Una nueva audiencia imputativa por la entradera en zona sudoeste, donde un policía resultó herido de bala, fue realizada este martes y ya son tres los implicados. El hecho sucedió el pasado 6 de marzo en Comodoro Rivadavia al 2600, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de una pareja y uno de ellos le disparó a un agente en el marco de un tiroteo.

La instancia judicial se llevó a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el juez Aldo Bilbao Benítez dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el imputado.

El fiscal Alejandro Caron le atribuyó a Raúl Andrés Cejas haber participación en el robo. El hombre de 40 años fue acusado de conformar el grupo delictivo junto a su hermano, Eduardo Cejas, y otro cómplice identificado como Matías Romano. 

De acuerdo a la versión de Fiscalía, los tres implicados irrumpieron en el domicilio mientras las víctimas entraban el auto a la cochera, los redujeron a punta de pistola y huyeron con 2.200 dólares, un reloj y el DVR de las cámaras.

Además, se le adjudicó a Cejas el uso de una de las dos armas de fuego implicadas en la escena que terminó con Federico C., un uniformado que intentó detenerlos, herido de un impacto de bala en el cuello.

Dos de los involucrados en la balacera que terminó con el asesinato de Gian Mastrocola, el bebé de 1 año y medio en una barbería de zona sur, fueron imputados este lunes por la tarde durante una audiencia que se llevó adelante en el Centro de Justicia Penal (CJP).  El juez resolvió que ambos acusados continúen en prisión preventiva hasta el desarrollo del juicio. Otros tres sospechosos están prófugos y uno, señalado como quien colaboró en guardar el vehículo utilizado para el ataque, quedó en libertad. 

Andrés, abuelo materno del menor, brindó declaraciones luego del encuentro a cargo del juez Juan Gasparini. En este marco, Kevin Portillo admitió ser el autor material del tiro que mató a la criatura en Melincué al 6100 y quedó imputado por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, al igual que Alan Vallejos. 

Por su parte, el familiar de Gian, presente junto a otros seres queridos en la sala y uno de los impulsores de una marcha previa en reclamo de justicia, relató: “La fiscal (Agustina Eiris) ya pidió cadena perpetua, pero le van a dar preventiva durante dos años. Los abogados defensores pidieron liberarlo (a Alan), pero hay material suficiente para dejarlo adentro”. 

En la misma línea,  consideró que hay “muchas pruebas y testigos como para que no salgan más”, y expresó: “La vida de Gian no nos la va a devolver nadie, pero por lo menos da un poco de paz saber que estos asesinos no van a ver la luz del sol como nunca más la va a ver mi nieto”.

A su vez, fue consultado por Alexis Vallejos, primo de uno de los detenidos que permanece prófugo, sindicado de formar parte del grupo de agresores que fue a buscar a Ismael G. con armas de fuego y terminó con la vida del bebé. “Lo tienen identificado y lo están buscando”, concluyó el abuelo del niño.

El caso del crimen de Gian Benjamín Mastrocola, el bebé de un año que fue asesinado de un disparo en la barbería de su padre en zona sur, conmocionó  a la ciudad. Este lunes por la tarde sumará un nuevo capítulo con la realización de la audiencia imputativa a los tres detenidos y una marcha en reclamo de justicia a la que convocaron los seres queridos de la víctima.

Se trata del homicidio que sucedió el pasado jueves en un comercio de Melincué al 6100, en barrio Roque Sáenz Peña. De acuerdo a la versión de Fiscalía, todo comenzó con una discusión previa en la calle entre un familiar del menor y Alan V., un motociclista, que minutos más tarde regresó en compañía de varios cómplices a bordo de un auto y abrieron fuego contra el local. Gian recibió un impacto de bala en el torso mientras estaba en brazos de su padre y murió durante su traslado al Hospital Roque Sáenz Peña. El hombre al que buscaban los gatilleros no estaba en el lugar al momento del ataque.

