Un hombre de 34 años acusado de amenazar con un arma de fuego a una persona en situación de calle este jueves fue detenido en la zona sudoeste de Rosario. Le secuestraron una pistola y una escopeta.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:00 en Chancay e Iriondo, en barrio San Francisquito. Según las primeras informaciones, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar ante un pedido de auxilio por parte de un joven de 26 años que dijo que el sospechoso, identificado como Juan Emiliano M., le exhibió un arma para intimidarlo.

El sindicado como agresor señaló a un grupo de personas y afirmó que le molestaba que permanezcan en el lugar. Los agentes lo detuvieron y entregó una pistola semiautomática calibre 22 y una escopeta de repetición calibre 12.70.Lo trasladaron a la Comisaría 21ª. 

Una gresca entre dos hombres terminó a los golpes y amenazas este domingo por la noche en la zona norte de Rosario. Ambos fueron detenidos. La policía le a uno de los involucrados un arma blanca, decenas de municiones y un chaleco antibalas.

Todo comenzó pasadas las 22:00 en Pacheco al 500. De acuerdo con los testimonios recabados por las fuerzas de seguridad, la pelea comenzó a los puñetazos por motivos que se investigan. En medio del altercado, Jorge Alberto P. amenazó a su contrincante con un cuchillo, mientras que Juan G. lo intimidó asegurando que le dispararía, aunque no exhibió ningún arma de fuego.

Minutos más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y detuvieron a los dos sospechosos. Además, secuestraron en el domicilio un cuchillo, 21 cartuchos de munición de diverso calibre y un chaleco antibalas.

Los trasladaron a la Comisaría 10ª junto con los elementos incautados.

Una batalla campal en un partido de octava división terminó con un árbitro de 17 años golpeado y amenazado este sábado en la zona noroeste de Rosario. El caso fue denunciado y buscan a los responsables.

Todo comenzó a instancias de la mañana en el predio de Muiño al 9.100, donde se enfrentaron chicos de entre 14 y 15 años del Club Atlético Fisherton y Defensores de Funes. Según las primeras informaciones, jugadores y padres del equipo de la localidad vecina se enojaron con Bautista Pereyra, réferi de la Asociación Rosarina de Fútbol a cargo del encuentro, por sancionar dos expulsiones.

Al finalizar el encuentro, adultos y menores categoría 2011 arremetieron contra la víctima en la cancha, la golpearon con puños y patadas y la tiraron al suelo. Luego de escapar hacia el vestuario, recibió amenazas de muerte verbales.

Finalmente, el árbitro logró retirarse del predio y fue llevado a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

El hecho fue denunciado por el padre del adolescente y aseguran que hay cuatro menores y un adulto identificados como partícipes del ataque. Las circunstancias detrás del caso permanecen bajo investigación y no hubo detenidos.

La policía detuvo en las últimas horas a un joven de 24 años que amenazó a los residentes de una pensión ubicada en plano centro de Rosario. Le secuestraron un arma blanca y una pistola falsa.

Todo comenzó durante la madrugada en un inmueble de calle Rioja y Maipú. Según las primeras informaciones aportadas por una mujer de 34 años, el atacante mostró un arma de fuego e intimidó a unas jóvenes dentro del lugar. Una de las víctimas relató que amenazó con pegarle. 

Efectivos de la Brigada Motorizada se hicieron presentes y, tras escuchar la versión de una de las chicas, interceptaron al agresor por calle Maipú al joven, identificado como Alan Jesús P. Tras una requisa, le secuestraron una réplica de pistola y un cuchillo de cocina.

Finalmente, lo detuvieron y trasladaron a la Comisaría 2ª. Las circunstancias detrás del hecho permanecen bajo identificación.

Las horas posteriores a la derrota de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo ante España dejaron tres casos de amenazas con armas de fuego en la zona oeste de Rosario, que terminaron con cinco hombres detenidos.

