Mauricio Macri cuestionó duramente la decisión del juez federal, Dolores Martín Bava, de dictarle procesamiento y el embargo de 100 millones de pesos en el marco de la investigación por presunta vigilancia a familiares de víctimas del ARA San Juan.

«Es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos», resaltó el exmandatario nacional, que se encuentra en Chile realizando actividades con la Fundación FIFA, según informó Télam.

En declaraciones con la prensa chilena, Macri expresó: «Más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como el juez Bava». De esta manera, cuestionó nuevamente al juez, que lo procesó sin prisión preventiva y le prohibió salir del país (lo que se hará efectivo una vez que regrese a la Argentina).

A Macri se lo investiga por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de quienes fallecieron en el submarino ARA San Juan en noviembre de 2017. El juez Bava también determinó la prohibición de salir del país, lo que se hará efectivo una vez que Macri regrese de Chile.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, se encamina a resolver la situación procesal del ex presidente Mauricio Macri a quien indagó en la causa en la que se investigan el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El viernes el juzgado tuvo por recibidas todas las declaraciones testimoniales ordenadas a propuesta de la defensa del ex mandatario por lo que el juez quedó con el camino despejado para tomar decisiones, informaron fuentes judiciales.

La defensa de Macri buscaba probar con esas testimoniales que el ex presidente no promovió maniobras de espionaje ilegal y que la información incluida en la denuncia de espionaje podía estar vinculada con actividades del ámbito de la seguridad presidencial.

El argumento de la «avanzada presidencial» lo introdujo en el expediente la procesada ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, en el marco de su declaración indagatoria.

«La AFI, cuando yo era subdirectora, tenía un departamento específico que se llamaba Departamento de Enlace con la Casa Militar. Ese departamento realizaba lo que comúnmente se llama ‘previo’ o ‘adelantado’ presidencial», había declarado Majdalani.

El día de su indagatoria, la defensa del ex presidente Macri presentó un escrito en el que solicitó las declaraciones testimoniales de ex funcionarios de su gobierno entre las que requirió las de los exjefes de la Casa Militar y los ex jefes de la custodia presidencial.

En los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial, por escrito, de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.

Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el ex presidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar «un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento».

Una fuente con acceso a la investigación afirmó que la declaración de Guglielmi fue en la misma dirección a la que había dado, de modo presencial, el ex jefe de la Casa Militar José Luis Yofre a quién le atribuyó haber sido más explicativo.

Según la fuente, Yofre había explicado que ese informe socioambiental queda en la Casa de Gobierno (y no en la AFI) y contiene cuatro puntos: servicio meteorológico, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que puedan afectar el camino que debe atravesar el Presidente.

Mientras el juez Bava define si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Macri, el expresidente vuelve a hacer las valijas para salir del país: días atrás presentó un pedido de autorización para viajar a Chile entre el 30 de noviembre, y el 1 de diciembre en representación de la Fundación FIFA, para participar de una conferencia sobre el cambio climático y la agricultura sustentable.

Tal autorización ya no le será necesaria al ex mandatario para moverse por el mundo porque la Cámara Federal de Mar del Plata revocó horas después la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava y le indicó al magistrado que debía fundarla de otra forma si consideraba que la medida seguía siendo necesaria.

A Macri se le imputa haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.

El ex presidente Mauricio Macri recusó nuevamente al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien el miércoles próximo tiene previsto indagarlo por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas de hundimiento del submarino ARA San Juan.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que la frustrada declaración de la semana pasada demostró la «parcialidad» del juez, quien convocó al ex mandatario «sabiendo que no podía declarar». Lanusse subrayó que el juez omitió avanzar con el relevamiento del secreto que establece la ley de Inteligencia durante 22 días, desde el 6 de octubre –cuando la AFI le informó que no estaba en sus atribuciones tal decisión- y el 28, cuando se inició la frustrada indagatoria.