En cuanto a los aprehendidos, el primero en caer fue Kevin P., un joven de 25 años que fue reducido por un gendarme que vive en el barrio en el lugar del hecho y al que le secuestraron un revólver calibre 38. Luego, tras un procedimiento en Patricias Argentinas y Bacle donde encontraron un Chevrolet Corsa con la luneta rota, aprehendieron a Darío Alberto A. (45) y a Alan V., quien portaba una pistola calibre 11.25. 

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustina Eiris, anticipó que los tres serán imputados por homicidio agravado por uso de arma de fuego en calidad de coautores.

Daniel, abuelo del nene, confirmó esta mañana que habrá una marcha en pedido de justicia por el asesinato de su nieto en la previa a la audiencia. La convocatoria se llevará a cabo a partir de las 15:00 en Sarmiento y Virasoro y los presentes se trasladarán hacia el recinto judicial de Mitre al 2800 a las 16:00. 

Los ocho policías acusados de robarle a una familia en un falso allanamiento en la zona norte de Rosario fueron imputados y liberados por fianza, aunque deberán cumplir una serie de reglas de conducta.

Los detenidos, integrantes del Comando Radioeléctrico, fueron a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario este jueves ante el juez Rodrigo Santana. Fueron identificados como Joaquín Mario Fyk, Leonardo Fabián Garzón, Daiana Irena Mena, Sofía Macarena Ríos, Iván Gabriel Tkachuk, Iván Eduardo Merlo, Damián Ezequiel Blanco y Fernando Alberto Blanco.

Según la acusación del fiscal Rodrigo Urruticoechea, el episodio sucedió este lunes por la mañana en Pasaje 1353 y Somoza, cuando los uniformados demoraron en una comisaría a un joven de 25 años, a quien presuntamente golpearon, y luego ingresaron sin autorización a su vivienda, donde se encontraba su pareja con su hija de 2 años.

Siempre de acuerdo al relato de Fiscalía, los acusados se llevaron 40.000 pesos y decenas de prendas que pertenecen a un emprendimiento de la mujer, entre los que aparece ropa interior, gorras, medias y tops deportivos.

En este sentido, Urruticoechea les adjudicó los delitos de robo doblemente agravado por haber sido en poblado y en banda y por haber sido ejecutado por ser integrantes de la fuerza policial, y abuso de autoridad.  

Por su parte, el juez Santana dictó la libertad de los policías a través de fianzas que van desde los 100.000 pesos al millón y medio. También, no podrán salir del territorio provincial ni nacional, deberán firmar ante la Oficina de Gestión Judicial y se les prohibió el acercamiento a las víctimas.

La jueza Trinidad Chiabrera le dispuso la prisión preventiva por el plazo de un mes a los siete empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) sospechosos de haber robado medicamentos e insumos médicos del lugar. 

Los acusados son Oscar L., Roberto R., Nelson S., Eduardo T, Antonio A., Javier D., y Darío F, quienes fueron detenidos el 3 de julio tras una serie de allanamientos llevados a cabo en una funeraria y múltiples domicilios en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. 

La acusación estuvo a cargo del fiscal José Luis Caterina, quien encabezó las investigaciones junto a la Dirección de Asuntos Internos, En ese sentido, aclaró que el procesó todavía continúa debido a que hay “muchas medidas en curso con cierta reserva sobre la investigación”.

Acerca del robo de los insumos, sostuvo que se comprobó el robo de materiales hospitalarios tales como barbijos o guantes, además de medicamentos. Elementos que fueron encontrados en las viviendas allanadas y que coinciden con los registros de la farmacia del Heca. 

En ese sentido, precisó que ninguno de los imputados, que trabajan en áreas ligadas al control interno o como operarios de patio, pudo justificar porque poseían dichos objetos. 

Así las cosas, el acusador aseveró que se baraja la posibilidad de que los fármacos se usaran para venderse de forma ilegal, aunque todavía no se constató esa hipótesis. No obstante, saben de las existencia de cuentas que venden medicamentos a través de las redes, por lo que se investigará si vienen del Heca u otros efectores de la Municipalidad. 

Los imputados son sospechosos por los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales, y se investigan a otros por venta sin autorización y encubrimiento. 

El hombre acusado de asesinar a su hermano a puñaladas en la zona sur de Rosario este fin de semana fue imputado y quedó en prisión preventiva por decisión de la Justicia.

