La disminución de amenazas en contexto escolar siguen disminuyendo en Rosario pero todavía hay escuelas afectadas por intimidaciones. Es el caso del establecimiento educativo  N°610 “República de Bolivia”, donde personal encontró este jueves por la mañana una pintada dentro de las instalaciones y se activó el protocolo.

El mensaje fue hallado cerca de las 6:30 por la portera de la institución que ingresó a uno de los baños de mujeres antes de que arriben los alumnos del turno mañana. Según trascendió, el contenido del texto manuscrito hacía referencia a un supuesto tiroteo.

La directora de la escuela se comunicó con el 911 y, posteriormente, llegaron efectivos policiales para trabajar en el lugar. No obstante, las actividades educativas en la Bolivia se llevaron a cabo con normalidad durante esta mañana. Cabe destacar que a la institución acuden menores de nivel inicial y primario; mientras que durante la noche se dictan clases de Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).

El autor de la intimidación no fue identificado y, en caso de serlo, se le cobrará el costo del operativo policial a sus padres o tutores, según estableció el Gobierno de Santa Fe días atrás, luego de la proliferación de casos en la provincia tras el tiroteo en la escuela de San Cristóbal.

El Gobierno de Santa Fe aseguró este martes que se registró una baja en los casos de amenazas en contexto educativo en la provincia. En este sentido, el lunes cerró con 15 llamadas por episodios de similares características. 

Así lo dio a conocer esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa. Las cifras de este lunes fueron comparadas con las 70 y 80 notificaciones diarias que se venían contabilizando semanas atrás en el territorio santafesino. 

Desde el Ejecutivo mencionaron que la caída se produjo “luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos”, dentro de los que se destacó una intimación por 6.024.944 pesos a los padres de una adolescente de la capital provincial, identificada como responsable de un hecho de intimidación en su escuela.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga. Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, aclaró Coudannes, quien también se refirió a las políticas empleadas a partir de la proliferación de casos y señaló: “No solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este lunes que la deuda total que la provincia reclama a los diferentes responsables de intimidaciones por el costo de los operativos policiales asciende a los 250 millones de pesos. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó el funcionario.

Dos banderas con mensajes amenazantes vinculados a una disputa interna de la barra brava de Central fueron halladas este martes por la mañana en establecimientos educativos de la zona sur de Rosario. Los trapos aparecieron en el jardín de infantes N° 1.285 San Casimiro y la Escuela N° 1.347 Atahualpa Yupanqui. 

El primero de los casos tuvo lugar minutos antes de las 6:30 en la institución de nivel inicial ubicada en Margis al 5.300. Según las primeras informaciones, un empleado del lugar encontró un texto intimidante referido al paravalanchas canalla y dio aviso a la policía. Los directivos decidieron llevar adelante la jornada educativa sin modificaciones.

Por otro lado, a menos de 10 cuadras de distancia, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró otra bandera con contenido similar en el ingreso del edificio escolar de pasaje Suárez al 5.000. Fue en la previa del ingreso de los alumnos a las aulas. Con motivo de lo sucedido, las clases del turno mañana fueron suspendidas. No obstante, el comedor abrirá sus puertas al mediodía y los estudiantes del turno tarde realizarán sus actividades con normalidad. 

Según trascendió a través del medio La Capital, en ambos mensajes se hace mención a Andrés Bracamonte, el hijo de “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava aurizaul que fue asesinado en 2024. También aparece el nombre de un policía.

Las circunstancias detrás de los episodios permanecen bajo investigación. El o los responsables no fueron detenidos. 

La provincia confirmó que hay más de 70 personas identificadas como los autores de al menos 58 falsas amenazas a escuelas, en el marco del programa que impulsa para que los progenitores paguen los costos de los operativos. 

En ese escenario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que por la cantidad de procedimientos que se realizaron a causa de las intimidaciones, la deuda que se reclama superaría los 250 millones de pesos.

“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló.

Luego, aclaró que el monto que se le reclama a los padres de los responsables es una "indemnización civil por el resarcimiento del daño”, que está desvinculada de una sanción penal.

"No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó.

Para finalizar, precisó que el reclamo formulado por el Gobierno provincial se calcula en base a los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, vehículos, personal empleado y las horas de servicios prestadas.

