La Cámara Federal de Casación Penal dio el visto bueno a una nueva revisión del fallo por el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al aceptar un recurso del Ministerio Público Fiscal que plantea incorporar la figura de femicidio en la causa.

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes hicieron lugar al planteo contra la sentencia del Tribunal Oral Federal N°6. En ese fallo, Fernando Sabag Montiel fue condenado a diez años de prisión y Brenda Uliarte a ocho, sin que se aplicara el agravante por violencia de género.

El recurso impulsado por la fiscalía incluyó un análisis específico elaborado por la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, donde se manifiesta que el ataque debe interpretarse dentro de un contexto de violencia simbólica y hostigamiento hacia la víctima por su rol como mujer en la política. En ese sentido, cuestionaron el criterio del tribunal oral, que había descartado el femicidio al considerar que no existía una motivación directa contra el genero femenino.

Con esta nueva instancia, y en caso de que el planteo sea sostenido ante Casación por el fiscal Mario Villar, el tribunal deberá definir si confirma la sentencia original o introduce un cambio de enfoque que siente precedente sobre la aplicación de la perspectiva de género en hechos de violencia política.

Fernando Sabag Montiel, declaró en la primera audiencia del juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner que se realiza en los tribunales de Comodoro Py, y afirmó que tenía toda la intención de matarla. 

Montiel es el principal acusado del intento de asesinato al gatillar contra la ex mandataria el 1 de septiembre del 2022. 

Al principio de la audiencia, la fiscal Gabriela Baigún fue directa y cuestionó al acusado acerca de trasfondo del atentado, a lo que respondió: “Se contesta sola la pregunta… matar a Cristina”. 

Luego, Montiel ahondó acerca del rol que tuvo en el intento de magnicidio otra de las implicadas, Brenda Uliarte: “Yo la quería matar y ella quería que muera. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”. 

Más adelante, explicó los motivos detrás del ataque: “Creo que es un acto de justicia y no fue uno en el que traté de favorecerme económicamente”. 

“Tiene una connotación étrica y profunda, más comprometida con el bien social que otra cosa”, expresó. 

En la noche del primero de septiembre del 2022, pasadas las 20:40 de la noche y tras presidir una sesión del Senado, la en ese entonces vicepresidenta se había dirigido a su domicilio en el barrio de Recoleta en Buenos Aires donde fue recibida por varios militantes. 

En medio del encuentro que tuvo con sus seguidores que se hicieron presentes en el lugar para manifestarle su apoyo a Cristina Kirchner por los recientes reveses judiciales que había tenido en el marco de la causa vialidad, ocurrió un hecho insucitado. 

Fernando Sabag Montiel, ciudadano brasileño, se acercó al tumulto de gente, sacó una pistola Bersa Thunder 32 cargada con cinco proyectiles en la cámara, y gatilló contra Cristina, para luego ser rápidamente avasallado por militantes y luego ser detenido por la Policía Federal. 

En ese contexto, el acusado se refirió a lo que sucedió al momento del atentado: “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”. 

“Sólo yo portaba el arma en el bolsillo reverso de la campera. El arma estaba un bolsillo y el cargador en otro. Brenda no tenía armas”, subrayó. 

En ese sentido, aclaró: “Esa iba a ser la primera vez que iba a matar una persona. Todo pasa muy rápido, debe ser el reflejo del cerebro que se desconecta”. 

Un tribunal oral unipersonal de San Martín condenó hoy a un año de prisión en suspenso a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte, ambos detenidos por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, pero no por ese hecho sino por la tenencia de un DNI ajeno.

El DNI fue hallado en un allanamiento en la vivienda de Sabag Montiel en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación por el ataque a la vicepresidenta.

Sabag Montiel declaró que había encontrado ese DNI extraviado e intentó devolvérselo a su titular, Francisco Almada -quien declaró como testigo en el juicio- pero no pudo dar con él.

Almada confirmó que había perdido el DNI y otros documentos a la salida de un recital, tal como lo había adelantado Carlos Telleldín, el nuevo abogado de Brenda Uliarte.