Se trata de Sebastián Pérez S., de 44 años, señalado como responsable del crimen de Leandro Pérez Sánchez. El hecho ocurrió este sábado por la tarde en una vivienda de Sarmiento y pasaje Blanque, cuando la víctima de 43 años fue atacada por su hermano con un arma blanca y murió producto de una herida en el abdomen. El asesino fue detenido momentos después. 

Este martes la fiscal Marisol Fabbro adjudicó al acusado el delito de homicidio simple y la jueza Paola Aguirre ordenó 60 días de prisión preventiva. Además, la magistrada solicitó que una junta médica evalúe su salud mental. 

La mujer identificada como Brenda Aldana Barrios, que fue detenida el jueves en la zona oeste de Rosario tras ser acusada de realizar múltiples estafas en comercios de Rosario y la región, fue imputada este viernes en una audiencia.

El juez Rodrigo Santana le había dictado la libertad bajo el pago de una fianza de 1.200.000 pesos, además de normas de conducta, luego de que el fiscal Carlos Corvani la acusara de cometer tres transferencias falsas. 

No obstante, como la sospechosa todavía no fue acusada por un hecho similar en el departamento de San Lorenzo, el juez se declaró incompetente y derivó el caso a la justicia de esa zona. Por lo tanto, seguirá detenida. 

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Carlos Covani, la imputada estafó por 470 mil pesos a un local, por 70 mil a otro y a uno más por 570 mil.

Puntualmente, fueron blanco de las estafas un local de electrodomésticos, otro de cosméticos y uno de peluquería. 

Las operaciones fraudulentas fueron realizadas entre el 12 de diciembre del 2024 y el 24 de febrero.

El caso por el cual sigue detenida y su situación se trasladó a la Justicia de San Lorenzo ocurrió en San Gerónimo Sud, cuando realizó un cambió de neumático, alineación y balanceo, y pagó 110 mil pesos con una transferencia falsa. 

La jueza Paula Álvarez le dispuso la prisión preventiva por un plazo de 45 días a dos hermanos que atacaron a tiros a un vecino de 38 años durante una discusión en la zona sur, que tras recibir dos disparos tuvo que ser internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El fiscal Germán Mazzoni encabezó la audiencia imputativa el domingo y acusó a los sospechosos, Maximiliano Francisco B., y Yoel Jesús B., por abuso de armas y portación ilegítima de arma de guerra. Yoel Jesus, además, fue sindicado como el instigador de la agresión.

De acuerdo a la Acusación, el episodio violento ocurrió el pasado jueves 23 de enero en calle Corrientes al 3100 cuando la víctima del ataque mantuvo una discusión con los imputados. 

Sin conocerse aun las razones detrás de pelea, uno de los acusados fue a su casa y buscó un arma a pedido de su hermano, por lo que al poco tiempo regresó a la escena con una pistola 9 milímetros y abrió fuego contra el vecino. 

Como resultado del ataque a tiros, el hombre sufrió heridas en el glúteo y la cadera, aunque estaba fuera de peligro ya que las balas no se alojaron en zonas vitales. No obstante quedó internado en el Heca para su evaluación. 

Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en Corrientes y Garay, donde les secuestraron una pistola y una moto Honda Wave. De la escena del hecho se requisaron dos vainas servidas. 

La jueza de primera instancia, María Melania Carrara, le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley a los diez policías del Comando Radioeléctrico, imputados por robos, allanamientos ilegales, haber falsificado actas de procedimientos, entre otros delitos. 

La audiencia en contra de los uniformados comenzó el lunes 30 de diciembre pero tras dictarse un cuarto intermedio, continuó el jueves 2 de enero hasta que este viernes se formalizaron las acusaciones y quedaron presos. 

El caso fue expuesto por el fiscal José Luis Caterina, quien acusó a los policías, Marcelo Gabriel Buljubasich; Stella Maris Campi; Agustina Noelia Molina; Gisela Lorena Noni: Melani Rocío Pabón; Bria Facundo Pereyra; Jaquelina Roldán; María Eva Tenallia; el jefe de tercio Gastón Nicolás Mendoza; y el jefe de tercio del Comando, Luis Alberto Pais. 