El primero de los hechos sucedió minutos antes de las 19:30 en Vera Mujica y Amenábar, en barrio San Francisquito. Según las primeras informaciones, una discusión entre vecinos derivó en agresiones físicas y un sospechoso intimidó a los presentes con un revólver y un bate de béisbol. Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y detuvieron a dos hombres de 39 y 42 años, identificados como Luciano Á. y Ezequiel Á., respectivamente. 

Además, secuestraron dentro de una casa las armas antes mencionadas junto con una carabina calibre .22, un pistolón calibre 16, una escopeta calibre 16, una ballesta y un rifle de aire comprimido calibre 5,5.  Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 21ª.

Pasadas las 20:30 en Garzón y 27 de Febrero, un hombre de 66 años fue acusado de amenazar con un revólver calibre .22 a vecinos. Policías llegaron al lugar y una mujer hizo entrega del arma. Luego, detuvieron al dueño, identificado como Emilio G. Lo llevaron a la Comisaría 32ª y las víctimas confirmaron que desean avanzar con la denuncia.

El tercero de los casos tuvo lugar alrededor de las 21:00 en Cullen y Cochabamba. De acuerdo a la versión policial, una mujer de 40 años afirmó que un joven y un hombre la amenazaron de muerte con un arma de fuego para tener relaciones sexuales. No lograron su cometido.

Agentes del Comando Radioeléctrico hablaron con la víctima, quien no requirió asistencia médica, y se dirigieron hacia una vivienda. Una vez allí, detuvieron a los acusados, identificados como Lautaro Leonel A. (27) y Walter Jorge B. (60). LesAr secuestraron una escopeta de doble caño y la trasladaron junto a los sospechosos a la Comisaría 32ª.

Un hombre de 32 años acusado de amenazar a un menor de 16 con un arma blanca fue detenido este miércoles por la noche en la zona oeste de Rosario. La víctima no resultó herida. Su madre dio aviso a la policía.

El episodio sucedió pasadas las 22:00 en pasaje 735 al 100, en inmediaciones del barrio Los Pumitas. Según las primeras informaciones, el sospechoso intimidó a un adolescente en un sector de Fonavi con un elemento punzante.

Posteriormente, una mujer advirtió a efectivos del Comando Radioeléctrico sobre lo sucedido con su hijo y detuvieron al agresor. Lo identificaron como Samuel C. y fue trasladado a la Comisaría 10ª.

Las circunstancias detrás de la amenaza permanecen bajo investigación. Los agentes no encontraron el arma utilizada.

Un adolescente de 16 años fue amenazado de muerte con un arma este martes por la noche en la zona oeste de Rosario. La policía detuvo a una sospechosa en Cisneros al 6.300 con más de 200 envoltorios de drogas. Los agresores no fueron localizados.

Todo comenzó pasadas las 21:30, cuando la víctima se encontraba en Maradona y Brooke con su madre mientras se retiraba de un kiosco y un grupo de siete jóvenes lo abordaron con un arma de fuego sin mediar palabras. De acuerdo al relato del menor, salió corriendo y vio que los atacantes se metieron en un pasillo.

Minutos más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaron el sector y, durante una requisa a una vivienda, encontraron 287 dosis de cocaína envueltas en nylon y 39 municiones de diferente calibre.

En este contexto, detuvieron a una joven de 26 años, identificada como Daniela Celeste O. Fue trasladada a la Comisaría 32ª junto con las sustancias y balas secuestradas. Las circunstancias detrás de la amenaza permanecen bajo investigación y los responsables no fueron detenidos.

Tres nuevas banderas con mensajes intimidantes fueron halladas en establecimientos educativos de las zonas sudoeste y oeste de Rosario este jueves. Los autores no fueron identificados ni detenidos.

Por un lado, Nahuel Huapi al 4.500, efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron una tela blanca en la escuela N° 384 Albert Sabin. El texto hacía mención a reclusos que pertenecen a la banda de Los Menores.

