Una empleada del Banco Nación fue imputada por el robo de 40 millones de pesos en la sucursal ubicada en la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la tesorera, identificada como M.C.N, de 36 años, quien según la investigación habría realizado extracciones de dinero en efectivo aprovechando su acceso al área de tesorería.

Según la acusación del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, las maniobras quedaron registradas en las cámaras de seguridad. Entre los hechos mencionados en la causa, se encuentra un retiro de dinero el 31 de julio de 2025, cuando habría ocultado el efectivo en una bolsa antes de salir del banco, y otro el 8 de agosto, vinculado al pago de deudas personales por unos 16 millones.

Para encubrir el faltante, la mujer habría realizado movimientos contables ficticios que no tenían respaldo en efectivo. La situación salió a la luz el 16 de octubre, tras un arqueo interno que detectó inconsistencias, luego confirmadas por una auditoría de la gerencia.

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo la imputó por peculado y ordenó medidas como el embargo de su vivienda y la inhibición de bienes. La investigación continuará durante los próximos 90 días, mientras el banco se presentó como querellante en la causa.

Un hombre de 30 años intentó retirar una pieza de bronce de un banco de la zona norte de Rosario y fue detenido este viernes por la madrugada.

La secuencia tuvo lugar alrededor de la 1:00 en la esquina de Alberdi y Juan José Paso, donde se encuentra una sucursal de Banco Nación. Según las primeras informaciones, el autor del hecho fue detectado por las cámaras de videovigilancia del lugar mientras trataba de arrancar una placa de la fachada. 

Minutos más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron al ladrón, identificado como Brian Maximiliano S., y lo trasladaron a la Comisaría 10ª. Además, le secuestraron una herramienta, con la que quiso despegar la pieza y provocó daños a la pared del edificio de la entidad. 

La Justicia volvió a poner un límite al intento del Gobierno de privatizar el Banco Nación. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, reafirmó la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 116/2025, impidiendo la conversión de la entidad en una sociedad anónima.

El fallo, que extiende por seis meses la medida cautelar interina dictada en febrero, sostiene que el Banco Nación no figura en la lista de organismos sujetos a privatización según la Ley de Bases (Nº 27.742). Además, el juez argumentó que el Gobierno no pudo demostrar que la entidad sea deficitaria ni justificar los beneficios de su transformación.

El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, celebró la decisión: "¡Se hizo justicia! Con alegría recibimos el fallo del juez Ramos Padilla, que hizo lugar al pedido de medida cautelar".

El decreto, publicado en febrero, había sido impulsado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del Gobierno, junto al presidente del BNA, Daniel Tillard, era modificar la estructura jurídica del banco, siguiendo un modelo similar al del Banco do Brasil.

Sin embargo, el magistrado advirtió que este cambio implicaría un riesgo para los fondos del Estado y para el rol que cumple la entidad en la financiación de sectores clave como la industria y la producción agropecuaria. En su resolución, Ramos Padilla también argumentó que cualquier modificación en la estructura del BNA requiere una ley específica del Congreso, algo que no se ha cumplido.

Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno podría apelar la decisión, lo que prolongaría el debate en los tribunales y complicaría los planes oficiales de reestructurar la entidad bancaria.

El Gobierno nacional avanzó con la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima este jueves a la medianoche.

La medida fue oficializada a través del decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Nación argumentó que la determinación “contribuirá a modernizar” la estructura jurídica y operativa de la entidad financiera, “permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”.

Por otro lado, el Ejecutivo nacional detalló que el Estado será accionista del 99,9 por ciento del capital social, ejerciendo el rol a través del Ministerio de Economía, mientras que el 0,1 por ciento corresponde a la Fundación Banco de la Nación Argentina. 

Según explica el texto oficial, Banco Nacion “continuará con las registraciones contables en la forma en que las lleva actualmente” por 90 días desde la firma de los libros contables, transfiriendo los saldos existentes a cuentas equivalentes.

Un hombre que protagonizó un violeto incidente al embestir con su auto la sucursal del Banco Nación ubicada en Córdoba y San Martín, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. 