Lanusse le atribuyó intencionalidad política al «apresuramiento» del juez para indagar a Macri, cuyo «procesamiento –aseguró- ya está escrito». Bava ya había sido recusado por “temor de parcialidad” por la defensa de Macri con anterioridad al segundo llamado a indagatoria, pero la Cámara Federal de Mar del Plata desestimó el planteo. No obstante, le formuló una severa advertencia al juez, a quien le recomendó extremar la “prudencia” en sus pronunciamientos.

Tras la fallida indagatoria de la semana pasada, el juez Bava le pidió al presidente, Alberto Fernández, que relevara del secreto que impone la Ley de Inteligencia, lo que ocurrió apenas horas antes de que el Jefe del Estado viajara a Roma para la Cumbre del G-20.

Bava citó nuevamente a Macri para el próximo miércoles, para completar la indagatoria que quedó trunca. El juez debe resolver si acepta o rechaza la recusación y elevar su decisión a la Cámara de Mar del Plata, pero esa instancia procesal no impide la realización de la indagatoria.

Tras la suspensión de la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri por la causa de presunto espionaje a familiares de víctimas del Ara San Juan, la hermana del Cabo Daniel Polo, una de las 44 víctimas del hundimiento, exigió que se lo vuelva a citar «cuanto antes». «Ojalá el juez lo vuelva a citar ya antes que salga del país, y notifique que no está», pidió Isabel Polo en diálogo con Fernando Alonso para AM 990.

En la misma línea, la familiar manifestó que Mauricio Macri “hace uso político” de la causa y señaló que buscó la forma de «evadir» la declaración. «Nos queda la expectativa de saber en la próxima audiencia si se va a decir algo», afirmó.

Según rumores, el expresidente planeaba elevar un escrito al tribunal, pero no pudo ser indagado porque no había sido relevado del secreto que protege los asuntos de inteligencia nacional. En este sentido, Polo sostuvo: «Hubiese entregado el papel, se levantaba y se iba y no armaba el circo que armaron».

Por su parte, inquirió: «¿Qué es lo que guarda Macri como una caja de pandora?». Destacó que los familiares de víctimas sufrieron el» espionaje», al tiempo que esperan que se haga Justicia por el hundimiento y la pérdida de sus seres queridos.

«Se van a cumplir cuatro años y no tenemos respuesta aún», manifestó. Y agregó: «Hay pruebas de que fuimos espiados. Informes dirigidos en primera persona a Mauricio Macri». Asimismo, Polo tildó al expresidente de “burro” por no comprender la localización del juzgado en el que debía prestar declaraciones y por argumentar que el submarino no se hundió en Dolores.

Por último, la hermana del Cabo Daniel Polo afirmó: «El espionaje viene a posterior del hundimiento, porque quería saber cómo pensábamos, qué hacíamos el núcleo de los más activos y nuestro plan de lucha”. Y concluyó: “Macri logró lo que quería, dilatar su declaración».

El ex presidente Mauricio Macri se presentó a su primera indagatoria en la causa penal por el supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan. Se trata de la tercera citación convocada por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava. El exmandatario se ausentó de los primeros llamados.

El exmandatario decidió presentarse a prestar declaración acompañado por el sector PRO de Juntos. Patricia Bullrich, Jorge Macri, Fernando Iglesias, Pablo Torello, Silvia Lospennato, Waldo Wolf, Néstor Grindetti, Hernán Lombardi y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fueron algunos de los funcionarios que se apersonaron en Dolores a respaldar a Macri.

Previo a su presentación, el expresidente brindó unas palabras a los militantes y vecinos que lo acompañaron. El líder del PRO agradeció la participación ciudadana y manifestó: «si ellos creen que estos dos años de calumnias, agresiones, persecuciones, casi una obsesión permanente sobre mi persona, van a minar y disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados», y agregó: «No les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos

En la misma línea, señaló que el acto previo a sus declaraciones lo retrotrajo a la tarde del 7 de diciembre, día en el que oficializó el fin de su mandato. «Ese día me comprometí a estar siempre con ustedes, defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república», sostuvo.