Horas más tarde, en pasaje Cristal al 6.900, se halló otro mensaje amenazante referido a policías provinciales en la institución N°1.372 Chacho Müller.

Por último, en Matienzo y Deliot, personal de la escuela N°660 Francisco Laprida advirtió a la policía por el hallazgo de un paño manuscrito cuyo contenido aludía a dos presos ligados al microtráfico en barrio Vía Honda.

La disminución de amenazas en contexto escolar siguen disminuyendo en Rosario pero todavía hay escuelas afectadas por intimidaciones. Es el caso del establecimiento educativo  N°610 “República de Bolivia”, donde personal encontró este jueves por la mañana una pintada dentro de las instalaciones y se activó el protocolo.

El mensaje fue hallado cerca de las 6:30 por la portera de la institución que ingresó a uno de los baños de mujeres antes de que arriben los alumnos del turno mañana. Según trascendió, el contenido del texto manuscrito hacía referencia a un supuesto tiroteo.

La directora de la escuela se comunicó con el 911 y, posteriormente, llegaron efectivos policiales para trabajar en el lugar. No obstante, las actividades educativas en la Bolivia se llevaron a cabo con normalidad durante esta mañana. Cabe destacar que a la institución acuden menores de nivel inicial y primario; mientras que durante la noche se dictan clases de Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).

El autor de la intimidación no fue identificado y, en caso de serlo, se le cobrará el costo del operativo policial a sus padres o tutores, según estableció el Gobierno de Santa Fe días atrás, luego de la proliferación de casos en la provincia tras el tiroteo en la escuela de San Cristóbal.

El Gobierno de Santa Fe aseguró este martes que se registró una baja en los casos de amenazas en contexto educativo en la provincia. En este sentido, el lunes cerró con 15 llamadas por episodios de similares características. 

Así lo dio a conocer esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa. Las cifras de este lunes fueron comparadas con las 70 y 80 notificaciones diarias que se venían contabilizando semanas atrás en el territorio santafesino. 

Desde el Ejecutivo mencionaron que la caída se produjo “luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos”, dentro de los que se destacó una intimación por 6.024.944 pesos a los padres de una adolescente de la capital provincial, identificada como responsable de un hecho de intimidación en su escuela.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga. Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, aclaró Coudannes, quien también se refirió a las políticas empleadas a partir de la proliferación de casos y señaló: “No solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este lunes que la deuda total que la provincia reclama a los diferentes responsables de intimidaciones por el costo de los operativos policiales asciende a los 250 millones de pesos. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó el funcionario.

Dos banderas con mensajes amenazantes vinculados a una disputa interna de la barra brava de Central fueron halladas este martes por la mañana en establecimientos educativos de la zona sur de Rosario. Los trapos aparecieron en el jardín de infantes N° 1.285 San Casimiro y la Escuela N° 1.347 Atahualpa Yupanqui. 

El primero de los casos tuvo lugar minutos antes de las 6:30 en la institución de nivel inicial ubicada en Margis al 5.300. Según las primeras informaciones, un empleado del lugar encontró un texto intimidante referido al paravalanchas canalla y dio aviso a la policía. Los directivos decidieron llevar adelante la jornada educativa sin modificaciones.

Por otro lado, a menos de 10 cuadras de distancia, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró otra bandera con contenido similar en el ingreso del edificio escolar de pasaje Suárez al 5.000. Fue en la previa del ingreso de los alumnos a las aulas. Con motivo de lo sucedido, las clases del turno mañana fueron suspendidas. No obstante, el comedor abrirá sus puertas al mediodía y los estudiantes del turno tarde realizarán sus actividades con normalidad. 

Según trascendió a través del medio La Capital, en ambos mensajes se hace mención a Andrés Bracamonte, el hijo de “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava aurizaul que fue asesinado en 2024. También aparece el nombre de un policía.