"No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, cerró.

El ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que ya se le envió a un padre la primera notificación para pagar los costos de los operativos realizados por las falsas amenazas a escuelas. 

Sobre el procedimiento, el funcionario detalló: "Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

La notificación se emitió contra “los padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, en ciudad de Santa Fe, quienes deberán abonaren calidad de responsables solidarios por 6.024.944 pesos

En el marco del operativo, desde la provincia precisaron que cuando los policías le entregaron al progenitor los documentos con el importe a pagar por las molestias causadas por la falsa amenaza, el padre expresó: “Cara la jodita”. 

Los avisos que se le mandan a los progenitores detallan el monto de la deuda a pagar y los medios de pago. El plazo para abonar la suma indicada es de cinco días. En caso de que no se acredite el envío del dinero, el caso pasará a manos de la Fiscalía de Estado.

Las acciones policiales por casos de intimidación pública surgidos en escuelas de Santa Fe siguen desarrollándose y este sábado hubo tres allanamientos. Ocurrieron en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En primer lugar, en territorio sanlorecino, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en un domicilio de Álamo al 1700 por una amenaza en contexto de institución escolar. Según las primeras informaciones, un menor de 16 años fue llevado junto a sus padres a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, a partir de la participación del fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, hubo dos procedimientos en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo a los resultados de los operativos, los uniformados secuestraron 14 celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. Los elementos serán sometidos a pericias.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza con el proceso para recuperar lo invertido en los operativos de seguridad realizados por las amenazas contra escuelas.

En ese sentido, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló que ya fueron identificados 73 sospechosos, de los cuales el 95% son menores de edad. 

Hasta el 21 de abril se registraron 404 denuncias en toda la provincia: 75 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 a la Fiscalía Regional Nº 2; 33 a la Fiscalía Regional Nº 3; 23 a la Fiscalía Regional Nº 4, y 35 a la Regional Nº 5.

En consecuencia, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.

Sobre los relevamientos, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó: "El gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento, las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, concluyó.

Dos adolescentes señalados como responsables de una amenaza en una escuela de Llambi Campbell fueron imputados, convirtiéndose en los primeros sancionados penalmente por un hecho de estas características en Santa Fe. Habían dejado una nota en un baño que hacía referencia a un presunto atentado.

Los estudiantes, identificados como J.O. (16) y Yamil Alexander G. (18), fueron llevados a audiencia imputativa este martes en los tribunales de Esperanza. La Fiscalía de Menores, a través de la Dra. Ana Laura Gioria, les adjudicó los delitos de de amenaza coactiva e intimidación pública.

El episodio en cuestión ocurrió días atrás en una institución educativa, en la localidad ubicada a 220 kilómetros de Rosario. Se trató del hallazgo de un papel con un texto manuscrito que afirmaba “devuelvan los celulares o tiroteo”, en reclamo a una determinación del establecimiento contra el uso de los teléfonos.

Los imputados quedaron en libertad, aunque el menor de edad deberá cumplir con medidas dentro del territorio. Por otro lado, el joven de 18 años cumplirá con una sanción alternativa a la prisión preventiva.

Por Mauro Yasprizza.

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.

No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.

A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.

La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.

El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.

Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.

En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Los casos de mensajes intimidantes en contexto escolar aumentaron este lunes en Santa Fe con más de 80 denuncias. Uno de los hechos más resonantes sucedió en el Colegio Maristas, donde encontraron una amenaza con una bala en un baño de mujeres.

Todo comenzó  cerca de las 11:00 en el establecimiento educativo de bulevar Oroño y Córdoba, en el centro de la ciudad, donde un directivo halló una cartulina con un texto referenciando un campamento que iba a desarrollarse este miércoles. El cartel tenía una munición calibre 9 milímetros pegada con cinta adhesiva.

Las autoridades de la institución dieron aviso al 911 y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para esclarecer la procedencia de la intimidación.

Además, este lunes hubo otros 13 procedimientos policiales por casos de características similares en la región. En total, se registraron 87 denuncias telefónicas en todo Santa Fe. Las intimidaciones se incrementaron en la vuelta a clases tras el fin de semana, ya que el Gobierno provincial confirmó que este viernes 17 de abril hubo otras 65 notificaciones.