En el marco de la campaña electoral, y de cara al 14 de noviembre, el dirigente del PRO destacó: «Ya no somos más borregos, y vamos a luchar por una vida mejor», y sumó que en ese camino es necesario la construcción de una «cultura del poder, sana, más honesta y transparente, que incluya una Justicia independiente e imparcial».

Asimismo destacó que el Gobierno se maneja bajo una cultura del poder «oscura, perversa, que usa una tragedia para dañar, que nos afecto a todos los argentinos». En la misma línea, Macri destacó estar prestando solidaridad permanente con los familiares del ARA San Juan, y calificó la citación de «intempestiva, sin fundamentos, en el medio de una campaña electoral».

«La Argentina tiene futuro, tenemos futuro juntos. Por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a rectificarlo», concluyó.

A su turno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich le aseguró al exmandatario que «nadie lo deja solo» en torno a los dichos generados por las ausencias de los principales candidatos de Juntos, dirigidos por Rodríguez Larreta. También afirmó estar cumpliendo con la Justicia, y destacó que «hay jueces buenos y jueces malos».

«Somos la autoridad y la moral. Venimos a presentarnos ante el juez que corresponda, aunque tengamos ciertas reticencias», declaró Bullrich, y sumó: «Venimos igual porque somos institucionalistas y republicanos».

Se vienen semanas difíciles y de muchas actividades con respecto a la campaña electoral en el oficialismo para poder revertir el resultado de las PASO, pero en el ámbito político y económico hay tres tópicos que esta semana están bajo lupa.

Aníbal Fernández, actual ministro de seguridad de la Nación, no se quedó a un costado de estas situaciones y apuntó contra el expresidente Mauricio Macri quien hoy declarará en la causa de posible espionaje contra los familiares del ARA San Juan: «Estamos hablando de un señor que se dedicó a espiar a los familiares del ARA San Juan».

A su vez se le preguntó acerca de la marcha que se realizará hoy en apoyo a Macri en la localidad de Dolores y el parecido que tiene con la que se llevó a cabo a favor de la vicepresidenta en Comodoro Py: «Ni por casualidad es parecido a lo de Cristina. En ese caso fue una situación espontánea de gente que quiso acercarse a hacerle sentir su calor humano. En este caso es algo impostado y las dimensiones no tienen nada que ver una con otra. En el primer caso fue una persecución lisa y llana».

También fue consultado por los conflictos en el sur y desde un comienzo respaldó a la comunidad mapuche luego de los incendios en El Bolsón: «Hablar de terrorismo es una cosa severa que nada tiene que ver en este caso. Dejo de lado a toda la comunidad mapuche». Además, señaló que hay grupos de personas que se definen como mapuches, pero que solamente buscan generar violencia.

Por último, sobre el alza del dólar Blue a $197 el ministro señaló que esta subida no indica nada ya que las importaciones se hacen con dólar oficial: «El dólar blue es un mercado marginal y muy chico que poco tiene que ver con la vida de los argentinos. No tiene por qué generar inflación».

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava citó otra vez a Mauricio Macri a indagatoria, para el próximo jueves 28 de octubre, por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. De esta manera, rechazó la recusación del expresidente contra el magistrado, a quien acusó de prejuzgamiento y temor de parcialidad.

Si bien lo terminará de definir ese planteo la Cámara Federal de Mar del Plata, el juez la desestimó in limine y lo citó para la próxima semana. De hecho, Macri estaba citado para este jueves 21 a las 10 y faltó a la segunda convocatoria luego que su abogado Pablo Lanusse pidiera postergar la misma en base a que recusó al magistrado y pidió sea apartado.

En sus fundamentos, acusó que Brava incurrió en prejuzgamiento al citarlo a indagatoria y acusar que tiene cierto “compromiso emocional y personal” con el caso. «La gravedad institucional que demandan avanzar de una vez por todas en el juzgamiento del espionaje político-judicial llevado a cabo de manera sistemática en la Argentina», dijo Bava en la primera citación de aquel 7 de octubre pasado. En esa ocasión quien fuera mandatario entre 2015 y 2019 no se había presentado porque estaba en el extranjero, de donde regresó este martes.