En relación a los hechos por los que se les imputa, el fiscal Caterina precisó: “Se han traído 14 causas en su contra que por cada policía hay hasta 9 o 10 delitos de los que se les acusa”. 

“La investigación comenzó de una forma muy tímida porque se sospechaba que había un tercio en particular que cometía procedimientos o allanamientos ilegales”, continuó.

“Cuando se comenzó a sistematizar la información, reunimos causas o hechos de características similares y vimos que había múltiples allanamientos ilegales contra personas en situaciones de vulnerabilidad o con conflictos pasados con la ley”, agregó. 

En ese sentido, describió que en el proceso de investigación, no sólo se sustentaron en los testimonios de las víctimas de los procedimientos ilícitos, sino también con los datos aportados por la Central de Emergencias 911, la geolocalización de los móviles policiales, y las transcripciones de las comunicaciones internas entre los acusados.

Asimismo, se analizaron las contradicciones que presentaban las declaraciones de los uniformados al momento de reportar los allanamientos y detenciones en la Fiscalía. 

De acuerdo a los Fuscalía, los delitos del grupo de policías se remontan hasta el 27 de marzo del pasado año cuando tres de los acusados, Campi, Tenallia y Buljubasich, allanaron múltiples viviendas de Villa La Bombacha. 

Dichos operativos, según los agentes, se realizó porque un hombre se habría negado a ser identificado, pero que cuando lo atraparon le secuestraron dos armas de una mochila. 

Por el hecho, ese “sospechoso” estuvo preso desde el 27 de marzo hasta el 31 de agosto. Fue liberado porque se comprobó que le habían plantado las armas y que el accionar había sido irregular.

En otro de los casos que fueron investigados por los fiscales, se refiere a un allanamiemto ocurridas el 19 de abril del 2023 en San Martín y Colectora de Circunvalación, que involucra nuevamente a Buljabasich, Campi, Tenallia, y a Noni y País. 

Puntualmente, los uniformados demoraron a dos personas a las que le robaron 35 mil pesos. Tras eso, entraron en el departamento de los afectados, en Cochet y Donado, plantaron una pistola calibre 9 milímetros y se allanaron sin motivos la vivienda de la suegra de las víctimas en barrio Tango. 

Sobre este punto, la Fiscalía argumentó que en el acta del procedimiento, se configuró un relato en el que los imputados justificaron su accionar luego de ver que un auto entregara a una moto una bolsa con un arma a un motociclista, y que el conductor se refugió en un inmueble de barrio Tango. 

No obstante, de acuerdo a los análisis del Ministerio Público de Acusación (MPA) precisaron que el acta era falsa, a oesar de que los policías involucrados insistieron con la versión fabricada de los hechos. 

Este miércoles por la mañana fue imputada por lavado de activos Agustina Soledad Diale, viuda de Andrés “Pillín” Bracamonte, quién fue asesinado en inmediaciones del Gigante de Arroyito el 9 de noviembre pasado. Además, durante la audiencia el fiscal Miguel Moreno ordenó el secuestro del celular de Andrés Guillermo “Andresito” Bracamonte, hijo del ex jefe de la barrabrava de Rosario Central.

Según el relato del fiscal ante la jueza María Melania Carrara, la propiedad que Bracamonte poseía en el country Los Álamos de Ibarlucea se encontraba a nombre del presunto testaferro de “Pillín”, Eduardo Luis Antonio Langhi, quien se la había comprado al ex futbolista Fernando Lanzidei por la suma de 120 mil dólares.

En este sentido, Moreno señaló que entre abril de 2018 y mediados de 2020 Langhi administró la propiedad como si fuese su dueño, es decir, pagó impuestos, tasas, servicios y se encargó de gestionar reparaciones. En este sentido, para el fiscal fue Diale quien ofició de intermediaria entre “Pillín” Bracamonte y Langhi. 

En este aspecto, Moreno destacó el papel trascedente de Diale en el esquema de lavado de activos, actuando como enlace entre Bracamonte y el testaferro, de manera que no se descubriera el origen del dinero con que se adquirió el inmueble. 