Las autoridades del Ejecutivo santafesino brindaron una conferencia de prensa este lunes, donde señalaron que las amenazas “tienen que ver con retos virales de TikTok” y constituyen un “fenómeno global”. 

A partir del ataque armado en el que un adolescente asesinó a Ian Cabrera de 13 años e hirió a otros compañeros en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, la provincia impulsó un nuevo programa de educación virtual y difundió una serie de recomendaciones a las instituciones en la que se advierte sobre los hechos de intimidación pública que proliferaron en el territorio estas últimas semanas.

Por otro lado, desde el área de Seguridad recordaron que estos delitos significan un antecedente penal para los alumnos implicados e impulsaron una medida mediante la que las familias de los autores deberán cubrir los gastos del operativo policial. 

Autoridades provinciales anunciaron una serie de medidas para afrontar la saga de amenazas en escuelas de la provincia vinculadas a ataques armados, que se registraron en las últimas semanas. En ese sentido, remarcaron que los costos económicos de los operativos serán afrontados por los responsables. 

Así se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada por la vocera Virginia Coudannes; los ministros de Educación y Justicia y Seguridad, José Goity y Pablo Cococcioni; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.

En relación a la problemática, el ministro Cococcioni subrayó que, solamente este viernes 17 de abril, se registraron 65 casos en toda la provincia y puntualizó: “No necesariamente provienen de gente que va a llevarlas a la práctica, muchas son vividas como una broma”.

Con el propósito de concientizar a los estudiantes, remarcó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad. Muchas veces se lo plantea como un chiste y algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta, viajar al exterior y los padres van a tener que cumplir ciertas reglas”.

En este sentido, mencionó que cada intervención policial “cuesta recursos, económicos y en seguridad" y anunció que los autores de estas amenazas, sean punibles o no, deberán hacerse cargo del resarcimiento de los daños. "Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento. Un operativo básico de despliegue policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, sentenció.

Por su parte, el ministro Goityaseguró que se puso en marcha un nuevo programa de educación digital que aborda los peligros de las redes sociales, a partir de lo ocurrido en San Cristóbal, y se difundió una nueva circular en todas las instituciones santafesinas donde alertan sobre las pintadas con intimidaciones, mensajes en redes sociales o falsas alarmas. 

Respecto a los últimos acontecimientos en escuelas, afirmó: “Venimos atravesando momentos difíciles. Se sumaron en los últimos días situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TikTok. No son una broma, implican un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias para los estudiantes y la familia”.

El funcionario consideró que “no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional", ya que “es una responsabilidad social y colectiva”. Luego, agregó: "Necesitamos tener la respuesta de las familias. Estamos ante nuevos fenómenos que se están encadenando con fenómenos que ya conocíamos”.

Este jueves por la mañana dos escuelas de la zona sudoeste de Rosario fueron blanco de mensajes intimidatorios ligados al narcotráfico. En total, son cuatro las instituciones en las que ocurrieron episodios de las mismas características esta semana. En las dos últimas, las clases se dictaron con normalidad. 

Por un lado, la policía secuestró una bandera con un texto amenazante en la escuela 1337 Dr. Carlos Sylvestre Begnis de Nahuel Huapi y Mosconi, en barrio Acindar. Al igual que en el resto de casos, el escrito mencionaba a miembros de organizaciones delictivas.

Lo mismo sucedió en el establecimiento educativo 350 Provincia de Santa Fe, ubicado en Martín Rodríguez y Uriburu. El personal del lugar hizo entrega del trapo al Comando Radioeléctrico dentro de una caja de cartón.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información provincial, Esteban Santantino, se refirió a los hallazgos y expresó: “Son amenazas y buscan generar conmoción pública, por eso no se los minimiza más allá de que los mensajes, en cuanto a su contenido, están orientados a grupos criminales y son entre ellos”.

A su vez, el funcionario desligó la seguidilla de episodios con antecedentes similares ocurridos en los últimos años. “No es una situación asimilable a lo que vivimos en los primeros días que se estaba implementando el régimen de detenidos de alto perfil o el trabajo policial intensivo en las calles”, concluyó. 