También lo cuestiona por arrogarse la competencia habiendo otras causas en otro juzgado. En ese sentido, acusa que la Cámara federal porteña dijo que la causa debía tramitar en Comodoro Py, algo que el juez Ariel Lijo, ante quien se denunciaron hechos de espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, aún no materializó. Ahora, ese planteo será finalmente definido por la Cámara Federal, pero mientras tanto el juez fijó una tercera fecha de indagatoria, consignó Noticias Argentinas.

Tras la ausencia de Macri, dos querellantes pidieron la detncion de Macri y reclamaron al juez que lo vaya a buscar con la fuerza pública. Lo hizo la abogada Valeria Carreras enrepresentación de un grupo de víctimas y también Luis Tragaplieta, papá de Alejandro uno de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, y también querellante en el caso. Sobre ese pedido el juez no se pronunció ni está obligado a hacerlo, algo que quedará abierto de definición de cara al tercer llamado a indagatoria.

El Consejo General de Guerra, que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan, difundirá este lunes al mediodía su resolución, aunque los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán en la semana.

Conforman el Consejo de Guerra el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

Acerca de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada, según consignó la Agencia Télam.

También evaluaron las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este lunes en horas del mediodía será la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa. La proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que «los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan». En el comunicado, plantearon que «el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante» y luego señaló, en relación al fallo, que «aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar».

La abogada querellante Valeria Carreras emitió en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que «los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)».

Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. «Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019», señaló la letrada.

Los familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la gestión de Mauricio Macri, tal como denunció el miércoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Esta denuncia derivó en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros pasos procesales y medidas de instrucción se realizaron en los Tribunales Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cámara Federal de esa ciudad atlántica ordenó el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.

El gobierno nacional promulgó la ley de indemnización para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación a fines de enero en una sesión extraordinaria y, finalmente, el Decreto 161/2021 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. 

De acuerdo al texto publicado, la normativa «consagra de manera voluntaria y optativa en favor de las familias de la y los tripulantes del Submarino A.R.A. “San Juan” el derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario de carácter económico cuyo monto es una fórmula que multiplica por 100 la remuneración mensual de las y los agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, fórmula idéntica que el Estado Nacional aplicó para familiares de AMIA, Rio Tercero y detenidos-desaparecidos».

«Este hecho se constituye como uno más dentro de las acciones de reconocimiento que el gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Alberto Fernández, en conjunto con el Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi, viene desarrollando desde que asumió la gestión», continuó el escrito publicado en Boletín Oficial y finaliza: «La memoria y el honor para la y los 44 tripulantes será siempre nuestro faro. El acompañamiento a las familias en el pedido por verdad y justicia estará siempre vigente, y cuenta con el pleno respaldo de toda la sociedad argentina».

Durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido en ley por unanimidad.

A través de esta iniciativa se establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino”.

Quedó estipulado que el beneficio económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar, libre de impuestos.

“importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios, y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”, señala el proyecto, que además determina que el otorgamiento del resarcimiento extraordinario “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.

A su vez, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización. El 11 de febrero pasado, la iniciativa planteada por iniciativa del Poder Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Defensa, ya había tenido media sanción en la Cámara de Diputados.

El Consejo de Guerra que analizará las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina -entre ellos el exjefe de la fuerza Marcelo Srur- en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, comenzará a desarrollarse en el Edificio Libertador.

Si bien esta etapa tiene fecha de inicio pero no plazos para su finalización, el proceso relacionado a la responsabilidad militar en el naufragio del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes, se inició en 2017 cuando se produjo el cambio de la cúpula de la Armada.

Las actuaciones del Consejo de Guerra serán de carácter confidencial ya que se manejan datos sensibles como la misión del buque siniestrado y su rol en el esquema de la defensa nacional.

Srur, el almirante que comandaba a la Armada al momento del hundimiento del ARA San Juan, estará acompañado en el banquillo por los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.