Además, la Fiscalía imputó a Diale por haber sido testaferro de Bracamonte, al participar como socia de ATE Servicios Integrales SRL, sucesora de Vanefra SRL, la anterior empresa del ex barra brava. 

Moreno presentó evidencias sobre la adquisición, mediante dinero proveniente de actividades ilícitas, de múltiples bienes como un automóvil BMW M2, modelo 2018, valuado actualmente entre 80.000 y 100.000 dólares, una moto de agua marca SEA DOO modelo GTR 230, dos camionetas Volkswagen amarok 2.0, un Renault Rodeo, una Hyundai H100 Diesel 2.5 y una Renault Kangoo Express.

La audiencia imputativa contra el juez Marcelo Bailaque en los Tribunales rosarinos, pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, debido a que la defensa de uno de los complicados por las causas que implican a Bailaque, recusó al magistrado a cargo del proceso. 

El juez en cuestión, Eduardo Rodríguez de la Cruz, de otra jurisdicción, fue recusado por Paul Krupnik, represente de otro sospechoso funcionario de Arca (Ex Afip), Carlos Vaudagna, por haber participado anteriormente en un juicio por lavado contra el líder narco, Esteban Lindor Alvarado. 

Los fiscales Matías Scilabra de la Procunar; Federico Reynares Solari, del Ministerio Público; y Juan Argibay Molina, de la Procelac, expusieron en la audiencia contra el juez al que acusaron de corrupción, incumplimiento en deberes de funcionario público y prevaricato. 

En ese sentido, se lo sindicó por presuntamente demorar y retener expedientes de una causa por narcotráfico contra Alvarado; manejar fondos de una cooperativa portuaria intervenida de San Lorenzo y Puerto San Martín; y por avanzar en una causa contra un trabajador de San Cristobal, próximo a hacerse con la presidencia de la compañía, tras ser denunciados de manera anónima por evasión tributaria y lavado de activos en connivencia con trabajadores de la en ese entonces ex afip y la Aduana. 

El juez Florentino Malaponte le dispuso la prisión preventiva hasta el 9 de enero del 2025 a un hombre que golpeó y atropelló a su ex pareja, accionar que causo que termine de volcar con su auto en zona sur. 

Se trata de Matías Maximiliano O., y el hecho del que se lo acusa ocurrió este lunes en Pasaje Wagner y Sarmiento. 

Según el fiscal Lucas Altare, el violento hecho comenzó a las 3.30 de la mañana de ese lunes cuando el acusado, a bordo de un VW Vento, acudió al domicilio de su expareja y le tiró piedras al inmueble para que la mujer lo atendiera. 

Al momento de bajar y pedirle al violento que se retirara, él la comenzó a golpear y le robó el celular para luego irse a su aito. 

Tras subir al vehículo, la mujer quiso evitar que se fuera, pero el imputado sólo aceleró y condució por la calle con la víctima arriba del capó, hasta que chocó con autos estacionados. 

Por el choque, la mujer salió despedida y al chocar contra el suelo, sufrió múltiples heridas como escoriaciones, esguince de tobillo izquierdo y lesiones en muslo y muñecas. 

En tanto, el agresor terminó por volcar con el auto. En ese sentido, se lo imputó por lesiomes leves dolosas agravadas por mediar violencia de género, intento de hurto y desobediencia judicial por incumplir una orden de restricción. 

Los dirigentes gremiales que habían sido detenidos el miércoles por los incidentes ocurridos en la Legislatura santafesina el pasado 12 de septiembre, fueron liberados este jueves pasado el mediodía al término de una audiencia imputativa. 

A pesar de haber sido puestos en libertad, la fiscal Laura Urquiza aseguró que los sospechosos fueron imputados por “haber perturbado la sesión de los legisladores y por el delito de daño agravado”. 

“Asimismo, a otra persona se le atribuyó de forma particular el tener un arma de fuego sin su debida autorización”, agregó. 

En ese marco, los imputados deberán fijar un domicilio en la provincia, presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tendrán prohibido acercarse a la Legislatura y no deberán portar armas de fuego o cometer delitos. 