Las circunstancias detrás de los episodios permanecen bajo investigación. El o los responsables no fueron detenidos. 

La provincia confirmó que hay más de 70 personas identificadas como los autores de al menos 58 falsas amenazas a escuelas, en el marco del programa que impulsa para que los progenitores paguen los costos de los operativos. 

En ese escenario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que por la cantidad de procedimientos que se realizaron a causa de las intimidaciones, la deuda que se reclama superaría los 250 millones de pesos.

“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló.

Luego, aclaró que el monto que se le reclama a los padres de los responsables es una "indemnización civil por el resarcimiento del daño”, que está desvinculada de una sanción penal.

"No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó.

Para finalizar, precisó que el reclamo formulado por el Gobierno provincial se calcula en base a los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, vehículos, personal empleado y las horas de servicios prestadas.

"No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, cerró.

El ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que ya se le envió a un padre la primera notificación para pagar los costos de los operativos realizados por las falsas amenazas a escuelas. 

Sobre el procedimiento, el funcionario detalló: "Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

La notificación se emitió contra “los padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, en ciudad de Santa Fe, quienes deberán abonaren calidad de responsables solidarios por 6.024.944 pesos

En el marco del operativo, desde la provincia precisaron que cuando los policías le entregaron al progenitor los documentos con el importe a pagar por las molestias causadas por la falsa amenaza, el padre expresó: “Cara la jodita”. 

Los avisos que se le mandan a los progenitores detallan el monto de la deuda a pagar y los medios de pago. El plazo para abonar la suma indicada es de cinco días. En caso de que no se acredite el envío del dinero, el caso pasará a manos de la Fiscalía de Estado.

Las acciones policiales por casos de intimidación pública surgidos en escuelas de Santa Fe siguen desarrollándose y este sábado hubo tres allanamientos. Ocurrieron en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En primer lugar, en territorio sanlorecino, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en un domicilio de Álamo al 1700 por una amenaza en contexto de institución escolar. Según las primeras informaciones, un menor de 16 años fue llevado junto a sus padres a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, a partir de la participación del fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, hubo dos procedimientos en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo a los resultados de los operativos, los uniformados secuestraron 14 celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. Los elementos serán sometidos a pericias.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza con el proceso para recuperar lo invertido en los operativos de seguridad realizados por las amenazas contra escuelas.

En ese sentido, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló que ya fueron identificados 73 sospechosos, de los cuales el 95% son menores de edad. 

Hasta el 21 de abril se registraron 404 denuncias en toda la provincia: 75 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 a la Fiscalía Regional Nº 2; 33 a la Fiscalía Regional Nº 3; 23 a la Fiscalía Regional Nº 4, y 35 a la Regional Nº 5.

En consecuencia, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.

Sobre los relevamientos, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó: "El gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento, las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, concluyó.

Dos adolescentes señalados como responsables de una amenaza en una escuela de Llambi Campbell fueron imputados, convirtiéndose en los primeros sancionados penalmente por un hecho de estas características en Santa Fe. Habían dejado una nota en un baño que hacía referencia a un presunto atentado.

Los estudiantes, identificados como J.O. (16) y Yamil Alexander G. (18), fueron llevados a audiencia imputativa este martes en los tribunales de Esperanza. La Fiscalía de Menores, a través de la Dra. Ana Laura Gioria, les adjudicó los delitos de de amenaza coactiva e intimidación pública.

El episodio en cuestión ocurrió días atrás en una institución educativa, en la localidad ubicada a 220 kilómetros de Rosario. Se trató del hallazgo de un papel con un texto manuscrito que afirmaba “devuelvan los celulares o tiroteo”, en reclamo a una determinación del establecimiento contra el uso de los teléfonos.

Los imputados quedaron en libertad, aunque el menor de edad deberá cumplir con medidas dentro del territorio. Por otro lado, el joven de 18 años cumplirá con una sanción alternativa a la prisión preventiva.