Además, se deberá analizar las responsabilidades de Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.

Según establece la ley, para ciertos casos, es un funcionario civil quien encabeza el tribunal, y ese lugar puede ser ocupado por el propio ministro de Defensa o, en este caso, será ocupado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi.

Además del funcionario, el tribunal estará integrado por el jefe de Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, y por el brigadier Pedro Girardi, segundo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas.

En los últimos días, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que aguarda «con expectativa» el inicio del Consejo, pero aclaró que ese proceso «solo comprende al personal militar» involucrado en el hecho.

«Cuando llegamos al Ministerio le dimos todo el respaldo necesario al oficial instructor del Consejo de Guerra, que es un oficial de otra fuerza, sobre el hundimiento del San Juan, y se puso como objetivo que antes de finalizar el año se empezaran a juzgar las responsabilidades militares», afirmó Rossi el fin de semana pasado en declaraciones radiales.

La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.

A la hora de juzgar, el tribunal deberá prestar atención a «la extensión del daño o peligro causados» y, teniendo en cuenta la pérdida del buque y de 44 vidas, expertos consultados por Télam afirmaron que los hechos serían enmarcados como «gravísimos».

De ser aplicada, la destitución implica la baja del condenado de las Fuerzas Armadas en caso de tratarse de personal en actividad o la pérdida definitiva del grado para aquellos que hayan pasado a retiro.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017. La decisión fue luego de varios reclamos de los familiares de los 44 tripulantes del buque.

El tribunal de apelaciones emitió un fallo de 177 páginas, según consignó la Agencia Télam, en el que confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al exmandatario y a sus exfuncionarios.

Se pudo conocer que entre los procesamientos, están los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

Cabe destacar que los exaltos mandos de la Armada están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del Ara San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.

Por otra parte, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del exjefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi. El tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, dispuso además la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ (submarino San Juan) por parte de la empresa Ocean Infinity”.

Además, ordenó una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”. Durante la audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la querella mayoritaria de familiares de tripulantes de Ara San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras, había reclamado que se investigara y se citara a indagatoria al expresidente Macri, al exministro a Aguad y al exjefe de la Armada.

El Ara San Juan fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que, según dijo López Mazzeo durante la audiencia de las apelaciones, el 5 de diciembre de 2017, ya había información sobre la supuesta ubicación del submarino; motivo por el cual Macri, Aguad y Srur también fueron denunciados ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció de los radares. La búsqueda duró un año e implicó la ayuda internacional. Hace tres años partió desde Ushuaia con destino hacia Mar del Plata. En su interior había 38 tripulantes y 6 buzos tácticos. Los 44 fallecieron en la explosión del submarino.

Este domingo se realizarán distintos actos para homenajear a los tripulantes. Uno de ellos se realizará en la Base Naval de Mar del Plata, donde los familiares de los fallecidos recibirán las insignias del ascenso post mortem decretado por el gobierno nacional en marzo de este año, días antes de la pandemia. Allí se indicaba que “el personal militar que integraba su tripulación se comportó con elevada vocación de servicio y disposición para afrontar los rigores a los que se vieron sometidos, cumpliendo cabalmente los deberes del servicio en pos de la protección de la integridad territorial, la Soberanía Nacional y el bienestar de los habitantes de la República Argentina”.

El aniversario de la desaparición del submarino se cumple en la misma semana en la cual el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, fueron denunciados por el presunto encubrimiento del hundimiento del ARA San Juan. La denuncia se presentó el 11 de noviembre ante los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que un miembro de la Armada asegurara ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que el Gobierno conocía el paradero de los restos desde el 5 de diciembre de 2017.

Tras la denuncia, el exministro de Defensa aseguró: “La posición en la que el submarino naufragó formó parte de las hipótesis de trabajo a partir del 5 de diciembre, pero no teníamos los medios para obtener datos certeros”.