Los detenidos liberados fueron Franco Casasola y Román González, integrantes de la comisión directiva de Amsafé Rosario, junto con el delegado Diego del Castillo y el referente de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) Rosario, Maximiliano Molina.

El secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, destacó la liberación de los “compañeros" y afirmó que van a “ir a fondo por el caso”. 

“Lo que logramos hoy es un paso muy importante. Pero vamos a ir a fondo, exigiremos el desprocesamiento de los liberados y defenderemos que se garantice el derecho a la protesta", consignó. 

⚠️ TERMINÓ LA AUDIENCIA IMPUTATIVA ⚠️Van a liberar a los compañeros detenidos. Después de la fuerte movilización y unidad de la clase trabajadora se logró que en las próximas horas liberen a los detenidos.BASTA de perseguir a los que luchan pic.twitter.com/3nrG2n0dap

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado por su supuesta vinculación con una red de juego clandestino. Según los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, el legislador era quién se encargaba de proteger estas actividades y de ocultar las ganancias. La audiencia, que se llevó adelante este martes, pasó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 9.

Traferri arribó al Centro de Justicia Penal acompañado por su abogado y se presentó ante la jueza Eleonora Verón en la sala 7. Alrededor de la hora 19, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que la audiencia se retomará este miércoles a las 9.

El legislador enfrentó un proceso legislativo y judicial que culminó en octubre del año pasado cuando el Senado aprobó su desafuero. En este sentido, fue el propio Traferri quién puso a dispocisión su inmunidad parlamentaria, tras conocerse una denuncia contra el fiscal Matías Ederey, quién se encontraba investigadoló por su supuesto vínculo con el juego ilegal. 

Una vez que obtuvo el desafuero, Traferri solicitó ante el MPA, por intermedio de sus abogados Oscar Romera y Juan Murray, se convocado a una audiencia imputativa con el fin de poder defenderse de lasa acusaciones y probar su inocencia. 

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra ya no están al frente de la investigación. Edery fue suspendido y reubicado en otra área del MPA. Schiappa Pietra tiene funciones limitadas y no puede participar de este procedimiento.

El expendiente llevó a la condena de varios imputados, entre los que se encuentran el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quienes se declararon culpables y aceptaron juicios abreviados. 

Asimismo, el ex jefe de fiscales, Patricio Serjal, y el ex empleado del MPA, Nelson Ugolini, continúan a la espera de un juicio oral y público. Si bien Ugolini se encontraba en libertad provisional, su participación en una serie de estafas relacionadas con agencias de autos, llevó a los fiscales a pedir su prisión preventiva, solicitud que fue aceptada por el juez Alejandro Negroni. 

En el marco de la causa por juego clandestino, Armando Traferri, senador del Partido Justicialista por el departamento San Lorenzo, fue citado por la justicia para una audiencia imputativa que se llevará adelante el próximo martes 8 de octubre, a las 14:30, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario. 

Se trata de una medida que el propio Traferri solicitó, a fines de 2023, con el fin de poder ejercer su defensa e intentar demostrar su inocencia. La instancia judicial será presidida por la jueza Eleonora Verón y contará con la presencia de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. 

Fue en octubre del año pasado cuando el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó el desafuero de Traferri, que había sido solicitado por el propio senador tras conocerse la denuncia contra Matías Edery, uno de los fiscales de la causa en ese momento, a quién se lo investigo por irregularidades en su vínculo con una informante de “Guille” Cantero, y que fue finalmente suspendido y apartado de la fiscalía.

Luego de que le quitaran los fueros, el senador Armando Traferri solicitó a la Justicia, a través de sus abogados, Oscar Romera y Juan Murray, que lo citaran a una audiencia que, finalmente, se concretará el próximo 8 de octubre. 

En diciembre de 2020, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron quitarle la inmunidad a Traferri, pero el Senado rechazó el pedido e impidió que se avanzara en la investigación. Los fiscales solicitaron un recurso de inconstitucionalidad, llegando finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emitió algunos fallos favorables y otros en contra del pedido de Edery y Schiappa Pietra.