Pese a que el titular del DNI reconoció que lo había extraviado, el Tribunal Oral Federal 5 –integrado por el juez Héctor Sagretti- igualmente aplicó la condena, la misma para ambos imputados.

El fiscal Carlos Cearras había pedido para ambos una condena a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

Ninguno de los dos imputados aludió, ni les fue preguntado, por el ataque contra la vicepresidenta, pues ese asunto no era eje del debate que se celebró hoy.

Uliarte reconoció que había tenido una relación sentimental con Sabag Montiel, pero aclaró que no vivía con él en la casa allanada en la que fue secuestrado el DNI ajeno.

En ese sentido, dijo que desconocía de la existencia de ese documento y Sabag Montiel corroboró esa versión.

El juicio oral se inició y concluyó en la jornada de hoy y la decisión del tribunal es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Lo hizo, pese a la oposición manifestada por los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, y dejando –en lo formal- abierta la posibilidad de seguir investigando otras eventuales implicancias y responsabilidades.

La jueza dio por «parcialmente clausurada» la investigación y mandó a juicio a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los tres únicos detenidos que tiene la causa.

«Se han recibido formalmente los impulsos de las acusaciones pública y privada (esta última a través de un planteo subsidiario), para avanzar a la etapa de debate», justificó la jueza la elevación del expediente a juicio.

Capuchetti rechazó los planteos de la vicepresidenta, quien consideró que la instrucción está incompleta y que no se han explorado varias líneas de investigación que conducen hacia otros potenciales imputados.

«De la lectura de las diligencias que, a criterio de la parte querellante, deberían sustanciarse de forma previa a someter a juicio a las tres personas que se encuentran detenidas y procesadas en esta causa, se advierte que se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan a dichos imputados», refutó la jueza.

«La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar», añadió.

Capuchetti explicó que acató un fallo de la Cámara que urgió la realización del juicio: «Con apoyo en el criterio de la Alzada, que se comparte en esta instancia, y a fin de garantizar el derecho de los imputados a ser juzgados sin dilaciones indebidas, no habrá de hacerse lugar a la oposición de elevación a juicio planteada por la parte querellante».

El rechazo fue explicado en que «las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento» y en ese escenario, «aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen».

La jueza dejó abierta, no obstante, la posibilidad de seguir investigando pero resaltó la necesidad de «superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas)».

Pero anticipó que ni ella, ni el fiscal Carlos Rívolo, encontraron hasta ahora nada que exceda la responsabilidad de los únicos tres detenidos.

De hecho, Capuchetti citó el dictamen de Rívolo en el que expresó que «al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante».

«Se impone un rápido avance a la siguiente etapa. Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados», resumió.

Capuchetti volvió a quejarse de las objeciones a su actuación que manifestó la querella, a cuyos abogados les reprochó que «expresaron inapropiadamente reparos para con la actuación de la suscripta».

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este jueves que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen «urgente» nuevas medidas de prueba, en la causa por el intento de homicidio en su contra del 1 de septiembre último, tras detectarse una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

En efecto, hoy se conocieron los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta:»Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés que hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo».

En el escrito presentado hoy, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de sus interlocutores de confianza a quien le decía: «Es un golpe que le dimos al gobierno» y «esto se va a poner peor».

De este modo, los letrados entienden que hay pruebas para procesarlos como coautores de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.

Asimismo, solicitaron que Carrizo pase de ser considerado partícipe secundario a «coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas».

Para ello se refirieron a nueva prueba incorporada a la investigación a raíz de informes realizados sobre dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y se halló «material que amerita nuevas medidas de prueba»

En cuanto a Carrizo, advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que «hacen imperante una ampliación de la imputación».

El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor. pic.twitter.com/KShSCqgb5g

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 22, 2022

Por ejemplo, remarcaron que luego del atentado, a las 23.17 del 1 de septiembre, Carrizo escribió a uno de sus contactos agendado como Kevin Bargas 2:

-«Recién intentamos matar a Cristina» (23: 17 hs.)

-«Mi empleado» (23:17 hs.)

-«Le quiso disparar» (23:17 hs.)

-«Va a ir preso» (23:17 hs.)

-«El arma es mia amigo» (23:18 hs.)

