alcanza también a artículos de librería; juguetes y juegos de mesa; teléfonos celulares 4G; neumáticos: kit de conversión de vehículos a gas natural comprimido (GNC); repuestos para automotores y motos: Instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; televisores; perfumería y pequeños electrodomésticos.

Además, incluye servicios de preparación para el deporte y gimnasios; equipamiento médico; maquinaria y herramientas; alimentos y medicamentos.

Los proveedores y comercios en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles, para las ventas realizadas con la modalidad de tres cuotas, con la aplicación de una tasa máxima de descuento de 2,44%; y en seis cuotas, de hasta 4,75%. En tanto, podrán elegir cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 7% directa o en hasta 10 días hábiles con una 9,15%, para las ventas realizadas en 12 cuotas.

Para las operaciones a 18 cuotas se podrá elegir entre cobrar a 60 días corridos con un descuento del 11,18% o hasta 10 días hábiles, con un descuento del 13,26%.A esta lista se agregaron ahora -bajo la modalidad de 3 y 6 cuotas- las lámparas y tubos de iluminación con tecnología LED, producidas dentro o fuera del territorio nacional, cuyo destino sea residencial, comercial o industrial, y cumplan con los requisitos exigidos a los fines de su comercialización.

Por otra parte, se mantuvieron los plazos de cobro y las tasas de interés para proveedores y comercios, por las operaciones con tarjetas, que rigen para todos los plásticos, sean emitidos por una entidad financiera o no.

El Gobierno resolvió otorgar una licencia excepcional para todos las personas que hayan regresado al país provenientes del exterior y en el Boletín Oficial explica que «el coronavirus se está propagando aceleradamente a nivel mundial». Es A través de  una resolución 178/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial avalada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En el texto oficial se exponen que «el nuevo coronavirus (COVID-19), como es de público conocimiento, se propaga aceleradamente a nivel mundial» y remarca que las áreas correspondientes del país «trabajan incansablemente para proteger la salud de la población».»Atento que el virus que causa el COVID – 19 se está propagando de persona a persona, resulta de vital importancia la pronta aislación de ellas a efectos que no representen un riesgo de infección para otras», se explica.

Por este motivo, se destaca que «es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad, genera». La resolución publicada este martes es tanto para los trabajadores del sector público como del privado. Por los motivos expuestos, el Ministerio de Trabajo resuelve: «Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación».

También se aclara que la licencia «no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir».

Durante la jornada del martes se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en el país y en total ya son 17 los afectados por esta enfermedad, uno de los cuales murió. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, que aclaró que todos los enfermos se contagiaron en viajes que realizaron a Europa. «A la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-Cov-2», precisó la cartera que encabeza Ginés González García.

Tras el crimen de un cajero en un asalto a una sede del Banco Nación en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, el Gobierno dispuso este miércoles la vuelta al funcionamiento de la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria, que debe definir las medidas para proteger tanto a empleados como a clientes de las entidades.

A través de la Resolución 17/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció el regreso del organismo que integran la Policía Federal; la asociaciones bancarias ABA, ADEBA y ABAPRA; el Banco Central y el Nación; la Cámara Argentina de Transportadores de Caudales (CATC); la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); La Bancaria; la Federación Nacional de Camioneros; y la Asociación de la Banca Especializada.

La misión de la comisión es establecer las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades, a fin de proteger tanto a los empleados de los bancos como a los clientes.

Creada en 2009, la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria había dejado de funcionar en 2017 «a partir de la desregulación de la operatoria bancaria, afectando de manera directa y negativa los niveles de seguridad de los trabajadores bancarios», subrayó la cartera conducida por Sabina Frederic.

En la resolución oficial, la ministra de Seguridad invitó a los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para que «adhieran, en la medida más conveniente, a las disposiciones que emita la Comisión, con el objetivo de generar procedimientos coordinados en todo el territorio de la Nación». En ese sentido, la Policía Federal emitirá un documento que servirá como estándar de recomendaciones de seguridad bancaria.

La medida fue adoptada tras el crimen de Germán Chávez, de 31 años y cajero de la sede de Isidro Casanova del Banco Nación: el pasado 31 de enero el hombre fue asesinado durante un robo en la sucursal.

El Gobierno oficializó este lunes la creación del Plan Nacional «Argentina contra el Hambre» en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, el cual tiene el objetivo general de «garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas».

El plan fue puesto en marcha mediante la resolución 8/2020 de la cartera que tiene a su cargo Daniel Arroyo, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Uno de los ejes centrales del programa es la implementación de la Tarjeta Alimentaria. Se trata de una asignación a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben un monto mensual fijo para comprar alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.

En el decreto se remarca que el plan tendrá «especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social».

En los fundamentos del decreto se señala que para «dar respuesta a la problemática del hambre en la República Argentina se requiere de un enfoque integral, en tanto la seguridad alimentaria está asociada al bienestar social y a su expresión en diferentes dimensiones (economía, cuidado, salud y educación entre otras)».

El Gobierno oficializó este jueves la extensión del congelamiento de las cuotas de los créditos UVA durante enero, mientras se debate cómo se modificará el sistema para que no haya un desfasaje entre los aumentos de sueldos y la actualización por inflación.

A través de la Resolución 1/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat concretó la iniciativa anunciada el pasado lunes y que prorroga «por el mes de enero de 2020 el programa de cobertura creado por el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)».

De esta manera, aquellas personas que hayan tomado créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) seguirán pagando por este mes el mismo monto que habían abonado en agosto de 2019 y el Estado se hará cargo de la diferencia: la iniciativa había sido lanzada por el entonces Presidente, Mauricio Macri, tras la derrota en las elecciones primarias.

El Banco Central había manifestado días atrás que la extensión del congelamiento de las cuotas de créditos UVA se da en medio de la «crisis económica que atraviesa la Argentina», al tiempo que habían remarcado que en las próximas semanas «se conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor».

La primera resolución del año emitida por el Gobierno lleva la firma de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Actualmente, el valor de la UVA es de 46,97 pesos, lo que representa un aumento interanual de 51,22%.

Fuente: Noticias Argentinas