Por su parte, el senador acusado sostuvo que esta situación se trataba de una persecución política por parte del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hecho que intentará demostrar ahora ante la Justicia.

El fiscal Franco Carbone imputó este martes en el Centro de Justicia Penal al hincha de Newell's identificado como Lautaro Javier C., autor de la amenaza contra el periodista Hernán Cabrera. 

En ese sentido, el juez Hernán Postma determinó que el acusado recupere la libertad, pero dispuso que tiene que cumplir con una serie de normas de conducta en un lapso de seis meses, desde el pago de una fianza de 300 mil pesos, hasta un pedido de disculpas públicas. 

De esa manera, durante la audiencia el fiscal de la causa acusó al sospechoso de haber cometido el delito de amenazas coactivas tras amenazar por la red social de Instagram a Hernán Cabrera el 23 de agosto, con el objetivo de que el periodista deje de informar sobre el club de forma profesional. 

En dicho mensaje que fue expuesto durante la audiencia, Lautaro Javier C., le propinó toda clase de insultos y amenazas de muerte a la víctima, a la que acusó de estar “comprado”. 

“Basura irrecuperable, deseo de corazón que te desaparezcan algún familiar, que aparezcas colgado o con un balazo en la cara… alejate de Newell's amarillista”, amenazó. 

En ese contexto, Carbone apuntó a que la intimidación se dio en un marco de “violencia altamente lesiva” a raíz de un conflicto de intereses entre dos facciones de la barra de Newell's que se concretó a través de amenazas, extorsiones y tentativas de homicidios, que afectaron tanto a barras como dirigentes.  

Por la imputación, si bien el juez dejó en libertad al acusado, el mismo deberá cumplir con una serie de normas de conducta a lo largo de seis meses. 

Entre sus responsabilidades ante la Ley, deberá pagar una fianza de 300 mil pesos, disculparse públicamente con la víctima, con la cual no deberá comunicarse ni acercarse a más de 300 metros, y tampoco podrá salir del territorio provincial.

Asimismo, tiene prohíbido el acceso a cualquier instalación que sea de Newell's así como la asistencia a cualquier evento relacionado al club y tendrá que entregar su carnet de socio sin posibilidad de renovarlo. 

El juez Rafel Coria le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley, a Jonathan Ezequiel S., un trapito apodado Chucky que fue imputado por el homicidio de Matías Abraham, asesinado a piedrazos en Oroño y Brown, Pichincha.

Por el ataque, Abraham tuvo que ser internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), nunca recuperó el conocimiento y el primero de marzo falleció por un traumatismo de cráneo. 

Chucky fue imputado este jueves en una audiencia en el Centro de Justicia Penal, luego de que este martes la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), allanará un domicilio en la zona norte de Rosario, en el marco de las investigaciones por el crimen de Abraham, y lograran detener al acusado. 

Lo cierto es que el imputado fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona al momento en el que le propinó los golpes asesinos al otro cuidacoches, pero las autoridades tardaron en identificarlo por un pacto de silencio entre los trapitos de Pichincha.

Así las cosas, todavía resta dar con el paradero del hermano del acusado, quien ayudó a Chucky en la pelea mortal que tuvo con Abraham en enero.

El fiscal Alejandro Ferlazzo acusó a Chucky de homicidio calificado por Alevosia, y según lo que expuso durante la audiencia, el hecho tuvo lugar el 20 de enero de este año en Oroño y Brown, cuando los dos cuidacoches comenzaron a pelearse. 

En medio de la pelea que fue observada por peatones, y cuando Chucky parecía haber perdido, un sujeto que fue identificado como el hermano del victimario apareció y le pegó una patada en la cabeza a Abraham, que perdió el conocimiento.

Al ver que el otro cuidacoches estaba tendido, una cámara de la zona ubicada en un edificio de Oroño al bis, captó como Chucky agarró una piedra y comenzó a golpear la cabeza de la víctima en repetidas ocasiones. 

Un amigo de la víctima fue el que identificó a los dos agresores en el mes de abril y permitió que la causa avanzara. 