La pena contempla, también, reglas de conducta específicas y suma un episodio previo de vandalismo y resistencia a la autoridad.

El viernes pasado, en el Centro de Justicia Penal, el juez Facundo Becerra avaló el acuerdo entre las partes, condenando a Antonio Picolini a una pena de prisión condicional. Entre los cargos se encuentran daños calificados y resistencia a la autoridad.

El hecho por el que fue condenado Picolini ocurrió el 9 de septiembre del año pasado, cerca de las 20:30, cuando el hombre ingresó a gran velocidad con su Chevrolet Corsa en la peatonal San Martín, y se dirigió hacia la casa central del Banco Nación en Rosario.

De acuerdo al fiscal Guillermo Apanowicz, el conductor aceleró y chocó intencionalmente contra la fachada del banco, destruyendo tres paneles de vidrio tipo Blindex. 

Después del impacto, Picolini descendió del vehículo y, con un cuchillo que portaba, golpeó la puerta de ingreso a los cajeros automáticos y luego se dirigió hacia la entrada principal. En ese momento fue detenido por efectivos de la Brigada de Orden Urbano que patrullaban la zona.

La condena incluye, además, un episodio anterior ocurrido en marzo de 2023, cuando Picolini escaló unos andamios frente a la sede de Gobernación, arrancó una cámara de seguridad y la destruyó. Durante su detención, se resistió a las autoridades.

El imputado deberá cumplir normas de conducta, entre ellas iniciar un tratamiento psicológico dentro de los próximos 30 días.

El Gobierno adelantó que se comenzarán a cerrar sucursales del Banco Nación en distrítos que se excedan en el cobro de tasas municipales. 

Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un posteo en su cuenta de la red social X. 

“Hoy el presidente Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insistan en abusar de sus vecinos mediante el cobro de tasas municipales injustificadas, que además esconden en los servicios nacionales”, precisó el titular de esa cartera..

Hoy el Presidente @JMilei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales. Ya he hablado con el presidente del…

En ese sentido, Caputo ya entabló conversaciones con el presidente de dicho banco, Daniel Tillard, para llevar a cabo las medidas de cierre. 

“Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante, pero una buena parte de la política todavía pretende aferrarse al modelo de privilegios ”para pocos y pobreza para muchos" de los últimos 20 años", concluyó. 

El hombre que estrelló su auto contra la sede de un banco ubicado en peatonal Córdoba y San Martín, fue imputado, se le dictó la prisión preventiva efectiva por 45 días y se le exigió que se le haga una junta de salud mental. 

La medida fue dispuesta por el juez de Primera Instancia Florentino Malaponte, y el hombre también está acusado por otro hecho de violencia ocurrido en octubre del 2023. 

Según lo expuesto por fiscalía, el acusado condujo por peatonal San Martín, un auto Chevrolet Corsa hasta impactarlo contra un organismo financiero de forma intencional. 

Producto del ataque, tres paneles de vidrio del exterior del banco que dan a San Martín fueron dañados y tras estrellarse, el hombre salió del auto armado con un cuchillo cuando quiso entrar a los golpes a la zona de los cajeros. 

En ese momento, personal de la Brigada de Orden Urbano detuvo al sujeto al ver lo que la conmoción de los peatones mientras patrullaban la zona. 

En ese marco, el fiscal César Cabrera desmintió que el imputado atentara contra el banco porque se le negó un crédito, sino que lo hizo por una transferencia que le habían hecho que impactó en la cuenta corriente del sujeto a las 20.30 horas. 

En tanto, de acuerdo a lo relatado por el fiscal, el sospechoso confesó la autoría del hecho, y que “le había dicho a la gente del banco que iba a incrustarse contra la sede de la entidad”. 

Luego,  señaló que “tiene problemas de control de ira, y al ser evaluado por médicos, se determinó que es conciente de lo que hace”.

“Quedó detenido y se le dictó una medida cautelar por 45 días", consignó el fiscal. 