Por Mauro Yasprizza.

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.

No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.

A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.

La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.

El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.

Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.

En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Los casos de mensajes intimidantes en contexto escolar aumentaron este lunes en Santa Fe con más de 80 denuncias. Uno de los hechos más resonantes sucedió en el Colegio Maristas, donde encontraron una amenaza con una bala en un baño de mujeres.

Todo comenzó  cerca de las 11:00 en el establecimiento educativo de bulevar Oroño y Córdoba, en el centro de la ciudad, donde un directivo halló una cartulina con un texto referenciando un campamento que iba a desarrollarse este miércoles. El cartel tenía una munición calibre 9 milímetros pegada con cinta adhesiva.

Las autoridades de la institución dieron aviso al 911 y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para esclarecer la procedencia de la intimidación.

Además, este lunes hubo otros 13 procedimientos policiales por casos de características similares en la región. En total, se registraron 87 denuncias telefónicas en todo Santa Fe. Las intimidaciones se incrementaron en la vuelta a clases tras el fin de semana, ya que el Gobierno provincial confirmó que este viernes 17 de abril hubo otras 65 notificaciones.

Las autoridades del Ejecutivo santafesino brindaron una conferencia de prensa este lunes, donde señalaron que las amenazas “tienen que ver con retos virales de TikTok” y constituyen un “fenómeno global”. 

A partir del ataque armado en el que un adolescente asesinó a Ian Cabrera de 13 años e hirió a otros compañeros en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, la provincia impulsó un nuevo programa de educación virtual y difundió una serie de recomendaciones a las instituciones en la que se advierte sobre los hechos de intimidación pública que proliferaron en el territorio estas últimas semanas.

Por otro lado, desde el área de Seguridad recordaron que estos delitos significan un antecedente penal para los alumnos implicados e impulsaron una medida mediante la que las familias de los autores deberán cubrir los gastos del operativo policial. 

Autoridades provinciales anunciaron una serie de medidas para afrontar la saga de amenazas en escuelas de la provincia vinculadas a ataques armados, que se registraron en las últimas semanas. En ese sentido, remarcaron que los costos económicos de los operativos serán afrontados por los responsables. 

Así se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada por la vocera Virginia Coudannes; los ministros de Educación y Justicia y Seguridad, José Goity y Pablo Cococcioni; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.

En relación a la problemática, el ministro Cococcioni subrayó que, solamente este viernes 17 de abril, se registraron 65 casos en toda la provincia y puntualizó: “No necesariamente provienen de gente que va a llevarlas a la práctica, muchas son vividas como una broma”.

Con el propósito de concientizar a los estudiantes, remarcó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad. Muchas veces se lo plantea como un chiste y algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta, viajar al exterior y los padres van a tener que cumplir ciertas reglas”.

En este sentido, mencionó que cada intervención policial “cuesta recursos, económicos y en seguridad" y anunció que los autores de estas amenazas, sean punibles o no, deberán hacerse cargo del resarcimiento de los daños. "Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento. Un operativo básico de despliegue policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, sentenció.

Por su parte, el ministro Goityaseguró que se puso en marcha un nuevo programa de educación digital que aborda los peligros de las redes sociales, a partir de lo ocurrido en San Cristóbal, y se difundió una nueva circular en todas las instituciones santafesinas donde alertan sobre las pintadas con intimidaciones, mensajes en redes sociales o falsas alarmas. 

Respecto a los últimos acontecimientos en escuelas, afirmó: “Venimos atravesando momentos difíciles. Se sumaron en los últimos días situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TikTok. No son una broma, implican un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias para los estudiantes y la familia”.

El funcionario consideró que “no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional", ya que “es una responsabilidad social y colectiva”. Luego, agregó: "Necesitamos tener la respuesta de las familias. Estamos ante nuevos fenómenos que se están encadenando con fenómenos que ya conocíamos”.