Los restos del submarino tienen una custodia digital por parte del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) argentino. Desde allí se informa a los barcos que pasan cerca de las coordenadas donde se hallaron los restos que estos constituyen prueba material en causa judicial. “Se prohíbe toda actividad, incluyendo la extracción de elementos y la toma de imágenes con la utilización de AUV, ROV y equipo similar, para resguardo de condiciones físicas del submarino y del lecho marino, en la siguiente área…”, indica el aviso náutico que reciben los barcos.

Los familiares de los 44 fallecidos continúan pidiendo que el 15 de noviembre sea Feriado Nacional, “para que ese día, argentinas y argentinos nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega”. El mismo puede firmarse en la plataforma Change.org.

Familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan se presentaron ante el juez de Lomas de Zamora Federico Villena ante las sospechas de que también fueron víctimas de espionaje ilegal del macrismo También se presentaron ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Representadas por la abogada Valeria Carreras, las viudas de los tripulantes peticionaron que se verifique si dentro de las tareas de inteligencia ilegal fueron intervenidas las líneas telefónicas de sus celulares.

Según fuentes que revelaron en su momento, las mujeres detectaron y así lo dijeron ante el ministro de Defensa Oscar Aguad, que sus teléfonos «andaban sospechosamente mal, que cuando concurrían a la Base Naval de Mar del Plata a recibir los partes de novedades en la búsqueda del Submarino, casualmente, los de la Armada, sabían lo que iban a preguntar ellas». También dijeron que «se le borraban fotos, sus maridos fallecidos desaparecían de grupos de wattsapp», entre otros incidentes que les resultaban sospechosos.

Esos episodios de «interceptación ilegal» habían sido denunciados en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Daniel Rafecas pero cuando se les pidieron los teléfonos para hacer las pericias, se negaron ante el temor que sintieron.

«Confieso que en su momento, estamos con miedo, pues la noche anterior a presentar la denuncia, hablamos mucho por celular, y una hora despues de la denuncia nuestra, sorteó una misma denuncia del Ministro de Defensa Dr. Aguad», explicó la letrada en la presentación.

«Las casualidades, no cesaban, y todas las viudas se negaron a entregar sus equipos celulares. Temían que se los clonaran, que les borraran lo poco que aun conservaban de sus seres queridos», reza el escrito.

Tras esa negativa y la respuesta de las empresas de telefonía que no registraron anomalías se ordenó el archivo del caso. Ahora, ante la difusión de hechos de espionaje, las viudas de los tripulantes quieren saber si también eran víctimas de espionaje.

Por otra parte, la abogada Carreras, como apoderada de familias y por la querella unificada, entre quienes están la esposa y la madre del Suboficial de Inteligencia Enrique Damían Castillo, también se presentó ante la Bicameral del Congreso. Ello a partir de la declaración del ex funcionario del ministerio de Defensa José Luis Vila ante la Comisión.

De los términos vertidos por Vila, que han trascendido en los medios de comunicación, para la abogada, se colige que en la audiencia del 20 de mayo pasado se mencionó y se convocó a la ex Titular de la Dirección de Inteligencia DNIEM, del Ministerio de Defensa, María Noel Costa, quien dejó el cargo citado para asumir como Jueza de Cámara en la Provincia de Córdoba.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, procesó este martes a dos contraalmirantes, cuatro capitanes, un capitán de fragata y un capitán de corbeta por “estrago culposo” tras el hundimiento del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017.

En el fallo que comprende más de 500 páginas, afirma que “no tendrá acogida favorable” para el pedido de imputación por parte de los abogados de la querella. En ese sentido, Yánez afirma que encontró responsabilidades penales en al menos 6 oficiales y jefes de la fuerza naval Argentina.

El mayor de los cargos penales se lo llevó el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento naval Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo por su cargo de máxima autoridad responsable de las operaciones navales. Según la jueza, no se asesoró debidamente ni se ocupó de verificar el estado de la nave previo a la misión.

No obstante, Yánez afirma que todos los procesados estaban en conocimiento del mal estado del submarino a la hora de partir.

«Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder», agregó en referencia al expresidente.