La jueza Alejandra Negroni le dictó la prisión preventiva efectiva, este lunes en una audiencia en el Centro de Justicia Penal a dos jóvenes acusados de haber asesinado a un menor de 16 años, identificado como Ramiro Josué D., el primero de agosto en Rueda al 4400. 

Los imputados son dos hombres de 28 años llamados César Isaac “Chote” Godoy  y Emanuel Alejandro Ramírez, que habían sido detenidos este fin de semana por narcomenudeo en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en villa Banana y La Lagunita, donde los uniformados secuestraron un kilo de cocaína, dos armas de fuego, 4 millones de pesos y 5 mil dólares. 

En el operativo también fue detenido un tercer sujeto identificado como Raúl Andrés Juárez, al que también se le dictó la prisión preventiva, aunque sólo por los delitos de tenencia de dorgas y armas de fuego. 

De acuerdo a la fiscal, María de los Ángeles Granato, el homicidio fue perpetrado el primero de agosto a las 23.30 en un pasillo ubicado en Rueda y Amenábar. 

En ese sentido, los sospechosos fueron sindicados como los coautores del homicidio. El adolescente falleció mientras era derivado al hospital Carrasco. 

Tres jóvenes que el sábado pasado robaron un auto y se tirotearon con la policía, fueron imputados por los delitos de robo agravado, portación de arma y resistencia a la autoridad, por lo que el juez Alejandro Negroni les dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. 

Los sospechosos son tres hombres identificados como Diego Clairon, de 18 años; David Ramos, de 20 y Alexis Carrizo, de 19, quienes fueron acusados por las fiscales María Teresa Granato y Bárbara Glikman de haber pedido un viaje por Uber el sábado 17 de agosto a las 21.15 en calle Santa Fe y Donado para luego robarle el auto (un Fiat Cronos) y sus pertenencias al chofer, en Chaparro y Montevideo, el destino final del viaje. 

El conductor se negó a entregar su vehículo y pertenencias y uno de los delincuentes le disparó al parabrisas delantero para intimidarlo. 

Tras la amenaza, la víctima abandonó el auto y luego de caminar por siete cuadras, denunció la situación en la Subcomisaría 22° de Forest al 7600. 

El auto robado fue localizado en Provincias Unidas y Mendoza y comenzó una persecución, hasta Carranza y Derqui, donde los ladrones bajaron del vehículo y escaparon a pie por un fonavi. 

A renglón seguido, se desató un tiroteo entre los agentes y los delincuentes. Afortunadamante, no se registraron heridos. 

Los uniformados detuvieron primero a Diego Clarion en Donado y Magdalena Güemes; luego, a David Ramos en un monoblockfinalmente atraparon a Carrizo entre Carranza y Donado y les secuestraron un arma cargada. 

La Jueza Paula Álvarez le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días a Juan Carlos A., un trapito del centro de Rosario que fue imputado por cuatro episodios violentos ocurridos en un lapso de 120 días. 

En el marco de la audiencia imputativa celebrada este jueves, el fiscal Fernando Dalmau recopiló los hechos delictivos que se le acachan al imputado, que van desde amenazas y daños, hasta robo. 

En ese sentido, el primero de los hechos por el que se lo imputa sucedió el 7 de mayo, cuando el cuidacoche amenazó a una mujer que estacionó en Catamarca al 1000 y se negó a pagarle por el cuidado del rodado. 

Luego, otro de los violentos episodios sucedió el 20 de julio en la madrugada, cuando el trapito rompió con piedras los vidrios traseros de un Peugeot estacionado en San Martín, entre Tucumán y Catamarca. 

Más adelante, el fiscal detalló que el imputado vandalizó nuevamente las ventanas de otro vehículo un 8 de agosto a las 22.00 horas mediante el uso de un objeto contundente. 

Finalmente, el más grave de los episodios se llevó a cabo el domingo 11 de agosto cerca de las 17.50 horas en Tucumán y Sarmiento, cuando el cuidacoche rompió nuevamente la ventanilla de otro rodado, pero esta vez para robar una computadora de adentro del coche. 

No obstante, el robo fue presenciado por un peatón que rápidamente le dio aviso a la Policía, por lo que los agentes pudieron apresarlo y secuestrarle los elementos robados.