Por otro lado, también se lo acusó de un hecho amenaza y agresión que perpetró contra su pareja en octubre de 2023 en una casa de barrio Triangulo. 

La Policía detuvo este lunes en horas de la noche en pleno microcentro de Rosario a un hombre que chocó contra el Banco Nación. 

Según las primeras informaciones, las autoridades dieron cuenta del hecho cuando al patrullar la zona de la peatonal Córdoba, vieron como un grupo de peatones estaba reunido en la intersección con San Martín justo en frente del Banco Nación, porque un auto se había incrustado contra el edificio.

Al acercarse, los uniformados advierten la presencia del conductor, que se encontraba en el auto mientras portaba un cuchillo en su mano derecha. 

Tras pedirle que se calme, el hombre identificado como Antonio Américo P., de 30 años de edad, arrojó el arma cortante, y se entregó sin oponer resistencia, lo que resultó en su aprehensión.

Todavía no se determinó cómo sucedió el insólito siniestro vial. 

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.

El fiscal se pronunció así ante la consulta del juez federal Julián Ercolini sobre la denuncia de la abogada Silvina Martínez presentada en la víspera.

González le respondió al juez: «Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto».

La abogada Martínez denunció a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación- Alberto Pagliano por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.

La denunciante pidió que se investigue «la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos».

El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.

“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene la denuncia.

“Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, abundó.

La denuncia apunta a que el “intermediario” era Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.

El fiscal González reclamó como medidas de prueba que “se solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que tenga a bien aportar los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021”, que dispuso la contratación de los seguros.

«Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios», añadió.

Según el fiscal, «la Superintendencia de Seguros de la Nación puede aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones».

En ese contexto, reclamó que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante»pr.

En la tarde de este jueves, se realizó un abrazo solidario al Banco Nación en Rosario, en contra de la privatización de la entidad que propone el gobierno de Javier Milei. La manifestación fue convocada por el gremio La Bancaria y se desarrolló en la casa central de San Martín y Córdoba, en el cruce de peatonales.

“No sólo estamos defendiendo el banco de todas y de todos los argentinos con todo lo que eso implica, que es un banco que tiene rentabilidad, que es un banco que ha tenido ganancias y que sobre todo da respuesta como banca pública, no solamente al agro, a las pequeñas y medianas empresas, sino a la sociedad en general en los momentos más críticos”, explicó la secretaria general de La Bancaria Rosario, Analía Ratner.

Asimismo, la dirigente destacó que el objetivo es defender la banca pública, los puestos de trabajo y también a la entidad como herramienta financiera, “por eso decimos que el Nación no se vende”, sostuvo.

La directora del Banco Nación, Silvina Batakis, desplazó hoy a la gerenta que contrató por un alto salario mensual a la numeróloga Verónica Laura Asad, conocida como «Pitty», una semana después de que se desatara la polémica por su nombramiento.

María del Carmen Barros, responsable de la contratación, fue removida de su puesto en la entidad después de una reunión que mantuvo Batakis con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pidió el despido.

«Pitty» sostuvo que se dedica a establecer relaciones ocultas entre números, seres vivos y fuerzas físicas o espirituales y fue contratada en la institución bancaria oficial para brindar esos servicios, lo cual desató un escándalo.

La numeróloga reconoció que percibió 1,8 millones de pesos por un lapso de seis meses como asesoría aunque ella dijo que simplemente la contrataron y deslindó todo tipo de responsabilidad.

La semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Batakis y a Barros, en la causa que investiga la polémica generada por la contratación de familiares y la famosa numeróloga por parte de la entidad.

Es en base a una denuncia de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado: el expediente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Según la acusación, las funcionarias «habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio» del Banco Nación en «la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ´Pitty, la numeróloga´ para un ´curso de coach´ por la suma de $1.800.000», «la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA»; y «el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA».

También se cuestiona el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación. Sumado a ello, el aval de la titular de la entidad para que Barros cobre un sueldo mensual de 900 mil pesos.