-«Te lo juro por dios» (23:18 hs.)

-«Estamos con el grupo» (23:18 hs.)

-«Todos juntos» (23:18 hs.)

El ex director técnico de la Selección argentina, Alfio «Coco» Basile, habló por primera vez sobre la detención de su hija, Sabrina, en el marco de la causa que investiga las amenazas contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y afirmó que la pasó «como el orto».

A un mes de la detención de su hija, el ex entrenador rompió el silencio y se refirió brevemente al tema en una entrevista radial. Al ser consultado sobre cómo pasó ese momento, el Coco Basile respondió: «Como el orto. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sabés lo que es?».

«Pero la conozco a mi hija. Ella es política, está con la política, pero nada que ver de cosas graves, nada misterioso y eso que dicen. No pasa nada. No quiero hablar del tema para no hacerlo relucir otra vez, que no sigan con lo mismo», agregó el ex DT de la Selección argentina y Boca.

De 53 años, Sabrina Basile estuvo detenida entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre pasado acusada de formar parte de Revolución Federal, una agrupación de derecha que realizó una serie de llamativas protestas contra el Gobierno y que quedó en el ojo de la tormenta tras el atentado que sufrió la titular del Senado.

La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó este martes la prisión domiciliaria para Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocido como «Los copitos», detenido como partícipe secundario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti desestimó el pedido planteado por la defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, en sintonía con lo aconsejado por la Cámara Federal porteña en el fallo en el que confirmó el procesamiento de Carrizo.

El tribunal le había recomendado a la jueza que evaluara medidas «menos lesivas» que la prisión efectiva en la cárcel de Marcos Paz para asegurar la comparecencia de Carrizo en la causa.

Pero Capuchetti, sobre la base de un dictamen del fiscal Carlos Rívolo y con el pronunciamiento en el mismo sentido de la querella, consideró que persisten los «riesgos procesales».

Bajo ese parámetro, denegó la prisión domiciliaria pedida por la defensa, pues consideró que «los riesgos procesales no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado».

La resolución tomó en cuenta también un informe socio-ambiental reclamado por la jueza a efectivos de la Policía Federal que resultó negativo para el interés de Carrizo.

El reporte consideró que por las condiciones de habitabilidad y seguridad internas de la casa en la que Carrizo podría cumplir con la domiciliaria (paredes con humedad, falta de puertas que separen ambientes), el lugar no era el adecuado.

Capuchetti consideró que mantener a Carrizo encerrado en una cárcel común contribuirá a «salvaguardar la investigación de posibles maniobras que la puedan entorpecer».

«La modalidad de detención propiciada no resulta suficiente para aplacar los riesgos procesales mencionados», subrayó la jueza en su resolución. (Con información de NA)

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este jueves, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.

El juez, además, mandó a trabarles embargos sobre los bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo de 60 páginas.

«Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor», sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.

Para ello, continuó, «utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes».

«Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas», aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.

Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal «fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados – pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado».

El juez destacó en su fallo «la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘Van a correr’ o ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas». (Con información de Télam)

La Cámara Federal ordenó liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que permanecían detenidos desde el 20 de octubre por presunta incitación a la violencia colectiva, en el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según trascendió, la Sala I de Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso conceder la excarcelación a Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La decisión se tomó al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad.

En un fallo de cuatro páginas, la Justicia destacó que Basile «carece de antecedentes condenatorios» y «su domicilio se encuentra debidamente constatado, contando la imputada con suficiente arraigo».

Además, ponderó que «al anoticiarse de la orden de detención que pesaba sobre su persona, Basile compareció voluntariamente a la mesa de entradas del Juzgado, poniéndose a disposición de la justicia, oportunidad en la que fue arrestada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sin ofrecer resistencia alguna».

En cuanto a Jonathan Morel, la Sala I de Cámara Criminal y Correccional Federal destacó «la actitud colaborativa asumida por el nombrado quien, oportunamente, aportó voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado».

«Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa Nro.2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del Fuero N° 5 y por la presidencia de esta Cámara (causa nro.3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación», indica la resolución, aclarando que la investigación es ajena a la causa que analiza el ataque contra la vicepresidenta.