A los hechos de esta mañana se suman otros dos casos. En primer lugar, este lunes en la escuela N° 1.210 Luis Rullan de Superí y Molina, una portera halló una presunta granada con una nota intimidante en la que se mencionaba a al capo narco preso Marcelo “Frentudo” Fernández y al detenido Axel Iván “Gordo Axel” González. Finalmente, se constató que el supuesto explosivo era un encendedor. Los directivos suspendieron las clases para el turno mañana.

Posteriormente, este martes en la escuela N° 435 Dr. Luis M. Drago de Buenos Aires y Regimiento 11, apareció un paño de metro y medio con escrituras en aerosol negro. Fue secuestrado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Una mujer de 45 años fue  víctima de un atentado en calle Melián y pasaje Piedras a manos de un grupo de personas, donde un tirador disparó en reiteradas ocasiones. No se registraron heridos.  La policía encontró cinco vainas servidas en el lugar y detuvo a una joven. 

Según el testimonio de la víctima, un grupo de hombres y mujeres la intimidaron en la vía pública y uno de ellos, un motociclista a bordo de una Honda Titán blanca, sacó un arma y abrió fuego múltiples veces. 

Minutos más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y encontraron dos vainas servidas calibre 9 x 19 milímetros, mientras que un vecino les entregó en una bolsa otras tres que juntó tras el ataque.

Durante el procedimiento, una joven de 27 años, identificada como Antonella Belén M., amenazó verbalmente a la mujer frente a los agentes y fue aprehendida. La trasladaron hacia la Comisaría 21ª.

Las circunstancias detrás de la balacera permanecen bajo investigación. Intervino la Policía de Investigaciones (PDI).

Dos puntos de venta de drogas fueron derrumbados este miércoles en la zona oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, ambos están vinculados a la banda de Los Monos y a los mensajes intimidantes que fueron colocados a través de lienzos en múltiples escuelas de la ciudad durante los últimos días.

Las acciones conjuntas del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzaron pasadas las 8:00 en Cisnero al 6400, en barrio La Lagunita. Fueron posibles luego de una investigación por comercialización de estupefacientes, en cuyo marco de realizaron allanamientos que derivaron en detenciones, pedidos de captura y el secuestro de más de 700 dosis de cocaína fraccionada para la venta.

En este marco, el fiscal Diego Giró brindó detalles y mencionó: “En la última etapa se ha podido trabajar con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y, lo que pudimos relevar, es que seguían activos y nos encontramos con lugares no habitados con restos de sustancias”.

“Cuando nos pusimos a analizar el contexto del barrio nos dimos cuenta de que era un foco de conflicto. En diciembre del año pasado hubo un doble homicidio y estaría relacionado a la misma gente que regenteaba estos búnkers”, agregó.

También, Giró confirmó que hay una relación entre las estructuras y las banderas con textos de denuncia que fueron colgados en cuatro establecimientos educativos locales, como las escuelas Nº 1027 “Luisa Mora Olguín” de barrio Ludueña; la N° 84 “José Mármol” de Tiro Suizo; y la N° 825 “Leopoldo Herrera” de Parque Casas y el Colegio del Sur de Regimiento 11 al 1100. 

El fiscal aclaró: “Sabemos que las bandas tienen una dinámica particular, pero estarían vinculados a Los Monos y a personas que han sido referenciadas en mensajes que han sido dejados últimamente en la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereyra, se refirió a los resultados de los 108 operativos por la Ley de Microtráfico que se llevaron a cabo en Santa Fe durante más de un año y explicó: “En el análisis de la estadística y el mapa del delito, queda plasmada la reducción de la violencia de manera inmediata en aquellos lugares donde se desactivan estos puntos de venta”.

Nuevas banderas con mensajes intimidantes aparecieron en dos escuelas de Rosario y afectaron su normal funcionamiento este martes, después de episodios similares ocurridos en los últimos días. Se trata de la institución Nº 1027 “Luisa Mora Olguín” de barrio Ludueña y  la N° 825 “Leopoldo Herrera” de Parque Casas. Ya son cuatro los establecimientos educativos afectados en menos de una semana por las mismas intimidaciones.