El juez federal Julián Ercolini aceptó este lunes como querellante al Banco Nación en la causa que investiga supuestos delitos penales cometidos por la gestión anterior al otorgar créditos multimillonarios a la cerealera Vicentin.

«Corresponde hacer lugar a la solicitud del Banco de la Nación Argentina de ser tenido por parte querellante en estas actuaciones», resolvió Ercolini al entender que «se verifica con claridad que la entidad financiera podría llegar a resultar damnificada de los hechos investigados», según la resolución a la que accedió Télam.

El magistrado aceptó el pedido de la entidad bancaria, que ahora podrá tener acceso a la causa, sugerir medidas de prueba y eventualmente acusar si el caso llega a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

El viernes último el fiscal Gerardo Pollicita pidió al banco informes sobre controles y requisitos que se debían cumplir para autorizar los pagos de los créditos que se otorgaron a Vicentin, entre otras medidas dispuestas para rastrear la ruta que siguió ese dinero.

La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos y está delegada en el fiscal Pollicita.

Por los hechos están imputados el último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

En el nuevo pedido de informes cursado al Banco Nación a través de un oficio judicial, la fiscalía requirió los datos de los funcionarios que intervinieron en la gestión de los créditos y autorización de envío de fondos a las cuentas de la empresa.

También que se detalle cómo se autorizaban las operaciones y quienes eran el vínculo desde la firma cerealera.

La semana pasada, el Banco remitió a los tribunales federales de Retiro al menos 70 archivos con informes y documentación.

En la causa ya fue aceptada como querellante también la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo cual el juez resolvió que unifique la representación en el caso con el Banco Nación.

En tanto, voceros del Banco Nación informaron hoy a Télam que el juez Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentin, trabajó durante 20 años para la sucursal Reconquista del Banco Nación y firmó resoluciones que involucraban a empresas de ese grupo, por lo cual podría ser recusado en los próximos días.

Los voceros confirmaron a la agencia Télam que Lorenzini, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número 2 de Reconquista, «fue asesor legal del banco e intervino en cuestiones vinculadas al grupo Vicentin».

Lorenzini fue asesor de la sucursal Reconquista del BNA entre 1999 y 2018 y firmó resoluciones sobre empresas que pertenecen al grupo cuya sede central es la ciudad de Avellaneda, como Buyanor S.A., Biogas Avellaneda y Renopack.

Las fuentes añadieron que en la entidad crediticia, uno de los principales acreedores de Vicentin, «se está estudiando el tema» de presentar una recusación.

Un informe del banco indica que Lorenzini fue apoderado de la sucursal de Reconquista, cuyo principal cliente son las empresas del Grupo Vicentin.

En ese sentido, firmó dictámenes que involucraron a Buyanor SA (el 27 de abril del 2018), Biogás Avellaneda SA (el 9 de octubre del 2018) y Renopack SA (el 26 octubre 2018).

Los voceros consultados consideraron que el hecho que Lorenzini haya firmado dictámenes hace poco más de un año sobre esas empresas, en su anterior condición de apoderado del Banco Nación, podría «limitar su imparcialidad» ahora que es juez del concurso.

Al Nación le «llamó la atención» que en ocasión que el Estado decretó la intervención de Vicentin, el juez resolvió no pronunciarse sobre la cuestión de fondo pero sí decidir que los interventores designados pasaran a ser solo veedores.

También causó extrañeza que devolviera el control de la firma al mismo directorio que la llevó a una situación de deterioro que desembocó en el concurso de acreedores.

Por otro lado, poco antes de que se conociera que la Justicia había aceptado como querellante al Nación en el marco de la causa que investiga supuestos delitos penales cometidos al otorgar créditos multimillonarios a la cerealera Vicentin, el director del Banco Nación Claudio Lozano advirtió que la deuda de Vicentin con la entidad por más de US$ 300 millones «afecta la capacidad prestable» de la institución para otorgar créditos.

«Vicentin al Banco Nación le debe más de US$ 300 millones. Esto implica no poder disponer de esa capacidad prestable para poder asignarla, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Afecta la capacidad prestable del Banco», señaló esta mañana Lozano a FM Led.

En ese marco, mencionó que, durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco Nación, durante el gobierno de Cambiemos, la entidad «tuvo una política de fuerte concentración del crédito en pocas empresas», lo que dio «como resultado un alto nivel de riesgo para el Banco» y, cuando cayó Vicentin, lo hizo «el deudor más importante» de la entidad.

«Han estafado a miles de productores y a la banca pública. Esto afecta la economía del norte de Santa Fe y afecta un área estratégica en Argentina como es el comercio exterior de granos», concluyó el director del BNA.

EL Gobierno nacional presentará en la mañana de este lunes una nueva línea de créditos del Banco Nación para PyMEs, a «tasas razonables».

El anuncio será realizado a las 11:00 en la Casa Rosada y con la línea de créditos, «el Gobierno busca contribuir a recuperar el crédito a tasas razonables y llevar más alivio a la situación financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan volver a crecer», según un comunicado de Presidencia.

Además, la medida apunta a «resolver la situación crítica en la que se encuentran las PyMEs, tras las políticas de ajuste del gobierno anterior, que llevó al cierre de casi 25.000 empresas».

La nueva línea de crédito es «parte de un conjunto de medidas en las que trabaja el Gobierno Nacional para acompañar a diversos sectores productivos y regiones del país».

Las PyMEs así como los monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro, entre otros contribuyentes, ya cuentan con el Plan Moratoria 2020, que contempla una quita promedio del 42% sobre el total de las deudas, con hasta 120 cuotas y una tasa del 3% mensual fija por un año.

Tras el crimen de un cajero en un asalto a una sede del Banco Nación en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, el Gobierno dispuso este miércoles la vuelta al funcionamiento de la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria, que debe definir las medidas para proteger tanto a empleados como a clientes de las entidades.

A través de la Resolución 17/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció el regreso del organismo que integran la Policía Federal; la asociaciones bancarias ABA, ADEBA y ABAPRA; el Banco Central y el Nación; la Cámara Argentina de Transportadores de Caudales (CATC); la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); La Bancaria; la Federación Nacional de Camioneros; y la Asociación de la Banca Especializada.

La misión de la comisión es establecer las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades, a fin de proteger tanto a los empleados de los bancos como a los clientes.

Creada en 2009, la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria había dejado de funcionar en 2017 «a partir de la desregulación de la operatoria bancaria, afectando de manera directa y negativa los niveles de seguridad de los trabajadores bancarios», subrayó la cartera conducida por Sabina Frederic.

En la resolución oficial, la ministra de Seguridad invitó a los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para que «adhieran, en la medida más conveniente, a las disposiciones que emita la Comisión, con el objetivo de generar procedimientos coordinados en todo el territorio de la Nación». En ese sentido, la Policía Federal emitirá un documento que servirá como estándar de recomendaciones de seguridad bancaria.

La medida fue adoptada tras el crimen de Germán Chávez, de 31 años y cajero de la sede de Isidro Casanova del Banco Nación: el pasado 31 de enero el hombre fue asesinado durante un robo en la sucursal.

Este lunes se lleva adelante el paro bancario como estaba previsto, tras el asesinato de un cajero en la sucursal de Banco Nación en Isidoro Casanova.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, resolvió que mencionado banco no abra sus puertas en todo el día. Las demás entidades bancarias adhieren a la medida de fuerza, pero únicamente durante las dos primeras horas de este lunes.

En Rosario, las entidades bancarias pararán de 10.00 a 12.00. En la provincia, la restricción será de 7.15 a 9.15.

“En virtud de las asambleas realizadas ayer en distintas sucursales y casa matriz del BNA ante el asesinato del compañero Germán Chávez, y a solicitud de su Comisión Gremial Interna, la Asociación Bancaria extiende en el Banco Nación el paro previsto para el 3 de febrero a toda la jornada de atención al público en todo el país”, sostuvo el gremio a través de un comunicado.