Uno de los hechos sucedió pasadas las 6.00 en el edificio ubicado en Humberto Primo y Camilo Aldao,  parte de la obra del padre Edgardo Montaldo, cuando personal del lugar encontró en la entrada una tela blanca con una inscripción en aerosol negro. Efectivos policiales se hicieron presente y secuestraron la tela, cuyo contenido se refería una vez más a nombres ligados al narcotráfico y acusaciones de lavado de dinero.

De forma preventiva, las autoridades tomaron la decisión de suspender las actividades de la mañana. En la zona, hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas para esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, en Casiano Casas y Netri, otra bandera escrita apareció anudada en una de las rejas y un elemento incendiario fue arrojado en un patio que da a la calle. Las clases no fueron suspendidas, aunque algunos padres retiraron a sus hijos por precaución.

Las intimidaciones en espacios educativos de la ciudad recobraron fuerza días atrás y múltiples escuelas vieron su inicio de ciclo lectivo afectado. 

Primero, un texto fue expuesto en la fachada del Colegio del Sur N° 3064 de barrio Tiro Suizo, en Regimiento 11 al 1100. Luego, este lunes en la escuela N°84 “José Mármol” de Larrea y Vélez Sarsfield, un nuevo escrito obligó a cerrar las aulas durante la mañana. Por el momento, no hay detenidos. 

Dos jóvenes de 28 años fueron detenidos tras amenazar a un hombre con un arma de fuego este martes en la zona oeste de Rosario.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 en Gutenberg y Pasco. Según las primeras informaciones, la víctima fue intimidada por motivos que no fueron esclarecidos y le advirtió la situación a efectivos del Comando Radioeléctrico.

Posteriormente, los agentes dialogaron con Matías R. y Agustina A., quienes manifestaron que tenían una pistola Bersa calibre .22 con más de 73 cartuchos de municiones. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 32ª . El arma fue secuestrada. 

Un hombre de 66 años acusado de amenazar a su hija con golpearla fue detenido con múltiples armas de fuego este lunes por la noche en la zona oeste de Rosario.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 en una vivienda de Liniers al 1700, en barrio Azcuénaga, cuando una joven denunció que su padre, identificado como Abel R., se encontraba en estado agresivo y la amenazó con agredirla. 

Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras el aviso de la central del 911 y aprehendieron al acusado. En este contexto, le incautaron una pistola calibre .380 cargada.

Minutos más tarde, la madre de la víctima se hizo presente y le advirtió a los agentes que el detenido tenía más armas en su casa de Cochabamba al 5300. Tras una requisa, incautaron dos pistolas más, de calibre .22 y .40, respectivamente. El acusado y el armamento fueron trasladados a la Comisaría 14ª.

Un hombre de 50 años entró en la vivienda de su sobrina sin autorización y fue detenido este sábado por la madrugada en la zona sudoeste de Rosario.

El hecho sucedió minutos antes de las 2:00 en pasaje 510 al 6400, cuando una pareja denunció que había un intruso en el patio de su casa. La irrupción del sospechoso salió a la luz producto de los ladridos de un perro que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, la víctima identificó al sujeto como su tío, Ceferino S. N., quien se resistió al personal policial y lanzó amenazas. Luego, fue esposado y trasladado a la Comisaría 21ª. 

Por otro lado, los uniformados secuestraron una moto azul. Las circunstancias detrás de la secuencia permanecen bajo investigación.

Un hombre de 37 años acusado de amenazar a su excuñado con un arma de fuego falsa fue detenido este jueves por la noche en Villa Gobernador Gálvez.

La secuencia sucedió alrededor de las 22:30 en Ecuador y pasaje Pesci, cuando efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario llegaron al lugar tras un aviso de la central del 911 y la víctima les relató que sufrió una intimidación por parte de la expareja de su hermana.

Minutos más tarde, los uniformados hallaron al sospechoso, identificado como Ulises Daniel A., mientras trataba de esconderse en un pasillo y lo detuvieron. Durante el procedimiento, incautaron una réplica de pistola.

El autor de la amenaza fue trasladado en un patrullero a la Comisaría 29ª de la ciudad vecina.